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POLITICA

El triple golpe a la corrupción y los límites de la refundación mileísta

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La semana argentina se abrió con un hat-trick, pero no futbolístico, sino judicial: la condena en el caso Skanska, la condena paraguaya en el affair Kueider y el video de un Martín Insaurralde relajado, habano en mano, celebrando a sus anchas el último triunfo de la Selección argentina mientras es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito desde hace tres años, y con avances que se hacen esperar. Otra postal de un caso que abrió el partido de la porno-corrupción en 2023. Arrancó con la exhibición desenfadada de otro relax de Insaurralde, aquella vez en el yate “Bandido”, y condujo recientemente al vestidor de Jésica Cirio y al desnudo de cajoneras rebosantes de dólares. Un álbum de fotos de una Argentina convertida en el país de las rutas del dinero que se bifurcan.

De Skanska a Insaurralde, la curva larga de un modo kirchnerista de hacer política: 20 años, la mitad de la democracia, convirtiendo el ejercicio de la política en oportunidad para el saqueo del Estado y el enriquecimiento personal. Por escala y duración, el kirchnerismo es la muestra más estructural de dos de los problemas endémicos de la Argentina: por un lado, el acampe en el poder político como plataforma para la práctica de la corrupción elevada a la enésima potencia y, por el otro, una justicia lenta, o nula, a la hora de desarmar en tiempo y forma las bambalinas políticas que habilitan la corrupción. En los dos puntos, el kirchnerismo superó al menemismo y su saga de corrupción. Todo un récord.

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Pero las sospechas de corrupción en el Estado también atraviesan a figuras del poder mileísta en los pocos años que lleva en la Casa Rosada. La promesa libertaria de purificación de la política se quedó sin nafta apenas transcurrida la mitad del mandato.

Anticorrupción, ¿la cruzada fallida?

Los logros macroeconómicos del Gobierno obligan a hacer una consideración: los límites del reformismo de Javier Milei ya no parecen venir del lado de la economía. Hoy hay más chances de reordenar la matriz macroeconómica que de terminar con el entramado de corrupción en el Estado y con el manto protector y cómplice de un Poder Judicial con problemas sostenidos de transparencia e independencia.

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Esa comparación está llena de implicancias que echan luz sobre la gravedad del tema justicia y corrupción: tal es la escala de ese tema que, por primera vez en los últimos cuarenta y tres años, al menos, el problema argentino definido por las crisis macroeconómicas cíclicas está más cerca de encontrar una resolución que la madeja de intereses oscuros donde se enredan la política, la justicia y el poder económico. Toda una novedad: quizás el tiempo presente esté mostrando un proceso en el que se concreta el desplazamiento del problema argentino de un campo a otro de la vida nacional. De la crisis macro, ¿en vías de solución?; al foco más cerrado en la crisis de justicia.

El abrazo de Javier Milei, Diego Santilli y Manuel AdorniCaptura

El par corrupción-impunidad dominando el panorama de la crisis autóctona mientras la Argentina de Milei intenta ingresar a un orden macroeconómico con algo de progreso. ¿Eso trae el futuro? Un mileísmo capaz de racionalizar la macro y resistir al uso político del déficit, pero incapaz de resistir el entramado del par corrupción-justicia.

En el plano macroeconómico, Milei logró lo impensado: afrontar los costos políticos de un reordenamiento macro que teminara con el déficit, hiciera el ajuste tan temido, pusiera fin a la emisión y orientara el rumbo de la Argentina hacia la baja de la inflación. Todo, con los votos a favor, y en dos rondas electorales. Milei hizo posible lo que, hasta su triunfo de 2023, parecía imposible.

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El miedo a ahuyentar votantes con un ajuste impopular le puso un límite a la utopía de déficit cero con inflación a la baja de la experiencia macrista. Para el kirchnerismo, ese mantra nunca tuvo lugar: el distribucionismo deficitario le dio mejores coartadas políticas ante los votantes. Lo que el mileísmo viene logrando en economía le quedó lejos a las otras fuerzas políticas, o porque no supieron, o no pudieron, o no quisieron.

Pero la “hazaña” de Milei en lo macro, como la define un hombre de los mercados desde Manhattan, contrasta con una deuda que creó el mismo mileísmo en apenas dos años de gestión: la pérdida de credibilidad en su promesa de refundación ética de la política.

Banderas a media asta

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Por eso, 2027 deja al Gobierno con menos munición disponible en la caja de herramientas electorales. Ya no está en condiciones de agitar rabioso la narrativa de la política honesta.

Ayer, Milei reunió a sus legisladores para bajarles línea sobre la agenda legislativa en los tiempos electorales que ya empiezan a correr. Milei se obsesiona con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Una causa sin margen para la épica que mueve multitudes, pero centrada en la visión de túnel de Milei que ahora escoge sus batallas con precisión: recursos políticos movilizados para domar la crisis que mejor está manejando, la de la macroeconomía. En cambio, a la crisis de décadas en el tema corrupción-justicia no la apaga sino que la alimenta. El nombramiento de jueces, atravesado por la polémica, y los vínculos entre el Gobierno y el aparato judicial no auguran un reordenamiento purificador de esa macrojudicial, sino la continuidad con beneficio propio, un aprendizaje clave que el mileísmo viene desarrollando.

El presidente Javier Milei, ayer, con legisladores de LLA en la Casa RosadaPresidencia

Las fichas del Gobierno en camino hacia el cumplimiento de la segunda mitad de su gestión y el desembarco en la elección presidencial se juegan en el Congreso. En más reformas estructurales, incluyendo la del Banco Central; en la economía y su consolidación; en la política de la negociación, y ya no la de confrontación.

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El discurso anticasta está fuera de juego: de eso casi no se habla. El mileísmo reorganiza sus filas con las herramientas que pudo blindar en estos dos años. La cruzada anticorrupción no está entre ellas. Hay señales de eso.

Insaurralde como síntoma

Ayer, la condena en el caso Skanska recayó en dos figuras arquetípicas de la corrupción kirchnerista: Julio de Vido y José López, otra vez. Ese caso es la expresión más grosera de la coreografía de la corrupción kirchnerista. El episodio inaugural de una trama delictiva organizada en torno a peajes controlados desde lo más alto del poder. Y la complicidad de un sistema judicial que tardó veinte años en llegar, apenas, a la sentencia de primera instancia. Con el caso Skanska, se inventa el formato del estancamiento argentino de las dos últimas décadas.

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Sin embargo, la noticia pasó casi de largo para la política: no hubo repercusiones significativas ni intentos sistematizados de uso político electoralista. Nadie de peso recogió el guante para defenestrar al enemigo político y aprovechar políticamente su nueva caída. Skanska quedó reducido casi a un episodio histórico, color sepia: un ejercicio de memoria colectiva. La puja política dejó pasar la oportunidad de hincarle el diente a un problema estructural de la política y la Justicia tan urgente como persistente. Es cierto que el Mundial desvía la energía hacia otro lado, ¿pero tanto?

El otro silencio que aturde gira en torno a la causa Insaurralde. En tres años, la justicia todavía no tocó a la puerta del exjefe de Gabinete de Axel Kicillof. Y a pesar de revelaciones que serían jugosas para cualquier político en campaña, opuesto al kirchnerismo, casi nadie lo retoma como bandera política. ¿Por qué?

La corrupción, a veces, es una telaraña donde la política en general queda atrapada. El caso Chocolate y el caso Insaurralde, y su conexión con la Legislatura provincial y el mundo del juego bonaerense, toca estructuras transversales dentro de la política: oposiciones y oficialismos de todo tipo. El silencio es el consenso más amplio. ¿Omertá?

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Cuando podría relajarse y ver pasar el cadáver político de su enemigo desde la ventana, el Gobierno tiene que dejar pasar la oportunidad: el manto de la corrupción también lo termina alcanzando. Claramente pasó con el otro hat-trick, el mileísta: caso $LIBRA, ANDIS, Adorni.

Julio De Vido, José López y Néstor KirchnerLiliana Servente – DyN

Pero también están las imágenes que le juegan en contra al Gobierno: la presencia del financista Juan Nápoli en el video donde se lo ve a Insaurralde con el habano obligaría a dar explicaciones políticas incómodas. El banquero fue la vanguardia de Milei en Wall Street en 2023; organizó la contracumbre de Mar del Plata para mostrar un Milei presidenciable justo cuando la política clásica se reunía en el Coloquio de IDEA en ese mismo año; fue candidato a senador por La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires. En mayo, Milei fue el invitado principal del evento organizado por Nápoli y Banco de Valores, su empresa, en el Malba.

El banquero Nápoli niega vínculo personal con Insaurralde. Pero el video dispara suspicacias. Nápoli Inversiones es investigada por la justicia en la causa por el dólar blue por transferencias a una casa de cambio asociada a un binguero del conurbano: a un paso de separación del negocio del juego bonaerense donde Insaurralde es una pieza clave. Nápoli a metros de Insaurralde le resta potencia a la posibilidad de aprovechamiento político del caso Insaurralde por parte del mileísmo. Otra capa de silencio obligada.

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Ese video es incómodo en varios sentidos. Para el kirchnerismo y el kicillofismo, porque muestra la impunidad despreocupada de un dirigente clave del entramado de la provincia de Buenos Aires en plena investigación de corrupción. Para la Justicia, porque expone la lentitud con la que avanza esa causa. Ese sería uno de los puntos aprovechables para el Gobierno: Justicia rápida con Adorni, pero tortuga con Insaurralde. Para la política, muestra un sistema de vínculos sociales entre políticos sospechados, inversores y empresarios y familia judicial que pueden derivar, eventualmente, en negocios opacos.

Está claro que la escala de las denuncias que pesan en la esfera mileísta es menor en comparación con la del kirchnerismo, pero el problema es otro: que la vara que el mileísmo se impuso en el tema anticorrupción fue altísima mientras que el kirchnerismo no se autoimpuso ninguna. Esa vara incumplida le pone presión al mileísmo. Y hoy le impide al Gobierno capitalizar al máximo el caso Insaurralde y sus novedades, o el caso Skanska: para señalar con el dedo, el mileísmo está obligado a ser inmaculado, y no lo es.




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Luis Barrionuevo dijo que invirtió en Milei, pero que ahora la situación es “malísima” y no lo quiere ver más

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Luis Barrionuevo, jefe sin interrupciones desde 1979 de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), dijo que invirtió en 2023 en el entonces candidato a la presidencia Javier Milei, pero criticó la gestión y aseguró que no lo quiere “ver más”. Además, marcó una fuerte distancia con el kirchnerismo y lanzó: “Cristina [Kirchner] y [Sergio] Massa no existen”.

En diálogo con Carlos Pagni en LN+ en el programa Odisea Argentina, Barrionuevo dijo que invirtió en la candidatura de Milei por su interés en que no gane el kirchnerismo. “Nos hicimos cargo de 10 provincias logísticamente. A mí me interesaba que no gane Massa, me interesaba que no gane el kirchnerismo”, indicó. Sin embargo, luego explicó las razones de su distanciamiento. “Tuve una reunión con Javier de dos horas. Me alcanzó para saber que no lo quiero ver más, me alcanzó para analizar lo que es. Vi un personaje. Una cosa es Javier, que me reservo lo que pienso, y la otra cosa es el presidente”, expresó.

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A su vez, sostuvo que le pidió a Milei que “hable con todos” los sectores. “No puede decir que no acompañamos, porque tampoco te podés hacer cargo de los problemas que tiene este señor, de la crisis que lleva, que yo no sé si no lo saben o se hacen los boludos, pero ya te digo, estamos en una situación malísima”, insistió.

Fue así que criticó también al kirchnerismo: “Massa no existe. Acá hay elementos que no existen. El kirchnerismo tampoco existe. Acá hay dos personas que son dañinas. Una es Cristina [que cumple una condena a seis años de prisión por la causa Vialidad] y la otra es [el expresidente Mauricio] Macri”.

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Respecto a las elecciones presidenciales del 2027, Barrionuevo manifestó su apoyo al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que mantiene una interna con la rama más dura del kirchnerismo, La Cámpora, por las candidaturas de cara al año próximo. “Kicillof es el único candidato. Cómo le están pegando. ¿Qué va a hacer el gobernador si dos delincuentes, o tres, o una banda matan a alguien? ¿La culpa la tiene el gobernador? No. ¿O te olvidás de la maldita policía?“, preguntó.

Al ser consultado sobre la situación económica actual, sobre todo en relación a los rubros que nuclea su sindicato, el gremialista sumó: “Desde mediados del año pasado a agosto [de este año] hay 5000 establecimientos gastronómicos cerrados. ¿Sabés cuánto significa? 82.000 puestos de trabajo. Y en salud estamos gastando más. Entonces, vos no tenés trabajo, no hay reactivación, y la recaudación me cayó 35%“, enumeró.

Luis BarrionuevoMauro V. Rizzi

Fue así que mencionó la crisis en salud, en particular, en las obras sociales. “Hoy el Gobierno, no sé si es como los chicos, son inconscientes o se hacen los boludos, pero el sistema está retrotrayéndonos a la época de los 90. En ese momento estaban las obras sociales fundidas. ¿Por qué? Porque sacaron la plata del sindicato para ponerla en la obra social. El negocio que hay de los laboratorios, las droguerías, es sideral. Nos están fundiendo. Estamos en una crisis terminal de la salud», advirtió.

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Hacia el final de la entrevista, el sindicalista anunció su candidatura a senador nacional por Catamarca, su provincia natal y dio sus razones. “No le voy a permitir a los Saadi que vuelvan, cuando yo los combatí”, expresó. Y es que el actual gobernador, Raúl Jalil, anunció que no irá por la reelección y respaldará la candidatura del intendente de la capital, Gustavo Saadi, cuyo difunto hermano (Ramón) fue gobernador de la provincia.




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Tensión entre los gobernadores de Mendoza y La Pampa por la represa Los Nihuiles: “Es muy fácil hacer política con un río”

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El decreto del presidente Javier Milei de otorgarle las regalías a Mendoza por el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles recrudeció el viejo conflicto con la provincia de La Pampa por el control del curso de agua y su fuente de energía. En un intenso intercambio por redes sociales, el gobernador Alfredo Cornejo (UCR) y el de La Pampa Sergio Ziliotto (PJ), volvieron a discutir sobre el tema, con reproches cruzados sobre quién tiene razón en el diferendo que lleva más de cinco décadas.

Ayer, Ziliotto presentó ante la Justicia Federal una medida cautelar pidiendo la suspensión inmediata de los artículos del decreto 982/2026 que “vulneran nuestros derechos”, dijo en su cuenta oficial de X. “Nos respaldan leyes, acuerdos y sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: los fallos de la CSJN de 1987, 2017 y 2020 establecen y ratifican su interprovincialidad. Así, la represa Los Nihuiles genera energía con agua pampeana”, planteó.

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Y agregó: “Sus regalías también son pampeanas: mediante Acuerdo del año 1992, firmado entre el Estado Nacional y las dos provincias y homologado por la CSJN, Mendoza se obliga a pagar regalías a La Pampa, calculadas según porcentajes fijados por Ley 15.336 y Decreto 1560/73″.

Ningún Decreto puede anular un acuerdo de partes. Lo dijimos, lo ratificamos. No abandonaremos ninguna lucha por lo que nos pertenece. Fieles a nuestra historia, defendemos La Pampa, todos los días, donde sea, ante quien sea”, concluyó.

Los mandatarios provinciales se cruzaron a través de la red social X.

Ante el comentario, Cornejo argumentó que si bien el curso de agua atraviesa las dos provincias, la represa está radicada en Mendoza. “Gobernador, mezclar la interjurisdiccionalidad del río Atuel con el origen de las regalías hidroeléctricas es confundir dos cuestiones distintas”, apuntó el mandatario radical. “Por eso la legislación -continuó-, la jurisprudencia y los dictámenes de la Procuración del Tesoro sostienen que las regalías corresponden a la provincia de Mendoza donde está ubicada la fuente hidroeléctrica”.

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También sostuvo: “Para generar energía no basta con el agua, necesita pendiente e infraestructura. Y todo eso está en nuestra provincia”.

Cornejo se quejó por la decisión de la provincia vecina por llevar la cuestión al ámbito de los tribunales: “Mientras La Pampa se dedica a judicializar cada decisión, Mendoza planifica, ejecuta e invierte en obras para aprovechar mejor sus recursos hídricos y mejorar la infraestructura que los sostiene”.

Es muy fácil hacer política con un río y convertirlo en slogan de gestión. Lo difícil es invertir, hacer obras y construir acuerdos. Mendoza eligió ese camino y está haciendo su parte. Sería bueno que La Pampa también mostrara qué inversiones realizó para mejorar el aprovechamiento de los recursos que dice defender”, remató Cornejo.

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“Inentendible que moleste reclamar”

Con un nuevo mensaje, el gobernador peronista ratificó la postura de La Pampa y le recriminó a Cornejo que, “aunque para usted sea mezclar temas, cumplan con el fallo de 2020 de la propia Corte Suprema, por el que ordena garantizar el ingreso de agua del Río Atuel en forma permanente a nuestra provincia”.

El mandatario pampeano aseguró que “hace 6 años lo incumplen, a pesar de que como usted bien lo dice, el Río Atuel es interprovincial y sus aguas, abundantes o escasas, también nos pertenecen”.

Los gobernadores, Alfredo Cornejo, de Mendoza, y su par de La Pampa, Sergio Ziliotto, enfrentados por un decreto de Javier Milei (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, justificó: “Resulta inviable invertir para potenciar ese recurso ya que Mendoza mantiene cortado el Río Atuel hace casi 80 años”. “Solo pedimos que se cumplan las leyes y se respeten nuestros derechos”, agregó y cerró: “Tan simple, como inentendible que moleste reclamar lo que nos pertenece”.

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El conflicto entre Mendoza y La Pampa por el río combina al menos dos disputas distintas, aunque relacionadas: una por el uso del agua y otra por las regalías que genera su aprovechamiento hidroeléctrico. La semana pasada, el Gobierno nacional tomó una decisión sobre el segundo de esos frentes y benefició a Cornejo, que es un mandatario aliado en las votaciones en el Congreso.

La Pampa reclamó que Mendoza garantice el ingreso permanente de agua del río Atuel, al citar jurisprudencia de la Corte Suprema

La decisión oficial firmada por Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, deja sin efecto el Decreto 1560/73, la norma que durante 53 años reguló el reparto de las regalías entre ambas provincias. Desde su entrada en vigencia, esas regalías serán percibidas en su totalidad por el distrito cuyano.

La instrucción del Poder Ejecutivo define que la provincia cuyana pasará a cobrar el 12% establecido como regalía hidroeléctrica sobre la energía generada por el complejo, un porcentaje que hasta ahora se dividía en partes iguales con La Pampa.

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Ziliotto denunció que el río Atuel permanece cortado hacia La Pampa desde hace casi 80 años

La pelea escaló luego de que en julio se lanzara una nueva licitación para privatizar el complejo hidroeléctrico. Junto a Mendoza, el Gobierno busca un nuevo concesionario del complejo compuesto por cuatro centrales sobre el río Atuel, cuyas concesiones originales vencieron hace más de dos años. El actual operador es Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. (HINISA), empresa en la que Pampa Energía, el conglomerado controlado por el empresario Marcelo Mindlin, tiene una participación directa del 52 por ciento.

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El Gobierno denunciará a más empresas por exploraciones ilegales en Malvinas y dijo que los F16 custodiarán la base en Tierra del Fuego

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El gobierno de Javier Milei anunció este martes que ampliará la denuncia presentada la semana pasada contra empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas ilegales en la Plataforma Continental Argentina en las islas Malvinas.

“Se presentarán nuevas denuncias contra empresas que estarían desarrollando actividades ilegales de exploración y explotación de hidrocarburos en violación de la Ley N°26.659, que prohíbe la actividad petrolera en la Plataforma Continental Argentina sin autorización”, detalló el vocero presidencial Adrián Ravier en la conferencia de prensa de esta mañana.

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Según explicó, se sumarán nuevas compañías a las que ya habían sido afectadas en la acusación previa. Sin embargo, no dio los nombres de las nuevas empresas denunciadas. “Para nuestro gobierno, es una convicción irrenunciable por historia y por derecho que las Malvinas son argentinas. Recordamos la ocupación británica e insistimos sobre el pedido de la ONU de no realizar trabajos sobre el territorio”, reiteró el portavoz.

Ravier también se refirió a la Base Naval Integrada que el Gobierno construirá en Ushuaia, Tierra del Fuego, y que prevé que esté finalizada para 2029. “Incorporará funciones logísticas; será un punto estratégico para la proyección, para vigilar y controlar recursos naturales, de apoyo a la logística”, enumeró Ravier.

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Afirmó además que la base será custodiada por el avión Lockheed P-3 Orion y los aviones F-16 comprados a Dinamarca. La compra —realizada en 2024 al Ministerio de Defensa danés— demandó una erogación total para el Estado de US$301.200.000, que se pagarán en cinco cuotas anuales, de acuerdo a lo detallado. A ese monto se sumarán luego otros US$350 millones por el equipamiento militar que proveerá Estados Unidos, por lo que el costo final ascenderá a US$650 millones.

“Tomamos las acciones que estamos tomando, y que están avaladas por gran parte de la población, para tratar de evitar que ciertas empresas se lleven recursos que son nuestros, de nuestra soberanía. La base cumple esa función y las acciones tienen que ser inmediatas si no queremos perder nuestros recursos”, señaló Ravier, ante una consulta sobre por qué el Gobierno financiaba la base.

En la anterior denuncia presentada por el Gobierno a principios de septiembre, 15 empresas y personas fueron imputadas por actividades supuestamente ilegales en el entorno de las islas Malvinas. En su mayoría se trató de accionistas de compañías o firmas relacionadas con ellas, según pudo confirmar .

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El presidente Javier Milei, en cadena nacional

En el listado aparecían Shlomo Eliahu Holdings Ltda., accionista israelí de Navitas Petroleum; y cuatro accionistas más de Rockhopper Exploration PLC —Abeeeden Group PLC y HBOS Investment Fund Managers Ltd (de Reino Unido), Smr Advisors Sam (de Mónaco) y Mizrahi Tefahot Bank Ltd. (de Israel)—. Navitas y Rockhopper son los dos nombres detrás del proyecto Sea Lion, que planea comenzar con las perforaciones en los próximos meses y con la extracción en 2028.

Además, se le aplicarán sanciones a David Williamsom Dobson, de Reino Unido, quien aparece en los registros oficiales como accionista y “presidente no ejecutivo” de Borders & Southern, otra de las compañías registradas en la primera tanda de penalidades.

Se suman a esta lista representantes de la compañía Eco: Gil Holzman, como accionista y CEO; Keith Hill, Peter Nicol y Alan Friedman, como accionistas y directores; Alice Carroll, como accionista y miembro; y Gabi Levin, como accionista y CFO. Sus nacionalidades no están detalladas.

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En el documento hay además una firma de Países Bajos de nombre Bluewater Energy Services BV, que figura como “proveedor estratégico de infraestructura”. Con el mismo mote aparece Bluewater Sea Lion Production Company Limited, de Reino Unido. Por último, ingresó al proceso sancionatorio Noble Corporation UK Ltd., también de Reino Unido, como “matriz de proveedor estratégico de infraestructura”.

Estas se sumaron al listado de 45 anunciadas por primera vez tras la cadena nacional del presidente Javier Milei del jueves 3 de septiembre. La conferencia del primer mandatario estuvo centrada en reivindicar la soberanía argentina sobre el archipiélago y en anunciar la implementación de una serie de medidas a raíz de las acciones ilegales o sospechosas de actores extranjeros que se desarrollarían en las cercanías de las islas, tanto en materia de hidrocarburos como de pesca.




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