POLITICA
El triple golpe a la corrupción y los límites de la refundación mileísta
La semana argentina se abrió con un hat-trick, pero no futbolístico, sino judicial: la condena en el caso Skanska, la condena paraguaya en el affair Kueider y el video de un Martín Insaurralde relajado, habano en mano, celebrando a sus anchas el último triunfo de la Selección argentina mientras es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito desde hace tres años, y con avances que se hacen esperar. Otra postal de un caso que abrió el partido de la porno-corrupción en 2023. Arrancó con la exhibición desenfadada de otro relax de Insaurralde, aquella vez en el yate “Bandido”, y condujo recientemente al vestidor de Jésica Cirio y al desnudo de cajoneras rebosantes de dólares. Un álbum de fotos de una Argentina convertida en el país de las rutas del dinero que se bifurcan.
De Skanska a Insaurralde, la curva larga de un modo kirchnerista de hacer política: 20 años, la mitad de la democracia, convirtiendo el ejercicio de la política en oportunidad para el saqueo del Estado y el enriquecimiento personal. Por escala y duración, el kirchnerismo es la muestra más estructural de dos de los problemas endémicos de la Argentina: por un lado, el acampe en el poder político como plataforma para la práctica de la corrupción elevada a la enésima potencia y, por el otro, una justicia lenta, o nula, a la hora de desarmar en tiempo y forma las bambalinas políticas que habilitan la corrupción. En los dos puntos, el kirchnerismo superó al menemismo y su saga de corrupción. Todo un récord.
Pero las sospechas de corrupción en el Estado también atraviesan a figuras del poder mileísta en los pocos años que lleva en la Casa Rosada. La promesa libertaria de purificación de la política se quedó sin nafta apenas transcurrida la mitad del mandato.
Anticorrupción, ¿la cruzada fallida?
Los logros macroeconómicos del Gobierno obligan a hacer una consideración: los límites del reformismo de Javier Milei ya no parecen venir del lado de la economía. Hoy hay más chances de reordenar la matriz macroeconómica que de terminar con el entramado de corrupción en el Estado y con el manto protector y cómplice de un Poder Judicial con problemas sostenidos de transparencia e independencia.
Esa comparación está llena de implicancias que echan luz sobre la gravedad del tema justicia y corrupción: tal es la escala de ese tema que, por primera vez en los últimos cuarenta y tres años, al menos, el problema argentino definido por las crisis macroeconómicas cíclicas está más cerca de encontrar una resolución que la madeja de intereses oscuros donde se enredan la política, la justicia y el poder económico. Toda una novedad: quizás el tiempo presente esté mostrando un proceso en el que se concreta el desplazamiento del problema argentino de un campo a otro de la vida nacional. De la crisis macro, ¿en vías de solución?; al foco más cerrado en la crisis de justicia.
El par corrupción-impunidad dominando el panorama de la crisis autóctona mientras la Argentina de Milei intenta ingresar a un orden macroeconómico con algo de progreso. ¿Eso trae el futuro? Un mileísmo capaz de racionalizar la macro y resistir al uso político del déficit, pero incapaz de resistir el entramado del par corrupción-justicia.
En el plano macroeconómico, Milei logró lo impensado: afrontar los costos políticos de un reordenamiento macro que teminara con el déficit, hiciera el ajuste tan temido, pusiera fin a la emisión y orientara el rumbo de la Argentina hacia la baja de la inflación. Todo, con los votos a favor, y en dos rondas electorales. Milei hizo posible lo que, hasta su triunfo de 2023, parecía imposible.
El miedo a ahuyentar votantes con un ajuste impopular le puso un límite a la utopía de déficit cero con inflación a la baja de la experiencia macrista. Para el kirchnerismo, ese mantra nunca tuvo lugar: el distribucionismo deficitario le dio mejores coartadas políticas ante los votantes. Lo que el mileísmo viene logrando en economía le quedó lejos a las otras fuerzas políticas, o porque no supieron, o no pudieron, o no quisieron.
Pero la “hazaña” de Milei en lo macro, como la define un hombre de los mercados desde Manhattan, contrasta con una deuda que creó el mismo mileísmo en apenas dos años de gestión: la pérdida de credibilidad en su promesa de refundación ética de la política.
Banderas a media asta
Por eso, 2027 deja al Gobierno con menos munición disponible en la caja de herramientas electorales. Ya no está en condiciones de agitar rabioso la narrativa de la política honesta.
Ayer, Milei reunió a sus legisladores para bajarles línea sobre la agenda legislativa en los tiempos electorales que ya empiezan a correr. Milei se obsesiona con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Una causa sin margen para la épica que mueve multitudes, pero centrada en la visión de túnel de Milei que ahora escoge sus batallas con precisión: recursos políticos movilizados para domar la crisis que mejor está manejando, la de la macroeconomía. En cambio, a la crisis de décadas en el tema corrupción-justicia no la apaga sino que la alimenta. El nombramiento de jueces, atravesado por la polémica, y los vínculos entre el Gobierno y el aparato judicial no auguran un reordenamiento purificador de esa macrojudicial, sino la continuidad con beneficio propio, un aprendizaje clave que el mileísmo viene desarrollando.
Las fichas del Gobierno en camino hacia el cumplimiento de la segunda mitad de su gestión y el desembarco en la elección presidencial se juegan en el Congreso. En más reformas estructurales, incluyendo la del Banco Central; en la economía y su consolidación; en la política de la negociación, y ya no la de confrontación.
El discurso anticasta está fuera de juego: de eso casi no se habla. El mileísmo reorganiza sus filas con las herramientas que pudo blindar en estos dos años. La cruzada anticorrupción no está entre ellas. Hay señales de eso.
Insaurralde como síntoma
Ayer, la condena en el caso Skanska recayó en dos figuras arquetípicas de la corrupción kirchnerista: Julio de Vido y José López, otra vez. Ese caso es la expresión más grosera de la coreografía de la corrupción kirchnerista. El episodio inaugural de una trama delictiva organizada en torno a peajes controlados desde lo más alto del poder. Y la complicidad de un sistema judicial que tardó veinte años en llegar, apenas, a la sentencia de primera instancia. Con el caso Skanska, se inventa el formato del estancamiento argentino de las dos últimas décadas.
Sin embargo, la noticia pasó casi de largo para la política: no hubo repercusiones significativas ni intentos sistematizados de uso político electoralista. Nadie de peso recogió el guante para defenestrar al enemigo político y aprovechar políticamente su nueva caída. Skanska quedó reducido casi a un episodio histórico, color sepia: un ejercicio de memoria colectiva. La puja política dejó pasar la oportunidad de hincarle el diente a un problema estructural de la política y la Justicia tan urgente como persistente. Es cierto que el Mundial desvía la energía hacia otro lado, ¿pero tanto?
El otro silencio que aturde gira en torno a la causa Insaurralde. En tres años, la justicia todavía no tocó a la puerta del exjefe de Gabinete de Axel Kicillof. Y a pesar de revelaciones que serían jugosas para cualquier político en campaña, opuesto al kirchnerismo, casi nadie lo retoma como bandera política. ¿Por qué?
La corrupción, a veces, es una telaraña donde la política en general queda atrapada. El caso Chocolate y el caso Insaurralde, y su conexión con la Legislatura provincial y el mundo del juego bonaerense, toca estructuras transversales dentro de la política: oposiciones y oficialismos de todo tipo. El silencio es el consenso más amplio. ¿Omertá?
Cuando podría relajarse y ver pasar el cadáver político de su enemigo desde la ventana, el Gobierno tiene que dejar pasar la oportunidad: el manto de la corrupción también lo termina alcanzando. Claramente pasó con el otro hat-trick, el mileísta: caso $LIBRA, ANDIS, Adorni.
Pero también están las imágenes que le juegan en contra al Gobierno: la presencia del financista Juan Nápoli en el video donde se lo ve a Insaurralde con el habano obligaría a dar explicaciones políticas incómodas. El banquero fue la vanguardia de Milei en Wall Street en 2023; organizó la contracumbre de Mar del Plata para mostrar un Milei presidenciable justo cuando la política clásica se reunía en el Coloquio de IDEA en ese mismo año; fue candidato a senador por La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires. En mayo, Milei fue el invitado principal del evento organizado por Nápoli y Banco de Valores, su empresa, en el Malba.
El banquero Nápoli niega vínculo personal con Insaurralde. Pero el video dispara suspicacias. Nápoli Inversiones es investigada por la justicia en la causa por el dólar blue por transferencias a una casa de cambio asociada a un binguero del conurbano: a un paso de separación del negocio del juego bonaerense donde Insaurralde es una pieza clave. Nápoli a metros de Insaurralde le resta potencia a la posibilidad de aprovechamiento político del caso Insaurralde por parte del mileísmo. Otra capa de silencio obligada.
Ese video es incómodo en varios sentidos. Para el kirchnerismo y el kicillofismo, porque muestra la impunidad despreocupada de un dirigente clave del entramado de la provincia de Buenos Aires en plena investigación de corrupción. Para la Justicia, porque expone la lentitud con la que avanza esa causa. Ese sería uno de los puntos aprovechables para el Gobierno: Justicia rápida con Adorni, pero tortuga con Insaurralde. Para la política, muestra un sistema de vínculos sociales entre políticos sospechados, inversores y empresarios y familia judicial que pueden derivar, eventualmente, en negocios opacos.
Está claro que la escala de las denuncias que pesan en la esfera mileísta es menor en comparación con la del kirchnerismo, pero el problema es otro: que la vara que el mileísmo se impuso en el tema anticorrupción fue altísima mientras que el kirchnerismo no se autoimpuso ninguna. Esa vara incumplida le pone presión al mileísmo. Y hoy le impide al Gobierno capitalizar al máximo el caso Insaurralde y sus novedades, o el caso Skanska: para señalar con el dedo, el mileísmo está obligado a ser inmaculado, y no lo es.
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La Corte revocó un fallo de la Cámara Laboral que, por su cuenta, había multiplicado una indemnización
La Corte Suprema de Justicia revocó un fallo de la justicia laboral que había multiplicado la indemnización que debía pagar una ART a un empleado por un accidente, a pesar de que el propio trabajado no lo había reclamado.
Así lo resolvieron los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes entendieron que la Cámara del Trabajo había colocado a la única apelante en una peor situación que en la primera instancia.
La Corte Suprema entendió que la Cámara del Trabajo había violado el límite de su competencia.
El caso se inició por la demanda de un trabajador contra una ART.
El técnico electricista, Sergio Pagani, trabajaba en el traslado de materiales de carga y cobraba unos 10.000 pesos por mes.
En agosto de 2017 se encontraba realizando la instalación de un circuito de cámaras en una concesionaria de autos cuando cayó de una escalera y se golpeó una rodilla contra el piso.
Siguió con su tarea, pero como el dolor seguía, fue días después a una guardia y le diagnosticaron rotura de meniscos.
En 2019, el Servicio de Homologación de la Comisión Médica Nº 10 de la Ciudad de Buenos Aires determinó que el hombre presentaba una “incapacidad laboral permanente parcial definitiva” del 5% como consecuencia del siniestro.
Pagani cuestionó judicialmente esa evaluación y afirmó que la conclusión de la Comisión Médica era errónea dado que, según manifestó, sufría mayores secuelas incapacitantes, tanto físicas como psíquicas.
En primera instancia, el juez le dio la razón, reconoció al trabajador un 16% de incapacidad y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonar un resarcimiento de 240.585 pesos más los intereses de acuerdo con actas de la justicia laboral.
La ART apeló diciendo que el monto indemnizatorio se calculó apartándose de lo dispuesto en la ley, pero la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Trabajo desestimó el reclamo de la aseguradora.
“Contrariamente a lo sostenido por la accionada entiendo que la condena recaída en autos no solo resulta insuficiente, sino que incluso violenta normas del más claro orden público”, argumentó la Cámara y agregó que advertía “con asombro” que con intereses el monto total ascendía a “994.405,27 pesos”.
Entendió que era poca plata. “Dicho importe no representa siquiera el 60% de lo que hoy sería el tope mínimo para el grado de minoración que presenta el demandante”, señaló la Cámara Laboral.
Afirmó que “nunca podría perforarse por debajo el piso mínimo establecido por el régimen tarifario especial”.
Como consecuencia, la Cámara aumentó la indemnización a 1.619.177,84 pesos más intereses, desde 2022.
La ART apeló.
La aseguradora argumentó que la sentencia era arbitraria porque, aun cuando la actora no lo hubiera solicitado y no hubiera apelado el pronunciamiento de primera instancia, se decidió aplicar el tope establecido por la resolución 51/2022 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y eso violentaba “el principio de congruencia que, en resguardo del derecho de defensa, debe regir el proceso”.
La Corte Suprema hizo lugar al reclamo de la ART al entender que se incurrió en una “reformatio in peius”, que es la regla que prohíbe al juez de segunda instancia empeorar la pena o el fallo inicial si quien apela es solo el condenado.
“Tal como surge de la reseña, la alzada ha colocado a la única apelante en una peor situación que la resultante del pronunciamiento de primera instancia, violando el límite de su competencia, circunscripto a las cuestiones controvertidas”, dijo la Corte Suprema. Y estimó que “corresponde, por consiguiente, en tanto no constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias derivadas de la causa, descalificar la sentencia apelada”.
Así el máximo tribunal revocó el fallo apelado y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento.
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Pablo Moyano se refirió al episodio de su hermano Facundo con Candela Arizaga: “Hace rato que no hablo”
“Con Facu hace rato que no hablo”. Así respondió Pablo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, cuando la prensa le preguntó por su hermano Facundo en medio de la movilización a Plaza de Mayo por San Cayetano, luego del episodio que involucró al ex diputado y a su novia, Candela Arizaga.
El dirigente de Camioneros intentó apartarse del tema y llevar la conversación hacia la marcha: “Estamos defendiendo la tierra, los puestos de trabajo, que lo defina la Justicia; yo no tengo nada que ver”.
El episodio sumó otra definición cuando le consultaron si había hablado con su hermano. Allí, Pablo Moyano apeló a una salida irónica. “Encima el pibe mío se llama Facundo Moyano. Yo hablo todos los días con Facundo Moyano, mi hijo. Con Facu hace rato que no hablo”, dijo.
Al ser consultado acerca de cómo estaba su papá por lo sucedido con Facundo, el dirigente dijo: “Hugo está muy preocupado por lo que pasa en el país”.
Las frases quedaron en el centro de la escena porque marcaron una toma de distancia en plena repercusión del caso y confirma la mala relación entre los dos hermanos. El episodio por el que fue consultado involucró a Candela Arizaga, quien hace dos días corrió semidesnuda y alterada por calles del barrio porteño de Belgrano, en un hecho que volvió a poner el nombre de Facundo Moyano, líder del Sindicato de Peajes, bajo atención mediática.
Dos días después del incidente, Candela Arizaga se presentó en la fiscalía para declarar. A la salida, desligó a Facundo Moyano de las acusaciones de violencia de género que circularon en un primer momento.
“Tuve un brote psicótico” y “lo voy a trabajar de acá en adelante para estar bien”, afirmó Arizaga ante la prensa, luego de haber permanecido bajo observación médica.
De esa manera, la influencer dio una versión que buscó aclarar lo ocurrido tras las primeras informaciones sobre el caso. La declaración judicial se produjo dos días después del polémico episodio en el barrio de Belgrano.
Durante su paso por la marcha de San Cayetano hacia la Plaza de Mayo, Pablo Moyano evitó respaldar en público a su hermano y tampoco avanzó sobre detalles de la situación. Su respuesta apuntó a desmarcarse del tema y a dejar la resolución en manos de la Justicia.
La situación volvió a instalar a Facundo Moyano en la agenda pública por un hecho de su vida privada luego de sus romances con figuras de la farándula.
Una de los motivos que distanciaron a Pablo y Facundo Moyano fue la política. El ex diputado nacional del Frente de Todos renunció a su banca por diferencias con La Cámpora y en el gobierno anterior mantuvo una postura crítica tanto de Alberto Fernández como de Cristina Kirchner, mientras que Pablo tuvo gestos de apoyo al kirchnerismo, fotos con Máximo Kirchner y críticas hacia Alberto Fernández, aliado político de Hugo Moyano.
Todo empeoró, hasta el punto de que dejaron de hablarse, a partir del 22 de noviembre de 2022, cuando Facundo Moyano criticó a Pablo en una entrevista con Infobae: “Con la historia de lucha que tienen Hugo (Moyano) y Camioneros, es una lástima que vaya atrás de las ambiciones políticas y electorales de La Cámpora y que los quieran utilizar como fuerza de choque”.
Lo dijo el líder del Sindicato de Peajes pocas horas antes de que su hermano Pablo concurrió al acto de Cristina Kirchner en el Estadio Unico de La Plata, en otro de sus fuertes gestos de adhesión al kirchnerismo que no comparten su padre ni Facundo Moyano.
Ahora, ante el episodio en el que se vio involucrado su hermano Facundo, la posición pública de Pablo Moyano quedó resumida en dos definiciones. Una, de carácter institucional: “que lo defina la Justicia”. La otra, de carácter personal: “Con Facu hace rato que no hablo”.
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Caso Fentanilo. Las dos exfuncionarias de Salud acusadas fueron liberadas bajo cauciones de $75 millones
La exjefa de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat), Nélida Agustina Bisio, y la exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), Gabriela Mantecón Fumadó, quienes habían quedado detenidas el martes pasado, fueron liberadas hoy por el juez federal Ernesto Kreplak.
Las excarcelaciones de las dos exfuncionarias, acusadas de haber sido parte de una maniobra de contaminación de fentanilo que provocó al menos 90 muertes, fueron ordenadas bajo una “caución real” de $75 millones; en lugar de depositar el dinero, cada una puso como garantía un inmueble. Mantecón Fumadó hipotecó una casa propia en Santa Clara y Bisio, un inmueble a nombre de su hijo, informaron fuentes oficiales a . Ambas debieron entregar sus pasaportes al juzgado y tienen prohibido salir del país.
Las dos mujeres fueron detenidas el martes pasado a pedido de la fiscal federal Laura Roteta, quien había solicitado que se las arrestara para garantizar sus indagatorias, que se realizaron anteayer. Están acusadas del delito previsto en el artículo 201 bis del Código Penal, que reprime con una pena de entre 10 y 25 años de cárcel a quien hubiera envenenado o falsificado sustancias medicinales con resultado de muerte.
En su dictamen, Roteta y Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), argumentaron que daban por probado que “las funcionarias conocían el escenario de riesgo elevado generado por las condiciones en las que ambos laboratorios fabricaron el medicamento y que se podían provocar muertes y lesiones”. Se referían a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Este último elaboró las ampollas de fentanilo para su comercialización desde el primero. Ambos son propiedad de Ariel García Furfaro, también detenido.
Mantecón Fumadó trabajó durante 20 años en el Iname antes de dirigirlo. Ese instituto de la Anmat tiene responsabilidad directa en el control y la fiscalización de los laboratorios que operan en el país, los productos que se comercializan y su registro. Inicialmente, había sido asesora jurídica de las sucesivas direcciones del instituto. En mayo del año pasado, a los pocos días de que la Anmat judicializara la investigación por el uso de fentanilo contaminado de HLB Pharma, la entonces funcionaria dijo que este laboratorio tenía “un historial de desprolijidades registrales y de documentación de productos, por lo que ya existía un seguimiento cercano”.
En su declaración de esta semana, dijo, al igual que en una declaración anterior, que sus superiores conocían lo que estaba sucediendo y las decisiones que se tomaban en la Anmat. Mencionó no solo a Bisio, sino también a Mario Lugones, actual ministro de Salud.
Noticia en desarrollo
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