POLITICA
El Vía Crucis de la reforma electoral: la trampa de las PASO, el anzuelo Ficha Limpia y miedo al “Desdoblapalooza”
Manuel Adorni abre la billetera y busca unos pesos para la limosna. A su lado, Diego Santilli busca la mano de Martín Menem para darle el saludo de la paz. A pocos metros, Axel Kicillof hace lo propio con Wado De Pedro. Más allá, un grupo de intendentes cuchichea con miembros de la CGT. De repente, un brevísimo saludo entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el referente libertario bonaerense Sebastián Pareja parece romper el clima de silencio tenso. Pero el gesto no se replica en otros rincones. Por lo bajo, algunos se preguntan dónde está Victoria Villarruel, que a esa hora declaraba ante los micrófonos de una capilla en Almagro que el evento de la Basílica de Luján estaba lleno de “lo peor de la casta”. Cada grupo llega y se retira del templo sin siquiera guiñar un ojo a los de enfrente. Ningún grupo cruza sonrisas. Nadie da señales de camaradería institucional.
“¡Si Bergoglio nos viera…!”, lamenta, irónico, un ministro oficialista ya en el auto de regreso a casa. “Hasta el Gordo Dan y Lilia Lemoine hubieran tenido mejor onda que todos nosotros”, bromea un referente peronista, más risueño.
Así, lo que tenía que ser una misa para homenajear al Papa Francisco, un líder religioso que tantas veces habló de misericordia y de amar al enemigo, se convirtió en una nueva postal de grieta y división política. Jorge García Cuerva lo destacó en su homilía, sin metáforas: “Ni siquiera somos capaces de sentarnos en el mismo banco de una iglesia”.
Ese es el clima espeso que enfrentará La Libertad Avanza cuando encare las arduas negociaciones a múltiples bandas que necesita aceitar para aprobar la ambiciosa reforma electoral que presentó en el Congreso y que pretende cambiar las reglas del juego en los cuartos oscuros del país.
El paquete que llegó al Senado tiene tres ejes centrales —la eliminación de las PASO, modificaciones en el esquema de financiamiento y la incorporación de Ficha Limpia— más una serie de retoques generales que van desde nuevos requisitos para armar partidos hasta la suspensión de la elección del Parlasur.
Pese a lo trascendental que es el proyecto para el ecosistema violeta, el Gobierno arranca con el marcador en contra. Es que, para avanzar con cualquier artículo, se necesita mayoría absoluta: 129 votos en la cámara baja y 37 en la alta. “¡Va a ser un Vía Crucis -conceden en Casa Rosada, abrazados al lenguaje cristiano-. No la vamos a tener fácil, ni siquiera en los aspectos en los que objetivamente tenemos más chances. Igual esto recién empieza: es obvio que al texto hay que masajearlo y tratar de que al menos quede en pie lo esencial”.
La apuesta central de los hermanos Milei para conseguir adhesiones incluye una jugada estratégica: atar en un mismo proyecto la muerte de las primarias con la prohibición de candidaturas para condenados en segunda instancia. El razonamiento es que si el PRO, la UCR y otros aliados eventuales rechazan la propuesta quedarán expuestos por no haber acompañado una iniciativa que ellos mismos impulsaron durante años. La legisladora Lilia Lemoine lo blanqueó sin rodeos: “Va a ser muy revelador el voto de cada diputado y cada senador. Quienes se opongan van a dejar en evidencia que ven la política como un negocio”. Desde ya, nada dijo de un antecedente fresco y demoledor: fue el misionerismo de Carlos Rovira el que se encargó de hundir ese proyecto en el Senado el año pasado, un movimiento que todavía genera sospechas sobre si hubo o no un guiño desde la Quinta de Olivos para que naufragara.
La mesa política de Balcarce 50, que volverá a juntarse recién el próximo lunes, siempre fue consciente del hilo rojo que une a todos los espacios que no son el gobernante: las PASO son la herramienta ideal para ordenar coaliciones opositoras sin liderazgos definidos. Lo certifica Facundo Cruz, politólogo y coordinador del observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires, que tiene numerosos estudios publicados sobre la implementación del sistema a partir de los comicios de 2011. “Lo que está haciendo La Libertad Avanza es ejercer el rol de espacio oficialista, que es buscar perjudicar a la oposición para que se unifique detrás de una única oferta y un único comando”, analiza.
Sin primarias, cada tribu queda sola frente al armado de LLA; extirpar del menú esa posibilidad le complica la vida a los que hoy tienen que reconstruirse frente a Milei. Por eso, sectores tan disímiles como el amarillo, el radicalismo o el peronismo están en alerta y expectantes. Saben que tendrán que afrontar un argumento que gana popularidad: el factor económico; no por nada el ministro del Interior prometió ahorrar “más de 200 millones de dólares para los argentinos”.
Ante este panorama, no fueron pocos los gobernadores que le prestaron especial atención al artículo 25 del proyecto, que modifica el Código Electoral Nacional: además de agregar un casillero específico que habilita la posibilidad de votar la lista completa en la Boleta Única de Papel, permite también que en contiendas nacionales simultáneas con provinciales se incluyan los cargos locales en la parte inferior. O sea, les ofrece a los caciques del interior la chance de pegar la cara de Milei con la suya. Un señuelo evidente que demuestra, una vez más, que el diablo está en los detalles. Y que Karina Milei, que se cargó al hombro este asunto, quiere evitar que se produzca una suerte de “Desdoblapalooza”: un festival de desdoblamientos de elecciones locales, una práctica que se volvió cada vez más frecuente y extendida. ¿Es posible obligar a todos a sufragar en una fecha única? En la intimidad del poder lo soñaron, pero terminaron admitiendo que “es más difícil que reformar la Constitución”.
La trampa de unir el fin de las PASO con Ficha Limpia ya está tendida. El problema es que esa trampa puede volverse en contra de la propia gestión libertaria. Es lo que interpreta Pablo Salinas, otro politólogo especializado en asuntos electorales: “Sacar las primarias parece bueno en la superficie para el oficialismo, pero a la vez se está desprendiendo de una variable relevante para alcanzar acuerdos con otros colores. Evidentemente se sienten poderosos y creen que no tienen que hacer alianzas con nadie para imponerse en 2027″.
El resultado previsible, si las negociaciones no se mueven mucho del punto de partida, es una media sanción fragmentada: la aprobación de alguno de los tres ejes, con los otros dos rechazados o vaciados de contenido. Un escenario que no sería un fracaso total pero tampoco la reforma que prometió Milei.
No es la primera vez que LLA llega a este punto con las manos semi vacías y mucho trabajo por delante: de hecho, este es el tercer intento de empujar una reforma electoral desde diciembre de 2023. El primero se dio durante la discusión de la Ley Bases original, aunque el tema quedó afuera por ser demasiado sensible para abordarlo en aquel entonces. El segundo fue en el marco de las extraordinarias que se iniciaron a finales de 2024, pero finalmente lo único que prosperó fue la suspensión, por única vez, de las internas de las legislativas 2025.
Algunas perlitas de la propuesta actual. Por un lado, habrá que tener presencia en 10 provincias -y ya no 5- para ser partido nacional, y llegar al 3% del padrón -y ya no al 2%- en una de dos elecciones consecutivas para no perder la personería. Si se aplican las nuevas reglas, contabilizó Facundo Cruz, quedarían vivos apenas 19 de los 45 partidos nacionales (el 42%) y 130 partidos distritales de los 714 con reconocimiento vigente (18%). Todos los que quieran sobrevivir van a tener que salir a buscar más avales que los que hoy tienen.
Por el otro lado, el equipo libertario pretende “depurar el régimen de sellos de goma, para terminar con una industria de partidos que cobran del Estado sin representar a nadie”. Curioso: ellos mismos aprovecharon ese sistema cuando La Libertad Avanza aún no existía como tal y tuvo que apelar a la ayuda de Unite por la Libertad y la Dignidad, Partido Demócrata, Partido FE, Movimiento de Integración y Desarrollo o Unión Celeste y Blanco, entre muchos otros. “Usaron la escalera para subir a la cima y ahora la patean para que no la pise nadie más”, se queja un apoderado que trabajó en la campaña para Milei presidente.
Hay otra excentricidad: el texto final de la reforma agregó en su artículo 46 una prohibición para contratar “servicios de personas extranjeras”. “Es la cláusula anti Antoni Gutiérrez Rubí y Jaime Durán Barba, una venganza personal de El Javo”, se ríe un importante miembro de la mesa chica violeta, haciendo referencia al encono que Milei tiene contra asesores como el español y el peruano.
La oposición ya empezó a moverse. El peronismo activó la construcción de un polo de convergencia en el Congreso para resistir la eliminación de las primarias. En el kirchnerismo, el kicillofismo, el massismo y el graboisismo hay consenso para votar en contra. Las sorpresas pueden venir por el lado de los gobernadores que formalmente son del PJ pero que en los hechos articulan con los libertarios.
Por las dudas, el amplio espectro del justicialismo ya se pone en posición de emergencia. El ex gobernador de San Juan Sergio Uñac, que viene construyendo su precandidatura con perfil bajo, pero con reuniones permanentes, no se cansa de repetir su plan: propone que si las PASO se caen haya una interna abierta dividida en cuatro regiones, al estilo Estados Unidos. ¿El beneficio? Ganar volumen y agenda con su propio proceso de selección de candidatos. ¿La contra? Que la no obligatoriedad del proceso le reste fuerza específica a la convocatoria: es decir, que vaya poca gente a votar. En paralelo, Emilio Monzó fustiga teléfonos y visita oficinas variopintas en modo “rosca transversal”: junta voluntades en todas las terminales para estar preparados sea cual sea el escenario en 2027.
En el oficialismo asumen que el texto final se va negociar en la previa del Mundial, que arranca el 11 de junio, pero que difícilmente haya sanción definitiva antes de que termine la competencia. Ansiosos, abstenerse: en el interín habrá un mes y medio de fútbol que pondrá en pausa todo debate político profundo.
Pase lo que pase desde acá hasta el final de la Copa del Mundo, Javier y Karina Milei harán lo imposible por agarrar de nuevo el volante, cambiar el eje de discusión y dejar atrás los escándalos que se acumularon alrededor de Manuel Adorni. Escoltado por el primer mandatario, que siempre se mostró dispuesto a abrazarse a las granadas, el jefe de gabinete enfrentará este miércoles su primer informe de gestión en una cámara de Diputados ávida de acceder a pormenores de su patrimonio. En su despacho juran que, por fin, podrá explicar todo. Que la donación de un familiar dejará en claro que no hubo enriquecimiento ilícito. Y que el expediente que manejan con llamativa celeridad el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo pronto seguirá los pasos de la causa vinculada al viaje de Bettina Angeletti en el ARG 01 que acaban de archivar Alejandra Mangano y Daniel Rafecas. Difícilmente, reconocen con tristeza, pueda volver a cancherear con “la casta” delante de los micrófonos de la sala de periodistas de la Rosada, hoy vacía por la polémica decisión gubernamental -sin antecedentes en democracia- de suspender el libre acceso de todos los acreditados.
Si sobrevive a la exposición pública en el palacio legislativo, Adorni y los ministros deberán apelar a la creatividad para retomar el control de la agenda. Sobre todo porque los 90 proyectos de Ley que Milei prometió en la apertura de sesiones del 1 de marzo todavía brillan por su ausencia. “Es preferible que no haya sesiones a que nos expongamos y nos comamos una piña. Si hay temas que acompañen los aliados, juguemos. Si no, preferible quedarse en casa”, piden cerca de Martín Menem.
El primer gobierno liberal libertario de la historia argentina termina el cuarto mes del año con menos oxígeno político que en el pasado reciente y con aliados calculadores que miran el tablero electoral antes de mover cualquier ficha. En ese contexto, el devenir de la reforma servirá para medir el estado real del poder de los Milei a un año de las elecciones generales.
En el inicio de esta semana, el arzobispo de Buenos Aires Jorge García Cuerva le pidió a los políticos argentinos que fueran capaces de sentarse en el mismo banco de una iglesia. Lo que se viene en el Congreso será una suerte de versión laica de ese desafío: La Libertad Avanza necesita que algunos de los que se fueron de Luján sin cruzar mirada vuelvan a las mesas de diálogo y validen al menos parte de sus ideas para 2027. El problema es que en política, a diferencia de en la fe, los milagros se consiguen voto a voto. Y, por ahora, el libro está abierto en la página de los incrédulos.
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POLITICA
El Gobierno denunció penalmente a los manifestantes detenidos por los disturbios en el Congreso
El Gobierno Nacional, a través del equipo jurídico del Ministerio de Seguridad, denunció penalmente a los manifestantes que protagonizaron los incidentes registrados durante la marcha universitaria de este jueves por la tarde en las inmediaciones del Congreso de la Nación. La presentación contempla los cargos de resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y delito de daño agravado.
La presentación sostiene que los implicados actuaron deliberadamente con los rostros cubiertos para evitar ser identificados. Primero dañaron bienes públicos para proveerse de objetos contundentes y luego los arrojaron contra miembros de las fuerzas policiales y de seguridad federales que cumplían funciones en el lugar.
La denuncia, a la que accedió Infobae, señala además que la fecha no fue casual: el Congreso sesionaba ese día, lo que lleva al Ministerio a sostener que los disturbios habrían tenido entre sus objetivos “inhibir y/u obturar en forma parcial o plena la actividad legislativa” convocada para esa jornada.
En paralelo a la redacción del texto judicial, el ministerio avanza en la recolección de imágenes que servirán como prueba para sustentar las acusaciones. El material audiovisual recopilado busca identificar a los responsables de los destrozos y las agresiones que se produjeron en la zona de la Plaza de los Congresos y su entorno durante la movilización. Esa tarea de documentación resulta central para individualizar a cada uno de los acusados en el expediente que se presentará ante la Justicia.
El escrito describe un patrón sostenido de agresiones. Los ataques con objetos peligrosos se replicaron en distintos momentos de la jornada y dejaron efectivos de las fuerzas federales con lesiones. La denuncia caracteriza a los uniformados como “sujetos pasivos y permanentes” de esa violencia, pese a encontrarse desplegados bajo el protocolo establecido por el propio Ministerio para garantizar el orden y el ejercicio del derecho a la protesta pacífica.
La jornada dejó un saldo de al menos 25 personas detenidas a lo largo de los enfrentamientos que tuvieron lugar en las calles aledañas al edificio legislativo. Entre los casos que trascendieron, uno concentró particular atención: la Policía de la Ciudad de Buenos Aires aprehendió a un menor de 14 años en la intersección de Montevideo y Bartolomé Mitre tras ser sorprendido arrojando piedras contra un móvil policial.
Ante la situación, se realizó una consulta con la Unidad Fiscal de Flagrancia (UFLA) Este, que ordenó la intervención del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes para hacerse cargo del procedimiento, dado que la normativa vigente establece un tratamiento diferenciado para menores de edad involucrados en hechos de esta naturaleza.
Los choques también dejaron heridas en las propias filas de las fuerzas de seguridad. En total, ocho efectivos resultaron lesionados durante el operativo desplegado en torno al Congreso. El desglose incluye cuatro agentes de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), dos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y dos de la Policía Federal Argentina (PFA).
Los uniformados recibieron piedras y otros objetos contundentes por parte de grupos que se desprendieron de la columna principal de manifestantes y protagonizaron las escenas de mayor tensión de la tarde.
Pero los daños no se limitaron al plano físico de los efectivos. La violencia que se desató en torno al Parlamento dejó marcas profundas en el espacio público. De acuerdo con una estimación preliminar del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los destrozos ascienden a $90 millones.
El mobiliario urbano, las veredas, los canteros y las superficies verdes de la Plaza de los Congresos y las áreas circundantes fueron los más afectados por la acción de los grupos violentos que operaron en la zona.
La protesta, convocada en defensa de la educación pública universitaria, derivó en incidentes con las fuerzas de seguridad que custodiaban el perímetro del edificio legislativo. Los desmanes se concentraron durante las horas de la tarde, cuando sectores radicalizados avanzaron sobre las líneas de contención policial y provocaron las escenas de violencia que ahora son objeto de la investigación judicial.
Con la denuncia penal en marcha, el Ministerio de Seguridad apunta a llevar adelante acciones judiciales concretas contra quienes participaron en los hechos de violencia. Los cargos elegidos —resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado— dan cuenta del encuadre que el Gobierno le otorga a los episodios frente al Congreso. La recolección de pruebas en video y fotografía, en tanto, será determinante para sostener cada una de las imputaciones ante los tribunales competentes.
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El Gobierno logró la semana pasada sobrevivir a la batalla legislativa por el quórum con un nuevo blindaje político que le dieron los gobernadores. Con la cuenta regresiva para el año electoral, Javier Milei enfrenta su propio dilema: cómo hacer coincidir temporalmente ese escudo protector que le dan las provincias con una bonanza económica esquiva.
La negociación de la sesión que proponía la caída del DNU 70 dejó luces de alarma para la Casa Rosada. La oposición consiguió su mejor número desde el triunfo libertario de 2025, que habilitó el recambio legislativo más favorable al oficialismo, y acercó a gobernadores que antes eran afines al Gobierno. Cristalizó la polarización. La discusión se extendió hasta la madrugada previa a la votación, cuando habían conseguido 126 voluntades para dar el presente. El Gobierno movió sus fichas en las horas finales y le alcanzó para ganar oxígeno. La Casa Rosada se llevó el triunfo legislativo y la oposición ganó la batalla política.
Para el oficialismo, 14 gobernadores terminaron colaborando para evitar la caída del DNU. Cuentan sobre todo a los aliados circunstanciales como la clave de la negociación. Los tres legisladores que responden al tucumano Osvaldo Jaldo; los dos santafecinos de Maximiliano Pullaro; otros dos del jujeño Carlos Sadir, que había amagado con desprenderse; una salteña que responde a Gustavo Sáenz; un misionero, resabio del poder que tuvo Carlos Rovira antes de la pelea con Hugo Passalacqua; y una cordobesa, a pesar del desmarque que empezó a mostrar Martín Llaryora. El resto de los gobernadores aliados jugaron como esperaban y aportaron todo lo que tenían. Este conteo es el que ilusiona al jefe de Gabinete, Diego Santilli, con conseguir los votos para la reforma electoral. Creen que de esos 14 mandatarios, solo sería indispensable la ayuda de entre 10 y 11 para alcanzar el número que les habilite la eliminación de las primarias, objetivo central del Gobierno.
Para la oposición, la interpretación del resultado es bien distinta. Creen que lograron acercar a los diputados de Catamarca y de Misiones, antes esquivos, y que Córdoba y Salta fueron clave también para arrimar al número. “Sabíamos que no llegábamos, pero nos deja mejor parados”, amplifican en el bloque de Unión por la Patria sobre el devenir de la negociación. El dato más llamativo para ese espacio político fue la ausencia sorpresiva del representante de Tierra del Fuego, Agustín Tita, que avisó al mediodía. Responde al gobernador Gustavo Melella, que se acercó al Gobierno en los últimos días tras el giro malvinero que dio Milei. Tampoco estuvo la santiagueña Estela Mary Neder, con aviso de operación. “Es normal que en un bloque grande te falte alguno, como es este caso, lo de Melella no estaba previsto”, mastican bronca en el bloque mayoritario de la oposición. Sobre la hora se les cayó también María Inés Zigarán, que insólitamente había firmado el pedido de sesión especial. En la oposición denuncian la presión del gobernador. El otro diputado por esa provincia, Jorge Rizzotti, ya les había avisado que estaría de viaje.
El misionero que se bajó es Daniel Vancsik, que responde a Rovira y no al gobernador. También se cayó a último momento. La otra que tenía una operación programada fue Yolanda Vega, de Salta. La provincia aportó sus diputados incluso ante el anuncio del Gobierno, esa misma mañana, de que se comprometía a conseguir fondos para financiar las obras ferroviarias que estaba reclamando el gobernador. Y también pegó el faltazo la cordobesa Alejandra Torres, más zigzagueante en su relación entre la referencia a la provincia y al gobierno nacional. La Casa Rosada celebró su ausencia como un gesto de Llaryora. Los otros cinco diputados provinciales dieron quórum. La negociación fue quirúrgica. El gobernador cordobés levantó esta semana el perfil con una posición más dura contra Milei.
La perlita la protagonizó Jorge Loma Avila, diputado por Chubut, de origen sindical pero referenciado en el gobernador Ignacio Torres, aliado del Gobierno. Intentó jugar a dos puntas y dejó una escena memorable. Según relataron fuentes al tanto del debate interno, había negociado con Cristian Jerónimo, uno de los triunviros de la CGT, que se sentaría a dar quórum. Y lo hizo. Mientras estaba en su banca, se sacó una selfie y se la mandó al jefe sindical. Pero resultó que se sentó cuando ya Martín Menem había dado por levantada la sesión. Lo descubrieron desde el bloque de UP. La otra ausencia que derivó en un fuerte cruce interno fue la de Alvaro González, de terminal en Horacio Rodríguez Larreta. El diputado tuvo que salir a despegar al ex jefe de gobierno de su posición, que adjudicó a una decisión personal, pero ya era tarde. No solo él no dio quórum, sino que tampoco lo hicieron los aliados en la ciudad de Larreta como Oscar Zago y Eduardo Falcone. El tema lo instaló temprano Martín Lousteau cuando esa mañana dijo que tres legisladores aliados a Larreta no estaban aún definidos.
Con ese panorama, el peronismo, la izquierda, un sector del radicalismo, la Coalición Cívica, el socialismo y el resto de los provinciales que pidieron la sesión dependieron hasta el final de Larreta y Jaldo. Con esos aportes podrían haber llegado. El tucumano ni siquiera amagó. El peronismo provincial va a darle pelea. Juan Manzur, su adversario interno, se reunió hace dos semanas con Cristina Kirchner y divulgó la foto del encuentro para darle un aviso de que esta vez no hay acuerdo posible. Con ese panorama, el gobernador se expone a perder si no logra cerrar un acuerdo con La Libertad Avanza, que ve chances serias de quedarse con la provincia ante la dispersión del PJ. Karina Milei sigue apostando a Lisandro Catalán en el territorio. Desde San José 1111 advierten incluso que podrían quitarle a Jaldo el sello del PJ. También está complicado internamente Raúl Jalil, que avisó al peronismo que va a seguir acompañando al Gobierno hasta abril, pero lo cierto es que ya no controla a los diputados. Está de salida. Se perfila para sucederlo Gustavo Saadi, que tiene el apoyo de la ex gobernadora y titular del PJ, Lucía Corpacci.
Triunfo moral
A pesar de la derrota, para la oposición ir por el DNU 70 era el único camino. Sostienen que jugar solo para voltear el artículo 154, que derogaba la ley de tierras, hubiera extendido los plazos porque, sin dictamen, solo podrían haber emplazado a la comisión. Los tiempos parlamentarios se acortan. Se puede dictaminar hasta el 15 de noviembre. Menos de un mes. Los pases de factura internos, sobre todo en el peronismo, se hicieron sentir apenas cayó la sesión. “No había otra salida”, refiere una fuente del bloque que coordinó con los aliados la movida. Según esa mirada, la Corte Suprema sacó el fallo que restauró la ley después de la convocatoria a sesión por el DNU y el propio Gobierno aceptó reponer la normativa que limita la extranjerización de la tierra para evitar el mal mayor. “Les torcimos el brazo”, advierten.
En los despachos cercanos a Martín Menem hacen otra lectura. El oficialismo cree que con la movida logró revivir el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, en el que se incluyó mantener la ley de tierras de 2011, que había quedado cajoneada y sin chances de avanzar este año. La iniciativa contiene desalojos exprés o mayores restricciones para expropiaciones. Parecía que quedaba en la nada pero ahora resucitó y lo llevan a sesión esta semana.
Lo que no logró el Gobierno, y es su espada de Damocles para el año electoral, es aprobar el famoso DNU 70. El compromiso de los aliados fue evitarle el mal trago de la caída, pero no ratificarlo. El número está para bloquear, no para apoyar. Es una amenaza constante con la que deberá convivir la Casa Rosada. “Nosotros conseguimos un numerazo, más temprano que tarde se cae”, advierte una espada parlamentaria de la oposición.
Sesión que viene, interna caliente
La discusión se traslada a esta semana que comienza, con la sesión convocada por el oficialismo pero con temario opositor. Hay ruido interno. Uno de los temas a debatir es el nuevo proyecto de discapacidad que presentó el Gobierno, para evitar que la oposición consiguiera prorrogar la emergencia, que vence el 31 de diciembre. Para lograr dictamen, el bloque libertario negoció con los aliados que eliminaría del presupuesto para el año que viene los recortes para el área con los que se despachó Luis Caputo sin aviso previo, que había generado la crisis con Patricia Bullrich. Nada de lo prometido se cumplió. Es más, el ministro de Economía todavía resiste. “Nosotros desde el Ejecutivo hubiéramos querido otra cosa, el bloque tiene una posición distinta a la del Ejecutivo, será cuestión de que decida el Congreso”, expuso las diferencias Carlos Guberman, el secretario de Hacienda, cuando le preguntaron la semana pasada insistentemente si el Gobierno sacaría los recortes del presupuesto. Se negó a admitirlo. Todavía ese paso, reclamado incluso por Bullrich, no se concretó.
El presupuesto incluía la eliminación del nomenclador, la desindexación de las pensiones y la imposibilidad de mantener la ayuda social en caso de tener un trabajo registrado. Todo eso debía quitarse del presupuesto pero en su exposición, Guberman blanqueó el debate interno. Será el tema más candente de la sesión del miércoles próximo. La oposición hará pie en la fuente de financiamiento del proyecto libertario, el eje de la discusión del Gobierno, que vetó lo aprobado el año pasado con la excusa de que no decía de dónde saldrían los fondos. A eso se suma que según el análisis del presupuesto que hizo la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el programa Incluir Salud tiene un recorte del 13,9% respecto de 2026 y la Pensión no Contributiva por Invalidez Laboral queda un 26,5% por debajo de 2023. El Foro de Discapacidad envió cartas a Martín Menem y a Gabriel Bornoroni el 2 de octubre para ser escuchados, pero no recibieron respuesta. La discusión vuelve a estar abierta. Hacia afuera pero también hacia adentro. Nadie en el oficialismo parlamentario y sus aliados podía dar garantías para evitar un veto posterior o incluso de incumplimiento por parte del Ejecutivo de la nueva ley.
Sin cambios
En medio de la interna entre la política y la economía, Milei no da señales de cambio. Inició la semana ratificando a Caputo después de que desde algunos sectores internos leyeran como un condicionamiento al ministro de Economía la presencia de Alberto Ades en la última reunión de gabinete. Milei se mostró telepático con su funcionario. Sin cambio de timón, al Gobierno solo le queda esperar que funcione el plan.
La semana pasada se conoció el dato de inflación minorista de septiembre, de 1,9%, otra vez con un leve repunte, y la mayorista sacudió el fin de semana con una suba del 3,2%. Es la misma que había usado de ejemplo el Presidente para sostener que a mitad de año la inflación iba a comenzar con cero y prometió hace 30 días nada más un nuevo recital para celebrarlo. La fiesta se posterga.
La capacidad instalada de la industria muestra números de pandemia. En agosto utilizó solo el 58,5%. Es el segundo valor más bajo de la última década para un mes de agosto, solo superado por 0,1% en el 2020. El riesgo país no le da respiro a Caputo. Hace dos semanas había subido, según Milei, porque Axel Kicillof viajó a Nueva York. Esta vez no hay excusas internas. El Gobierno no logra hacer pie en tranquilizar sobre el programa financiero. La inflación en Estados Unidos alcanzó el 3,7% interanual, lejos de la meta del 2% de la Reserva Federal, lo que presagia altas tasas de política monetaria. Así, una salida al mercado internacional se ve complicada, pero también aparecen dificultades para el acceso a financiamiento en el mercado local, donde los bonos rendían 11,7%, insostenible para emitir, según advierte la consultora Suramericana.
El empleo formal volvió a caer y acumuló 14 meses de baja. En julio se perdieron 9.085 puestos de trabajo y comparado con noviembre de 2023 son 370.343 asalariados registrados menos, según los datos del SIPA. Es un tobogán. En el último año se destruyeron más puestos de trabajo que en el primer año y medio de gobierno libertario. El monotributo amortigua cada vez menos el impacto de la caída. Según datos de Ficonomics, si se compara la baja en asalariados registrados con altas de monotributo el reemplazo pasó de representar el 67% a 35%. Ya ni siquiera crece tanto el monotributo, sino el trabajo informal. Hay datos aún más complejos. Por cada desocupado, hay 2,1 ocupados buscando otro trabajo. Eso representa 4,5 millones de personas presionando sobre el mercado laboral y los datos arrojan un tema preocupante: el 30,9% de los desocupados lleva más de un año sin conseguir trabajo.
Es la principal preocupación de todas las encuestas. El último sondeo de la Universidad de San Andrés marca la demanda laboral como la principal preocupación con 39%, seguida de los bajos salarios, en 35%. Lo mismo muestra AtlasIntel. La consultora preguntó por aciertos y errores de la gestión libertaria. El desempleo, los bajos salarios y la reforma laboral alcanzan más de 55% entre los errores. El peor lugar se lo lleva la política de quita de cobertura de medicamentos del PAMI, que ahora se agrava con la reducción a sólo 6 medicamentos del plan Remediar, otro problema que le traslada la Nación a los gobernadores. Le siguen el desafinamiento para discapacidad y universidades, la desregulación de la medicina privada, jubilaciones y obra pública. Rescatan como positivo la falta de intermediación en los planes sociales, la salida parcial del cepo y el protocolo antipiquetes. La represión en la plaza del Congreso, en plena marcha universitaria, le sirve al Gobierno para desincentivar la protesta y aglomerar a su núcleo de apoyo. También para la última medición de Management & Fit el empleo es el problema más importante de los argentinos. La desocupación alcanza el 19,8% de las preocupaciones, con una suba de 2,2 puntos respecto al mes anterior.
La polarización se alza como la variable a tener en cuenta. Para San Andrés, se sostiene un empate técnico entre La Libertad Avanza, con 26% y el peronismo, con 24%. Pero entran al podio los indecisos o quienes no encuentran opciones, ya como la fuerza determinante, con el 26%. El dato más preocupante para el gobierno es que su espacio retiene el 64% de sus votantes de primera vuelta, pero solo al 41% de los votantes de Patricia Bullrich, cuyos apoyos muestran una mayor dispersión. La evaluación económica vuelve a caer 4 puntos y la ley de Tierras es la política con mayor rechazo explícito de la sociedad, con el 68% en desacuerdo. El brusco giro del Gobierno fue por necesidad. Este miércoles lo tendrá que argumentar en la sesión en la que repondrá una ley de Cristina Kirchner.
Mientras tanto, el peronismo no logra encauzar el diálogo. Sergio Massa se reunió el miércoles con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en su oficina de Libertador. Quintela intenta una nueva cumbre de gobernadores y dirigentes, como fue el encuentro posterior al triunfo por la caída de la ley de tierras. Pero aquel acercamiento quedó en la nada. Ahora quieren sumar a Sergio Uñac, recién lanzado a la carrera presidencial y a Jorge Capitanich. Por ahora no están dadas las condiciones.
Para Cristina Kirchner son tiempos de definiciones. Desde mañana y hasta el 6 de noviembre, empieza a deliberar el comité de derechos humanos de la ONU, donde llevó el reclamo por su condena. El organismo puede tomar el caso, rechazarlo o postergar el tratamiento para su próximo encuentro, en marzo. El escenario deseado en San José 1111 es que lo tomen y creen una relatoría para seguirlo. Eso ya la pone en la cancha, sostienen sus allegados. Si no lo toma y deben esperar a marzo, se le complica el panorama. La encuesta de Atlas la ubica en el primer lugar de imagen, pero en empate con el pelotón que integran Bregman, Milei, Bullrich y Kicillof, todos entre 39 y 37%. Salvo el pie encima que le pone Bullrich, Milei corre solo en la cancha. El antimileismo se dispersa y necesita la unidad para evitar la reelección libertaria. La sesión fallida mostró esa foto, pero queda lejos, muy lejos, de la elección.
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POLITICA
A pesar del optimismo de Diego Santilli, el Gobierno no logra aún los votos en el Senado para eliminar las PASO
Los números no cierran, las piezas no encajan. Lo concreto es que los mensajes optimistas que parten de la Casa Rosada y que anticipan un pronto tratamiento de la reforma política chocan con el duro muro de la realidad que impera en el Senado, donde los votos para eliminar o suspender las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) todavía siguen sin aparecer o juegan a las escondidas.
“Son más expresiones de deseos que realidades”, le dijo a un operador político oficialista sobre las versiones que ubicaron al jefe de Gabinete, Diego Santilli, anunciando ante la mesa política del Gobierno que tenía los votos y que a más tardar a mediados de noviembre el Senado va a aprobar el proyecto del Poder Ejecutivo.
En otra usina política oficialista dieron una mirada un poco más amplia de la situación. Aseguran que, por ahora, el jefe de Gabinete cerró pocos acuerdos concretos y tiene muchas promesas de parte de un puñado de gobernadores que no solo son viejos zorros de la política, sino que en muchos casos en privado manifiestan su reticencia a cumplir con su parte del trato antes de que lo haga un Gobierno que tiene fama de mal pagador.
Esa misma fuente precisa que también hay casos en los que el “pago” pedido a cambio del voto para eliminar las PASO parece casi de imposible cumplimiento, lo que abre serios interrogantes sobre la solidez de los compromisos asumidos por el jefe de Gabinete.
Mario Mosca / Comunicación Institucional Senado.-
Al respecto, citan el caso del cacique de una provincia norteña que pretende que la Corte Suprema de Justicia le habilite la posibilidad de ir por una nueva reelección, camino que hoy tiene vedado.
Un diputado con acceso a la Casa Rosada contó esta semana ante algunos de sus compañeros de bloque un episodio ocurrido en la última reunión de la mesa política que muestra en su real dimensión el estado de situación de la reforma electoral.
Según esta versión, cuando Santilli aseguró que ya estaban los votos, uno de los presentes le pidió que hiciera la cuenta con más detalle, que sólo contara los senadores cuyo apoyo tenía garantizados. “Cuando terminó de hacer la cuenta tenía 31”, completó la anécdota el legislador oficialista ante la sorpresa de sus interlocutores.
Los números hoy
La cifra está lejos del respaldo de la mayoría absoluta, mitad más uno del total de miembros de cada cámara legislativa, que la Constitución exige para sancionar una reforma electoral. En el caso del Senado, el número mágico que debe marcar el tablero es 37 votos afirmativos.
“Los votos van y vienen. Un día están y otro no están”, comenta con resignación un veterano dirigente que tiene acceso a la mesa de arena de Patricia Bullrich (Capital), la jefa del bloque oficialista en el Senado. “Es el dilema del huevo y la gallina; en este caso la puja es entre quién da el primer paso: los gobernadores quieren que le aseguren primero que no le van a competir en la provincia y el Gobierno pide primero el voto para eliminar las PASO; por eso no hay nada firme”, agrega.
En las cuentas que hace en Casa Rosada figuran un vasto universo de apoyos, pero en la columna de votos concretos y seguros los nombres son muchos menos.
La base de la pirámide son los 21 miembros del bloque oficialista. A ellos se suman los provinciales Julieta Corroza (Neuquén) y los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia. Hasta ahí, los que se pueden dar por seguros.
El resto, incluso los que el Gobierno cuenta como votos a favor de voltear las primarias, se encuentran inmersos en una densa niebla política donde nada es lo que parece ser.
El ejemplo más claro es la UCR. En el Gobierno dicen tener a siete de sus diez senadores. En esa lista figuran los nombres de los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez, de los correntinos Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela, y la chaqueña Silvina Schneider.
Sin embargo, también aparecen anotados los santafecinos Carolina Losada y Eduardo Galaretto, que mantienen buenas relaciones, pero no responden de manera automática al gobernador Maximiliano Pullaro. Más aún, la experiodista dijo de manera pública que rechaza eliminar las PASO, ya que sin ese instrumento no hubiese llegado al Senado.
En sus cuentas, Santilli incluye a Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que responden al gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua. Sin embargo, un experimentado senador kirchnerista le recordó a que los misioneros siempre terminan jugando con el peronismo en el tablero político nacional, y hoy el PJ está parado en la oposición a derogar las primarias.
La misma sospecha se cierne sobre el apoyo de la salteña Flavia Royón. Si bien la legisladora está alineada con el gobernador Gustavo Sáenz (PJ), lo cierto es que también tiene terminal política en Sergio Massa, que hoy juega, junto con el santiagueño Gerardo Zamora, en contra del proyecto.
En la misma bruma política aparecen los votos de la jujeña Carolina Moisés, que juega con Sáenz, y del catamarqueño Guillermo Andrada, hombre de confianza del gobernador Raúl Jalil. A priori, en la Casa Rosada cuentan con sus respaldos, pero algunos oficialistas sospechan que esos apoyos están atados a la dinámica que adopte la interna del PJ.
Otro voto contado como positivo que en el Senado no se da por cerrado del todo es el de la radical Edith Terenzi (Chubut). La legisladora no está integrada al bloque UCR y juega en tándem con el gobernador Ignacio Torres (Pro), pero en algunos temas ha mostrado juego propio.
“Y no te olvides de que al Gobierno se le está complicando la economía”, remarca un senador radical, poniendo sobre la mesa otro factor que podría diluir varios de los votos que hoy la Casa Rosada cuenta como propios.
Aunque es un aliado del Gobierno y ayudó a que fracasara la ofensiva opositora en Diputados contra el DNU 70/23, el gobernador Osvaldo Jaldo (Tucumán-PJ) está en contra de eliminar las PASO. Al menos esa es la postura que trasmiten en sus charlas con colegas Sandra Mendoza y Beatriz Avila, las senadoras que responden al mandatario tucumano.
En contra del proyecto ya se pronunció Maximiliano Abad (Buenos Aires), miembro de un bloque radical que se completa con Daniel Kroneberger (La Pampa) y Flavio Fama (Catamarca). Ambos legisladores terminan sus mandatos el año próximo y no han fijado posición.
El caso del “ruso” Kroneberger es emblemático de los problemas que puede encontrar la Casa Rosada para conseguir más votos. Si bien no gobierna la provincia, el radicalismo es fuerte en La Pampa y, por lo tanto, exige que se lo tome en cuenta a la hora de planificar frentes electorales. Sin embargo, el Gobierno insiste en imponer condiciones y en sostener la candidatura a gobernador del vocero presidencial, Adrián Ravier.
El péndulo político encuentra en este momento al Pro en la columna del rechazo a eliminar las PASO. Los votos de la bancada que conduce Martín Goerling (Misiones) y que integran María Victoria Huala (La Pampa) y Andrea Cristina (Chubut) son harto necesarios para el Gobierno si quiere aprobar la reforma electoral.
Por último, y en sintonía con la escudería amarilla, aparecen senadores sin tierra como los peronistas antikirchneristas Carlos Espínola (Corrientes) y Alejandra Vigo (Córdoba). La senadora jugará la partida que decida su esposo, el exgobernador y actual diputado nacional Juan Schiaretti. El medallista olímpico, en tanto, es uno de los que quiere patear el debate de la reforma política, si es posible hasta el año próximo, para ver cómo se dibuja el mapa electoral en su provincia.
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