El procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, aseguró que “estamos a un paso que Argentina se libere de esta carga que tiene sobre sus espaldas”, en relación al juicio por la expropiación de YPF, al celebrar que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó una medida extraordinaria solicitada por Burford Capital, principal demandante contra la Argentina.

El bufete inglés, que había obtenido un fallo favorable de primera instancia en 2023, quedó sin opciones luego que se descarte la apelación “en banc”, una figura reservada para situaciones excepcionales.

En declaraciones a radio Mitre, Amerio indicó que “el fallo de la Cámara en pleno rechazó este recurso que presentó Burford, y cada vez sus posibilidades son menores”. Según el jefe de los abogados del Estado, tras la negativa, la única vía judicial restante que queda la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.

“Estamos a un paso que finalice” el litigio, dijo el funcionario. Según análisis probabilísticos y experiencias previas sobre el comportamiento del máximo tribunal norteamericano, Amerio indicó que “creemos que Burford tiene un 2% de chances de revertir esto en la justicia norteamericana, es muy baja la posibilidad”.

La disputa se originó tras la expropiación de la petrolera en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El reclamo judicial, impulsado por accionistas representados por Burford, llevó a que la jueza Loretta Preska condenara a la Argentina a pagar unos USD 18.000 millones. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones revocó ese fallo en marzo.

En ese contexto, Burford solicitó que el pleno de la Cámara revisara la sentencia, pero la petición fue rechazada en un fallo breve firmado por Catherine O’Hagan Wolfe, secretaria del tribunal.

La opción por el arbitraje del CIADI

Tras agotar las instancias judiciales ordinarias en Estados Unidos, y si obtiene un nuevo revés ante la Corte Suprema, Burford Capital anunció que iniciará un arbitraje ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, del Banco Mundial).

Amerio explicó que, aunque la Argentina es miembro del organismo y debe someterse al procedimiento, “Burford se encuentra en una posición muy desventajosa para tener éxito en este arbitraje”.

El funcionario recordó que el Gobierno “nunca cedió” ante propuestas de acuerdo o conciliación con Burford, convencidos de que los argumentos jurídicos eran sólidos. “Había intereses de personas argentinas que proponían soluciones de acuerdos porque decían que no podíamos ganar. No solo no cedimos a esas presiones, sino que estábamos convencidos que los argumentos eran los más solventes para el caso”, manifestó.

El apoyo de Donald Trump

Juan Ignacio Stampalija, ex subprocurador que lideró la defensa argentina en el juicio de YPF, destacó también que “toda la apelación transcurrió en este Gobierno”, al referirse a la etapa que intentó desarticular el fallo de Preska, incluyendo la preparación de audiencias y la recolección de amicus curiae.

En ese marco, Stampalija subrayó el cambio de posición de Estados Unidos desde que comenzó el juicio por la expresión. “En 2019, el gobierno de Trump apoyó a Burford, pero este Gobierno logró que en cinco oportunidades el gobierno estadounidense apoyara a la Argentina, como en el tema de la entrega de las acciones de YPF y el discovery”, recordó acerca de la influencia de la Casa Blanca en el desenlace.

“Es difícil medir el peso (de esas presentaciones), lo que demostró fue que las posiciones técnicas eran sólidas y era un fallo (el contrario a YPF) que perjudicaba a Estados Unidos. Los jueces deben haber visto estos escritos con mucha seriedad”, se explayó el ex subprocurador.

Stampalija, que ahora trabaja para el ministerio de Economía a cargo de Luis “Toto” Caputo, remarcó que los argumentos centrales de Burford equiparaban el estatuto de YPF a un contrato bilateral, lo cual no tenían sustento en el derecho argentino. “Eso era claro desde el derecho público y privado, y eso terminaron resolviendo en la Cámara de Apelaciones”, señaló.

“Se evitó no entrar en desacato con el sistema norteamericano. Quisimos dejar en claro que esto no era el kirchnerismo, que tres veces entro en desacato (en este juicio)”, describió Stampalija otra de las características de la estrategia judicial. Y aclaró: “Todos los juicios que asumió este gobierno son ”regalos» de gestiones anteriores. Nosotros intentamos a resolver a lo que nos dejaron».

Con el rechazo a la apelación “en banc”, Burford Capital solo podrá presentar un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos y avanzar con el arbitraje ante el CIADI. Para el Poder Ejecutivo, ambos caminos presentan escasas posibilidades de éxito para el demandante, y que el país se acerca al cierre de una disputa de más de diez años, que amenazaba con un impacto millonario sobre el fisco.

“Nosotros sentimos que al haber ganado, el país ganó, y cada uno de nosotros ya no tiene esa deuda sobre sus espaldas y que cada uno de los ciudadanos tendría que pagar”, concluyó Amerio.

El canciller Pablo Quirno anunció ayer que la Argentina presentará formalmente su adhesión al Tratado Transpacífico este miércoles, en el marco de la Reunión Ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París. La decisión implica sumarse a un bloque de 12 países que representa el 13% del PBI mundial y fue formalizada ante el ministro de Comercio de Nueva Zelanda, Todd McClay.

“Mañana vamos a entregar en París, al ministro de Comercio de Nueva Zelanda, nuestra adhesión al acuerdo de Transpacífico, que incluye 12 países muy importantes: Australia, Brunéi, Chile, Japón, Canadá, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam, que representan el 13% del PBI mundial“, afirmó Quirno en el 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

El Tratado Transpacífico (CPTPP) busca reducir aranceles, facilitar inversiones y establecer reglas comunes en comercio, servicios, propiedad intelectual, medio ambiente y normas laborales. Para Argentina, la adhesión implicaría acceso preferencial a mercados de Asia, Oceanía y América del Norte.

Desde Cancillería, y ante la consulta de Infobae, señalaron que el acuerdo implica ingresar a “uno de los procesos de integración económica más amplios, modernos y relevantes a nivel global, tanto por su alcance como por su dinamismo y sus reglas y estándares internacionales de última generación. Está integrado por doce economías: Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam. El bloque representa un PIB nominal agregado de USD 12,2 billones (aproximadamente 13 % del PIB mundial) y cerca del 15 % del comercio mundial de bienes”.

“La adhesión al CPTPP permitirá a la Argentina integrarse a un mercado de 514 millones de personas (6,4 % de la población mundial). El comercio actual con los países del CPTPP ya es significativo: en 2025, las exportaciones argentinas al bloque alcanzaron USD 16.329 millones, con un superávit de USD 8.930 millones, lo que evidencia el potencial de profundizar estos lazos”, detallaron.

El anuncio llega en un contexto de aceleración de la apertura comercial. En paralelo al anuncio del gobierno libertario, el Mercosur, como recopiló este medio el pasado domingo, viene de cerrar una nueva ronda de negociaciones para un acuerdo de libre comercio con Canadá, que podría concretarse entre septiembre y octubre. El acuerdo abriría un mercado de 41 millones de personas y permitiría que el 80% de las exportaciones industriales ingresen con arancel cero. Argentina busca cuotas para productos como queso, leche en polvo, miel, carnes y granos.

En paralelo, el tratado con Singapur ya fue aprobado en el Senado y, una vez ratificado, permitirá el ingreso del 100% de las exportaciones argentinas con arancel cero. Además, el gobierno japonés anunciará pronto el inicio de negociaciones de un acuerdo económico con el Mercosur, con la industria automotriz y la demanda de litio argentino como motores clave.

Otros dos acuerdos ya están en vigor: el tratado entre Mercosur y Unión Europea (UE) —que elimina aranceles para el 92% de las exportaciones del bloque— y el acuerdo bilateral con Estados Unidos, que aguarda ratificación final parlamentaria. En paralelo, pero por afuera del convenio, el gobierno de Donald Trump amplió la cuota de carne vacuna argentina con arancel cero a 100.000 toneladas.

A su vez, el acuerdo Mercosur–Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), firmado en septiembre de 2025 con Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, aguarda aprobación parlamentaria. Las tratativas con los Emiratos Árabes Unidos acumulan cuatro rondas. Las negociaciones con Vietnam —lanzadas el 20 de diciembre de 2025— y con El Salvador aún no tienen fecha para sus primeras rondas formales. En el plano regional, el bloque mantiene acuerdos vigentes con Chile, Bolivia, Colombia, Perú, la Comunidad Andina, Cuba, Israel, Egipto, India, la Unión Aduanera de África del Sur (SACU)y Panamá.

Ayer, en su primera intervención ante la OCDE, Quirno defendió el giro aperturista de la gestión de Javier Milei. “Argentina durante años vivió en una economía cerrada, mirándose el ombligo, donde los productores estaban protegidos con pocos productos y caros”, señaló. El canciller remarcó que el país “tiene todas las aptitudes para poder competir en el mundo” y vinculó la inserción internacional a la estabilidad macroeconómica y las reformas de déficit fiscal y desregulación.

La agenda del canciller en París incluye reuniones bilaterales con funcionarios de Israel, Suiza, Singapur, Corea del Sur, Finlandia y Canadá. La cita con el ministro de Economía de Israel, Nir Barkat, tendrá lugar en un contexto global marcado por la escalada bélica en Oriente Medio, con operaciones militares en Gaza y Líbano y negociaciones de paz impulsadas por Trump en la región.

Para mañana, jueves, Quirno tiene previsto reunirse con Alexandre de Rothschild, CEO del Banco Rothschild, y con el CEO de Veolia. El viernes, antes de regresar a Argentina, mantendrá un encuentro con el presidente de Exploración y Upstream y CEO para las Américas de TOTAL.

-,action,aires,argentina,box,buenos,business,cargo,carrying,commercial,communications,construction,container,crane,crate,customs,delivering,distribution,dock,documentary,driving,equipment,exchange,exchanging,export,finance,forklift,freight,global,handling,heavy,industry,jetty,land,large,machinery,merchandise,metal,mode,motivation,of,overweight,retail,shipping,stack,stacking,station,steel,stock,stockpile,technology,trading,transport,transportation,truck,trucking,vehicle,warehouse

Victoria Villarruel recibió este martes en su despacho de la Presidencia del Senado a la jueza María Verónica Michelli y le transmitió respaldo político e institucional en medio de la ofensiva que impulsa la Casa Rosada para impedir su nombramiento en el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata.

La reunión se extendió durante casi una hora, se desarrolló en las oficinas que ocupa la vicepresidenta en el primer piso del Palacio Legislativo y ocurrió en uno de los momentos de mayor tensión entre el Gobierno nacional y el Senado desde el inicio de la gestión de Javier Milei. El encuentro se produjo mientras la Casa Rosada intentaba retirar un pliego que ya obtuvo las firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos y cuando, además de la oposición, una parte importante de los bloques dialoguistas, e incluso sectores del propio oficialismo, rechazaban el pedido de retiro que elevó el Gobierno al Senado.

“La vicepresidenta respeta la institucionalidad. El pliego de Michelli tiene nueve firmas y ella no va a ir en contra de las mayorías del Senado”, explicaron a Infobae fuentes cercanas a Villarruel.

La definición constituyó una señal política relevante. No implicó necesariamente que la vicepresidenta interviniera activamente para garantizar la aprobación de la magistrada, pero dejó en claro que no estaba dispuesta a acompañar iniciativas destinadas a alterar el procedimiento parlamentario una vez que el expediente ya avanzó en la Comisión de Acuerdos y obtuvo el respaldo suficiente para llegar al recinto.

El caso Michelli se transformó en los últimos días en una de las controversias políticas más delicadas para el oficialismo. La magistrada obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos con nueve firmas provenientes de senadores de La Libertad Avanza, del PRO, de la Unión Cívica Radical y de espacios provinciales. Ese respaldo la dejó en condiciones reglamentarias de ser votada por el pleno de la Cámara Alta.

Sin embargo, después de ese avance parlamentario, la Casa Rosada decidió impulsar el retiro de la candidatura. La determinación generó sorpresa dentro del Senado y abrió una discusión política e institucional sobre los alcances de la facultad presidencial para retirar un pliego cuando el procedimiento parlamentario ya se encontraba avanzado.

La controversia se produjo después de que trascendiera que Michelli es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. Esa situación alimentó las críticas de distintos sectores políticos y judiciales que consideraron que la decisión del Gobierno introdujo elementos ajenos a la evaluación de los antecedentes profesionales de la candidata.

La reunión entre Villarruel y Michelli ocurrió además pocas horas después de otro episodio que alteró el tablero político oficialista: la decisión de Patricia Bullrich de no acompañar la estrategia de la Casa Rosada.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado confirmó que no respaldará el retiro del pliego y comunicó personalmente esa posición al presidente Milei durante una reunión que mantuvieron este lunes. Allí la legisladora le expuso su “objeción de conciencia” a retirar el pliego por el vínculo familiar de la magistrada.

Según pudo saber Infobae, durante ese encuentro Bullrich incluso puso a disposición del Presidente su renuncia a la conducción de la bancada oficialista, en un gesto que reflejó el nivel de tensión que generó la discusión sobre la candidatura de Michelli.

La postura de la senadora tuvo un fuerte impacto político porque expuso una diferencia pública con una decisión impulsada directamente por Milei y por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. También porque dejó al descubierto que el rechazo a la estrategia oficial no se limitó a la oposición o a los bloques dialoguistas, sino que alcanzó a sectores relevantes del propio oficialismo.

De todos modos, desde el entorno de Villarruel buscaron despegar el encuentro con Michelli de la posición asumida por Bullrich.

Según explicaron fuentes de la Presidencia del Senado, la reunión no tuvo relación con la decisión de la titular del bloque libertario ni debía interpretarse como una acción coordinada entre ambas dirigentes.

La aclaración tuvo una explicación política concreta. La relación entre Villarruel y Bullrich atravesó desde hace tiempo una dinámica oscilante, marcada por acuerdos circunstanciales y diferencias importantes.

Uno de los principales focos de conflicto apareció durante la conformación de las comisiones permanentes del Senado. En aquella discusión, Bullrich impulsó una integración de esos cuerpos legislativos que reducía la representación de la oposición peronista dentro de la estructura parlamentaria.

Villarruel mantuvo entonces una posición distinta y buscó preservar determinados equilibrios políticos dentro de la Cámara Alta. La diferencia fue tan explícita que, de hecho, evitó firmar la conformación de varias de las principales comisiones del Senado, un gesto que en aquel momento fue interpretado como una señal de desacuerdo con la estrategia impulsada por sectores del oficialismo.

Por esa razón, en el entorno de la vicepresidenta consideraron incorrecto establecer una relación directa entre el respaldo institucional a Michelli y la posición que previamente adoptó Bullrich.

Ese gesto de diferenciación es un punto clave que explica que el apoyo de Villarruel a Michelli no tiene relación con la expresión previa de Bullrich, según explicaron a Infobae en la Presidencia del Senado.

Más allá de esas aclaraciones, el encuentro con la magistrada sumó un nuevo capítulo a la confrontación que mantienen la Casa Rosada y la Vicepresidencia.

La relación entre Javier Milei y Victoria Villarruel comenzó a deteriorarse incluso antes de la asunción presidencial de diciembre de 2023. Desde entonces, ambos espacios acumularon diferencias sobre la administración del Senado, la estrategia parlamentaria, la construcción política de La Libertad Avanza y el funcionamiento interno del Gobierno.

Con el paso de los meses, esas diferencias se transformaron en una disputa política abierta que derivó en un progresivo distanciamiento entre ambos sectores.

En ese contexto, cada gesto adquirió una dimensión política mayor.

Por eso, la decisión de recibir a Michelli en el despacho de la Presidencia del Senado fue interpretada en distintos sectores parlamentarios como una señal de confrontación de Villarruel frente a una decisión impulsada personalmente por el Presidente y por Karina Milei.

“Michelli es una jueza de trayectoria intachable. Villarruel recibió a muchos jueces y camaristas que pasaron por la Comisión de Acuerdos y tuvieron dictamen para ser llevados al recinto. Este caso tiene características distintas, pero está en el mismo sentido que otros encuentros similares”, explicaron.

Dictamen, antecedentes y discusión reglamentaria

La trayectoria profesional de la magistrada constituyó uno de los principales argumentos de quienes cuestionaron el intento de retirar su candidatura. Michelli es abogada egresada de la Universidad Nacional de La Plata, ingresó al Poder Judicial hace más de tres décadas y desde 2009 se desempeña como secretaria de Cámara en el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata. Además cuenta con estudios de especialización en derecho penal y acceso a la justicia realizados tanto en la Argentina como en el exterior.

Mientras tanto, el Senado se preparaba para una definición que podría convertirse en un nuevo foco de conflicto para el Gobierno.

El dictamen favorable a Michelli permaneció en condiciones de avanzar dentro del circuito parlamentario y existió una discusión reglamentaria respecto de los mecanismos que podrían utilizarse para habilitar su tratamiento en el recinto. Diversos senadores sostuvieron que una vez emitido el dictamen la decisión ya no depende exclusivamente del Poder Ejecutivo sino de la Cámara Alta.

La discusión excedió el caso puntual de una candidata a jueza. Para una parte importante del Senado, el debate involucró también la relación entre los poderes del Estado, el alcance de las atribuciones presidenciales y la autonomía de la Cámara para resolver sobre los pliegos que ya superaron las instancias reglamentarias previstas.

En ese escenario, la reunión de Villarruel con Michelli dejó una señal política difícil de ignorar. La vicepresidenta decidió involucrarse personalmente en uno de los conflictos más sensibles que enfrenta la Casa Rosada en el Senado y dejó en claro que, al menos en este caso, no está dispuesta a desconocer una decisión que ya fue avalada por las mayorías de la Comisión de Acuerdos.

Victoria Villarruel,política,Argentina,vicepresidenta,Senado,discurso,funcionaria,mujer