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Elecciones en Colombia: el inédito pedido de una diputada para suspender a Gustavo Petro de su cargo agita la campaña

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El pedido de una congresista para que el presidente Gustavo Petro sea suspendido de su cargo temporalmente ha causado una polémica en Colombia y discusiones jurídicas sobre su alcance, cuando falta poco más de una semana para la segunda vuelta electoral que definirá quién será el jefe de gobierno para los próximos cuatro años.

En el documento se solicita que Petro sea suspendido hasta el 21 de junio, día en que se votará la la segunda vuelta presidencial entre el oficialista Iván Cepeda y el populista de derecha Abelardo de la Espriella, en medio de una investigación disciplinaria por presunta participación indebida en política.

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La medida cautelar fue radicada ante la Comisión de Acusaciones por parte de la diputada investigadora, Gloria Arizabaleta, miembro del partido oficialista Pacto Histórico, aunque varios juristas y especialistas en la Constitución explicaron que la orden debe ser estudiada por esa misma instancia, de manera que no es una decisión en firme y de acción inmediata.

El argumento central para separar de manera temporal del cargo al jefe de Estado, hasta el domingo de la segunda vuelta electoral, obedece a las investigaciones que esa Comisión le adelanta por su presunta participación en política, en el marco de la actual campaña presidencial. La justicia local impone límites a los funcionarios en tiempo electoral para no involucrarse en los comicios con opiniones a favor o en contra de los candidatos en disputa.

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Jorge Alejandro Ocampo, congresista miembro de la Comisión, aclaró en un video divulgado a la prensa que “no hay ninguna decisión tomada contra el presidente” por lo que continúa en funciones. Aseguró que la Comisión se reuniría este miércoles, pero indicó que el documento no está en la agenda a discutir.

Rechazo

El ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó la medida al argumentar que jurídicamente la Comisión no tiene la potestad por sí sola de suspender al presidente del país, menos aún cuando es un pedido de una sola congresista. “Sólo el Senado es quien puede hacerlo después de que la plenaria de la Cámara (baja) actúe como un ente acusador, penal o disciplinariamente”, explicó en la red social X.

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En el mismo sentido se pronunció el ex presidente Iván Duque (2018-2022), opositor al gobierno de Petro, quien recalcó que un congresista no puede suspender al presidente.

A su vez cuestionó que un pedido de ese calibre coincida con la campaña electoral. “¿Qué se busca? ¿Un mecanismo de victimización para que Petro intervenga de manera más vulgar en las elecciones?”, publicó en X.

El candidato de la derecha populista, Abelardo de la Espriella, tras la elección del 31 de mayo. Foto: AFP

Según el procedimiento estipulado en las normas colombianas, en la Comisión de Investigación y Acusación los congresistas que la integran deben decidir si archivan las causas o si presentan un proyecto de acusación contra el presidente ante el pleno de la Cámara de Representantes. Ahí se estudia la acusación y, si es aprobada, se traslada al Senado que se encarga de enjuiciarlo.

Ese proceso de juicio político, en caso de completarse, tendría como última consecuencia la destitución presidencial, tras la cual, el Senado puede remitir el caso a la Corte Suprema de Justicia que lo investigue judicialmente.

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El debate se da en el tramo final de la campaña para el balotaje del 21 de junio, en el que se enfrentarán el líder de derecha Abelardo de la Espriella -quien se impuso con el 43,74% de los votos en la primera vuelta- y el oficialista Cepeda, quien quedó segundo con el 40,90%.

«El día final de mi mandato saldré»

En medio de la polémica, Petro habló este miércoles ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en Nueva York. Sin mencionar el pedido de la diputada Arizabaleta, aseguró que al final de su mandato dejará el poder, aunque no sabe a «dónde» irá.

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«Se ha dicho que voy a permanecer en el gobierno por fuera de la Constitución de Colombia. No es así, el día final de mi mandato saldré, no sé a dónde y a qué», declaró Petro ante el Consejo de Seguridad.

Petro presidió una sesión del órgano de paz de la ONU sobre la búsqueda de soluciones para lograr la paz en Oriente Medio convocada por Colombia, que este mes ostenta la presidencia rotatoria del órgano.

Iván Cepeda, el candidato oficialista para las presidenciales en Colombia. Foto: REUTERS

Tras la intervención del secretario general, António Guterres, el mandatario colombiano dejó las funciones de presidente del Consejo para formular su declaración como líder colombiano.

«Asumo el papel que me corresponde a punto de terminar», apuntó.

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Petro aseguró que el próximo 7 de agosto, cuando termina su mandato, se marchará «como ciudadano de la República de Colombia y no como presidente de Colombia».

Ambos se enfrentarán en la segunda vuelta prevista para el próximo 21 de junio.

El presidente cargó también contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por apoyar a De la Espriella, algo con lo que, según dijo, está «explícitamente rompiendo su Constitución».

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Petro condenó la violencia que ha tenido lugar en Colombia «en medio de las elecciones» pero celebró que «han sido de las más pacíficas de la historia».

«Veo surgir las amenazas», dijo sobre el proceso electoral al advertir de los riesgos de la inteligencia artificial cuando está «en manos de unos pocos».

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Britain introduces sweeping new powers to target foreign state-linked groups including Iran’s IRGC

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

Britain is moving to give authorities sweeping new powers to target foreign state-linked groups as officials warn of growing threats tied to Iran and other hostile governments.

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The National Security (State Threats) Bill introduced Tuesday would give the UK government new powers to crack down on foreign state-linked organizations involved in activities such as assassination plots, surveillance and sabotage. The legislation could potentially be used against Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRCG), though officials have not indicated whether the group would be among the first organizations designated.

The proposal comes as British intelligence officials warn of increasing Iran-backed activity inside the UK. Last year, MI5 Director General Ken McCallum said the security service had tracked more than 20 potentially lethal Iran-backed plots and recorded a 35% increase in state-threat investigations.

UK COUNTERTERRORISM POLICE PROBE ANTISEMITIC ARSON ATTACK AS IRAN-LINKED GROUP CLAIMS RESPONSIBILITY

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British Prime Minister Keir Starmer and Home Secretary Shabana Mahmood meet with security and justice officials at 10 Downing Street on April 30, 2026. The UK government this week introduced legislation that could be used against foreign state-linked groups, including potentially Iran’s IRGC. (Dan Kitwood/PA Images via Getty Images)

Under the legislation, Home Secretary Shabana Mahmood would have the authority to designate groups responsible for what the government calls «foreign power threat activity.» Supporting designated organizations or accepting money from them could carry prison sentences of up to 14 years.

British authorities have also investigated possible Iranian links to several recent incidents, including arson attacks targeting Jewish sites. The UK has separately secured convictions against individuals accused of spying for or acting on behalf of Russian and Chinese entities.

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The bill would create a new framework for tackling threats posed by foreign governments and their proxies, an area critics say Britain’s existing counterterrorism laws were not designed to address.

UK DEFENSE SHORTFALLS HIGHLIGHTED AS BRITAIN AVOIDS IRAN OFFENSIVE ROLE AMID TRUMP CRITICISM

Soleimani Qassem the IRGC leader

Qassem Soleimani, the former commander of Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps Quds Force, attends a meeting in Tehran in this file photo. Britain this week introduced legislation that could be used to designate foreign state-linked groups, including potentially Iran’s IRGC. (Press office of Supreme Leader Ali Khamenei/Getty Images)

Labour MP Luke Akehurst, one of Parliament’s leading advocates for action against the IRGC, said the organization presents a unique challenge because it operates as part of the Iranian state.

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«As well as brutally repressing freedoms within Iran, the IRGC poses a dangerous threat here in the UK, which our existing terrorism proscription regime was ill-equipped to deal with as it is a state actor,» Akehurst told The Jerusalem Post.

The Thames House headquarters of MI5 in London, UK

The Thames House headquarters of MI5 in London on Nov. 18, 2025. Britain’s domestic security service has warned of growing state-backed threats, including more than 20 Iran-backed plots uncovered in the UK, as lawmakers consider new legislation targeting foreign state-linked groups. (Betty Laura Zapata/Bloomberg via Getty Images)

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Supporters of the legislation argue it would close gaps in Britain’s ability to target hostile state-backed actors without relying solely on terrorism laws.

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If approved, the legislation could take effect as soon as next month, with officials expected to make a limited number of designations during the law’s first year.



united kingdom, iran, legislation, national security, counter terrorism

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Presidenta Fernández arremete contra el poder Judicial: “Estamos a tiempo que Costa Rica no se caiga por un despeñadero”

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La presidenta de Costa Rica habló en San José sobre atentados en su contra y reclamó una respuesta conjunta ante mafias y violencia, mientras sostiene que continuará al mando pese a presiones (Captura de pantalla de la transmisión en directo)

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, lanzó duras críticas hacia el Poder Judicial durante una conferencia de prensa, expresando su preocupación por la reciente liberación de delincuentes peligrosos y la falta de castigos eficientes para quienes cometen delitos graves en el país.

En su intervención, Fernández se refirió al caso de tres miembros de la banda criminal “Los Marujas” en Cartago, quienes, a pesar de haber sido detenidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con cientos de dosis de drogas, armas y antecedentes penales, fueron puestos en libertad por la jueza Ana Laura García Delgado. La mandataria reclamó: “Con lo que cuesta que los agarren, con lo que cuesta que les den una condena y que tengan la vergüenza de dejarlos sueltos”. Fernández destacó que esta banda lleva más de veinte años operando en la provincia, sumando decenas de hechos violentos.

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La presidenta también señaló la preocupación nacional por la impunidad ante delitos cometidos en cárceles. Mencionó que, a pesar de que introducir celulares a centros penales es un delito sancionado, la Fiscalía ha optado por imponer sanciones administrativas, lo que, según Fernández, envía un mensaje equivocado a la sociedad y fomenta la continuidad de prácticas delictivas desde las prisiones.

Laura Fernández criticó al Poder Judicial de Costa Rica por la liberación de delincuentes y la falta de castigos eficientes para delitos graves. REUTERS/Mayela Lopez
Laura Fernández criticó al Poder Judicial de Costa Rica por la liberación de delincuentes y la falta de castigos eficientes para delitos graves. REUTERS/Mayela Lopez

Durante su discurso, Laura Fernández señaló directamente a las máximas autoridades del Poder Judicial: “Doña Patricia Solano, usted le está fallando a este país. Don Rolando Aguirre, el presidente del Poder Judicial, usted le está fallando a Costa Rica y se lo tengo que decir yo, porque soy la representante de este pueblo electa en urnas. Los dos deberían de considerar seriamente hacerse a un lado. Y si ya no pueden, denle el espacio a otra persona con sangre fresca que pueda tomar el mando del Poder Judicial”. La mandataria enfatizó que no se trata de un ataque personal, sino de una alerta ante una situación que considera grave para la seguridad pública.

Fernández pidió respuestas sobre las razones detrás de la liberación de delincuentes y cuestionó si los jueces actúan bajo presión, amenazas o corrupción. “Este pueblo se merece que el Poder Judicial nos diga si los jueces que están liberando delincuentes es porque los corrompieron, porque los tienen amenazados, por las dos cosas. Pero no se vale que un día sí y otro también los dejen sueltos y nadie le dé respuesta a este país, porque el salario de ustedes y el mío también lo paga el pueblo de Costa Rica”, afirmó en su intervención.

La presidenta hizo un llamado enfático a la Asamblea Legislativa para que ejerza su función de control político: “Hago un llamado a la Asamblea Legislativa, que es a la que le toca ejercer el control político parlamentario sobre los supremos poderes. Deberían de estar llamando a cuentas ya al presidente del Poder Judicial, a la magistrada Solano y a estos fiscales que un día sí y otro también están dejando sueltos a delincuentes de alta gama en el país”, a través de su conferencia semanal.

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Laura Fernández advirtió sobre la impunidad en las cárceles de Costa Rica por las sanciones administrativas ante el ingreso de celulares a centros penales. (Foto cortesía Poder Judicial)
Laura Fernández advirtió sobre la impunidad en las cárceles de Costa Rica por las sanciones administrativas ante el ingreso de celulares a centros penales. (Foto cortesía Poder Judicial)

Durante la conferencia, Laura Fernández subrayó el esfuerzo realizado por el Gobierno en materia de seguridad, gestionando recursos, promoviendo leyes y coordinando con cuerpos policiales. Insistió en que, pese a los esfuerzos estatales, las acciones del Poder Judicial debilitan la sensación de justicia y seguridad en la población. “No se vale que la gente buena de Cartago y de todo el país tenga que vivir encerrada en la casa por miedo y que los maleantes anden sueltos”, expresó la mandataria.

Fernández concluyó su intervención reiterando la necesidad de que el país actúe con firmeza: “Estamos a tiempo que Costa Rica no se caiga por un despeñadero”. Su llamado busca que las distintas instituciones asuman la responsabilidad de garantizar justicia y seguridad a la ciudadanía, en medio de una crisis que ha generado alarma social en todo el país.



Crime,South America / Central America,SAN JOSE

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Obama-appointed judge with ties to anti-Trump conspiracy theory hit with misconduct complaint

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FIRST ON FOX: U.S. District Judge Christopher Cooper is facing a judicial misconduct complaint from a conservative watchdog group, which argues he should have recused himself from a lawsuit involving President Donald Trump’s effort to rename the Kennedy Center.

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The Center to Advance Security in America (CASA) alleged that Cooper should have bowed out of the case because his wife, Amy Jeffress, has a history of representing what the group described as «anti-Trump» clients. In May, Cooper ruled against Trump by permanently blocking the renaming of the Kennedy Center after Rep. Joyce Beatty, D-Ohio, filed a lawsuit.

CASA filed a complaint with the U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit on Wednesday, alleging Cooper failed to disclose or recuse himself despite what it called significant financial and professional interests stemming from his wife’s involvement in litigation against Trump.

«CASA is filing a judicial complaint against Obama-appointed DC District Court Judge Christopher Cooper for his potentially unethical behavior after his failure to recuse himself from the frivolous Kennedy Center lawsuit filed against President Trump, given his wife’s financial interests in opposing President Trump’s agenda through litigation,» CASA Director of Research and Policy Curtis Schube said in a statement.

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JUDGE WITH INTIMATE TIES TO DEM PARTY’S KEY RUSSIA HOAX PLAYERS BEHIND LATEST ANTI-TRUMP DECISION

A composite photo shows a worker on a lift at the John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts, alongside U.S. District Judge Christopher Cooper, who ruled that President Donald Trump’s name be removed from the building. (Getty / and the U.S. District Court of D.C.)

The complaint comes more than a week after Trump slammed Cooper for having a «conflict of interest,» pointing to Cooper’s wife, Amy Jeffress’, track record of representing Trump’s biggest foes, including former anti-Trump FBI lawyer Lisa Page, and currently representing former President Joe Biden, who is suing Trump’s Justice Department over the release of Robert Hur’s interview recordings.

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«Cooper’s wife is longtime Democrat activist and attorney Amy Jeffress. Jeffress is the former counsel to the January 6th committee, works as former President Biden’s personal lawyer, and currently represents Biden in ongoing litigation against President Trump,» Schube said. «There was a clear need for Cooper to recuse himself from this matter, or at the very least disclose these conflicts. By doing neither, Cooper caused — at the very least — an appearance of impropriety, which warrants a full investigation.»

The complaint does not challenge Cooper’s ruling itself, but it argues that his involvement in the case could raise reasonable questions about his ability to be impartial under the federal judiciary’s Code of Conduct.

The outside of John F. Kennedy Center.

Sign on the John F. Kennedy Center for the Performing Arts (Getty Images)

JONATHAN TURLEY: TRUMP’S KENNEDY CENTER NAME CHANGE WILL KEEP LAWYERS BUSY FOR YEARS

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«We are deeply concerned with the fact that a sitting federal judge did not recuse himself, and adjudicated to disposition, a case from which he and his spouse financially benefit,» the complaint states. «Indeed, a large portion of his wife’s business model appears to rely on handling litigation that is anti-Trump in nature.»

CASA argues that Cooper may have violated Canon 1, which requires judges to uphold the integrity and independence of the judiciary.

Read the complaint below. App users: Click here

«Canon 1 requires that a judge uphold the integrity and independence of the judiciary,» the filing states. «Judge Cooper, presumably, goes home every night to his wife whose career is predicated on suing President Trump.»

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CASA argued Cooper is in violation of Canon 2, which requires judges to avoid situations that could appear improper, even when no actual misconduct has occurred.

President Donald Trump speaking in the Oval Office of the White House

President Donald Trump speaks in the Oval Office of the White House in Washington on June 10, 2026. (Julia Demaree Nikhinson/AP Photo)

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«More specifically, Canon 2 lists occasions when the appearance of a relationship affects a judge’s ability to adjudicate a case: 1) when public confidence is hampered; and 2) when spousal relationships influence judicial conduct,» the complaint stated. «Both problems are present here.»

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The complaint also argues that Cooper violated Canon 3, which requires judges to remain fair and impartial and that recusal may be warranted when a judge’s spouse’s interests or potential partisan influences could reasonably raise questions about that impartiality.

The complaint concludes by urging the D.C. Circuit to investigate Cooper and determine whether disciplinary action is warranted.

Appointed by President Barack Obama, Cooper has served on the U.S. District Court for the District of Columbia in Washington, D.C., since 2014.

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Cooper has long been the target of conflict of interest allegations from Trump and his allies. The judge drew scrutiny during Special Counsel John Durham’s prosecution of former Clinton campaign-linked attorney Michael Sussmann, which was a part of Durham’s broader probe into the FBI’s Crossfire Hurricane investigation centered on the now-debunked Russian-Trump collusion theory.

Critics argued then that he should have recused himself because his wife, attorney Amy Jeffress, represented former FBI lawyer Lisa Page, a figure tied to the FBI’s Crossfire Hurricane investigation.

Fox News Digital reached out to Cooper and Jeffress for comment.

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