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Elecciones en Colombia: el país vota para consolidar o revertir la agenda política de Gustavo Petro

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El ambiente en las principales capitales y en las zonas rurales de Colombia es de una tensa expectativa. Las elecciones presidenciales de este domingo no representan una jornada electoral común; se han convertido en un auténtico plebiscito sobre el rumbo histórico de la nación con el reveló del presidente socialdemócrata Gustavo Petro.

Con las urnas listas, la ciudadanía se prepara para decidir qué modelo de sociedad guiará al país, en un escenario fragmentado donde conviven visiones ideológicas diametralmente opuestas y donde la agudizada violencia rural y urbana sigue siendo el examen definitivo para cualquier gobernante.

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Entre una baraja de 11 aspirantes presidenciales, las encuestas han mostrado una reñida carrera entre tres punteros: el oficialista Iván Cepeda que iría adelante como favorito y los opositores el líder de la nueva derecha Abelardo de la Espriella y la liberal Paloma Valencia. En cualquier caso existe firmemente la alternativa de una segunda vuelta que se definirá el 21 de junio.

“Colombia es un país que permanece profundamente dividido en temas sociales, económicos y políticos”, aseguró a The Associated Press el analista político Sergio Guzmán.

“Petro es una figura polarizante, pero no es impopular: cuenta con cerca del 40% de aprobación, según encuestas, y también tiene un muy alto rechazo entre algunos sectores”, agregó.

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Pero ese apoyo explicaría el fortalecimiento de Cepeda, que además ha enarbolado banderas liberales, defendiendo el capitalismo, la Constitución y el equilibrio de poderes, señales a la clase media centrista. Colombia, señalan los analistas, no es un país de izquierda, sino capitalista con un gobierno socialdemócrata que plantea un orden con mayor distribución del ingreso. Petro, sin embargo, es un líder polémico que ha hecho constantes declaraciones controvertidas, últimamente defendiendo al ex presidente Evo Morales, pese a la ofensiva golpista que lleva adelante contra el gobierno centrista de Rodrigo Paz.

Desde la perspectiva de los analistas tanto el presidente como Cepeda representan un sector político que busca consolidar el Estado Social de Derecho a través de reformas estructurales en salud, pensiones y la tenencia de la tierra.

Para sus defensores, Cepeda encarna la persistencia de una agenda enfocada en los derechos sociales y la salida negociada a los conflictos. No obstante, desde los sectores críticos se les acusa de promover un estatismo excesivo que debilita la confianza empresarial y de mostrar debilidad en la gestión de la seguridad ciudadana.

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El candidato a la Presidencia colombiana por el partido Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro. Foto: XINHUA

Las opciones en juego

Petro, quien militó en su juventud en una extinta guerrilla, logró hace cuatro años una victoria histórica para la centroizquierda. Una vez en el poder, ha buscado que su legado continúe porque asegura que cuatro años no fueron suficientes para un “cambio” que favorezca a los más vulnerables, alegando que la oposición no le permitió ejecutar todos sus proyectos.

Su gobierno logró que la pobreza monetaria -que se mide a partir de un mínimo de ingresos mensuales de 127 dólares- disminuyera pasando del 36,6% en 2022 al 31,8% de la población en 2024, según el último dato oficial disponible. Mientras que el salario mínimo mensual pasó de 309 dólares en 2022 a 554 dólares en 2026. A nivel diplomático logró un acercamiento crucial con el líder norteamericano Donald Trump que lo había acusado de narcotráfico, un cargo sobre el cual Washington no aportó evidencias.

Para Sandra Borda, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes, no se trata tanto de un escenario de polarización, sino de un panorama político más amplio del que tuvo Colombia antes de que la centroizquierda fuera un jugador importante en las urnas, en un país gobernado tradicionalmente por la derecha dura o los centristas.

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Abelardo de la Espriella, en su discurso de cierre de campaña el domingo pasado en Medellín, Colombia. Foto: EFE

Como contrapeso radical, ha emergido con fuerza la figura del abogado De la Espriella. Catalogado unánimemente por los politólogos como un referente de la ultraderecha anarco capitalista, de moda en la región, el dirigente, admirador del salvadoreño Nayib Bukele y el argentino Javier Milei, De la Espriella capitaliza el descontento, el miedo a la inseguridad y el rechazo a las políticas progresistas. Con un discurso de «mano dura», defensa de los valores tradicionales y apelando al nacionalismo, su propuesta promete restaurar el orden mediante el uso riguroso de la fuerza del Estado.

Sus críticos, sin embargo, alertan que sus posturas extremas podrían profundizar la polarización y debilitar el marco de los derechos humanos en las regiones más vulnerables.

En un terreno intermedio se ubica la senadora Paloma Valencia. Representando una alternativa de corte liberal en lo económico, Valencia enfoca su propuesta en el fortalecimiento de las libertades individuales, el libre mercado, el incentivo a la inversión privada y la reducción del aparato estatal.

También una lucha frontal contra la violencia que cambie el lema del oficialismo de “paz total” por “seguridad total”. Los analistas señalan que su discurso busca atraer al electorado empresarial y a las clases medias que desean un retorno a la ortodoxia económica y al respeto estricto de la propiedad privada, marcando una distancia institucional tanto del estatismo de la izquierda como de la estridencia de la ultraderecha.

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La senadora y candidata del Centro Democrático a la presidencia de Colombia, Paloma Valencia, muestra su boleta en Bogotá. Foto: EFE

Más allá de los debates económicos y las doctrinas de partido, las diferentes fuentes analíticas coinciden en un diagnóstico unánime: el reto definitivo del próximo gobierno es, y seguirá siendo, la violencia.

A pesar de los múltiples esfuerzos vastas regiones de Colombia (como el Pacífico, el Catatumbo y el Bajo Cauca) continúan atrapadas bajo el yugo de grupos armados ilegales, el narcotráfico y las disidencias. La violencia no solo se cobra vidas de líderes sociales y firmantes de paz, sino que carcome la legitimidad democrática al coaccionar a los votantes en las periferias.

Ninguna reforma económica será sostenible y ningún modelo socialdemócrata, liberal o de derecha podrá prosperar si el Estado no logra arrebatarle el control territorial a las economías ilegales. La seguridad y la paz no son banderas ideológicas, sino el requisito mínimo de supervivencia para la democracia colombiana.

Mientras el bloque socialdemócrata insiste en el diálogo social y la sustitución de economías ilícitas, la propuesta liberal aboga por el fortalecimiento de la justicia y la inversión, y la ultraderecha promete la asfixia militar de los criminales. Colombia vota en medio de promesas y temores, buscando una salida definitiva al laberinto de su propio conflicto.

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INTERNACIONAL

Irán exige autorización a los barcos para cruzar Ormuz y evalúa futuros cobros

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Irán avanzó para reafirmar su control sobre el estrecho de Ormuz al declarar que los buques no podrán cruzarlo sin su autorización y al sentar las bases para futuros esquemas de cobro al señalar que podría introducir “tarifas de seguro”.

Todas las embarcaciones que transiten por el estrecho deberán obtener una póliza de seguro obligatoria, actualmente gratuita, pero que podría implicar cargos en el futuro, según indicó la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico en un documento publicado en su sitio web. También señaló que los buques deberán seguir una ruta establecida que pasa junto a la costa iraní y que las alternativas están prohibidas.

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En los últimos días, grupos navales occidentales han indicado a los buques que recomiendan una ruta cercana a la costa de Omán, aunque señalaron que existen otras opciones, una señal de que podrían abrirse carriles marítimos paralelos mientras se despeja de minas una zona en el centro de Ormuz.

Un elevado volumen de petróleo salió de Ormuz en las horas posteriores a la firma del acuerdo provisional de paz entre Estados Unidos e Irán esta semana. Sin embargo, el tráfico observable se redujo para el viernes y la marina de Pakistán informó que se detectó una mina cerca de la costa de Omán, lo que incrementa los riesgos de utilizar la ruta no iraní.

Las navieras y productores están cada vez más preocupados ante la posibilidad de que Irán intente cobrar por el uso del Estrecho en el futuro, después de que el memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos solo garantizara el libre tránsito durante los 60 días de vigencia del acuerdo. También han buscado orientación sobre cómo funcionarán los cruces por Ormuz tras la firma del pacto de paz y sobre el proceso para retirar las minas.

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Aliados de Estados Unidos encabezados por Reino Unido están presionando con urgencia a la administración Trump para que no acepte ni normalice los intentos de Irán de introducir pagos para atravesar el estrecho, según un alto funcionario.

“Por el momento, este seguro se proporciona gratuitamente al propietario de la embarcación, con todos los gastos cubiertos por la República Islámica de Irán”, señala el documento iraní. “La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico se reserva el derecho de introducir tarifas de seguro en el futuro, que serán determinadas por la aseguradora correspondiente. Los propietarios deberán entonces adquirir y renovar la cobertura según corresponda”.

Los flujos visibles de petróleo a través de la vía marítima se desaceleraron considerablemente el viernes. Aunque un superpetrolero apareció cerca de Mascate, Omán, lo que sugiere que salió del golfo Pérsico, no hubo otros envíos observables a través de los transpondedores de los buques. Aun así, millones de barriles han comenzado a salir en las últimas semanas por la ruta sur cercana a Omán, muchas veces con los transpondedores apagados, por lo que es posible que el volumen real transportado sea superior al visible.

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Irán ha logrado movilizar millones de barriles de carga que permanecían bloqueados por Estados Unidos en un puerto situado justo fuera del golfo Pérsico desde la firma del acuerdo de paz. Esta semana se detectó la salida de petroleros con capacidad para transportar al menos 20 millones de barriles desde el puerto iraní de Chabahar, en el golfo de Omán.

La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico fue creada por Irán durante la guerra, pero posteriormente fue sancionada por Estados Unidos. Los vecinos de Irán han rechazado su legitimidad y han pedido a los armadores que no interactúen con el organismo.

El documento hará poco para tranquilizar a los propietarios de embarcaciones, que ya buscaban claridad sobre las condiciones de tránsito por el Estrecho. Corredores marítimos y propietarios de petroleros señalaron el viernes que existe una demanda muy limitada para contratar buques destinados a cargar petróleo en puertos del golfo Pérsico, un paso necesario para que se concreten los embarques desde las terminales de exportación.

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Los buques deben presentar solicitudes ante la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico para recibir un permiso de paso, según el documento. El organismo también publicó un mapa con las rutas que considera seguras.

El jueves, fuerzas navales occidentales publicaron las coordenadas de la ruta que recomiendan utilizar al cruzar Ormuz. También indicaron que los mapas con las posiciones más recientes conocidas de las minas están disponibles bajo solicitud.

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INTERNACIONAL

Trump says Iran missiles ‘aren’t the problem’ after White House made them central to war rationale

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

For months, senior Trump administration officials argued that Iran’s ballistic missile arsenal helped shield Tehran’s nuclear ambitions and was a key reason the U.S. launched Operation Epic Fury attacks on the country. 

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Now, President Donald Trump is suggesting Iran having missiles may not be a problem at all.

«If other countries have them, it’s a little bit unfair for them not to have some. If Saudi Arabia and Qatar, and they all have some, I would say that in relative proportion, I think it’s okay,» Trump said at the G7 Wednesday. «Am I going to let Saudi Arabia have missiles, but [Iran] can’t have them? It doesn’t work that way.» 

«Missiles aren’t the problem. They hurt a little location, but they don’t blow up the planet.»

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«The Gulf nations will address the nonnuclear issues, as we’ll be talking about the ballistic missiles,» the president added. «And we’ll talk, also, about the terrorist proxies that they have that — we don’t want that to happen.» 

A map displays the range of ballistic missiles fired from Iran, highlighting areas within reach. (Fox News)

ISRAELI OFFICIALS REPORTEDLY WARN IRAN’S BALLISTIC MISSILES COULD TRIGGER SOLO MILITARY ACTION AGAINST TEHRAN

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Trump made the remarks while discussing whether Iran should be permitted to retain missile capabilities in a news conference at the G7 in Évian-les-Bains, France, just as details of the memorandum of understanding between the U.S. and Iran were being released. 

The comments strike a much different tone than arguments repeatedly made by senior administration officials in recent months, who described Iran’s ballistic missile force as both a major threat to regional security and a protective shield for Tehran’s nuclear program.

«Iran can never have a nuclear weapon and we will not allow Iran to hide behind the immunity of a massive short-term ballistic missile inventory, or the ability to make them or launch them,» Secretary of State Marco Rubio told reporters in a press conference on March 3. «What they are trying to do, and have been trying to do for a very long time, is build a conventional weapons capability as a shield to hide behind.»

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TRUMP VOWS TO HIT IRAN ‘VERY HARD’ AFTER OBLITERATING NEARLY ’90 PERCENT’ OF REGIME MISSILES

Other senior officials repeatedly described degrading Iran’s missile capabilities as a central objective of Operation Epic Fury. 

In remarks at the White House on March 2, Trump said, «Our objectives are clear. First, we’re destroying Iran’s missile capabilities … and their capacity to produce brand new ones.»

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War Secretary Pete Hegseth later said March 4 the mission was «laser-focused» on obliterating Iran’s missiles and the facilities that produce them, while White House Press Secretary Karoline Leavitt said the same day one of the administration’s primary goals was to «destroy the regime’s deadly ballistic missiles and completely raze their missile industry to the ground.»  

Heavy weapons including ballistic missiles and air defense systems displayed at Baharestan Square in Tehran

Heavy weapons, including ballistic missiles, air defense systems and unmanned aerial vehicles, are displayed during the 44th anniversary of the eight-year war with Iraq, known as Holy Defense Week, at Baharestan Square in Tehran, Iran, on Sept. 25, 2024. (Photo by Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images)

Rubio repeatedly returned to the theme throughout the operation, arguing that degrading Iran’s missile force was necessary to prevent Iran from using conventional military power as cover for a future nuclear weapons program.

TRUMP SAYS US, ISRAEL SHATTERED IRANIAN MILITARY CAPABILITIES, PRESSES LEADERS TO SURRENDER: ‘CRY UNCLE’

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«This is about very specific objectives,» Rubio told reporters on March 30. «The President laid them out on the first night of the operation… Here they are — you should write them down. Number one, the destruction of their air force. Number two, the destruction of their navy. Number three, the severe diminishing of their missile launching capability. And number four, the destruction of their factories so they can’t make more missiles and more drones to threaten us in the future. All of this so that they can never hide behind it to acquire a nuclear weapon. That was our objective from the beginning; that remains our objective now.» 

Leavitt made similar comments the same day, saying the objectives of Operation Epic Fury included «destroying their ballistic missiles» and dismantling the infrastructure used to produce them while ensuring Iran never obtains a nuclear weapon.

Trump’s remarks at the G7 also raised questions about the administration’s approach to Iran’s nuclear program, another issue that administration officials had previously described in far less flexible terms.

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Trump’s comments also come as the administration pursues a memorandum of understanding with Iran that leaves unresolved one of the central disputes in the nuclear negotiations: the future of Tehran’s enrichment program.

Under the framework agreement unveiled this week, the United States and Iran agreed to spend 60 days negotiating the fate of Iran’s nearly 900-pound stockpile of near-weapons-grade 60% enriched uranium and any future enrichment activities. Administration officials said the minimum outcome under discussion would involve down-blending the material under International Atomic Energy Agency supervision, while acknowledging that key details of a final agreement remain unsettled.

Officials described Iran’s willingness to dilute its stockpile as a significant concession, but also acknowledged that the memorandum does not resolve whether Iran will ultimately be permitted to retain any enrichment capability.

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TRUMP REAFFIRMS HARD LINE ON IRAN NUCLEAR DEAL: ‘WILL NOT ALLOW ANY ENRICHMENT OF URANIUM’

President Donald Trump arrives at the Versailles Palace in Versailles, France.

President Donald Trump arrives for a gala dinner at the Versailles Palace in Versailles, France. (Nathan Laine/Bloomberg via Getty Images)

Trump appeared to strike a more accommodating tone when discussing Iran’s access to nuclear power at the G7.

«It is a little hard, though, when you say that somebody wants it, other people have it, other, adjoining states have it. And you’re not letting them have it for purposes of electricity and things like that,» Trump said. «It’s always a little tough. You have to use a little common sense.»

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The administration had previously drawn a much harder line on Iran’s nuclear program. Special envoy Steve Witkoff said the United States could not allow Iran to retain «even 1 percent» enrichment capability, while White House officials repeatedly described the end of Iranian enrichment as a red line.

The White House referred back to Trump’s recent remarks on missiles when asked for additional comment. «

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«We are going to let the President’s comments stand,» a State Department spokesperson said when asked for comment.  

The Pentagon could not immediately be reached for comment. 

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El presidente de Bolivia declaró el estado de excepción para liberar las rutas: “Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes”

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La tensión en Bolivia escaló al máximo este sábado, cuando el presidente Rodrigo Paz decretó el estado de excepción en todo el país y ordenó la movilización de policías y militares.

La medida llegó después de más de seis semanas de protestas y bloqueos encabezados por indígenas aimaras y campesinos afines a Evo Morales, que reclaman la renuncia del mandatario.

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El viernes, Paz había logrado un acuerdo con la poderosa Central Obrera Boliviana (COB) para intentar pacificar el país. Sin embargo, los indígenas de la Federación Túpac Katari y los cocaleros vinculados al expresidente Evo Morales decidieron mantener los cortes de rutas y endurecer la protesta.

El Gobierno denuncia un “intento de golpe de Estado”

En un mensaje transmitido por el canal estatal desde el Palacio de Gobierno, Paz anunció: “Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional”.

“Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares», afirmó en X.

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El presidente justificó la medida ante lo que calificó como “un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo”.

El viernes, Paz había logrado un acuerdo con la poderosa Central Obrera Boliviana (COB) para intentar pacificar el país. REUTERS/Claudia Morales

El gobierno de centroderecha, que asumió en noviembre tras dos décadas de poder de izquierda, acusa a Evo Morales de impulsar las manifestaciones y de financiarse con dinero del narcotráfico, aunque hasta ahora no presentó pruebas.

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Morales, que está oculto en la región cocalera de Chapare para evitar una orden de captura por un caso de trata de menor que él niega, también rechazó cualquier vínculo con el narcotráfico.

Un país paralizado por la crisis y los bloqueos

Las protestas comenzaron a principios de mayo, cuando obreros, campesinos e indígenas lanzaron una huelga y cortes de rutas para exigir soluciones a la crisis económica más grave en 40 años y rechazar la venta de gasolina de mala calidad, que generó malestar generalizado.

Con el correr de los días, la falta de acuerdos llevó a que todos los sectores exigieran la renuncia presidencial y los bloqueos se extendieran a todo el país. En La Paz y El Alto, la situación se volvió crítica: hubo enfrentamientos con la policía y una fuerte escasez de alimentos, medicinas y combustibles.

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Militares y policías, en las calles

Paz declaró que instruyó a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas a “ejecutar las acciones necesarias para restablecer el libre tránsito, recuperar las carreteras y garantizar la seguridad de la población”.

El decreto, publicado horas después en la Gaceta de Bolivia, tendrá una vigencia máxima de 90 días. Además, los ministerios de Gobierno y Defensa podrán restringir los derechos a la circulación, locomoción y reunión cuando lo consideren necesario. El Congreso deberá ratificar la medida en las próximas horas.

El acuerdo con la COB y el rechazo de los cocaleros

El decreto de excepción se firmó tras el acuerdo del viernes entre el Gobierno y la COB. Mario Argollo, líder sindical, anunció: “Desde este momento se están levantando las medidas de presión a nivel nacional”. Además, destacó el compromiso del Gobierno de cumplir de inmediato lo pactado.

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Paz celebró el acuerdo y afirmó: “El diálogo es más fuerte que la propia fuerza, no sobreviven los más fuertes, sobreviven los que se saben adaptar”.

Leé también: Israel bombardeó el sur de Líbano, pese a a la tregua: hay al menos 16 muertos

Sin embargo, los sindicatos de campesinos y cocaleros rechazaron el pacto y anunciaron que los bloqueos —que ya suman medio centenar en todo el país— continuarán. “Se ha determinado radicalizar las piquetes de huelgas de carreteras”, advirtió el dirigente campesino Antonio Mallku.

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Los cocaleros, en un comunicado, ratificaron que mantendrán la movilización y calificaron como “una traición la firma del convenio”.

Más de un centenar de detenidos y promesas de no privatizar

El Gobierno abrió la semana pasada un diálogo con Argollo y se formaron mesas de trabajo entre sindicalistas y ministros. Los acuerdos incluyen estudiar la liberación de los detenidos en marchas y bloqueos, que según la Defensoría del Pueblo ya superan el centenar. Además, la administración de Paz se comprometió a no privatizar empresas estatales, como reclamaban los sindicatos.

Mientras tanto, la tensión sigue en aumento y Bolivia permanece en vilo, con las calles militarizadas y la incertidumbre sobre el futuro político del país.

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Bolivia, protestas, Rodrigo Paz

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