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Elecciones en Perú: Roberto Sánchez, el ex ministro de Pedro Castillo que busca llegar al poder bajo la sombra de su sombrero

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El izquierdista Roberto Sánchez busca llegar al poder en Perú bajo el sombrero del encarcelado ex presidente Pedro Castillo (2021-2022), convertido en símbolo de reivindicación por quienes consideran que el exmandatario fue derrocado por las élites políticas y económicas, tras ganar las elecciones de 2021 a la misma Keiko Fujimori.

Sánchez fue el elegido por Castillo para competir en su nombre en estas elecciones tras haber sido el único ministro que se mantuvo de principio a fin en su Gobierno, hasta que el entonces mandatario fue destituido y capturado tras intentar sin éxito un golpe de Estado contra el Congreso que dominaba el fuijmorismo y sus aliados.

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A diferencia de Castillo, un maestro rural y líder sindical que por primera vez incursionaba en la política cuando ganó las elecciones, Sánchez, de 57 años, es un psicólogo con una larga trayectoria política donde ha trabajado desde el ámbito local hasta llegar a ser ministro.

Hijo de migrantes de la sierra andina, casado y padre de dos hijas, Sánchez nació y creció en la provincia agrícola de Huaral, a unos 75 kilómetros al norte de la capital Lima, estudió psicología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y antes de dar el salto a la política apuntaba a ser sacerdote, al haber señalado que pasó por el seminario.

Acusado de «traidor»

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En la política comenzó en el Partido Humanista, del ex ministro Yehude Simón, quien lo ha acusado de «traidor» al haberle arrebatado el partido desde 2017 tras las imputaciones que tuvo por presunta corrupción en el caso Odebrecht y haberlo rebautizado como Juntos por el Perú (JP).

En el sector público trabajó como gerente en las municipalidades de Huaura, Huaral y San Borja, mientras que en 2021 fue elegido congresista.

Pese a ser de un partido distinto a Castillo, supo ganarse la confianza del recién elegido presidente, quien lo nombró como ministro de Comercio Exterior y Turismo, cargo que desempeñó durante todo el mandato del exgobernante como uno de sus hombres fuertes.

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Siendo congresista, Sánchez mostró su apoyo a la entonces candidatura del expresidente Evo Morales en Bolivia y viajó a ese país en 2025 para participar en las movilizaciones de apoyo al líder populista de izquierda.

Tras el fallido golpe de Estado de Castillo, Sánchez dimitió y después se abstuvo de votar la moción para destituirlo, lo que no ha sido impedimento para que ahora sea su mayor defensor, quien ha integrado en las filas de su partido a familiares directos del expresidente, como su hermano José Mercedes e Irma Castillo y su cuñada Yenifer Paredes.

Antauro, el incómodo aliado

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Sánchez también incorporó en sus listas electorales a los etnocaceristas, la corriente política de supremacía de la raza andina que lidera el ultranacionalista militar en retiro Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala (2011-2016), quien en 2022 salió de la cárcel tras 17 años preso por el Andahuaylazo, una sublevación militar en 2005 donde murieron cinco policías.

Antauro se ha vuelto el aliado más incómodo de Sánchez, una figura que causa alarma a gran parte de la población por sus posturas radicales como fusilar a los expresidentes condenados por corrupción, incluido su propio hermano, e ir a la guerra con Chile para recuperar las regiones perdidas en la Guerra del Pacífico.

Roberto Sánchez, deposita su voto este domingo, durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Lima (Perú). Foto EFE

Sánchez ha dicho que no comparte esas ideas, pero sí la libertad de Castillo y una nueva Constitución, con incidencia en la protección de los recursos naturales y la gestión estatal de ellos, además de la renegociación de los acuerdos comerciales y de los beneficios a empresas extranjeras.

«Yo vengo de abajo», dijo el pasado domingo en un debate presidencial. «No le voy a fallar a nuestro pueblo, sobre todo a los más pobres», prometió.

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Lo primero que hará si gana la presidencia, prometió Sánchez, será indultar a su mentor, un maestro rural sindicalista que le entregó su sombrero campesino de paja de palma, ala ancha y copa alta, de la norteña región andina de Cajamarca. Lo visita a menudo en la cárcel y lo emuló al llegar montado a caballo al cierre de campaña de la primera ronda presidencial de abril, en la que sorpresivamente logró colarse desde el quinto lugar en los sondeos, entre 35 candidatos.

Tras pasar a la segunda vuelta presidencial, la fiscalía reactivó un acusación supuestamente por dar información falsa sobre aportes a su campaña parlamentaria entre 2018 y 2020. El caso está pendiente.

En un país con profundas divisiones sociales y territoriales, Sánchez encarna un voto «orientado a la protesta» y «enfocado en las demandas de inclusión«, según el politólogo Jorge Aragón.

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El izquierdista abogó por romper con el modelo económico liberal establecido por la Constitución de 1993 bajo el mandato de Fujimori.

Promete convocar una Asamblea Constituyente y establecer un Estado plurinacional para gobernar con los pueblos indígenas, similar al modelo de Evo Morales en Bolivia.

«Existe un inmenso deseo de cambio» entre las poblaciones marginadas, dijo Sánchez la AFP.

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También propone una reforma judicial en la que los jueces y fiscales sean elegidos por voto popular, siguiendo el ejemplo de la izquierda mexicana.

Se casó a los 44 años. Pese a la intensa campaña, reservado con su vida privada, ha logrado mantener lejos de los reflectores a su esposa y a su dos hijas, de nueve y tres años.

De adolescente quiso ser sacerdote y estuvo dos años en un seminario católico en Lima, una etapa clave de su formación política donde descubrió que lo suyo «era lo social».

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Dice venir del socialcristianismo, ser un «hombre de fe», «provida» y «profamilia». Hace poco dijo en declaraciones a periodistas: «Respeto a los comunistas, pero no soy comunista».

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Trump’s White House ballroom foes face ‘very tough argument’ at Supreme Court, legal experts say

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

President Donald Trump could win the legal fight over his planned White House ballroom, say two legal experts who believe the U.S. the Supreme Court could end the case without weighing in on the underlying constitutional issue.

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In a lengthy social media post Friday, Trump vowed to take the fight over his White House ballroom to the Supreme Court after the D.C. Circuit upheld a lower court order blocking above-ground construction. In a 2-1 decision, the appeals court ruled that the project cannot move forward without Congressional approval.

Trump pointed to the dissent written by Judge Neomi Rao, appointed by Trump in his first term, as grounds for appealing the decision to Supreme Court. Rao argued that the plantiffs, the National Trust for Historic Preservation, lack legal standing in the case.

The National Trust for Historic Preservation built its case for legal standing around Alison Hoagland, a member who lives near the White House and regularly visits President’s Park. Hoagland said she visits the area about once a month and argued that the proposed ballroom’s size and design would diminish her enjoyment of the area by overshadowing the White House and weakening its aesthetic.

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TRUMP SAYS WHITE HOUSE BALLROOM RULING JEOPARDIZES LIVES OF FUTURE PRESIDENTS, VOWS SUPREME COURT APPEAL

President Donald Trump has overseen ongoing construction of the underground military fortress that is going to be below the $400 million privately funded East Wing ballroom. (Chip Somodevilla/Getty Images)

But according to Rao, the National Trust did not establish the kind of injury necessary to invoke the courts’ authority to block the project.

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«The district court elevated the aesthetic displeasure of a single passerby over the government’s security interests in the ballroom and the security risks of leaving an open construction site at the President’s home and office,» Rao wrote.

Former Justice Department attorney Abhishek Kambli agreed, telling Fox News Digital the National Trust could face a particularly difficult hurdle on standing at the Supreme Court. He noted that, while Congress created the National Trust, the group still must show that its lawsuit is germaine to its interests.

«While they do have ownership of some properties, the President’s Park, where the White House East Ballroom is, is not one of them,» Kambli said. «And I think that’s going to be a very tough argument to sustain, especially with the Supreme Court, that’s more likely to agree with Rao than they are the [circuit court] majority, given the makeup of the Supreme Court, and the fact that the Supreme Court is very strict on standing.»

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OBAMA JUDGE RULES ON EFFORT TO BLOCK AMERICA 250 EVENTS AT WH AND LINCOLN MEMORIAL

U.S. President Donald Trump holding a rendering of a proposed White House ballroom in the Oval Office

President Donald Trump displays a rendering of his proposed $250 million White House ballroom as he meets with NATO Secretary General Mark Rutte in the Oval Office of the White House in Washington, D.C., on Oct. 22, 2025. (Alex Wong/Getty Images)

Kambli also suggested that the National Trust faces a strong hurdle in proving it has standing based on aesthetic injury because it would have to prove it actually uses the space where the ballroom is being built

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«Normally, aesthetic standing requires that you intend to use it,» Kambli said. «So, for instance, if you’re planning to be visiting the East Ballroom — and even this is kind of a stretch — that’s one thing, but if you’re someone on the outside that just passes it by, that’s a little tougher.»

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A similar standing issue surfaced earlier in July when U.S. District Judge Amit Mehta, an Obama-appointed judge, rejected a lawsuit seeking to block the America 250 UFC event at the White House. He ruled that the plaintiffs had not met the standard of aesthetic harm to establish standing.

Hans von Spakovsky, a senior legal fellow at Advancing American Freedom, said he expects Trump to prevail on appeal as well, based on the standing issue.

«Under Supreme Court precedent, you cannot bring a claim, you cannot bring a lawsuit, until and unless you can demonstrate a concrete, actual injury,» Spakovsky told Fox News Digital. «The idea that a passerby, who claims she will be aesthetically injured because of what she sees at the White House, has an actual injury is absurd, and obviously, and clearly defies that precedent.»

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If the Supreme Court takes the case, it could resolve it without deciding whether the administration had the legal authority to build the ballroom in the first place.

TRUMP WARNS JUDGE AGAINST SACRIFICING NATIONAL SECURITY BY BLOCKING WHITE HOUSE BALLROOM, DRONE BASE

President Donald Trump displays architectural design boards for a proposed White House ballroom during a public appearance.

President Donald Trump holds design for a proposed White House ballroom while speaking to reporters. (Aaron Schwartz/CNP/Bloomberg)

«The Supreme Court won’t rule on the substantive issue if it can dismiss the case based on a lack of standing by the plaintiffs,» von Spakovsky said. «I also don’t know of anyone else who could establish standing to bring a lawsuit. Perhaps Congress could collectively, but the chances of that happening are very slim given the partisan divides in both the House and Senate.»

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The National Trust argued in its lawsuit that federal law requires Congress to approve new construction on federal property in Washington, D.C., while the administration says existing law already gives the president authority to make alterations and improvements to federal property, including the White House.

Abhishek agreed with Rao’s reasoning that the terms «alteration» and «improvement» should be understood in their ordinary real-property sense.

«For instance, if I have an extension to my house, it doesn’t become a new house,» Abhishek said. «It’s the same house, but that’s an improvement done on the house. Or if I tear down some walls and then just create an open living space in my like between my living room and my kitchen, that’s also not a new house at that point.

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«It’s the same house, but there was an alteration or an improvement done, so if you’re using real property terms, then it’s pretty clear how how the statutory authority would make sense,» Abhishek continued.

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Un atentado con explosivos destruye un peaje en Colombia en el primer día del gobierno de Abelardo De la Espriella y tras el anuncio de mano dura

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Un día después que el populista ultraconservador Abelardo de la Espriella asumiera la presidencia de Colombia con un fuerte discurso de mano dura contra el crimen y los grupos rebeldes, un ataque con explosivos se registró en el sudoeste del país, informó el sábado el ejército.

Fue poco después que, en una de sus primeras medidas como presidente, De la Espriella anunció el fin del diálogo con los grupos armados.

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La explosión se registró en el peaje de Mandiva, ubicado en la vía Panamericana, la principal arteria vial del sudoeste del país. El ejército detalló que dos vigilantes que cuidaban la infraestructura sufrieron heridas leves.

El reporte agregó que, según uno de los vigilantes, se trató de la detonación de un vehículo que fue abandonado por una persona que luego huyó en una motocicleta.

De acuerdo con información preliminar del ejército, el ataque habría sido perpetrado por las facciones Dagoberto Ramos y Jaime Martínez de las disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que no se sumó al acuerdo de paz firmado hace una década con el Estado.

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En tanto, militares resguardan la zona donde, junto a perros entrenados, recorren el área para descartar la presencia de otros artefactos explosivos, indicó el ejército en su cuenta de X.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, condenó el “atentado terrorista” y aseguró que “Colombia no se va a arrodillar ante la violencia ni va a permitir que destruyan las obras que conectan a nuestras regiones”. Añadió que se trabaja para restablecer la movilidad en la zona.

El ataque sucedió en la vía que comunica a los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, cuya capital, Cali, fue la sede del acto de asunción De la Espriella en una ceremonia en que delineó su política de seguridad y advirtió a los grupos ilegales que «tienen dos caminos: someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza pública”.

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Tras la posesión, se realizó en Cali el primer consejo de seguridad del nuevo gobierno. Según la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se decidió articular las fuerzas de seguridad para “ejercer un verdadero control sobre las economías ilícitas y recuperar la seguridad de nuestros territorios”.

Abelardo de la Espriella asumió la presidencia de Colombia con una promesa de mano dura contra el crimen y los grupos armados. Foto: EFE

Traslado de prisioneros

De la Espriella, quien descartó el diálogo con los armados que impulsó su antecesor Gustavo Petro, anunció el sábado el traslado de 117 prisioneros vinculados a los procesos de paz del anterior gobierno hacia prisiones de máxima seguridad.

Se trata de una medida que busca “recuperar el control permanente de las cárceles” y “contener cualquier capacidad de las estructuras criminales” para coordinar acciones ilícitas desde las prisiones, citó en un comunicado el Instituto Nacional Penitenciario (INPEC).

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Los presos fueron llevados a ocho centros penitenciarios de alta seguridad en las ciudades Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne.

Integrantes de las Fuerzas Militares, escuchan el primer discurso del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, este viernes en el Cantón Militar Pichincha en Cali, Colombia. Foto:  EFE

El gobierno ejercerá el control en las prisiones “con autoridad y dentro del marco constitucional”, aseguró la institución estatal.

«La opción del diálogo (con los rebeldes) está completamente agotada», aseguró De la Espriella el viernes a la tarde ante un centenar de militares en el Cantón Militar Pichincha de Cali en su discurso inaugural, mientras los invitados a la ceremonia de investidura seguían el acto desde la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

De la Espriella cuestionó el trato que el Estado ha dado históricamente a los grupos armados y aseguró que su gobierno asumirá una posición más confrontativa frente al crimen.

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Ayuda de Estados Unidos

De la Espriella contará con la asistencia directa de Washington. Estados Unidos ha anunciado su intención de proporcionar mil millones de dólares en ayuda para las políticas económicas y de seguridad del nuevo presidente, aliado de Donald Trump.

«Estados Unidos, en colaboración con el Congreso, tiene la intención de anunciar mil millones de dólares en ayuda como parte de un paquete de seguridad para apoyar al gobierno del presidente de la Espriella en la implementación de nuestros objetivos comunes», declaró el Departamento de Estado en un comunicado de prensa.

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Una manifestación en rechazo a la llegada al poder de Abelardo de la Espriella, este viernes en Bogotá. Foto: EFE

El combate al narcotráfico ocupará otro de los principales frentes de la política de seguridad del nuevo mandatario colombiano. De hecho, anunció que retomará las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos mediante el uso de nuevos herbicidas, una medida que durante años ha generado controversia en Colombia por sus posibles efectos ambientales y sanitarios.

«Voy a implementar la fumigación con herbicidas de última generación que no causan daño a la salud humana, no contravienen el mandato de la Honorable Corte Constitucional y no afectan de ninguna manera el medio ambiente», aseguró en su discurso el viernes.

El mandatario vinculó directamente el crecimiento de los cultivos de coca con la expansión de las organizaciones dedicadas al narcotráfico y al conflicto armado. «La coca ha traído muerte, corrupción y destrucción», afirmó, y sostuvo que los cultivos también han contribuido a la destrucción de las selvas, al desplazamiento de comunidades campesinas y al fortalecimiento del «combustible para el narcoterrorismo».

De acuerdo con el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Colombia registró en 2024 unas 261.000 hectáreas cultivadas con coca, un incremento de 3,5 % frente al año anterior.

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Hawaii voters hit the polls as Gov. Josh Green dominates, progressive takes aim at Dem congressman

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Hawaii voters will decide Saturday who advances to the November general election, with key contests including the race for governor and the battle to represent the state’s 1st Congressional District.

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Gov. Josh Green, who was first elected in 2022, is heavily favored to win the Democratic primary, where he faces three little-known competitors. His challengers include George «Teva» Lucas-Tadeo, a Democratic socialist who has promised on social media to open a government-run grocery store and legalize recreational marijuana.

David «Duke» Bourgoin is mounting his second primary challenge against Green after losing to him in 2022, when he captured only 590 votes against Green’s 158,161. He also lost two bids for Honolulu mayor, in 2022 and 2024.

JOHNSON’S STRATEGY TO BYPASS DEMOCRATS’ SAVE ACT BLOCKADE SURVIVES KEY VOTE, HANDING GOP BIG WIN

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A three-way split image of Democratic Hawaii Gov. Josh Green, GOP candidates Gary Cordeery and Rep. Ed Case (D-Hawaii) ( (Photo by Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images) (Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images))

Lauren Kapoliahiʻiaka Shim is also seeking the Democratic nomination. She is the CEO and founder of Aloha AI Incorporated, according to her LinkedIn profile.

Neither Lucas-Tadeo nor Shim had campaign websites, and none of Green’s three challengers had raised any money in the race as of June 30, according to Honolulu Civil Beat. Meanwhile, Green has raised approximately $3.5 million, far outpacing Republican Gary Cordery, the race’s second-highest fundraiser, who has raised about $313,000, according to Honolulu Civil Beat.

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Cordery, owner of the contracting company Kingdom Builders, and Ken Fujiyama, an entrepreneur and investor, are competing for the Republican nomination and a chance to end nearly two decades of Democratic control of the governor’s mansion. The last Republican to serve as Hawaii governor was Linda Lingle, who held the office from 2002 to 2010.

Hawaii Governor Josh Green (C) delivers remarks as US President Joe Biden listens during a visit to an area devastated by wildfires in Lahaina, Hawaii on August 21, 2023.

Hawaii Gov. Josh Green, center, delivers remarks as U.S. President Joe Biden listens during a visit to an area devastated by wildfires in Lahaina, Hawaii, on Aug. 21, 2023. (Mandel NGAN / AFP via Getty Images)

Cordery has campaigned on lowering Hawaii’s high cost of living, expanding housing and cracking down on government waste and corruption. He has proposed adding 15,000 homes for working families, using state-owned land for housing and eliminating the state’s general excise tax on food and medicine. Fujiyama has also proposed a plan to tackle the housing affordability crisis by developing 100,000 residential lots and partnering with large landowners to spur growth.

MICHIGAN’S TOP ELECTION OFFICIAL WINS DEMOCRATIC PRIMARY FOR GOVERNOR, ADVANCES TO BATTLEGROUND RACE

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Whoever emerges from the Republican primary will face an uphill battle to unseat Green if he secures the Democratic nomination. Green holds a 56% approval rating, while the Cook Political Report rates the race «Likely Democrat» and gives Democrats a 13-point advantage.

Meanwhile, eyes outside of Hawaii will be locked on the Democratic primary in the 1st Congressional District, where state Sen. Jarrett Keohokalole is challenging Rep. Ed Case, D-Hawaii.

Ed Case

Rep. Ed Case, D-Hawaii, arrives for a House Appropriations Committee markup of several appropriations bills in the Rayburn House Office Building in Washington on July 10, 2024. (Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images)

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Case, who is seeking a seventh term, has represented the district since 2019 and argues that his seniority and position on the Appropriations Committee give Hawaii greater influence in Washington. Meanwhile, Keohokalole, who is endorsed by Sen. Bernie Sanders’ group Our Revolution, is running on a progressive platform that includes Medicare for All and opposition to ICE and President Donald Trump’s tariffs.

Keohokalole is seeking to portray Case as out of touch with Democratic voters, pointing to the congressman’s vote with House Republicans to pass Trump’s SAVE America Act, which would require voters to show proof of citizenship when registering to vote.

Given the district’s strong Democratic lean, whoever wins the party’s primary will likely be favored to win the seat in November.

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Polls close at 7pm local time.

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