A pesar de que tantos los bancos como el Gobierno sostienen que en materia de morosidad lo peor ya pasó, los últimos datos oficiales reportados mostraron que en abril la irregularidad en los préstamos siguió creciendo, en especial en el segmento de consumo.

La mora en los préstamos a individuos subió a 12,1% en abril, su nivel más alto en 20 años, según el Informe sobre Bancos del BCRA. Los créditos personales llegaron al 14,9% de irregularidad en la cartera (+0,5% en el mes) y las tarjetas de crédito alcanzaron al 12,5% (+0,7%). Tomando el crédito al sector privado en su conjunto, la morosidad total llegó en abril al 7,3% (+0,3%).

La explicación para que los banqueros digan que la mora está aflojando y que los números no lo demuestren no está en los créditos impagos sino en la falta de créditos nuevos. El mismo informe muestra que en abril el crédito para el consumo cayó un 0,9% en términos reales (es decir, descontada la inflación), en un contexto de reducción de todo el financiamiento al sector privado.

Así, aún cuando la irregularidad empiece a frenarse, los datos de la mora seguirán siendo negativos mientras la otra parte de la ecuación, el stock total de créditos, no pueda despegar. Y para eso falta mucho.

En los bancos explican claramente que no están saliendo a colocar préstamos en ninguna línea por dos razones.

La primera es que la demanda no lo exige: el consumo privado luce estancado y hay más clientes tratando de cubrir agujeros que pidiendo financiación para comprar algo. En el crédito para empresas, el panorama es igual de desalentador.

En segundo lugar, los bancos quieren bajar su nivel de riesgo hasta “limpiar” sus carteras de préstamos con atrasos. De esa forma, eligen al público, no lanzarse a prestar hasta que el panorama sea más claro y seguir colocando sus fondos en la deuda pública. Las estrategias para esto son conocidas: no actualizar los límites de las tarjetas, ponerse más estricto a la hora de calificar a los clientes y, sobre todo, mantener las tasas de interés en un nivel elevado.

La excepción fue el crédito en dólares, que creció atado al buen momento del comercio exterior. La pre-financiación de exportaciones y otras líneas en moneda extranjera están sosteniendo la actividad crediticia en muchos bancos. De ahí que algunas entidades -no todas- sigan presionando al BCRA para que se flexibilice aún más la posibilidad de prestar en dólares, restringida como medida precautoria desde la crisis de 2001.

Cada vez que el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, habló acerca de la creciente morosidad en el crédito para las familias, señaló dos cuestiones. La primera es que la irregularidad ya tocó su máximo nivel durante el verano, por lo que ya comenzó a reducirse. Los datos oficiales de abril, aún con las particularidades de la medición, ponen en duda esa afirmación.

El segundo mensaje oficial es que desde el Gobierno no va a haber medidas concretas para paliar la situación. Bausili dijo que hacerlo sería “decidir sobre el dinero de la sociedad” y que el BCRA no está dispuesto a hacer eso. Por ello, no cabría esperar ninguno de los auxilios clásicos, como generalizar topes en las tasas o extensión en los plazos. Se descarta que haya algún “alivio regulatorio”, que brinde flexibilidad a los bancos a los efectos de refinanciar a los endeudados o cualquier posibilidad en la que el Estado absorba las pérdidas en alguna medida.

“El proceso de digestión de la mora está muy avanzado. Muchos bancos ya han visto el pico de la mora, algunos en diciembre, otros en febrero o marzo. Eso hace que algunos bancos ya empezaron a retomar una política de expandir el crédito», dijo Bausili en su última conferencia de prensa.

Aún con ese mensaje que llegó del BCRA, claramente hubo soluciones desde la órbita oficial ante la preocupación por la mora. Un mes atrás, el Banco Nación lanzó un primer “kit de soluciones” para los que necesitan refinanciar deudas, con tasa fija nominal del 65%, plazos de hasta 72 meses y montos de hasta $ 100 millones. También ofreció la cancelación de deudas con tarjetas, con tasas del 35% hasta $10 millones.

Esta semana el Nación avanzó con un nuevo mecanismo de refinanciación para deudas de consumo, esta vez con tasas del 12% al 14% ajustadas por UVA y plazo de hasta 120 meses. Se trata de un verdadero rescate ofrecido por el banco estatal: su primer plan abarcó a deudores en situación 1 y 2, con 90 días de atraso como máximo. En esta segunda etapa, la refinanciación admite deudores en categorías 3, 4 y 5. Esta última es la de los “irrecuperables” según el Banco Central, aquellos que dejaron de pagar hace más de un año.

En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, también hubo movimiento. La Legislatura porteña sancionó un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, que permitirá refinanciar deudas de tarjetas y préstamos personales a una tasa del 35% a familias con ingresos menores a 10 salarios mínimos ($3,7 millones). El plan se implementará a través del Banco Ciudad y se espera la adhesión de otras entidades financieras.

Más allá de que los datos oficiales sobre morosidad llegan hasta abril, en las semanas posteriores parece haberse acentuado el escenario de retracción para todos los préstamos. En junio, con el último dato oficial al día 23, el stock total de préstamos al sector privado en pesos creció apenas 0,5%, con una evidente caída en los créditos al consumo: los personales subieron solo 0,6% y el saldo de tarjetas cayó -4,2%, al igual que los prendarios (-0,4%). Con ese pobre desempeño en el otorgamiento de nuevas financiaciones, el ratio de morosidad tendrá combustible para mantenerse elevado.

En Argentina, un país acostumbrado a ciclos de boom y declive persiste una paradoja económica recurrente:

• Durante fases de alto intervencionismo -con cierre de mercados, inflación elevada, cepo cambiario, emisión monetaria para financiar déficits, subsidios crecientes, aranceles proteccionistas, regulaciones a las importaciones y crédito dirigido desde la Anses- el consumo aparenta resistir o incluso expandirse.
• En cambio, al ingresar en un proceso de estabilización -baja de inflación, unificación cambiaria, apertura comercial, desregulación de tasas, competencia importadora y mayor énfasis en exportaciones- sectores como el comercio, la industria y la construcción se debilitan.

Esta aparente contradicción se explica por las distorsiones acumuladas por malas políticas previas, que dejaron un tejido productivo de baja productividad, competitividad raquítica, alta presión tributaria, infraestructura deficiente e inversión privada escasa, todo agravado por una incertidumbre institucional pendular.

En entornos de alta inflación y controles, los agentes económicos, de manera racional, se desprenden de los pesos que “queman” en el bolsillo. La emisión monetaria para cubrir déficits fiscales inyecta liquidez que, combinada con regulaciones de tasas de interés (que reprimen el ahorro formal), cepos que limitan opciones de dolarización y subsidios sociales que sostienen el poder de compra nominal, impulsa un consumo “artificial”.

Las políticas proteccionistas -con aranceles altos y trabas a las importaciones- protegen temporalmente a industrias locales poco competitivas, mientras el crédito subsidiado desde la Anses o líneas oficiales estimula el gasto presente a costa del futuro.

Esto genera un “efecto riqueza ilusorio”: la gente adelanta compras para evitar la pérdida de valor del dinero y las empresas venden en un mercado cautivo. Economistas keynesianos y estructuralistas latinoamericanos explicarían esto como una forma de sostener la demanda agregada y el empleo en contextos de rigideces estructurales. John Maynard Keynes justificaba la intervención estatal y el gasto para combatir el desempleo y la subutilización de recursos, especialmente en depresiones.

En América Latina, Raúl Prebisch -padre del estructuralismo cepalino- y Marcelo Diamand (con su teoría de la “estructura productiva desequilibrada”) argumentaban que la protección industrial, vía aranceles e intervención, era necesaria para superar la dependencia de exportaciones primarias y desarrollar un mercado interno dinámico, ante términos de intercambio desfavorables y fallas de mercado.

En la práctica argentina reciente (pre-2023), esto se vio en un consumo relativamente “resiliente” pese a una inflación de tres dígitos: snacks, electrónica y bienes durables para “festejos” o como cobertura contra la inflación. Sin embargo, como advierte Milton Friedman, la inflación es “siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”, derivado del exceso de emisión. Esta “prosperidad” es insostenible: genera distorsiones de precios relativos, malas asignaciones de recursos y erosiona el capital.

Al corregir estos desequilibrios -baja de inflación vía superávit fiscal, apertura importadora, desregulación de tasas y competencia- emerge la fragilidad real. Empresas acostumbradas a protección, subsidios y liquidez artificial enfrentan costos reales más altos, competencia externa y una demanda más exigente.

El consumo se contrae porque los ingresos reales se ajustan (fin de la licuación inflacionaria) y el crédito se encarece al inicio. Sectores como la industria, el comercio y la construcción, con baja productividad acumulada, sufren más: quiebras, caída de actividad y desempleo transitorio.

Aquí entran las críticas de la Escuela Austriaca. Friedrich Hayek y Ludwig von Mises explican que la expansión crediticia y monetaria artificial géneros “malas inversiones” (malinvestments) y una estructura productiva insostenible. La corrección -el “ajuste”- es dolorosa, pero necesaria para reasignar recursos hacia usos productivos reales.

La incertidumbre institucional pendular argentina (cambios radicales de reglas en cada gobierno) amplifica esto: las decisiones de inversión se vuelven cada vez más racionales y cortoplacistas, lo que desincentiva el largo plazo. Baja inversión bruta privada, infraestructura deficiente y alta presión tributaria terminan de configurar ese diagnóstico de baja competitividad.

Prebisch mismo evolucionó y reconoció límites de una industrialización por sustitución de importaciones (ISI) excesiva. La apertura genera ganadores (exportadores, consumidores con mejor acceso a bienes baratos) y perdedores transitorios entre firmas ineficientes.

El problema argentino no es la estabilización per se, sino el legado de décadas de populismo intervencionista, que dejó empresas “zombis” con baja productividad. Ejemplos históricos (convertibilidad en los 90 o intentos previos) muestran caídas iniciales seguidas de recuperación si se sostienen las reformas.

El punto central es este: el consumo inflado por distorsiones no equivale a bienestar genuino. La estabilización duele porque expone fallas estructurales previas, pero es el único camino para elevar la productividad, atraer inversión y generar crecimiento inclusivo.

Como destacaba Hayek en “Camino de servidumbre”: el intervencionismo creciente erosiona libertades y eficiencia. Friedman insistía en reglas monetarias estables y libre mercado para el crecimiento.

En Argentina, con potencial en agro, energía, minería y servicios, la combinación de disciplina fiscal-monetaria, apertura inteligente y reformas institucionales (seguridad jurídica, baja de impuestos, inversión en infraestructura) puede romper el ciclo de decadencia.

El desafío es político: sostener el ajuste más allá del corto plazo, compensando transitoriamente a los más vulnerables sin revertir reformas. De lo contrario, volveremos al “consumo artificial” que solo posterga el colapso. La racionalidad económica exige mirar más allá del presente: productividad y competitividad, no ilusiones monetarias.

El autor es Analista Económico y director de la consultora Focus Market

Como indican los manuales del buen político argentino, la renuncia de Manuel Adorni se produjo con el «timing» menos perjudicial: sábado a la noche, en la previa de un partido de la Selección Nacional, como para garantizarse que el hecho tuviera el menor espacio posible en la conversación pública.

Igualmente, podrán pensar muchos dentro y fuera del gobierno, ha quedado la sensación de que la anunciadísima renuncia llegó con un retraso de tres meses. El cuestionado jefe de Gabinete ya había perdido credibilidad y margen de acción política desde la desastrosa conferencia de prensa del 25 de marzo.

Aquella mañana, el jefe de gabinete había intentado enterrar la controversia sobre su crecimiento patrimonial, y llevó una nutrida agenda de anuncios sobre economía y desregulaciones. Pero todo salió mal: los periodistas acreditados en la Casa Rosada no preguntaron sobre ninguna otra cuestión, y Adorni se mostró irritado, con frases que empeoraron su imagen, como «yo contesto ante un juez, no ante un simple periodista».

Ese mismo día, perdió en los hechos su condición de vocero presidencial, algo que recién se oficializó dos meses más tarde, cuando se nombró al economista Adrián Ravier en ese cargo.

Desde aquel momento, el presidente Javier Milei se expuso personalmente en la defensa de su funcionario: asistió al informe ante el Congreso, donde intercambió chicanas con los diputados opositores; profundizó su agresividad hacia el periodismo y dejó que se generase una fisura interna, con una facción rebelde liderada por la senadora Patricia Bullrich.

La credibilidad, primera víctima

Lo ocurrido este sábado fue la consumación de lo obvio, dado que Adorni no pasó el test de credibilidad ante la opinión pública, y su argumento sobre las ganancias obtenidas por la inversión en bitcoins resultó más una autoincriminación que una coartada.

Es por eso que la pregunta central de los politólogos es por qué Milei sostuvo un estrés durante tres meses, para que la historia de Adorni tuviera el final que todos sabían que era inexorable.

Como cultor de los economistas clásicos, Milei sabe que todas las acciones de los hombres son resultado de una ponderación entre costo y beneficio. Y, si el presidente actúa de modo racional, entonces cabe suponer que él sintió que defender a su funcionario le traía más ventajas que problemas.

Hasta ahora, están más que claros los costos que pagó Milei: para empezar, la palabra corrupción volvió a estar entre las tres más mencionadas en los rankings de preocupaciones de los argentinos. La propia intención de voto del presidente cayó en las encuestas, no solamente por debajo de la de Axel Kicillof, sino también con menos porcentajes que Victoria Villarruel y Patricia Bullrich.

Pero, sobre todo, pagó un costo intangible y que no se puede medir, pero que lo afecta en la base de su electorado: el discurso de «la moral como pilar de la política» quedó seriamente erosionado. Ahora ya no le resulta tan fácil al presidente establecer la antinomia entre «los argentinos de bien» y los cómplices de la «casta corrupta».

Tanto es así, que hasta el PRO de Mauricio Macri tomó distancia, con un duro comunicado, que decía textualmente: «El cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer».

De hecho, las clásicas acusaciones al kirchnerismo por los hechos de corrupción ocurridos en los gobiernos peronistas perdieron su efectividad. En ese sentido, el director de Poliarquía, Alejandro Catterberg, dijo que, a esta altura, ya dejó de ser relevante la diferencia de montos de la corrupción entre el negociado por las SIRA -los permisos de importación que se otorgaban discrecionalmente bajo la gestión de Sergio Massa– que casos menores, como puede ser la compra de un departamento con dólares del colchón.

La doctrina Espert

¿Cuál sería, entonces, el beneficio de haber estirado la decisión? De momento, no se lo ve claro. Pero es posible que Milei haya pensado que, de haberle soltado la mano a Adorni desde un inicio, habría transmitido una imagen de debilidad política.

Ya había tenido una reacción similar ante las acusaciones contra José Luis Espert durante la campaña electoral por las legislativas 2025. También en esa ocasión Milei «bancó» a su candidato, hasta que las encuestas le marcaron con claridad que podía perder en el estratégico bastión de Buenos Aires.

Milei, que había apoyado enfáticamente a Espert y hablaba sobre operaciones mediáticas para perjudicar las chances electorales del gobierno, no tuvo inconveniente en aceptar la «renuncia» del candidato y buscar un sustituto de urgencia -casualmente, Diego Santilli-.

El presidente justificó la decisión con el argumento de que no podía permitir que «una operación maliciosa» pusiera en riesgo el proceso de reformas. Es decir, el mismo argumento con el que antes había apoyado a Espert fue la justificación para sacarlo de la lista.

A juzgar por el resultado de las elecciones legislativas, la decisión de «sacrificar» a Espert se reveló como la opción correcta. Es decir, no se confirmó la tesis de quienes decían que, al desprenderse del funcionario, todo el gobierno estaría manchado por haber apoyado a un candidato cuestionado.

Y, un año después, cuando en la justicia estadounidense se anularon los cargos por narcotráfico contra Fred Machado -el empresario que financió la campaña presidencial de Espert en 2019-, Milei aprovechó para recargar contra el periodismo, al que acusó de haber «destruido la reputación» de un inocente.

¿Qué ganó Milei?

Por lo pronto, la demora en la renuncia de Adorni lleva implícita una sospecha contra el propio Milei: varios políticos opositores dejaron en claro que, si caía el jefe de gabinete, la crisis no se detendría allí, sino que continuaría con una sucesión de acusaciones que mancharía a todo el gobierno. Después de todo, antes de que saltara el escándalo de Adorni, ya habían cobrado nuevo impulso las denuncias sobre el caso Libra.

Desde ese punto de vista, podría considerarse que la demora de Milei tuvo el sentido de sacar al presidente del centro de las denuncias y, además, permitirle a Adorni diseñar su estrategia de defensa legal y rehacer su declaración patrimonial. Ahora, igual que como ocurrió con el caso Espert, podrá decir que accedió a un pedido del propio funcionario, motivada en no perjudicar al gobierno ante el ataque mediático.

Y, eventualmente, si la situación judicial de Adorni mejora en un futuro, Milei podrá repetir el argumento de que la oposición y los medios destruyeron la reputación de un inocente, a quien él sí defendió.

Lo cierto es que, a partir de ahora, una sensación de alivio recorrerá el gobierno, al menos en las primeras semanas. Con el nuevo vocero, se podrá retomar el control de la agenda pública, algo que el gobierno había perdido, al punto de que no lograba sacar rédito de indicadores económicos positivos.

Por otra parte, se destrabará la agenda reformista en el Congreso, dado que el oficialismo podrá buscar nuevamente apoyos que había perdido, como los del bloque del PRO y el «peronismo dialoguista». El estancamiento legislativo era un tema que desesperaba a la senadora Bullrich, quien había planteado con claridad que la situación no daba para más.

Lo que viene: elecciones a la vista

Queda, finalmente, la incógnita respecto de qué tan dañada puede haber quedado la imagen de Milei. En el fondo, el presidente y sus asesores saben que eso depende mucho más de la economía que de la prolijidad en la gestión de los dineros públicos.

La historia reciente da sobradas pruebas al respecto. Nadie lo sabe mejor que Cristina Kirchner, que en 2011 arrasó pese a tener un vicepresidente acusado por el escándalo de «Sueños Compartidos» y dos años después fue derrotada, en medio de una crisis por escasez de divisas. Claro, en ese momento se vivía un boom consumista, con cifras récords en casi todos los rubros.

Por lo pronto, los índices sobre confianza en el gobierno, como el que elabora la Universidad Di Tella, marcaron una mejora en mayo, tras una racha de caídas. No por casualidad, ese mes se registró un IPC de 2,1%, la menor cifra en nueve meses. También el Indec registró que, en abril, se había roto la racha de caída de los salarios frente a la inflación.

Si se cumple el pronóstico del ministro Toto Caputo, a partir de julio empezarán «los mejores 18 meses» para los argentinos en materia económica, con un verdadero boom de ingreso de dólares al país. En ese caso, las chances de Milei mejorarán y, acaso, el escándalo Adorni se irá disipando.

Pero, si ocurriera lo contrario, con una economía estancada y agravamiento del desempleo, Adorni será un fantasma que volverá en cada debate de la campaña electoral.