El Gobierno puso la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central como una de sus prioridades para su agenda parlamentaria, revitalizada tras dejar atrás el affaire Adorni. El proyecto ya está cerrado y se prepara su envío al Congreso para su tratamiento.

A futuro, la reforma de la Carta Orgánica del BCRA puede ser sustancial tanto en términos económicos, por sus efectos en la contención de la inflación, como políticos, ya que desactiva una de las herramientas centrales que utilizó el kircherismo para consolidar su poder a fuerza combinar lealtades partidarias con la distribución de fondos públicos.

“La Carta Orgánica que hizo el kirchnerismo está diseñada para que usted pase por el Banco Central, levante la mano y le tiren con un fajo de dinero”, dijo en una entrevista en FM Now el presidente Javier Milei, quien esta semana terminó de analizar el texto con el titular del Central, Santiago Bausili, y con dos ex presidentes de la entidad y actuales ministros: Federico Sturzenegger y Luis Caputo.

El mandatario confirmó los ejes del proyecto en el que se destaca el principio de eliminar la emisión monetaria sin respaldo. A tal punto se seguirá ese precepto que Milei planea incluir, en paralelo a la reforma, penas de prisión para funcionarios que avalen la emisión, lo que incluye tanto a directores del Central, miembros del Ejecutivo o legisladores.

El punto más relevante en términos económicos es la “prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto” del Banco Central hacia el Tesoro, lo que en buen romance significa el fin de la maquinita. Los adelantos transitorios, que se vuelven permanentes, son la herramienta crucial utilizada históricamente para que el Banco Central cubra con emisión monetaria el déficit fiscal de los distintos gobiernos.

Los cambios que impuso el kirchnerismo ampliaron esa posibilidad. De hecho, fue el gran motivador de la reforma de 2012: más allá de la señal política de modificar la finalidad del Central, incrementar los adelantos le permitió tener mayor disponibilidad para gastar.

Hasta 2012, los adelantos transitorios al Tesoro se otorgaban por un plazo de 12 meses y no podían superar el 12% de la base monetaria, a lo que podía sumarse un 10% de la recaudación impositiva obtenida por el Gobierno nacional en el último año, según el artículo 21 de entonces. El kirchnerismo elevó esos topes para la emisión: a lo que ya se giraba, añadió otro 10% de la recaudación del último año con “carácter excepcional” y a devolver en un plazo mayor de 18 meses. También eliminó la asignación específica para el pago a organismos multilaterales, permitiendo al Poder Ejecutivo utilizar esos fondos para cualquier destino.

De ese modo, siguiendo el principio impulsado por Mercedes Marco del Pont de que el BCRA debía financiar al Tesoro como una de sus funciones primordiales, en 2012 se inició un proceso de llevar al límite los fondos que el Central le giraba al Gobierno. Como contrapartida, el Banco Central debía emitir sus propios títulos para esterilizar esos fondos y atenuar el impacto inflacionario. Así comenzó el crecimiento de los pasivos remunerados del BCRA, que derivaron en consecuencias posteriores.

Según explicó el propio Santiago Bausili en su última conferencia de prensa, el diseño de los adelantos transitorios en la Carta Orgánica actual le permitiría emitir y girar al Tesoro $31 billones (más de USD 20.000 millones). Desde luego, no lo hace, en el marco de la premisa de bajar la inflación.

Ahora, Milei explicó que se propone “la prohibición total y absoluta del financiamiento al fisco”, con lo que apunta no solo a eliminar el artículo 21 que ideó el kirchnerismo sino quitar los adelantos que ya estaban regulados desde los años ‘90. Por lo que dio a entender, ni siquiera se contemplarán situaciones de excepción.

En la pandemia, por ejemplo, muchos bancos centrales a lo largo del mundo decidieron financiar a los gobiernos con emisión para enfrentar la caída de la actividad económica. Una vez normalizada la situación, la regla volvió a ser que no se financie al Estado.

Otro punto clave de la reforma, ligado al anterior, es eliminar la transferencia de utilidades del Banco Central hacia el Tesoro, otra de las vías de financiamiento. Como el balance del BCRA es en pesos pero tiene activos en dólares, la devaluación genera ganancias contables que el Central habitualmente le transfiere a su accionista, el Estado Nacional. Todos los gobiernos, incluyendo el actual, usaron ese mecanismo.

En la nueva Carta Orgánica, esa distribución de dividendos estará prohibida. “Cuando se generen esos resultados, vamos a generar una reserva técnica que no permita distribuirlos”, dijo Milei.

La única excepción a esa regla, explicó el Presidente con optimismo, será que “si hay deflación en la Argentina, se empieza a poder utilizar los dividendos como respaldo”.

El mandato del Banco Central

También se propone modificar la función del Banco Central, establecida en el artículo 3. El Gobierno quiere que el BCRA tenga un único objetivo: “preservar el valor de la moneda”, es decir, evitar la inflación. Ese fue históricamente su objetivo, que a la vez coincide con un precepto incluido en la Constitución.

En 2012, el kirchnerismo lo modificó por un mandato múltiple que incluyó “promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”, según el texto actual. Quería que el Central no se limite a contener la inflación sino que tenga también obligaciones de fomentar el crecimiento de la economía y promocionar el empleo. Tal fue el impulso a esa idea, que Marcó del Pont mandó a cambiar el cartel montado en el ingreso al edificio de Reconquista 266 con el antiguo artículo 3 para que se lea el nuevo.

Ese cambio, según Milei, fue “una declaración de ignorancia: si el Banco Central tiene un instrumento, que es la política monetaria, no se le pueden pedir cinco objetivos”. Por eso se vuelve a la fórmula original.

De todas formas, el tiempo demostró que el cambio en el artículo 3 fue casi simbólico. Por caso, desde la última reforma Mercedes Marcó del Pont, Federico Sturzenegger, Miguel Pesce y Santiago Bausili, entre otros, presidieron el Central con la misma Carta Orgánica con objetivos y resultados muy diferentes.

Por último, otros dos cambios fueron incluidos en la reforma que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso. Una de ellas es la supresión de las Letras Intransferibles, el instrumento que el Tesoro le entregó al BCRA a cambio de sus reservas. Al ser una Letra que no puede venderse en el mercado, es casi un recibo, un documento sin ningún valor de mercado.

La primera Letra Intransferible que recibió el Central fue en 2006, con carácter excepcional, cuando el Gobierno de Néstor Kirchner usó las reservas del BCRA para cancelar la deuda con el FMI. En el gobierno de Cristina Kirchner su uso se generalizó para que el Gobierno pudiera usar las reservas para enfrentar los vencimientos de la deuda en dólares.

Sin que aún hayan trascendido detalles, en el proyecto del Gobierno también se prevén cambios en los mecanismos de remoción del presidente y los directores del BCRA, a los efectos de incrementar su independencia del Poder Ejecutivo. De esa forma, quien conduzca el Banco Central dejará de estar “a tiro de decreto” presidencial, como cuando ocurre cada vez que los integrantes del Directorio no cuentan con el acuerdo del Senado, algo habitual en los últimos años.

En los últimos meses el cierre de empresas se ha convertido en un dato habitual y contundente de la administración libertaria. Más allá de la discusión de si se trata de una reconversión económica-laboral de estos tiempos, lo cierto es que los despidos le agregan un ingrediente por demás picante a la difícil situación que atraviesan varios sectores de la sociedad.

En esa ola de conflictos hay algunos que encuentran una solución que, con el tiempo, veremos si es total o parcial. En este caso hablamos de la empresa de logística Express Beer, que anunció el cese de sus actividades, cesanteando a unos 220 trabajadores y trabajadoras. Después del anuncio, el Sindicato de Choferes de Camiones declaró el estado de alerta y movilización, advirtiendo que podrían disponer la paralización en la actividad de Aguas y Gaseosas.

Estado de alerta y amenaza de medidas de fuerza

Express Beer prestaba servicios para Cervecería y Maltería Quilmes. Esto motivó el reclamo del secretario Adjunto del gremio, Pablo Moyano, quien ratificó el compromiso de «defender cada uno de los puestos de trabajo y acompañar a las familias afectadas», resaltando que los despedidos «cuentan con una antigüedad promedio de 26 años de servicio«. Moyano además solicitó la intervención de los directivos de Quilmes para encontrar una salida frente a los despidos.

En un comunicado, el sindicato de Camioneros planteó que «durante décadas, el personal desempeñó sus tareas con responsabilidad y compromiso, prestando servicios para Cervecería y Maltería Quilmes», señalando que «sin embargo, el propietario de la firma, Juan Aguilar, decidió el cierre de la empresa sin brindar respuestas acordes a la gravedad de la situación, dejando a cientos de familias en la incertidumbre».

Asimismo, exigió «el cumplimiento de todas las obligaciones laborales», detallando que las comisiones internas de las siguientes empresas -que también prestan servicios para Cervecería y Maltería Quilmes- expresaron su solidaridad:

Todas acompañan «la lucha de los compañeros de Express Beer», respaldando el reclamo «en defensa de los puestos de trabajo y reafirmando la unidad de la familia camionera frente a este difícil momento ante la falta de pago de sueldos y aguinaldo que golpea a los trabajadores».

Pagan los salarios hasta la llegada de una nueva empresa

En medio de los reclamos y advertencias de medidas de fuerza, la dirigencia gremial mantuvo reuniones con los empresarios hasta que llegó el acuerdo. Moyano anunció que «Quilmes abonó los sueldos y el aguinaldo», y detalló que la totalidad del personal de Express Beer continuará cobrando sus salarios hasta que una nueva empresa garantice la continuidad laboral.

El dirigente sostuvo que «sin lugar a dudas es un avance importante ya que después del cierre de la empresa no teníamos nada» y agregó: «Los trabajadores están confiados en el gremio que nunca los dejó tirados y mucho menos en esta situación tan crítica que vive el país».

Se estima que a partir del lunes comenzarán las gestiones entre las partes, en tanto que fuentes gremiales indicaron a iProfesional que estarán atentos a una posible venta de Express Beer, al tiempo que solicitaron la intervención de la secretaría de Trabajo. «Más allá del compromiso de Quilmes, hay que darle una seguridad jurídica a los 220 empleados que vivieron semanas de incertidumbre», apuntaron.

A fines de junio, el Sindicato de Camioneros y las empresas Coca-Cola y Quilmes llegaron a un acuerdo que beneficia a unos 2.500 empleados nucleados en la rama Aguas y Gaseosas. La mejora consiste en un adicional por presentismo que no solo llega a los choferes, sino también a sus respectivos ayudantes de distribución, cubriendo tanto al personal contratado de manera directa por las firmas matrices como a las tripulaciones que prestan servicios bajo el paraguas de las empresas concesionarias y distribuidoras tercerizadas.

Esta semana ocurrió algo que Argentina no veía desde hace tiempo. La última vez que el Estado presentó formalmente un programa financiero fue en 2018, con Luis Caputo al frente del entonces Ministerio de Finanzas. Ocho años más tarde, el mismo funcionario, ahora como ministro de Economía, volvió a poner necesidades y fuentes sobre la mesa.

Más allá de los números, el hecho relevante es institucional: un programa financiero es, ante todo, un ejercicio de transparencia. El Tesoro explicita sus supuestos, se compromete con una secuencia y acepta ser auditado.

Ahora bien, un plan es un plan. La táctica puede ajustarse cuantas veces haga falta. Por eso, resulta relevante ver cuáles son sus supuestos (y qué tan ambiciosos son) para identificar cuáles podrían ser los márgenes de maniobra. Lo único innegociable para el Gobierno es el objetivo de fondo: cumplir con la deuda. Todo lo demás parece instrumentación.

El esquema ya es conocido a esta altura de la semana, así que conviene resumirlo. Frente a compromisos en moneda extranjera que superan los USD 30.000 millones entre mediados de 2026 y fines de 2027, el Tesoro plantea un escenario base sin emisiones en los mercados internacionales en ninguno de los dos años.

La apuesta pasa por el mercado local y por fuentes alternativas, como compras de divisas al BCRA por USD 6.700 millones este año, préstamos con garantía de organismos multilaterales por USD 4.000 millones, un nuevo Bonar 2029 con cupo inicial de USD 2.000 millones y privatizaciones por USD 800 millones.

Con necesidades por USD 19.200 millones (incluyendo los pagos de esta semana por USD 4.500 millones de Globales y Bonares) y fuentes por USD 22.900 millones, según Finanzas 2026 cerraría con un excedente de USD 3.700 millones que oficiaría de colchón para el año electoral.

El plan no quedó en la conferencia: a las 48 horas se oficializaron préstamos por USD 3.200 millones con BBVA, Santander y Deutsche Bank, respaldados por garantías del Banco Mundial y el BID. Una semana antes, el BCRA había renovado los repos con bancos internacionales por USD 6.000 millones, y despejó esos vencimientos hasta 2028.

Dicho esto, el diseño de 2027 descansa sobre supuestos que valen la pena mirar.

1. Contempla compras adicionales de reservas al BCRA por USD 4.900 millones en pleno año electoral, cuando la demanda de cobertura suele intensificarse.
2. Proyecta ingresos por privatizaciones por USD 1.500 millones.
3. Quizás lo más fino, el programa asume captar USD 5.000 millones en el mercado local, cifra que el secretario de Finanzas, Federico Furiase, presentó como un simple refinanciamiento total de los vencimientos de capital de Bonares (USD 4.900 millones). Pero si el sector público renueva sus propias tenencias mediante nuevos títulos, la cuenta cambia: la relación de refinanciamiento requerido se acerca a 1,4 veces los vencimientos de capital.

En términos simples, el plan supone colocar deuda neta en el mercado doméstico durante un año electoral, no apenas renovar lo que vence. Es posible, pero no es trivial.

El horizonte que ordena todo lo anterior es el “grado de inversión”, que Caputo ubicó hacia 2031 y que, según dijo, dos de las tres grandes calificadoras consideran alcanzable. Hoy Argentina está en B-, seis escalones por debajo del umbral de BBB-.

La experiencia regional ofrece referencias, pero ninguna muestra esta velocidad en el proceso:

• Perú perdió el grado inversor en 1999 y tardó nueve años en recuperarlo, recién en 2008, tras consolidar disciplina fiscal y crecimiento.
• Uruguay lo perdió en febrero de 2002, arrastrado por el contagio de la crisis argentina, y demoró diez años exactos: S&P se lo devolvió en abril de 2012.
• Colombia necesitó 12 años, entre 1999 y 2011.
• Chile, ya dentro del grado de inversión, escaló seis niveles a lo largo de dos décadas, desde BBB a comienzos de los noventa hasta su máximo histórico en 2012.

Contra esas referencias, la ambición oficial de lograrlo en dos mandatos presidenciales no tiene precedentes cercanos.

¿Y Wall Street? El Gobierno hizo énfasis en que el escenario base no contempla emisiones internacionales ni en 2026 ni en 2027: un mensaje de autonomía financiera dirigido tanto al mercado como a la política. Pero, como venimos destacando en estas columnas, la puerta no está cerrada, y el propio equipo económico se encargó de aclararlo. Si las condiciones lo justifican, la alternativa sigue disponible.

Hay buenos motivos para no descartarla. Con el riesgo país en la zona de los 400 puntos básicos, mínimos desde abril de 2018, el tramo largo de la curva de Globales ley Nueva York rinde en torno al 8,5% anual. Es una tasa todavía elevada, cierto. Pero es, a toda vista, la única vía para que el Tesoro logre extender significativamente los plazos de vencimiento y descomprimir el perfil de deuda de los próximos años, algo que el mercado local, por profundidad y por plazos, todavía no puede ofrecer.

El autor es Team Leader de Estrategia de PPI (Portfolio Manager Inversiones)