La fiscalía amplió la investigación contra la AFA, su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y las autoridades del organismo, al acusarlos de utilizar una red de empresas apócrifas con facturas truchas para desviar más de 300 millones de pesos entre 2023 y 2025.

Entre los ítems facturados hay obras que se encargan a una empresa hotelera y no a una constructora, trabajos de producción de contenidos digitales contratados a un grupo de changarines de Mar del Tuyú, que nunca supieron de ese contrato, y otros proveedores que cobraron dinero para aparecer como tales.

La ampliación de la investigación contra Tapia y la AFA corrió por cuenta del fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial, que impulsó esta nueva acusación ante el juez Diego Amarante, tras una denuncia de la ARCA. El fiscal pidió ampliar el requerimiento de instrucción tras detectar una maniobra sistemática de simulación de operaciones destinadas a generar “efectos fiscales indebidos”.

Según la denuncia presentada por ARCA, la AFA habría evadido el impuesto a las Salidas No Documentadas durante los períodos 2024 y 2025 por una suma de $289.336.519,66. Sin embargo, el análisis integral de las erogaciones realizadas entre enero de 2023 y marzo de 2025 revela una cifra mayor.

El requerimiento detalla que, sobre una base imponible de más de 916 millones de pesos, el monto total a favor del fisco asciende a $320.784.664,61, a lo que se deben sumar $341.890.220,76 en intereses resarcitorios y una multa de $125.792.579,86.

La fiscalía sostiene que la AFA utilizó un patrón de comportamiento caracterizado por la “ausencia de sustancia económica real” en las firmas usadas como proveedores, algunas de ellas ya registradas en las bases de datos de empresas sospechadas.

Tras fiscalizaciones y visitas presenciales de agentes de ARCA, las autoridades descubrieron algunas particularidades insólitas en los proveedores, como por ejemplo el uso de domicilios inexistentes o los pagos a personas de escasos recursos para aparecer como proveedores.

La denuncia -menciona el requerimiento- señala que la empresa Central Hotel SRL, facturó 9.600.000 pesos por “obras en el predio de Ezeiza” de la AFA. Pero lo llamativo es que la firma está inscripta exclusivamente en actividades de hotelería, lo que el fiscal calificó como “incompatible con lo facturado”.

Además, tras seguir la ruta del dinero, se descubrió que los cheques emitidos por la AFA para pagar esas supuestas obras se usaron para pagar operaciones de compra y venta de ganado, sin vínculo alguno con las supuestas obras.

Otra empresa, Capadoccia SRL, emitió facturas por 56.700.000 pesos por subcontratación de obras y materiales. Pero cuando los inspectores fiscales fueron a la firma, la socia que figuraba en los papeles, la señora Tessitore, “manifestó ante la ARCA desconocer a la empresa y a los demás miembros”.

Otra cotitular de las cuentas bancarias, la señora Medina, confesó que “percibió dinero a cambio de suscribir documentación vinculada a la proveedora”, al confirmar que la empresa era “fantasma” y que solo existía en los papeles.

La empresa declara domicilio fiscal en el Partido de San Martín, domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires y la socia Tessitore, en Mar del Tuyú, Partido de La Costa.

La señora Tessitore le dijo a los inspectores de ARCA que no conocía a la empresa y a los demás miembros que la conforman. Y la señora Medina, supuestamente de la empresa, contó que cobró dinero por firmar papeles vinculados a la proveedora, y además dijo no conocer a la señora Tessitore, su aparente socia.

Su domicilio legal coincide con la sede de la firma Ultrecht SRL., también incluida en la base de contribuyentes no confiables. Tiene además una facturación elevada que no tiene correlato en acreditaciones bancarias y no tiene bienes registrables, como vehículos o maquinaria.

Registra operaciones de compra y venta con ULTRECHT S.R.L. y PRUSSIAN BLUE S.R.L., ambas también investigadas. La firma Prussian Blue SRL le facturó a la AFA 19.171.491 pesos por realizar un “Plan estratégico, contenidos digitales nacionales e internacionales Etapa 1”, “Actualización de software ET. 1”, entre otros servicios.

Sin embargo, cuando los inspectores se presentaron en el domicilio de los socios en Mar del Tuyú, el padre de los supuestos empresarios reveló la verdad: sus hijos eran changarines que no tenían el más mínimo conocimiento técnico en diseño web, cartelería, marketing digital o programación.

Los inspectores hablaron con Mario Orlando Russo, quien les dijo que no conocía a la empresa y que sus hijos, Brandon Ariel y Hernán Ariel, supuestos socio y socio gerente de la inexistente firma proveedora, en realidad se dedican únicamente a realizar trabajos ocasionales o “changas” que les van saliendo. Ninguno sabe nada de computación, lo que demuestra “una carencia de capacidad operativa para realizar los servicios facturados”.

La fiscalía señaló que “las operaciones observadas constituyen maniobras instrumentales de simulación, destinadas a generar efectos fiscales indebidos» e indicó que las firmas “carecen de capacidad operativa, económica y financiera»;

“No realizaron las prestaciones facturadas, integran estructuras carentes de sustancia económica y que, por ende, las operaciones cuestionadas resultan inexistentes desde el punto de vista fáctico y económico», señaló la fiscalía.

Navas Rial señaló a Claudio Fabián Tapia, presidente de la AFA; Pablo Toviggino, tesorero, a Víctor Blanco Rodríguez, Cristian Ariel Malaspina y Gustavo Roberto Lorenzo. Indicó que detentaban la “capacidad de administración y toma de decisiones organizacionales” durante el período investigado que va entre 2023 y 2025.

El dictamen concluyó que existe mérito suficiente para impulsar la acción penal por el delito de evasión agravada mediante el uso de facturas ideológica o materialmente falsas. Y el fiscal pidió requerir al ARCA los legajos vinculados a los proveedores truchos, los cheques endosados, los documentos enviados a entidades financieras y todo aquel expediente que sea de interés.

Asimismo, pidió al juez que los bancos involucrados en la emisión de los cheques que respaldaron los pagos cuestionados envíen copias del registro de firmas y la documentación que avala a los apoderados.

La presentación de un proyecto de ley de intervención federal a la provincia de Formosa se ha convertido en causa de una dura polémica a partir de la denuncia del senador libertario y autor de la iniciativa, Francisco Paoltroni (Formosa), contra la vicepresidenta Victoria Villarruel por, supuestamente, ceder a las presiones del jefe de la bancada kirchnerista, José Mayans (Formosa), y del gobernador de la provincia norteña, el peronista Gildo Insfrán.

“Me llamó hoy temprano el secretario Parlamentario, Agustín Giustinian, para decirme que, por pedido de Victoria, me querían sacar el Salón Azul y mandarme al (edificio) Anexo con el evento que ya está confirmado con mail oficial y publicado en todas las páginas del senado”, se quejó Paoltroni en diálogo con .

Paoltroni impulsó poco menos de un mes atrás un proyecto de ley de intervención federal de Formosa. En pocas palabras, la iniciativa provocaría el desplazamiento del gobernador Insfrán, que lleva más de 30 años al frente de la provincia, y su reemplazo por un delegado del Poder Ejecutivo.

Ese texto iba a ser presentado esta tarde con un acto en el Salón Azul que prometía tener a Paoltroni como principal orador y en el que iban a participar “víctimas” de lo que el legislador libertario califica como “la dictadura de Insfrán” y la violación de derechos humanos en la provincia.

Sin embargo, en una escueta comunicación firmada por una funcionaria que depende de Giustinian, el acto se trasladó “por razones de agenda parlamentaria” al Salón Auditorio en el edificio Anexo.

Aunque no lo manifestó de manera directa, el legislador sospecha que el pedido de la vicepresidenta para que modifique la sede del evento y acepte trasladarlo a un salón en el edifico Anexo del Senado, lo que le quitaría vidriera al acto, está motivada por la presión del senador Mayans y del gobernador Insfrán.

Se basa en una nota presentada en la noche del lunes por Mayans y María Teresa González, los dos senadores kirchnerista de Formosa que responden al caudillo peronista, en la que le piden a Villarruel que rechace el proyecto e impida la concreción del acto convocado por Paoltroni.

“Resulta particularmente alarmante la convocatoria del senador (Paoltroni) para el próximo 19 de mayo en los salones del Congreso, con el fin de reunir testimonios que justifiquen su pedido de intervención. El Senado de la Nación, como órgano representativo de los estados provinciales, no puede permitir que manifestaciones de este tipo se produzcan en su seno, ni habilitar sus instalaciones para actividades que buscan socavar la arquitectura institucional de las provincias que lo integran”, sostiene la nota de los legisladores kirchneristas en uno de sus párrafos.

Como si esto fuera poco, y tras asegurar que la iniciativa consiste en “un ataque directo al federalismo, a la preexistencia de las provincias y a la Constitución Nacional”, los legisladores le piden a la vicepresidenta que, como presidenta del Senado, “arbitre los medios necesarios para preservar la dignidad de esta Cámara y garantizar que el Congreso de la Nación siga siendo el garante de la unión nacional y el respeto a las autonomías provinciales, rechazando cualquier intento de desvirtuar los principios republicanos que nos rigen”.

Paoltroni es un duro crítico de Insfrán y desde que llegó al Senado sostiene un permanente enfrentamiento con Mayans. Dos años después de haber asumido su banca y luego de varias advertencias, finalmente presentó su proyecto de ley de intervención federal.

En los considerandos de la iniciativa, Paoltroni explica su reclamo, una medida que se suele usar en casos de extrema crisis social, en el hecho de quecon la gestión de Insfrán se lleva a cabo “el quebrantamiento sistemático de los pilares esenciales del sistema republicano y democrático, el agotamiento de las vías judiciales para su restitución y una profunda crisis social que vulnera los derechos humanos más elementales de sus ciudadanos”.