POLITICA
En medio del Mundial, el FBI y fiscales federales de Estados Unidos empezaron a investigar los negocios de la AFA
Mientras Claudio “Chiqui” Tapia permanecía en la concentración de la Selección argentina en Miami, en las horas previas al partido de los octavos de final del Mundial frente a Cabo Verde y antes de cumplir con una de sus habituales cábalas —la foto con Lionel Messi antes de cada encuentro—, en una dependencia federal de esa misma ciudad se producía un movimiento que puede marcar un punto de inflexión en el escándalo por el manejo de los fondos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que involucran una cifra superior a los 300 millones de dólares.
Según pudo confirmar Infobae, agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos citaron a declarar al empresario Guillermo Tofoni, denunciante de la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA. La reunión —de acuerdo con lo que reconocieron fuentes con acceso al caso— fue presencial, se extendió durante algo más de dos horas y formó parte de una investigación preliminar más amplia que las autoridades federales llevan adelante para determinar si las operaciones realizadas por la entidad madre del fútbol argentino mediante bancos y sociedades radicadas en Estados Unidos pueden haber configurado delitos bajo jurisdicción norteamericana.
La existencia de este paso clave en la investigación sobre el destino de los fondos multimillonarios del fútbol argentino fue anticipada este martes por el diario La Nación. Infobae pudo confirmar esa información con fuentes vinculadas al caso y reconstruyó otros detalles de un caso que podría tener nuevos pasos de altísimo impacto. La relevancia de la noticia cobra un espesor singular porque se da mientras Tapia y la cúpula de la AFA permanecían en Estados Unidos acompañando a la delegación argentina durante el Mundial.
“¿Podría ser convocada alguna personalidad de la AFA?”, preguntó Infobae a una de las fuentes consultadas para esta nota. “Y… están todos acá”, respondió el interlocutor. Más allá de la especulación, Tapia está en los Estados Unidos, después de un permiso que el juez Diego Amarante le otorgó, debido a la prohibición de salida del país que se le impuso en la causa por presuntos desmanejos con los fondos tributarios y previsionales por más de 19.000 millones de pesos.
Quiénes encabezan la investigación en Estados Unidos
Lo cierto es que la investigación en los Estados Unidos está a cargo de tres fiscales federales con experiencia en delitos económicos y financieros. De acuerdo con la información difundida por La Nación y confirmada por Infobae, los responsables de desentrañar si existe un caso federal son Patrick Gushue y Christopher Ting, radicados en Washington DC, y Michael Berger, integrante de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida. Gushue integra la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia y dirige el Programa Piloto de Recompensas para Denunciantes Corporativos. Ting integra el Departamento de Justicia, tras desempeñarse en el estudio Latham & Watkins, con especialización en investigaciones financieras. Berger, por su parte, actuó como abogado litigante senior en causas complejas de lavado de activos.
Las medidas adoptadas hasta ahora no implican la existencia de imputaciones ni de una causa penal formal. Los investigadores se encuentran en una etapa preliminar destinada a reconstruir el circuito financiero de las operaciones internacionales de la AFA, identificar a los actores que intervinieron y establecer si existen elementos suficientes para avanzar hacia una investigación criminal bajo la legislación estadounidense.
El momento elegido para la citación resulta particularmente significativo. Mientras los investigadores federales comenzaban a tomar testimonios, Tapia seguía de cerca la participación de la Selección argentina en el Mundial junto a dirigentes y colaboradores de la AFA. De acuerdo con lo que pudo precisar Infobae, también permanecía en Estados Unidos Javier Faroni, empresario teatral y propietario de TourProdEnter LLC, la sociedad que administró durante los últimos años el cobro de contratos internacionales de la AFA.
La citación se dio, además, un día después de la declaración: la Selección que conduce Lionel Scaloni derrotó por 3 a 2 a Cabo Verde en tiempo suplementario y avanzó a la siguiente ronda del Mundial. Mientras el plantel celebraba la clasificación, la investigación sobre el manejo de cientos de millones de dólares vinculados al fútbol argentino daba un salto institucional de enorme relevancia.
El seminario en Miami y la respuesta pública de la AFA
La citación de Tofoni no fue un episodio aislado. Ocurrió apenas horas después de un hecho que hasta entonces había pasado relativamente inadvertido y que hoy adquiere otra dimensión.
El miércoles, en el Trump National Doral Miami —un lugar simbólico para la política estadounidense— el Interamerican Institute for Democracy organizó el seminario “Fútbol, corrupción y justicia”, dedicado exclusivamente al denominado AFAgate. Del encuentro participaron periodistas de investigación, especialistas en transparencia, dirigentes y denunciantes que expusieron sobre las operaciones financieras detectadas en Estados Unidos alrededor de TourProdEnter, la empresa que administró los ingresos internacionales de la AFA.
La conducción de la AFA decidió responder públicamente a esas acusaciones. Para ello envió al encuentro a Tomás N. Regalado, presentado como embajador de la entidad para Estados Unidos y América del Norte, y al abogado penalista Mariano Lizardo, que defiende al mandamás del fútbol, “Chiqui” Tapia.
Durante su exposición, Regalado sostuvo que las medidas de investigación “por sí solas no determinan responsabilidad ni culpabilidad” y reclamó que cualquier controversia sea resuelta por los tribunales competentes. Pero una de las frases que más llamó la atención fue la referencia al propio escenario donde se desarrollaba el debate.
“¿Por qué esta conversación tiene lugar acá, en este hotel?”, preguntó, en alusión al Trump National Doral Miami, propiedad de la organización empresarial del presidente Donald Trump. El representante de la AFA insistió en que el ámbito adecuado para discutir las denuncias era la Justicia argentina y no un foro académico o periodístico realizado en Estados Unidos.
Mariano Lizardo fue todavía más enfático. El abogado cuestionó duramente a los denunciantes y sostuvo que parte de la información utilizada en las investigaciones provenía de procedimientos judiciales que, según su interpretación, estaban siendo empleados con un alcance distinto del originalmente autorizado.
“Se ha traído a la ciudad de Miami lo que no se puede hacer en la República Argentina”, afirmó durante uno de los momentos más tensos del encuentro.
Visto en perspectiva, aquel seminario dejó de ser simplemente un intercambio académico. La participación de los representantes de la AFA terminó funcionando como la primera respuesta pública de la entidad en territorio estadounidense frente a un caso que, pocas horas después, demostraría haber ingresado en una nueva etapa con la intervención directa del Departamento de Justicia y el FBI.
La estructura financiera bajo la lupa: TourProdEnter y los bancos
La investigación que ya comenzó a desarrollar el Departamento de Justicia y el FBI tiene como punto de partida una estructura financiera que Infobae reveló en dos investigaciones publicadas entre enero y febrero de este año. Ambas reconstrucciones, elaboradas sobre documentación bancaria y societaria incorporada a expedientes judiciales en Estados Unidos, permitieron identificar el circuito utilizado para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA después de la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar.
En el centro de esa estructura aparece TourProdEnter LLC, la sociedad de Javier Faroni y Erica Gillette designada por decisión de Tapia como agente exclusivo para el cobro de los contratos internacionales de la AFA. El convenio firmado con la conducción de la entidad le otorgó a esa empresa el manejo de la facturación proveniente de patrocinadores, acuerdos comerciales, amistosos internacionales y distintos negocios vinculados a la marca de la Selección argentina, además de una comisión sobre esos ingresos y otra adicional por la logística de las operaciones.
Las primeras investigaciones de Infobae demostraron que la operatoria no se concentró en una sola cuenta bancaria. Por el contrario, los fondos circularon por una estructura distribuida en distintas entidades financieras estadounidenses. Inicialmente fueron identificadas cuentas en Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus. Meses después, una nueva investigación permitió establecer la existencia de una quinta entidad: PNC Bank, con sede en Pittsburgh.
Ese hallazgo modificó el mapa financiero del caso. La documentación obtenida mediante órdenes judiciales en Estados Unidos mostró que únicamente por esa cuenta circularon, en menos de un año, USD 13.554.200,64. Los ingresos provenían de compañías vinculadas a contratos internacionales de la AFA, entre ellas Star Rights Limited, Cotti Coffee International, Socios Technologies AG, Wise US, Sports Licensing, Global FC, Assist Card, Smartsoft y otras empresas relacionadas con patrocinadores radicados principalmente en Asia, Europa y Medio Oriente.
Los extractos bancarios exhibieron además un patrón repetido. Una parte de los fondos ingresaba directamente desde esas compañías, mientras otra provenía de transferencias internas entre distintas cuentas de la propia TourProdEnter. Esa mecánica generaba una red de movimientos cruzados que dificultaba reconstruir el origen primario de parte del dinero y permitía redistribuirlo rápidamente hacia múltiples destinatarios.
La característica más llamativa era la velocidad con la que los fondos abandonaban las cuentas. En numerosos casos, el dinero permanecía apenas entre 24 y 72 horas antes de ser transferido nuevamente. Los ingresos y los egresos prácticamente coincidían, lo que convirtió a esas cuentas en verdaderos canales de paso antes que en instrumentos de acumulación de fondos.
Las investigaciones de Infobae también identificaron pagos a empresas con actividad comercial verificable —especialmente logística internacional, aviación privada, transporte, combustible aeronáutico, consultoría y organización de eventos—, compatibles con parte de las operaciones que demanda una selección nacional con actividad permanente en el exterior.
Pero junto a esos gastos aparecieron transferencias millonarias hacia sociedades de escasa o nula actividad conocida.
Cinco de ellas concentraron especialmente la atención: Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer.
Según la documentación judicial obtenida por este medio, solamente desde la cuenta abierta en PNC Bank esas compañías recibieron USD 3.171.800. La cifra se suma a los montos que ya habían percibido desde las otras entidades financieras detectadas anteriormente.
Las investigaciones periodísticas permitieron comprobar además que varias de esas sociedades fueron posteriormente disueltas o dejaron de registrar actividad formal después de que el circuito financiero comenzara a ser expuesto públicamente.
Los registros societarios también mostraban otros elementos comunes: domicilios compartidos, agentes registrales repetidos, oficinas virtuales en Florida y titulares sin antecedentes empresariales compatibles con operaciones por millones de dólares.
Esa información fue incorporándose paulatinamente a expedientes abiertos tanto en Argentina como en Estados Unidos.
Qué busca el Departamento de Justicia y en qué etapa está el caso
En paralelo, Guillermo Tofoni promovía distintos reclamos judiciales derivados de la rescisión del contrato que mantenía con la AFA para la organización de partidos amistosos internacionales de la Selección argentina. Fue precisamente en ese contexto donde obtuvo, mediante procedimientos de discovery autorizados por tribunales estadounidenses, buena parte de la documentación bancaria que luego dio origen a las investigaciones periodísticas.
Hoy ese material dejó de ser solamente un elemento de un litigio comercial.
La citación presencial de Tofoni por parte del Departamento de Justicia demuestra que las autoridades federales estadounidenses comenzaron a reconstruir de manera directa el funcionamiento de esa arquitectura financiera.
El objetivo de los investigadores no parece limitarse a un contrato específico ni a una transferencia puntual. Las consultas apuntan a comprender cómo funcionó el esquema completo, cuál fue el recorrido del dinero dentro del sistema financiero estadounidense, qué sociedades intervinieron, cuáles fueron los beneficiarios finales de determinadas operaciones y si existieron conductas que puedan encuadrarse dentro de figuras penales previstas por la legislación norteamericana.
En esa etapa resulta habitual que los fiscales reúnan documentación bancaria, registros societarios y testimonios de personas con conocimiento directo de las operaciones antes de decidir si corresponde avanzar hacia una investigación criminal formal.
Ese es el punto en el que hoy se encuentra el caso.
La AFA mantiene su posición pública. Durante el foro realizado en el Trump National Doral Miami, sus representantes insistieron en que ninguna medida de investigación implica culpabilidad y defendieron la legalidad de las operaciones cuestionadas. También sostuvieron que las controversias deben resolverse en los tribunales competentes y rechazaron las conclusiones formuladas por denunciantes y periodistas de investigación.
Del otro lado, quienes impulsaron las denuncias sostienen que la dispersión bancaria, la utilización de múltiples sociedades en Florida, la fragmentación de las transferencias y el volumen de dinero administrado justifican una revisión exhaustiva por parte de las autoridades estadounidenses.
Mientras tanto, la Selección argentina continúa su camino en el Mundial.
Pero, fuera de la cancha, la historia tomó un rumbo distinto.
Por primera vez desde que comenzaron a conocerse las operaciones de TourProdEnter, el expediente dejó de estar explicado únicamente por investigaciones periodísticas, denuncias privadas y actuaciones judiciales en Argentina. La confirmación de que el Departamento de Justicia y el FBI comenzaron a tomar declaraciones marca un cambio de escala para uno de los casos más sensibles que enfrenta la conducción de la AFA desde el FIFA Gate.
El éxito deportivo de la Selección y la investigación sobre el manejo de sus negocios internacionales comenzaron a desarrollarse en paralelo. Mientras Messi y sus compañeros siguen persiguiendo otro título mundial, la estructura financiera que administró buena parte de los contratos comerciales de la AFA quedó bajo la mirada de las autoridades federales de Estados Unidos.
POLITICA
El gobernador de Córdoba rechazó los recortes en discapacidad del Presupuesto 2027: “No vamos a acompañar”
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, cuestionó este domingo los recortes en los fondos para discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 del oficialismo y anticipó que su provincia no los va a acompañar en el Congreso.
“Para nosotros, en Córdoba, los fondos y las políticas de discapacidad no son negociables. No vamos a acompañar ningún recorte del Presupuesto Nacional que afecte estos derechos”, sentenció en su cuenta de X.
En el mismo mensaje, Llaryora sostuvo que en su provincia el área “es una prioridad” y que “no es beneficencia ni caridad”. Agregó que las prestaciones, los traslados y las terapias “no pueden depender de la condición social ni del rincón de la provincia en el que nos tocó nacer”.
Llaryora también se dirigió a sus legisladores en ambas cámaras y al Congreso en general que no permitan la aprobación de lo que las personas afectadas viven como “un acto de crueldad”. El gobernador también advirtió que el esfuerzo que hace la provincia junto a casi 350 organizaciones y a los gobiernos locales “no alcanza si el Estado nacional continúa retirándose de sus responsabilidades”. Y sumó: “Esa retirada nos pone a las puertas de un colapso prestacional”.
“Las necesidades de las personas no desaparecen, y sus derechos tampoco. Detrás de cada política de discapacidad hay personas, familias y realidades que necesitan acompañamiento. Por eso, las medidas integrales y el compromiso del Estado con las personas con discapacidad son indispensables”, finalizó el mandatario.
El posicionamiento de Llaryora llega luego de que el Ejecutivo enviara al Congreso una Ley de Presupuesto que contemplaba en uno de sus apartados una modificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada por la oposición el año pasado.
POLITICA
Escepticismo en las Fuerzas Armadas por el proyecto de Milei que nació por las tensiones en Malvinas
Un diagnóstico aparentemente correcto y seductor, con herramientas y recursos insuficientes. Así definen sectores castrenses el proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional que el gobierno de Javier Milei envió al Congreso, que a partir de las tensiones con el Reino Unido por Malvinas crea el Consejo de Seguridad Nacional y dispone que las Fuerzas Armadas deben estar preparadas para participar en “operaciones militares convencionales y no convencionales”.
La evaluación entre los militares se completa con el análisis de otro proyecto sensible remitido a la Cámara de Diputados; el presupuesto 2027, que aumenta los recursos asignados al área de Defensa en un 20%, un porcentaje inferior a la inflación anual que la propia administración libertaria y consultores privados estiman en un 30 por ciento.
Sigue muy lejos la prometida equiparación salarial con las fuerzas de seguridad, el presupuesto militar decrece en términos reales y se mantiene la crisis de la obra social de las Fuerzas Armadas, con una deuda de $160.000 millones. El proyecto enviado al Congreso llega, así, en “un contexto de marcado desinterés y fuerte preocupación”, dijo a un oficial en actividad.
“En algunas provincias, muchos suboficiales y oficiales subalternos están más preocupados en saber cuándo la Policía local abre la inscripción para incorporar efectivos que en otra cosa”, explicó con preocupación un militar, como reflejo del descontento por los bajos salarios.
Experiencias recientes, como la Operación Roca −el despliegue militar en la frontera norte para tareas de control, vigilancia y apoyo contra el delito complejo− y los intentos por involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico no encontraron un fuerte entusiasmo en las filas militares.
El germen del nuevo proyecto es el decreto 1112/24, dictado en la gestión ministerial de Luis Petri. Como no había fuerza política en el Congreso, se extendió por decreto la banda de actores considerados amenaza externa. “De la interpretación restrictiva que hacía el decreto 727/2006, de Nilda Garré, pasamos a una interpretación amplia: amenaza externa es todo lo que afecte la integridad territorial del país, mientras opere en el exterior”, explicó Juan Battaleme, quien acompañó a Petri como secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa.
“El proyecto no otorga a las Fuerzas Armadas los medios, ni el presupuesto para defender las fronteras. Crea un aparato burocrático centralizado en la Casa Rosada, otorga atribuciones a los servicios de inteligencia y posterga indefinidamente la presencia real de la Argentina en el Atlántico Sur”, advirtió a el teniente general retirado Juan Martín Paleo, referente del Instituto de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional, junto al abogado Carlos Lionel Traboulsi.
Más allá de las deudas y la coyuntura presupuestaria, hay consenso entre los uniformados en que todo el encuadramiento legal vigente en materia militar fue pensado para los tiempos de la guerra fría, con conceptos como agresiones del orden externo e interno. “El nuevo escenario mundial obliga a buscar consensos y requiere un trabajo de Estado”, estimó un general del Ejército retirado, que ya inmersos en la tercera década del siglo XXI sugiere “despojarse de ataduras ideológicas”.
Desde una perspectiva profesional, algunas fuentes militares entienden que es positivo que “el Estado vuelva a discutir qué defensa necesita la Argentina” y que se procure articular capacidades que hoy aparecen muy fragmentadas.
Muchos, incluso, comparten la mirada integral del proyecto, que crea el Consejo de Seguridad Nacional con participación de las áreas de Defensa, Relaciones Exteriores, Economía e Inteligencia. Pero estiman difícil que funcione en la práctica. “Las culturas imperantes son muy fuertes y contrarias a esta sinergia que en un país serio sería norma”, precisó un oficial retirado.
Amenazas y misiones
Frente al debate parlamentario de la ley que diseña el nuevo escenario para el instrumento militar, voces castrenses advierten que “una cosa es ampliar el concepto de amenazas y otra muy distinta es ampliar las misiones de las Fuerzas Armadas”.
“Que las Fuerzas Armadas estén preparadas para operaciones no convencionales no significa que deban convertirse en una fuerza de seguridad, ni asumir indistintamente funciones que corresponden a otros instrumentos del Estado”, señala un experimentado general, ante una consulta de .
La impresión de fuentes familiarizadas con la seguridad y la defensa, según pudo evaluar , es que el proyecto del gobierno de Milei es extremadamente largo y muy amplio. “Es una ley ómnibus, porque mezcla temas que son de diferentes niveles y aspectos muy distintos”, dijo un exfuncionario experto en temas de seguridad. Advirtió que la iniciativa “amplía las misiones y funciones de las Fuerzas Armadas y “vuelve a instalar la posibilidad de que los militares desarrollen actividades de inteligencia en el marco interno”, cuando la Argentina en democracia había cancelado ese debate.
El exjefe militar Paleo añadió otro punto de controversia. “Me preocupa la falta de mención a la problemática de la milla 350”, lamentó Paleo. Explicó que el país extendió los límites exteriores de su plataforma continental hasta la milla 350, con el aval de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Pero el proyecto de Milei limita la actuación del Comando Conjunto Marítimo a la Zona Económica Exclusiva, marcada por la milla 200. “Deja en una laguna jurídica la capacidad de detener y sancionar la depredación de los recursos del lecho y subsuelo marino”, advirtió.
En términos políticos, Sabina Frederic, exministra de Seguridad y excolaboradora de Nilda Garré en el Ministerio de Defensa, expresó que la iniciativa “está lanzada para generar discusiones” sobre tareas, misiones y objetivos, en momentos en que las Fuerzas Armadas tienen el presupuesto más bajo de la región. Y cerró: “Con la excusa de Malvinas, el Gobierno hizo un proyecto con muchas trampas que nada tiene que ver con la causa”.
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POLITICA
Nuevos crujidos con Bullrich por la reforma electoral y las teorías sobre los dardos de un gobernador cercano
Los ánimos empiezan a recalentarse en el Gobierno a medida que se aproxima el debate en el recinto del Senado de la deseada reforma electoral. El proyecto, troncal para Karina Milei, que el oficialismo considera vital para su supervivencia el año que viene, sigue complicado. Y si bien en la Casa Rosada prefieren mostrarse optimistas, aparecen alarmas en la mesa política nacional y cuestionamientos de algunos jefes provinciales que enturbian los planes del oficialismo.
Las repetidas advertencias de Patricia Bullrich se sienten como dagas en el orgullo de los máximos referentes políticos del Gobierno, en especial de Karina Milei. Mientras la jefa de los senadores violetas señala, una y otra vez, desde hace semanas, que los votos no están para eliminar las PASO, en la Casa Rosada ya responden, algo cansados de la falta de fe, que el tema, directamente, no le corresponde. Al menos en lo que concierne a la búsqueda de adhesiones.
“Esto es algo mucho más importante que los otros proyectos de ley, como puede ser Inocencia Fiscal o la reforma del BCRA”, dijo un importante funcionario, que señaló que los encargados de reunir los consensos para lograrlo son, exclusivamente, “de los Menem, Santilli y la propia hermana del Presidente”. La relevancia para el Gobierno es tal que Karina Milei se involucrará cada vez más para conseguir los votos en la Cámara alta. Y eso, creen, debería ser garantía para que salga. Mientras, en el campamento de Santiago Caputo tienen menos esperanzas: creen que la estrategia menemista para sacarla, que incluye amenazas con disputarle poder local a los caciques del interior, está errada.
Puertas afuera, los libertarios se muestran optimistas, y multiplican los gestos, reuniones de por medio, a los gobernadores. De allí el anunciado rally de encuentros “con siete gobernadores en 24 horas” que difundieron ayer el equipo de la Presidencia y de Santilli. Con tal apuro que se filtró un error de agenda y se confirmo la presencia de un gobernador que, en rigor, no podía asistir en la fecha indicada. Al final, el chaqueño Leandro Zdero irá a la Casa Rosada la semana que viene, porque hoy por la tarde tenía un compromiso previo vinculado análisis de El Niño en la zona.
El escozor en la previa inmediata del debate, que anteayer arrancó en comisión en el Senado, supera las fronteras del oficialismo y llega hasta la relación con los propios jefes provinciales a los que el Gobierno quieren convencer. Ayer Gustavo Sáenz estuvo en la Casa Rosada, sentado a la mesa de Santilli junto a sus pares de Catamarca, Corrientes y Tucumán. Y por la noche, apenas unas horas después, no tuvo reparos en salir a denunciar al Gobierno por, deslizó, su deslealtad. Lo dijo en una entrevista con El Noticiero de A24, después de dejar Balcarce 50 con una serie de promesas que, deslizó, no cree que vayan a cumplirse.
En la sede del Gobierno estallaron, aunque no se sorprendieron. “Hizo lo de siempre”, dijo un importante asesor. ¿El motivo? “Subirse el precio”, agregó, sin más. Un funcionario añadió una lectura vinculada a las necesidades domésticas de Sáenz: “Lo que pasa es que no puede pintarse de violeta, sino la votan a la Orozco”, analizaron en Balcarce 50 sobre la expresa diferenciación del mandatario salteño. La referencia alude a María Emilia Orozco, principal referente libertaria en Salta, que mantiene buena relación con Las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo pero responde principalmente a Alfredo Olmedo y cultiva cada vez más adhesiones en el territorio.
Las alarmas se disparan a medida que se acerca la fecha del debate en el recinto, que aún no se fijó pero no pasaría de octubre. Lo que está firme es lo de comisión: la Comisión de Asuntos Constitucionales retomó el tratamiento el martes, en una reunión que terminó sin acuerdo y pasó a un nuevo cuarto intermedio, con la intención de retomar la discusión la semana próxima o la siguiente.
Todavía no hay dictamen porque los senadores aliados del PRO, la UCR y el peronismo disidente bloquearon la firma, así que el paso al recinto sigue condicionado.
En el oficialismo insisten en que todavía hay margen para destrabar la negociación, pero reconocen que el capital político puesto en juego es alto: una derrota en un proyecto que el propio Gobierno calificó como prioritario dejaría expuesta la fragilidad de los consensos que Karina Milei, los Menem y Santilli intentan sostener con los gobernadores. Además de que le dejarían la posibilidad al fragmentado peronismo de ordenar institucionalmente su interna.
“Y, los votos no están”, repitieron muy cerca de Bullrich, en referencia a lo que la senadora le transmitió a la cúpula nacional en la reunión de mesa política del lunes. La frase, mencionada dentro y fuera del oficialismo, resume el problema con el que el Gobierno se acerca al debate de la ley que más le interesa aprobar.
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