La Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires (AABA) alertó que existe un riesgo concreto para la libertad de expresión en la Argentina a partir de las reiteradas agresiones del presidente Javier Milei contra periodistas. Habló de un “hostigamiento” que puede generar autocensura y generar un mecanismo de intimidación directo para los comunicadores.

El organismo, que preside Juan Pablo Zanetta, manifestó su profunda preocupación por la actitud reciente del jefe del Estado hacia periodistas como María Eugenia Duffard, Jésica Bossi y Fernán Saguier, director periodístico del diario .

“El peligro real es que el miedo a convertirse en el próximo blanco termine por condicionar las preguntas, las investigaciones y las opiniones”, afirmaron los abogados por medio de un documento difundido en las últimas horas.

A su vez, sumaron una reflexión contundente sobre esta amenaza institucional: “La autocensura no requiere de una orden explícita, sino que se instala sola cuando el precio de informar pasa a ser la exposición al hostigamiento”.

Para los letrados, el debate público avala por completo cuestionar a la prensa o criticar una investigación. Sin embargo, fijaron un límite claro: “Una cosa es la confrontación de ideas y otra, muy distinta, es recurrir al insulto personal y exponer públicamente a quienes ejercen la tarea de informar”.

El reclamo se centra específicamente en la investidura de quien profiere las descalificaciones. “El uso del insulto y la injuria adquiere su mayor gravedad cuando quien los emite es el Presidente de la Nación. La enorme asimetría de poder amplifica el alcance del agravio y exige a la máxima investidura actuar con especial mesura”, puntualizaron.

La declaración sustentó su postura con fallos históricos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal protege el debate apasionado, pero rechaza la violencia verbal. “La libertad para criticar no es una ‘patente de corso’ para vulnerar la dignidad de las personas, no hay un ‘derecho al insulto’ ni a la humillación gratuita”, recordaron de manera taxativa.

De esta forma, precisaron los márgenes constitucionales vigentes ante las discusiones públicas. “La tutela constitucional se extingue cuando la confrontación de ideas es sustituida por el empleo de epítetos denigrantes, injuriantes o locuciones ajenas al interés público”.

Auditar al poder

El texto hizo un especial hincapié en cuidar la tarea informativa diaria. “El periodismo de investigación es un pilar insustituible para la salud institucional de la República. Su función esencial no es complacer al gobierno de turno, sino auditar el uso de las atribuciones”, enfatiza.

Sobre el cierre de la declaración, la AABA defendió la transparencia de los actos de gobierno: “Sin investigación independiente, la transparencia se debilita y la rendición de cuentas desaparece. La democracia requiere de una prensa libre, capaz de incomodar al poder”.

Finalmente, repudiaron la descalificación personal en reemplazo del debate. “Ninguna autoridad del Estado se halla exenta del deber primario de respetar las libertades fundamentales que sostienen el Estado de Derecho”, concluyó la institución.

El Gobierno necesita nuevos “héroes” en el Congreso. Sus próximos pasos dependen de la eliminación o suspensión de las primarias y de la aprobación del proyecto de Presupuesto 2027. Por eso se ilusiona con la foto de Javier Milei y 13 gobernadores en París. Sin embargo, detrás de esa imagen asoma una urgencia mayor: alcanzar los apoyos necesarios para desactivar la sesión convocada para el 15 de octubre por la oposición con el objetivo de rechazar el DNU 70/23, tras el fallo de la Corte Suprema que restableció la derogación de la Ley de Tierras y, con ella, eliminó cualquier límite a la venta a extranjeros.

Si los bloques críticos, con el peronismo a la cabeza, logran reunir los 129 diputados necesarios para habilitar el debate en el recinto —un escenario todavía hoy lejano—, lo que sigue es una sesión de altísimo riesgo para los libertarios, que se define en una sola mano. El Senado ya rechazó el megadecreto en 2024 y la oposición en Diputados vio en la resolución de la Corte una oportunidad inédita para avanzar contra una de las principales banderas del mileísmo.

El conteo arroja hoy números ajustados para ambos lados. Por estas horas, la oposición tendría asegurados alrededor de 120 votos: todo el bloque de Unión por la Patria (UP), más de la mitad de Provincias Unidas —aunque todavía está en veremos qué hará su jefa de bancada, Gisela Scaglia—, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y la izquierda.

A ellos, según pudo confirmar , se sumarían los tres legisladores de Elijo Catamarca, pese a la bajada de Raúl Jalil de no acompañar. El gobernador peronista fue de la partida en París y hace gala de su buena sintonía con la Casa Rosada, al punto que se mostró en una foto con el ministro de Economía, Luis Caputo. Pero su incidencia sobre esos diputados es relativa desde que definió que no irá por la reelección.

El bloque de Argentina Federal, comandado por el exgobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad, juega un papel importante. Cuenta con nueve diputados, cuatro de ellos misioneros, que en las últimas horas confirmaron que bajarán al recinto. Passaclaqua viene dando señales de distanciamiento con los libertarios: no aceptó la invitación al Argentina Week y habría dado la orden de ir en contra del DNU.

“​Con más del 90% de frontera internacional, una biodiversidad única en el país y una matriz económica que pone al pequeño productor en el centro, no podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido. Cuidar la tierra misionera es un deber irrenunciable con nuestra soberanía y con nuestra gente», reclamó el gobernador a través de un posteo de X en el que confirmó que su provincia iniciará “las acciones judiciales pertinentes” para limitar la venta de tierras a extranjeros.

Distinto es el caso de los tres salteños que responden a Gustavo Sáenz, otro de los aliados de la administración libertaria. Prima el hermetismo sobre si se sentarán o no en sus bancas el 15 de octubre. Tampoco es claro cómo obrarán los otros dos legisladores del bloque, Claudio Álvarez (San Luis) y Gerardo González (Formosa). Quienes conocen sus pasos aseguran que podrían decidirlo el mismo día.

Con la misma reserva se mantienen los tres tucumanos de Independencia, que miden sus movimientos en función de Osvaldo Jaldo. El mandatario del PJ no participó del encuentro en París, si bien exhibe un diálogo fluido con el oficialismo. En un escenario de 127 votos, como el que podría configurarse con el respaldo de los catamarqueños y misioneros, sus tres diputados pasarían a definir el destino de la sesión.

Los seis cordobeses de Provincias Unidas aparecen también en el radar de quienes buscan sumar voluntades. Desde el bloque dejaron entrever que aún no hay una decisión tomada, aunque sí expresaron su rechazo a la derogación de la Ley de Tierras. En ese contexto, exigieron un rápido accionar por parte del Gobierno.

“Si son inteligentes, tienen que hacer una medida”, señaló un diputado circunstancialmente aliado, que esta vez baraja dar quórum si el oficialismo no presenta una contrapropuesta. “En los pasillos se sabe que están trabajando en algo”, matizó.

En efecto, una de las variantes que exploran los libertarios para desactivar la embestida es incorporar un capítulo que delimite los alcances de la venta de tierras a extranjeros en el reciente proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que cuenta con media sanción del Senado y todavía debe pasar por la Cámara baja.

Otra de las alternativas que circulan es incluirlo en el proyecto de “Defensa de la Soberanía Nacional” sobre Malvinas. En el oficialismo la descartaron de plano. “¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?”, alegaron, para evitar que la venta de tierras vuelva a quedar atravesada por la discusión sobre soberanía.

Por caso, la propuesta del Gobierno para enmendar el fallo de la Corte y el toma y daca con los gobernadores serán determinantes. En ese intercambio sobrevuelan los reclamos por obra pública y mayores Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un reparto que en lo que va del año benefició a provincias como Misiones, Chubut, Salta, Corrientes, Jujuy y Catamarca, según pudo saber .

El megadecreto de 2023 funcionó como una suerte de antecedente de la Ley Bases y de marco desregulatorio para reformas posteriores. Pero si la Cámara baja consiguiera voltearlo —con la mitad más uno de los presentes—, el impacto sería bien tangible: una marcha atrás en la ley de alquileres, las privatizaciones de empresas públicas y la desregulación del sistema de obras sociales y medicina prepaga. Por mencionar solo algunas de las disposiciones incluidas en el texto de 366 artículos que volverían a foja cero. Lo que está en juego es su supervivencia.

El Gobierno ya dio muestras de que no está dispuesto a perderlo, mucho menos por un solo artículo. Aun cuando comulgue con la resolución de la Justicia, el timing no pudo ser peor, asumen fuentes oficiales. Llega después del golpe político que representó la caída de los artículos sobre extranjerización de tierras y la modificación de la Ley de Manejo del Fuego del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” en el Senado.

La derrota implicó un mea culpa del oficialismo sobre su estrategia comunicacional, en momentos en que el episodio de la bandera de Malvinas agitado por la selección argentina durante el mundial de fútbol reavivó un profundo sentimiento nacionalista y el reclamo colectivo por las islas, transversal en la sociedad.

El fallo toca de lleno la discusión por la soberanía justo cuando comenzó a debatirse en el Congreso el proyecto oficialista sobre Malvinas.

Frente a este escenario, el margen de error es acotado. De ahí que la prioridad inmediata del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sea trabajar en algunas concesiones a sus aliados. El primero habla con los gobernadores; el segundo espera directivas.

Cerca del riojano repiten que la pulseada “la van a definir los gobernadores”. La foto de los caciques provinciales junto a la comitiva gubernamental en el Palacio del Elíseo los tranquiliza. Entonces aclaran con una confianza exacerbada que la oposición no va a alcanzar el quorum para voltear el DNU.

“No es lo mismo una sesión para dar el emplazamiento de un proyecto a las comisiones que una en la que se juegan sus chances de negociar”, advierten.

Las conversaciones se concentran en cuatro gobernadores: Gustavo Saénz (Salta), Raul Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Aunque tampoco es indiferente el accionar de Córdoba. Las terminales de Martín LLaryora en el Congreso tienen peso propio y pueden definir algunas votaciones. Llaryora envió a su vice a París en la comitiva oficial.

Discapacidad y morosidad

No obstante, hay dos temas que preocupan especialmente a las provincias: las partidas destinadas a discapacidad y la creciente morosidad. Ambos fueron incluidos estratégicamente por la oposición en el temario de la sesión del 15 de octubre, la misma fecha en la que buscarán capitalizar la foto política de la marcha universitaria que se realizará frente al Congreso.

En lo que refiere a discapacidad, LLA corre el riesgo de que la oposición apruebe la prórroga de la emergencia en lugar de su proyecto.

Si bien ambas iniciativas comparten varios lineamientos, después de haber tenido que recular sobre lo consignado en el Presupuesto 2027, el Gobierno todavía debe atender algunas consideraciones de peso planteadas por Argentina Federal. Entre ellas, la inclusión en el dictamen de las partidas necesarias para garantizar el financiamiento y su actualización trimestral, así como la explicitación del mecanismo de actualización de las prestaciones, que los aliados reclaman que sea mensual y por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Ceder ante esos planteos podría convertirse en una carta de negociación del oficialismo para restarle apoyos a la sesión.

En materia de morosidad, los libertarios tienen menos margen de acción porque ya anticiparon que no incluirán en su proyecto ningún plan de refinanciamiento ni límites a las tasas, una posición que podría dejar a los bloques críticos en mejores condiciones para imponer su iniciativa en el recinto.