El Gobierno decidió volver a apostar por la versión de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que había aprobado Diputados en agosto. Después de haber evaluado aceptar las modificaciones realizadas por el Senado para evitar nuevas demoras, la Casa Rosada considera ahora que puede conseguir los votos necesarios para insistir con el texto original.

El punto que concentra la disputa es el mecanismo para remover al presidente, vicepresidente y directores del BCRA. La iniciativa que había aprobado la Cámara baja establecía que la decisión debía contar con el respaldo de dos tercios de los legisladores presentes en ambas cámaras del Congreso. El Senado, en cambio, modificó ese artículo y dejó la facultad exclusivamente en manos de la Cámara alta, con una mayoría absoluta de sus miembros.

La diferencia no es menor para el oficialismo. Para aceptar la redacción del Senado alcanza con una mayoría simple en Diputados, pero para recuperar el texto aprobado en agosto deberá reunir dos tercios de los presentes. Esa exigencia convierte la negociación con los bloques aliados en el principal desafío de la Casa Rosada.

Un cambio en los cálculos del oficialismo

En Balcarce 50 reconocen, en diálogo con TN, que la posición actual no era la que predominaba semanas atrás. A fines de septiembre, el Gobierno analizaba con mayor fuerza aceptar los cambios del Senado porque veía dificultades para alcanzar la mayoría agravada.

Ahora, según transmiten fuentes del Ejecutivo, el escenario de votos habría cambiado. La apuesta es conseguir los respaldos necesarios para insistir con el proyecto que salió originalmente de Diputados.

La modificación realizada por el Senado había conseguido una mayoría particularmente amplia: 66 votos a favor y apenas dos en contra. Incluso sectores del peronismo que habían rechazado el proyecto en general acompañaron ese artículo, lo que anticipa la dificultad de modificar nuevamente el texto.

El oficialismo deberá, por lo tanto, ampliar los acuerdos que consiguió durante el primer tratamiento de la reforma. La negociación no pasa solamente por obtener apoyo a los objetivos generales del proyecto, sino por convencer a los legisladores de acompañar específicamente el mecanismo de remoción de las autoridades monetarias.

Milei busca blindar la conducción del Banco Central

Detrás de la discusión parlamentaria aparece una preocupación central para Javier Milei: establecer mayores dificultades para que un futuro gobierno pueda desplazar rápidamente a las autoridades del Banco Central y modificar la orientación de la entidad.

La Casa Rosada considera que la estabilidad del directorio es un componente importante de la reforma que impulsa. El objetivo es establecer un procedimiento más exigente para la remoción y darle mayor previsibilidad institucional a la conducción del organismo.

La discusión también está vinculada con el futuro de Santiago Bausili. El Gobierno pretende avanzar posteriormente con el pliego del actual titular del BCRA para conseguir el acuerdo del Senado y completar el esquema institucional que busca implementar.

El calendario parlamentario complica los planes

El oficialismo pretende llevar nuevamente la reforma al recinto durante noviembre, aunque todavía no existe una fecha definida. La agenda legislativa de las próximas semanas aparece cargada y podría dificultar el tratamiento.

Entre los factores que complican el cronograma están los viajes de legisladores a Estados Unidos por las elecciones y la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

A esto se suma la discusión del Presupuesto 2027, cuyo tratamiento el Gobierno proyecta para la semana del 21 de noviembre. Una de las alternativas que analiza la Casa Rosada es incluir allí la reforma del Banco Central si logra reunir previamente los acuerdos necesarios.

También existe la posibilidad de convocar antes al recinto para tratar otras iniciativas, entre ellas un proyecto relacionado con los biocombustibles. En paralelo, el Ejecutivo no descarta extender las sesiones ordinarias durante diciembre para avanzar con los proyectos que queden pendientes.

El retraso en el tratamiento del Presupuesto también modificó el esquema inicial del Gobierno. La intención era avanzar durante la primera semana de noviembre, pero las negociaciones por la Ley de Discapacidad, el financiamiento universitario y los recursos para las provincias desplazaron parte de la agenda.

Qué cambia con la reforma del Banco Central

Más allá de la disputa por la designación y remoción de sus autoridades, el proyecto plantea modificaciones profundas en el funcionamiento del BCRA. Entre sus principales objetivos figura establecer como prioridad la preservación del valor de la moneda y limitar la posibilidad de que el organismo financie al sector público.

La iniciativa elimina los adelantos transitorios al Tesoro, restringe la compra directa de títulos públicos y modifica el esquema de distribución de las utilidades del Banco Central. También introduce cambios vinculados con la administración de las reservas internacionales y el uso de determinados activos como garantía para operaciones financieras.

La definición sobre el artículo referido a las autoridades será, sin embargo, uno de los puntos más sensibles del próximo debate. El Gobierno deberá decidir si logra construir una mayoría de dos tercios para recuperar su propuesta original o si finalmente acepta la versión aprobada por el Senado para evitar que la reforma vuelva a quedar trabada.

La entrada Reforma del BCRA: el Gobierno buscará en Diputados recuperar el control sobre la remoción de sus autoridades se publicó primero en Nexofin.

Banco Central,Javier Milei,Reforma del BCRA,Santiago Bausili

“Veremos qué deciden los votantes de espacios pequeños y los que no fueron a votar. En esos dos segmentos está el resultado final de la segunda vuelta”, planteó ante Infobae una fuente del oficialismo que sigue de cerca el balotaje en Brasil. El propio presidente Javier Milei también monitorea desde la quinta de Olivos, con expectativa, el desarrollo de los comicios y la posibilidad de un triunfo del derechista Flávio Bolsonaro sobre su par Luiz Inácio Lula da Silva

A principios de octubre, el candidato del Partido Liberal (PL) obtuvo el 47,03% de los votos, frente al 45,16% del actual jefe de Estado, quien busca un cuarto mandato no consecutivo. En esa instancia, la abstención alcanzó el 21,08%: 33.441.825 electores no acudieron a las urnas sobre un padrón de más de 158 millones de personas, según los datos del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Si bien la leve ventaja del mayor de los hijos de Jair Bolsonaro ilusionó al libertario, que no esconde su preferencia electoral, en Casa Rosada aseguran que la diferencia se habría acotado en las últimas semanas. Las últimas encuestas reflejaron el reñido resultado entre los candidatos.

Desde el entorno presidencial revelaron ante este medio que Milei no se comunicó con Flávio Bolsonaro, aunque no descartan que pueda hacerlo una vez oficializados los resultados.

En el oficialismo aseguran que un triunfo del líder del Partido Liberal (PL) obligaría a una reconfiguración del escenario regional y tendría un impacto directo en la relación de Estados Unidos con América Latina, en particular con la administración de Donald Trump.

Por un lado, están quienes, como Milei, consideran que ambos liderazgos pueden coexistir y vaticinan una alianza dialéctica entre los referentes. “No lo vemos como un antagónico, sino como un complementario”, explicaron ante este medio. Por el otro, los más pesimistas aseguran que el peso específico de Brasil convertiría a Flávio Bolsonaro en el principal interlocutor de Trump en el continente.

Sin embargo, el mandatario rechaza esta última postura y ha negado en más de una oportunidad que una victoria del senador pueda perjudicar a su Gobierno. “Evidentemente no hace costos”, cuestionan quienes vaticinan una competencia por “ver quién es el mejor alumno de Trump”.

Aunque Milei evitó pronunciarse en redes durante las primeras horas del domingo, el sábado había reiterado sus acusaciones contra el presidente brasileño y líder del Partido de los Trabajadores, a quien calificó de “corrupto ladrón”. Horas antes, lo había llamado “ladrón y mentiroso” en respuesta a sus declaraciones sobre la pobreza y el supuesto consumo de carne de burro en la Argentina.

En algunos despachos de Balcarce 50 aseguran que el líder del PT utiliza la figura del libertario para polarizar y contraponer ambos modelos. Lejos de contribuir a la estrategia petista, Milei contrarresta los argumentos del oficialismo brasileño y traza paralelismos con la campaña que desplegó Sergio Massa en el balotaje de 2023.

En otras oficinas libertarias destacan la determinación de Milei de llevar la disputa con Lula da Silva hasta el final y respaldar a Bolsonaro. Esa postura derivó en la degradación del vínculo bilateral, que quedó a cargo de un encargado de negocios. “Milei fue a Brasil, se peleó con Lula, retiró al embajador y demostró estar dispuesto a poner el cuerpo por Flávio como no lo hizo ningún otro político”, destacó un funcionario.

En vísperas de los primeros resultados electorales, el libertario sostiene que el cambio ideológico en Brasil completaría el mapa de derecha en la región y daría lugar a la “ola azul”, color con el que se identifica a la derecha, lo que impactaría directamente en los bloques regionales.

“Este domingo tenemos otra cita clave en Brasil, donde si las fuerzas del cielo acompañan a Flávio Bolsonaro, vamos a dar un paso más en la construcción de esta internacional de derecha, que le plantea cara al comunismo en todo el mundo. El continente americano tiene todo lo necesario para redimir a un Occidente extraviado y junto a los Estados Unidos en el norte, la Argentina puede ser su faro austral”, expresó el Presidente durante la Gala Anual de la Fundación Faro.

Domestic Politics,International Relations,Diplomacy / Foreign Policy,South America / Central America,Government / Politics

La posibilidad de que la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires (CABA) realicen sus elecciones locales el mismo día que las presidenciales de 2027 encendió las alarmas en la Justicia Electoral Nacional. La preocupación se concentra en las dificultades de podría representar organizar comicios concurrentes en los dos distritos que, en conjunto, reúnen casi la mitad del padrón argentino y obligarían a millones de ciudadanos a usar dos sistemas distintos para elegir autoridades nacionales, provinciales y municipales.

Según pudo saber Infobae, en la Justicia Electoral Nacional consideran que una eventual concurrencia supondría un desafío operativo de una magnitud muy superior a las experiencias conocidas hasta ahora. Las dificultades abarcarían los mecanismos de votación, la distribución y custodia del material electoral, la cantidad de urnas, la seguridad de los establecimientos, la capacitación de las autoridades y los procedimientos de escrutinio.

El peso electoral de ambas jurisdicciones explica la inquietud. En las elecciones nacionales de octubre de 2025, la provincia de Buenos Aires tenía 13.353.974 ciudadanos habilitados para votar, el 37,1% del padrón argentino. La Capital registraba otros 2.520.249 electores, cerca del 7%. En conjunto, reunían 15.874.223 votantes, el 44,1% de los 35.987.634 ciudadanos habilitados en todo el país.

Pero el universo que deberían administrar las autoridades electorales sería aún mayor, ya que los padrones locales incluyen a extranjeros residentes. Ellos pueden elegir autoridades provinciales, municipales o porteñas, aunque no participan de las elecciones presidenciales ni legislativas nacionales.

En las elecciones bonaerenses de septiembre de 2025, el padrón provincial llegó a 14.376.592 electores, entre ellos 1.015.233 extranjeros. En la Ciudad, los comicios locales de mayo tuvieron 3.040.316 personas habilitadas, de las cuales 524.040 eran extranjeras. Las diferencias menores entre los registros de argentinos de cada jurisdicción y los padrones nacionales se explican porque fueron confeccionados para elecciones celebradas en fechas distintas.

La concurrencia en PBA y CABA obligaría a administrar dos sistemas de votación

La principal inquietud de los jueces electorales nacionales es que semejante cantidad de votantes deba atravesar dos procedimientos electorales diferentes en una misma jornada. Para elegir presidente, vicepresidente, diputados y, en los distritos que corresponda, senadores nacionales, se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP), estrenada en las legislativas de 2025.

En Buenos Aires, si no cambia la legislación vigente, gobernador, vicegobernador, legisladores provinciales, intendentes, concejales y consejeros escolares serán elegidos mediante el sistema tradicional de boletas partidarias. En la Ciudad, para jefe y vicejefe de Gobierno, legisladores y miembros de las juntas comunales, se utilizaría la Boleta Única Electrónica si se mantiene el mecanismo de los últimos comicios locales.

Dos sistemas de emisión del sufragio, procedimientos distintos y urnas separadas. La eventual concurrencia también exigiría espacios diferenciados de votación, una resolución sobre la circulación de los electores y la coordinación de las tareas de autoridades nacionales y locales.

El operativo podría requerir cerca de 96.000 urnas entre Buenos Aires y la Ciudad

La preocupación tiene una dimensión material que los responsables de la organización electoral consideran especialmente sensible. En los comicios nacionales de octubre de 2025, Buenos Aires tuvo 38.760 mesas distribuidas en 6.487 establecimientos. En las elecciones provinciales de septiembre se habilitaron 41.189 mesas, incluidas 2.401 para extranjeros, en 6.934 establecimientos.

Si ambas estructuras se tomaran como referencia y se mantuviera una urna por mesa para cada jurisdicción, el operativo bonaerense podría involucrar un despliegue cercano a las 80.000 urnas. No es una previsión oficial para 2027: la cifra definitiva dependerá de la distribución de las mesas y de la organización de los circuitos de votación.

En la Capital, las elecciones nacionales de octubre de 2025 requirieron 7.284 mesas, mientras que las locales de mayo habían utilizado 8.825, incluidas las destinadas a extranjeros. La suma de ambas estructuras permite proyectar una referencia de aproximadamente 16.000 urnas.

Hay una particularidad relevante: en la Ciudad, las máquinas electrónicas no reemplazan a las urnas. Los ciudadanos usan los dispositivos para emitir e imprimir sus boletas y luego las depositan físicamente en una urna. En mayo de 2025 se dispusieron alrededor de 14.000 dispositivos electrónicos, además de las mesas receptoras.

La combinación de las estructuras utilizadas en Buenos Aires y CABA durante 2025 permite dimensionar un operativo potencial de cerca de 96.000 urnas, aunque ese número es solo una referencia logística y no una estimación definitiva de los materiales necesarios.

Para la Justicia Electoral Nacional, el problema también alcanza a la seguridad. Habría que coordinar el traslado, la custodia y la distribución de materiales de distintas jurisdicciones, con documentación electoral diferenciada y procedimientos propios para el cierre de mesas y el escrutinio.

En la provincia, el despliegue abarcaría los 135 municipios y miles de establecimientos. En la Ciudad se sumaría la instalación y el funcionamiento de las máquinas electrónicas, con soporte técnico y procedimientos específicos de control.

La organización requeriría coordinación entre la Justicia Electoral Nacional, las autoridades locales, la Dirección Nacional Electoral, el Correo Argentino y las fuerzas que integran el Comando General Electoral. El eventual aumento de urnas y materiales también tendría consecuencias sobre los espacios disponibles, los traslados y las tareas posteriores al cierre de la votación.

En la Justicia Electoral consideran que la duplicación de procedimientos podría extender los tiempos de votación y multiplicar las exigencias operativas, en especial si las mismas autoridades deben administrar dos sistemas diferentes.

Kicillof y Jorge Macri deben definir sus calendarios y la definición de las PASO

La advertencia judicial se produce mientras los gobiernos bonaerense y porteño todavía evalúan sus respectivos calendarios.

Infobae reveló el jueves que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, analiza realizar las elecciones provinciales en la misma fecha que las nacionales si el gobierno de Javier Milei no consigue suspender las PASO. La alternativa está ligada a las negociaciones internas del peronismo y a la posibilidad de utilizar las primarias para resolver las candidaturas presidenciales y la sucesión del gobernador.

Kicillof decidió desdoblar las elecciones legislativas de 2025, una medida que provocó tensiones con el kirchnerismo. Para 2027, sin embargo, enfrenta una condición legal relevante: el artículo 2 de la Ley bonaerense 14.086 establece que, cuando el Gobierno nacional convoque a elecciones primarias, las PASO provinciales deberán realizarse el mismo día.

Esa obligación alcanza a las primarias, no a las elecciones generales. La fecha de los comicios provinciales definitivos es una facultad del gobernador, dentro del marco legal vigente. Si se mantienen las PASO nacionales, las bonaerenses deberán coincidir, salvo una modificación legislativa. Si las nacionales se suspenden, las primarias provinciales no desaparecen de manera automática y Buenos Aires deberá resolver su situación a través de su propia legislación.

En la Ciudad, fuentes del gobierno del jefe de Gobierno, Jorge Macri, tampoco descartaron en diálogo con Infobae la posibilidad de realizar las elecciones porteñas el mismo día que las presidenciales. Según explicaron fuentes cercanas al oficialismo, la definición política sobre el calendario se adoptaría entre febrero y marzo de 2027.

Para entonces también debería estar más claro si el PRO y La Libertad Avanza alcanzan un acuerdo electoral o compiten por la conducción de la Capital. El partido fundado por Mauricio Macri gobierna la Ciudad desde diciembre de 2007 y el año próximo cumplirá dos décadas consecutivas al frente del distrito.

La decisión sobre la fecha corresponde al jefe de Gobierno, aunque la legislación porteña exige convocar formalmente a las elecciones generales con una anticipación mínima de 185 días.

La posibilidad de realizar elecciones concurrentes en la Capital tiene un antecedente que todavía está presente en la Justicia Electoral.

En las PASO del 13 de agosto de 2023, los porteños votaron en los mismos establecimientos y el mismo domingo para cargos nacionales, con boletas partidarias tradicionales, y locales, con máquinas de votación electrónica. Las fallas de los dispositivos, las demoras y las extensas filas generaron fuertes cuestionamientos de la jueza federal María Romilda Servini y motivaron la intervención de la Cámara Nacional Electoral.

En las generales del 22 de octubre de ese año también coincidieron las elecciones nacionales y porteñas, pero se modificó el procedimiento: se abandonó el sistema electrónico y se usaron boletas partidarias de papel para ambas jurisdicciones, depositadas en una misma urna.

Si Jorge Macri decide convocar a elecciones concurrentes en 2027 y mantiene el voto electrónico local, volverían a coexistir dos mecanismos diferentes, aunque esta vez la elección nacional se realizaría con Boleta Única de Papel.

Otro antecedente se registró en Santiago del Estero, donde en octubre de 2025 se eligieron cargos nacionales con BUP y autoridades provinciales mediante boletas partidarias. Para administrar la concurrencia se amplió de manera considerable la infraestructura electoral, con más establecimientos, mesas y urnas, además de un refuerzo de las tareas de organización.

La experiencia permitió completar los comicios, pero en la Justicia Electoral Nacional entienden que su aplicación a Buenos Aires y CABA implicaría un desafío muy diferente, por la cantidad de electores y la magnitud del operativo requerido.

Mientras Buenos Aires y la Capital mantienen abiertas sus definiciones, la mayoría de las provincias se orienta hacia un calendario separado de las elecciones presidenciales.

Tucumán y Santa Fe son los dos distritos que ya tienen fechas anunciadas para sus comicios locales. El gobernador Osvaldo Jaldo fijó el 9 de mayo de 2027 para las elecciones tucumanas. Maximiliano Pullaro anticipó que las PASO santafesinas se realizarán el 18 de abril y las generales el 13 de junio, aunque aún resta formalizar la convocatoria.

Otros gobernadores también comunicaron decisiones o intenciones de separar las elecciones. Gustavo Sáenz, en Salta, trabaja sobre una votación en mayo; Hugo Passalacqua, en Misiones, prevé convocar durante el primer semestre; e Ignacio Torres, en Chubut, anticipó que los comicios provinciales se realizarán en una fecha distinta de la nacional, aunque todavía no precisó el día.

En Corrientes, Juan Pablo Valdés se inclina por separar las elecciones legislativas provinciales. Alberto Weretilneck, en Río Negro, también anticipó ese camino, mientras que Rolando Figueroa, en Neuquén, contempla mantener un calendario propio. Alfredo Cornejo, en Mendoza, trabaja con las fechas establecidas por el régimen provincial.

Chaco y Tierra del Fuego presentan condicionamientos legales que llevan sus elecciones locales a fechas diferentes de la presidencial. Jujuy también se encamina hacia un desdoblamiento, mientras que Entre Ríos, Córdoba y San Juan continúan evaluando sus alternativas.

Las situaciones no son idénticas: algunas provincias anunciaron decisiones políticas, otras tienen fechas previstas y unas pocas formalizaron sus convocatorias. Pero la tendencia predominante es separar las disputas provinciales de las nacionales.

Catamarca constituye, hasta ahora, la excepción más clara. El gobernador Raúl Jalil confirmó que las elecciones provinciales de 2027 coincidirán con las nacionales del 24 de octubre y comunicó su decisión al Gobierno nacional.

La preocupación por las elecciones concurrentes coincide con otra definición pendiente que también condiciona la organización de los comicios presidenciales: la eliminación o suspensión de las PASO nacionales.

El gobierno de Javier Milei mantiene ese objetivo entre sus prioridades legislativas, pero todavía no consiguió garantizar los votos necesarios en el Congreso. Las negociaciones con gobernadores y bloques aliados continúan abiertas, mientras distintos sectores de la oposición defienden la continuidad de las primarias.

La Cámara Nacional Electoral ya advirtió sobre la necesidad de aprobar las modificaciones al régimen electoral con suficiente anticipación. En la Justicia Electoral Nacional consideran que la definición debería producirse antes del 31 de diciembre de este año, para poder organizar el cronograma de 2027 con reglas claras.

La posición responde a las exigencias de planificación de una elección presidencial: padrones, contratación de servicios, adquisición de materiales, capacitación, distribución de establecimientos, autoridades de mesa y procedimientos de escrutinio.

En el Gobierno, sin embargo, existe una interpretación distinta. La Casa Rosada considera que, si finalmente se suspenden las PASO, una aprobación durante las sesiones extraordinarias de febrero no debería afectar de manera sustancial los tiempos disponibles para organizar la elección general.

El argumento oficial es que, al eliminarse un turno electoral, podrían desplazarse aproximadamente tres meses los principales plazos del calendario. Desde esa perspectiva, aprobar la suspensión en diciembre o febrero permitiría conservar un margen operativo similar para preparar los comicios de octubre.

La Justicia Electoral observa el asunto desde otra perspectiva. Para los responsables de administrar las elecciones, la previsibilidad del marco legal es indispensable, sobre todo si se incorporan de manera simultánea nuevos desafíos de organización en los distritos de mayor peso electoral.

El escenario reúne, por lo tanto, decisiones aún abiertas: el Congreso deberá resolver qué ocurrirá con las PASO; Kicillof tendrá que definir el calendario bonaerense, condicionado por la legislación provincial; y Jorge Macri deberá decidir si convoca a las elecciones porteñas junto con las presidenciales.

La preocupación central de la Justicia Electoral Nacional es que esa combinación de definiciones políticas traslade una complejidad extraordinaria a la organización de los comicios. Dos distritos que concentran el 44% del electorado, sistemas diferentes, decenas de miles de urnas, dispositivos electrónicos y un operativo de seguridad y logística de enorme magnitud: ese es el escenario que comenzó a encender las alarmas cuando todavía falta un año para elegir al próximo presidente.