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Diputados: la oposición está todavía lejos del número para activar la sesión en rechazo del DNU 70/23

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El Gobierno necesita nuevos “héroes” en el Congreso. Sus próximos pasos dependen de la eliminación o suspensión de las primarias y de la aprobación del proyecto de Presupuesto 2027. Por eso se ilusiona con la foto de Javier Milei y 13 gobernadores en París. Sin embargo, detrás de esa imagen asoma una urgencia mayor: alcanzar los apoyos necesarios para desactivar la sesión convocada para el 15 de octubre por la oposición con el objetivo de rechazar el DNU 70/23, tras el fallo de la Corte Suprema que restableció la derogación de la Ley de Tierras y, con ella, eliminó cualquier límite a la venta a extranjeros.

Si los bloques críticos, con el peronismo a la cabeza, logran reunir los 129 diputados necesarios para habilitar el debate en el recinto —un escenario todavía hoy lejano—, lo que sigue es una sesión de altísimo riesgo para los libertarios, que se define en una sola mano. El Senado ya rechazó el megadecreto en 2024 y la oposición en Diputados vio en la resolución de la Corte una oportunidad inédita para avanzar contra una de las principales banderas del mileísmo.

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El conteo arroja hoy números ajustados para ambos lados. Por estas horas, la oposición tendría asegurados alrededor de 120 votos: todo el bloque de Unión por la Patria (UP), más de la mitad de Provincias Unidas —aunque todavía está en veremos qué hará su jefa de bancada, Gisela Scaglia—, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y la izquierda.

A ellos, según pudo confirmar , se sumarían los tres legisladores de Elijo Catamarca, pese a la bajada de Raúl Jalil de no acompañar. El gobernador peronista fue de la partida en París y hace gala de su buena sintonía con la Casa Rosada, al punto que se mostró en una foto con el ministro de Economía, Luis Caputo. Pero su incidencia sobre esos diputados es relativa desde que definió que no irá por la reelección.

El bloque de Argentina Federal, comandado por el exgobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad, juega un papel importante. Cuenta con nueve diputados, cuatro de ellos misioneros, que en las últimas horas confirmaron que bajarán al recinto. Passaclaqua viene dando señales de distanciamiento con los libertarios: no aceptó la invitación al Argentina Week y habría dado la orden de ir en contra del DNU.

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“​Con más del 90% de frontera internacional, una biodiversidad única en el país y una matriz económica que pone al pequeño productor en el centro, no podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido. Cuidar la tierra misionera es un deber irrenunciable con nuestra soberanía y con nuestra gente», reclamó el gobernador a través de un posteo de X en el que confirmó que su provincia iniciará “las acciones judiciales pertinentes” para limitar la venta de tierras a extranjeros.

Distinto es el caso de los tres salteños que responden a Gustavo Sáenz, otro de los aliados de la administración libertaria. Prima el hermetismo sobre si se sentarán o no en sus bancas el 15 de octubre. Tampoco es claro cómo obrarán los otros dos legisladores del bloque, Claudio Álvarez (San Luis) y Gerardo González (Formosa). Quienes conocen sus pasos aseguran que podrían decidirlo el mismo día.

Con la misma reserva se mantienen los tres tucumanos de Independencia, que miden sus movimientos en función de Osvaldo Jaldo. El mandatario del PJ no participó del encuentro en París, si bien exhibe un diálogo fluido con el oficialismo. En un escenario de 127 votos, como el que podría configurarse con el respaldo de los catamarqueños y misioneros, sus tres diputados pasarían a definir el destino de la sesión.

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Los seis cordobeses de Provincias Unidas aparecen también en el radar de quienes buscan sumar voluntades. Desde el bloque dejaron entrever que aún no hay una decisión tomada, aunque sí expresaron su rechazo a la derogación de la Ley de Tierras. En ese contexto, exigieron un rápido accionar por parte del Gobierno.

“Si son inteligentes, tienen que hacer una medida”, señaló un diputado circunstancialmente aliado, que esta vez baraja dar quórum si el oficialismo no presenta una contrapropuesta. “En los pasillos se sabe que están trabajando en algo”, matizó.

Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Saénz (Salta), los cuatro gobernadores con los que conversa la Casa Rosada para desactivar la sesión del 15 de octubre

En efecto, una de las variantes que exploran los libertarios para desactivar la embestida es incorporar un capítulo que delimite los alcances de la venta de tierras a extranjeros en el reciente proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que cuenta con media sanción del Senado y todavía debe pasar por la Cámara baja.

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Otra de las alternativas que circulan es incluirlo en el proyecto de “Defensa de la Soberanía Nacional” sobre Malvinas. En el oficialismo la descartaron de plano. “¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?”, alegaron, para evitar que la venta de tierras vuelva a quedar atravesada por la discusión sobre soberanía.

Por caso, la propuesta del Gobierno para enmendar el fallo de la Corte y el toma y daca con los gobernadores serán determinantes. En ese intercambio sobrevuelan los reclamos por obra pública y mayores Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un reparto que en lo que va del año benefició a provincias como Misiones, Chubut, Salta, Corrientes, Jujuy y Catamarca, según pudo saber .

El megadecreto de 2023 funcionó como una suerte de antecedente de la Ley Bases y de marco desregulatorio para reformas posteriores. Pero si la Cámara baja consiguiera voltearlo —con la mitad más uno de los presentes—, el impacto sería bien tangible: una marcha atrás en la ley de alquileres, las privatizaciones de empresas públicas y la desregulación del sistema de obras sociales y medicina prepaga. Por mencionar solo algunas de las disposiciones incluidas en el texto de 366 artículos que volverían a foja cero. Lo que está en juego es su supervivencia.

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El jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller, Pablo Quirno, junto al ministro de Economía de Francia, Roland Lescure, y gobernadores argentinos, durante el cierre del cóctel inaugural de la Argentina Week en París.@Rolo_Figueroa

El Gobierno ya dio muestras de que no está dispuesto a perderlo, mucho menos por un solo artículo. Aun cuando comulgue con la resolución de la Justicia, el timing no pudo ser peor, asumen fuentes oficiales. Llega después del golpe político que representó la caída de los artículos sobre extranjerización de tierras y la modificación de la Ley de Manejo del Fuego del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” en el Senado.

La derrota implicó un mea culpa del oficialismo sobre su estrategia comunicacional, en momentos en que el episodio de la bandera de Malvinas agitado por la selección argentina durante el mundial de fútbol reavivó un profundo sentimiento nacionalista y el reclamo colectivo por las islas, transversal en la sociedad.

El fallo toca de lleno la discusión por la soberanía justo cuando comenzó a debatirse en el Congreso el proyecto oficialista sobre Malvinas.

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Frente a este escenario, el margen de error es acotado. De ahí que la prioridad inmediata del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sea trabajar en algunas concesiones a sus aliados. El primero habla con los gobernadores; el segundo espera directivas.

Cerca del riojano repiten que la pulseada “la van a definir los gobernadores”. La foto de los caciques provinciales junto a la comitiva gubernamental en el Palacio del Elíseo los tranquiliza. Entonces aclaran con una confianza exacerbada que la oposición no va a alcanzar el quorum para voltear el DNU.

“No es lo mismo una sesión para dar el emplazamiento de un proyecto a las comisiones que una en la que se juegan sus chances de negociar”, advierten.

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Las conversaciones se concentran en cuatro gobernadores: Gustavo Saénz (Salta), Raul Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Aunque tampoco es indiferente el accionar de Córdoba. Las terminales de Martín LLaryora en el Congreso tienen peso propio y pueden definir algunas votaciones. Llaryora envió a su vice a París en la comitiva oficial.

Discapacidad y morosidad

No obstante, hay dos temas que preocupan especialmente a las provincias: las partidas destinadas a discapacidad y la creciente morosidad. Ambos fueron incluidos estratégicamente por la oposición en el temario de la sesión del 15 de octubre, la misma fecha en la que buscarán capitalizar la foto política de la marcha universitaria que se realizará frente al Congreso.

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En lo que refiere a discapacidad, LLA corre el riesgo de que la oposición apruebe la prórroga de la emergencia en lugar de su proyecto.

Si bien ambas iniciativas comparten varios lineamientos, después de haber tenido que recular sobre lo consignado en el Presupuesto 2027, el Gobierno todavía debe atender algunas consideraciones de peso planteadas por Argentina Federal. Entre ellas, la inclusión en el dictamen de las partidas necesarias para garantizar el financiamiento y su actualización trimestral, así como la explicitación del mecanismo de actualización de las prestaciones, que los aliados reclaman que sea mensual y por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Ceder ante esos planteos podría convertirse en una carta de negociación del oficialismo para restarle apoyos a la sesión.

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En materia de morosidad, los libertarios tienen menos margen de acción porque ya anticiparon que no incluirán en su proyecto ningún plan de refinanciamiento ni límites a las tasas, una posición que podría dejar a los bloques críticos en mejores condiciones para imponer su iniciativa en el recinto.




la foto de Javier Milei y 13 gobernadores en París.,rechazar el DNU 70/23,,@passalacquaok,https://t.co/0b38cbdu2L,October 2, 2026,un reparto que en lo que va del año benefició a provincias como Misiones,impacto sería bien tangible,pic.twitter.com/LthLXcuyoJ,October 1, 2026,Delfina Galarza,Cámara de Diputados,Conforme a

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Con el guiño de los cinco gobernadores radicales, la Casa Rosada apura la negociación para suspender las PASO en 2027

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La Casa Rosada aceleró la negociación política para que en 2027 no haya PASO, luego de una serie de definiciones de cinco gobernadores radicales que fortalecieron las expectativas oficiales de alcanzar los 37 votos necesarios en el Senado. Con diferencias sobre una eventual eliminación definitiva del sistema, Juan Pablo Valdés, Carlos Sadir, Maximiliano Pullaro, Leandro Zdero y Alfredo Cornejo expresaron posiciones públicas compatibles con una nueva suspensión de las primarias nacionales.

Todavía no hay un acuerdo cerrado y los mandatarios no le ofrecieron un cheque en blanco al Gobierno. Tampoco existe una posición uniforme dentro de la Unión Cívica Radical (UCR). Mientras Valdés fue más lejos y se mostró dispuesto a discutir directamente la eliminación, Sadir, Pullaro y Cornejo reivindicaron las PASO como herramienta electoral y diferenciaron ese debate de la posibilidad de suspenderlas para los comicios del año próximo.

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Para la Casa Rosada, sin embargo, hay un dato político que está por encima de esos matices: ninguno de los cinco gobernadores radicales rechaza que las PASO nacionales queden afuera del calendario electoral de 2027.

Ese denominador común volvió a ubicar al radicalismo en el centro de una negociación que el Gobierno considera prioritaria. La reforma de las reglas electorales requiere una mayoría absoluta de 37 votos en el Senado y La Libertad Avanza necesita construir acuerdos con bloques dialoguistas. Por eso, la capacidad de los gobernadores para influir sobre los legisladores de sus provincias se convirtió en una de las variables centrales de la estrategia oficial.

Las conversaciones en París impulsaron la búsqueda de acuerdos por las PASO

El ministro Luis Caputo y el diputado Diego Santilli participan junto a autoridades en las actividades de Argentina Week en la Embajada de Argentina en Francia.

La discusión ganó velocidad después de la Argentina Week en París, a la que viajaron, junto a Javier Milei, 13 gobernadores y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto. Cuatro de los cinco mandatarios radicales estuvieron allí: Valdés, Sadir, Zdero y Cornejo. Pullaro fue el único que no integró la delegación.

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El viaje, presentado públicamente como una vidriera para inversiones y negocios, también tuvo una intensa dimensión política. Hubo conversaciones reservadas entre funcionarios y gobernadores, encuentros entre los propios mandatarios y distintos intercambios sobre la agenda que deberá tratar el Congreso durante los próximos meses.

En el Gobierno evitaron presentar esas conversaciones como un acuerdo definitivo. La expectativa, sin embargo, creció después de París. Una fuente oficial consultada por Infobae resumió el clima con cautela: “El viaje aceleró un montón las conversaciones y hay anuencia de una buena parte de gobernadores de cerrar acuerdos, pero hasta que no veamos las manos levantadas no cantamos victoria”.

La negociación tiene cuatro protagonistas principales dentro del oficialismo: la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la presidenta del bloque LLA del Senado, Patricia Bullrich, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

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La secretaria general de la Presidencia interviene en la definición política de los entendimientos con los gobernadores; Santilli mantiene el contacto directo y cotidiano con los mandatarios, y desarrolla una ronda de reuniones individuales; Bullrich tiene a su cargo una parte decisiva de la construcción parlamentaria en el Senado; y Menem trabaja sobre la Cámara de Diputados.

La intención es que la negociación por las PASO no quede aislada del resto de la relación entre la Nación y las provincias. El Presupuesto 2027, los recursos, las obras, los proyectos legislativos y los eventuales entendimientos políticos para el próximo año forman parte de una conversación más amplia.

En ese tablero, la Casa Rosada sigue con especial atención las declaraciones de los cinco mandatarios radicales.

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Juan Pablo Valdés es quien expresó hasta ahora la posición más cercana a la pretensión original de Milei. “Nosotros siempre estuvimos en contra de las PASO y vamos a seguir estando en contra de las PASO”, afirmó el gobernador de Corrientes el 13 de agosto.

Consultado específicamente por Infobae sobre si acompañaría la eliminación de las primarias nacionales, respondió: “No sería descabellado”.

Valdés incluso cuestionó al Gobierno por no haber avanzado antes, cuando, según su mirada, existían condiciones políticas más favorables. “Si hoy estamos todos de acuerdo es ya. Hay que ir ya. Cerrar. Y eso no pasó. Y la pérdida de tiempo en la política tiene sus consecuencias”, sostuvo.

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Carlos Sadir marcó otro límite. El gobernador de Jujuy está dispuesto a acompañar una suspensión, pero no quiere eliminar definitivamente el mecanismo. “Pensaría que podríamos suspender otra vez, como ya ocurrió, pero no eliminarla”, afirmó. Al mismo tiempo, sostuvo que las PASO “son una buena herramienta”.

Maximiliano Pullaro se expresó en términos similares. El gobernador de Santa Fe respaldó la posibilidad de suspender las primarias nacionales al considerar que “se han usado muy poco e imprimen un gasto muy grande” para el Estado.

Su posición tiene una particularidad: Pullaro diferencia con claridad el sistema nacional del santafesino. En su provincia defiende las PASO porque considera que los partidos las utilizan para resolver sus competencias internas. “En Santa Fe es diferente. Es una herramienta que en la provincia sí sirve y la hemos usado”, explicó.

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Leandro Zdero también envió una señal favorable. El gobernador de Chaco respaldó la suspensión después de una reunión que mantuvo con Santilli en la Casa Rosada a fines de septiembre. El dato se suma a una decisión que ya había tomado en su provincia: su gobierno impulsó y consiguió suspender las PASO chaqueñas para 2027.

El encuentro con Santilli tuvo entre sus ejes el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, dos de los asuntos sobre los que el Gobierno pretende construir acuerdos con los mandatarios provinciales.

La última señal llegó de Alfredo Cornejo durante el viaje a París. El gobernador de Mendoza también diferenció la utilidad del instrumento de la conveniencia de realizar una elección nacional cuando los partidos llegan sin competencia interna. “Creo que las PASO no han sido mal sistema cuando se las han usado”, planteó. Y explicó que en Mendoza los partidos recurrieron a ellas para resolver candidaturas.

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Su evaluación cambia cuando analiza la experiencia nacional. Cornejo recordó elecciones en las que las principales fórmulas presidenciales llegaron a las primarias sin adversarios internos y cuestionó el costo económico y político de realizar una elección que termina funcionando, en los hechos, como una gran encuesta previa.

Su definición terminó por acercarlo a la posición que hoy busca construir la Casa Rosada: conservar conceptualmente el instrumento, pero suspenderlo nuevamente en 2027.

Así aparece la primera diferencia entre lo que Milei quiere y aquello que, por ahora, parece posible conseguir.

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El Presidente tiene como objetivo de máxima eliminar definitivamente las PASO. Las cuestionó en reiteradas oportunidades, las calificó de “inmorales”, sostuvo que obligan a los contribuyentes a financiar las disputas internas de los partidos y las definió como un “negocio que inventó Néstor Kirchner”.

En la Casa Rosada agregan un argumento económico. Consideran que una elección primaria nacional extiende durante meses el período de incertidumbre política y puede anticipar episodios de volatilidad financiera. El antecedente al que suelen recurrir quienes sostienen esa posición es 2019, cuando el resultado de las PASO presidenciales tuvo un fuerte impacto sobre los mercados.

Pero también existe una conveniencia estrictamente política para La Libertad Avanza.

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Milei llegará al año electoral sin una disputa interna relevante en torno de una eventual candidatura a la reelección. El peronismo, en cambio, enfrenta una discusión sobre liderazgos, estrategia, alianzas y candidaturas. Sin PASO, el Partido Justicialista (PJ) perdería una herramienta institucional para resolver esas diferencias dentro de una misma coalición y debería encontrar otro mecanismo para ordenar su oferta electoral.

Milei - Gobernadores / Argentina week Paris

Ese componente explica parte del interés del oficialismo por resolver la discusión con suficiente anticipación.

La eliminación definitiva sigue siendo la aspiración de Milei. Sin embargo, a medida que avanzaron las conversaciones con los gobernadores, comenzó a ganar terreno en el Gobierno una opción más pragmática: si no aparecen los votos para terminar con las PASO, avanzar otra vez con una suspensión exclusivamente para 2027.

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Es precisamente en esa alternativa donde hoy convergen las posiciones de los cinco gobernadores radicales.

La Casa Rosada todavía deberá transformar los pronunciamientos públicos en votos concretos. Allí estará la parte más compleja de la negociación: una definición de un gobernador no implica automáticamente el acompañamiento de todos los senadores vinculados a su provincia o a su partido.

Pero, después de París, en el Gobierno creen que existe una ventana para intentarlo.

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Karina Milei, Santilli, Bullrich y Menem tienen ahora la tarea de convertir ese clima político en una mayoría parlamentaria. Y la primera cuenta que hacen en Balcarce 50 parte de un dato que semanas atrás no estaba tan consolidado: los cinco gobernadores radicales ya enviaron un guiño político y, con diferentes condiciones, todos dejaron abierta la puerta para que en 2027 no haya PASO.

Luis Caputo,Diego Santilli,Argentina Week,Francia

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Advertencia de abogados por los ataques de Javier Milei a periodistas: “La libertad de prensa está en peligro”

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La Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires (AABA) alertó que existe un riesgo concreto para la libertad de expresión en la Argentina a partir de las reiteradas agresiones del presidente Javier Milei contra periodistas. Habló de un “hostigamiento” que puede generar autocensura y generar un mecanismo de intimidación directo para los comunicadores.

El organismo, que preside Juan Pablo Zanetta, manifestó su profunda preocupación por la actitud reciente del jefe del Estado hacia periodistas como María Eugenia Duffard, Jésica Bossi y Fernán Saguier, director periodístico del diario .

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“El peligro real es que el miedo a convertirse en el próximo blanco termine por condicionar las preguntas, las investigaciones y las opiniones”, afirmaron los abogados por medio de un documento difundido en las últimas horas.

A su vez, sumaron una reflexión contundente sobre esta amenaza institucional: “La autocensura no requiere de una orden explícita, sino que se instala sola cuando el precio de informar pasa a ser la exposición al hostigamiento”.

Para los letrados, el debate público avala por completo cuestionar a la prensa o criticar una investigación. Sin embargo, fijaron un límite claro: “Una cosa es la confrontación de ideas y otra, muy distinta, es recurrir al insulto personal y exponer públicamente a quienes ejercen la tarea de informar”.

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El reclamo se centra específicamente en la investidura de quien profiere las descalificaciones. “El uso del insulto y la injuria adquiere su mayor gravedad cuando quien los emite es el Presidente de la Nación. La enorme asimetría de poder amplifica el alcance del agravio y exige a la máxima investidura actuar con especial mesura”, puntualizaron.

La declaración sustentó su postura con fallos históricos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal protege el debate apasionado, pero rechaza la violencia verbal. “La libertad para criticar no es una ‘patente de corso’ para vulnerar la dignidad de las personas, no hay un ‘derecho al insulto’ ni a la humillación gratuita”, recordaron de manera taxativa.

De esta forma, precisaron los márgenes constitucionales vigentes ante las discusiones públicas. “La tutela constitucional se extingue cuando la confrontación de ideas es sustituida por el empleo de epítetos denigrantes, injuriantes o locuciones ajenas al interés público”.

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Auditar al poder

El texto hizo un especial hincapié en cuidar la tarea informativa diaria. “El periodismo de investigación es un pilar insustituible para la salud institucional de la República. Su función esencial no es complacer al gobierno de turno, sino auditar el uso de las atribuciones”, enfatiza.

Sobre el cierre de la declaración, la AABA defendió la transparencia de los actos de gobierno: “Sin investigación independiente, la transparencia se debilita y la rendición de cuentas desaparece. La democracia requiere de una prensa libre, capaz de incomodar al poder”.

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Finalmente, repudiaron la descalificación personal en reemplazo del debate. “Ninguna autoridad del Estado se halla exenta del deber primario de respetar las libertades fundamentales que sostienen el Estado de Derecho”, concluyó la institución.




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Camioneros presionó en la calle por las indemnizaciones de USD 200 millones, pero no se incluirán en los nuevos pliegos

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Pablo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, se puso al frente este lunes de la movilización de trabajadores de recolección de residuos de CABA para presionar por el pago de indemnizaciones en los próximos contratos del servicio entre 2028 y 2038, un beneficio que ronda los 200 millones de dólares y que el gobierno de Jorge Macri no prevé mantener cuando venzan las concesiones vigentes.

La protesta sindical, que se hizo ante la sede de la Comuna 1, en Humberto Primo 250, y no ante la Legislatura porteña como se había anunciado, coincidió con la audiencia pública y virtual en la que se analizan los anteproyectos del servicio público de higiene urbana que regirán en la Ciudad dentro de dos años.

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Como anticipó Infobae, el gobierno porteño no incluirá el pago de las indemnizaciones en los próximos contratos cuando venza la prórroga de las concesiones de la recolección de basura, en septiembre del año próximo.

La marcha del Sindicato de Camioneros obligó a cortar el tránsito en la avenida Paseo Colón

Aún quedan dudas acerca de qué pasará con las indemnizaciones previstas en los contratos actuales, que fueron prorrogados hasta septiembre de 2028: el sindicato de Hugo y Pablo Moyano no está seguro de que en el presupuesto de la Ciudad para 2027, que el jefe de Gobierno presentará en la Legislatura porteña, estén contempladas las partidas para resarcir económicamente a los 6 mil trabajadores del sector.

En el último pliego licitatorio, cuyo vencimiento se prorrogó hasta septiembre de 2028, dentro del Régimen de Personal Operativo figura el ítem “Indemnizaciones Finales”, que establece: “Al terminar este contrato, el adjudicatario calculará las indemnizaciones del personal; una vez auditadas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abonará dichos montos a la empresa para que ésta indemnice a los trabajadores”.

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Noticia en desarrollo

Marcha de Pablo Moyano y el Sindicato de Camioneros

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