A U.S. Navy MH-60S Sea Hawk helicopter assigned to the USS George H.W. Bush aircraft carrier made an emergency water landing in the Arabian Sea early Wednesday, leaving one crew member missing.

The incident happened at about 3:30 a.m. ET, according to the U.S. 5th Fleet.

Three of the helicopter’s four crew members were successfully recovered and are currently in stable condition aboard the George H.W. Bush, officials said.

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U.S. Navy assets in the region are actively conducting search and rescue operations for the remaining crew member, who has not yet been publicly identified.

Military officials said there is no indication the emergency landing was the result of «hostile action.»

FILE – In this photo provided by the U.S. Navy, sailors assigned to an explosive ordnance unit board an MH-60S Seahawk helicopter on the flight deck of aircraft carrier USS Ronald Reagan to head to an oil tanker that was attacked off the coast of Oman in the Arabian Sea on Friday, July 30, 2021.

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The cause of the incident is currently under investigation.

FILE – In this May 19, 2019 photo, an MH-60S Sea Hawk helicopter transports cargo from the fast combat support ship USNS Arctic to the Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln during a replenishment-at-sea operation in the Arabian Sea.

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El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, presentó este 1 de julio ante la Asamblea Nacional el inicio de una segunda etapa de su gobierno, después de dos años que describió como un periodo de ordenamiento económico, ajuste gradual y recuperación de la confianza del país tras recibir, según dijo, unas finanzas públicas deterioradas y una administración con obras detenidas.

En su informe de gestión al comenzar su tercer año al frente del Ejecutivo, Mulino afirmó que el país entra ahora en una fase más enfocada en empleo, crecimiento económico y bienestar directo para las familias.

El eje de esa nueva etapa será el programa “Panamá Pa’ Ti”, una estrategia que concentrará los esfuerzos del Gobierno en cuatro prioridades: empleo, salud, canasta básica y agua.

El mandatario construyó buena parte de su discurso sobre una idea central: los primeros dos años fueron para “limpiar la tierra antes de sembrar”. Con esa metáfora, defendió el ajuste aplicado por su administración y aseguró que rechazó medidas como reducir en 20% la planilla estatal o aumentar impuestos, porque —según dijo— habrían trasladado el costo de la crisis a los panameños.

“No fui elegido para trasladarles el problema a los panameños, fui elegido para resolverlo”, sostuvo Mulino, al explicar que su gobierno optó por sanear las cuentas públicas, bajar el déficit fiscal, desacelerar el endeudamiento y recuperar la credibilidad internacional de Panamá. También defendió que la estabilidad macroeconómica no era una preocupación de técnicos o calificadoras, sino una condición para evitar créditos más caros, menos inversión y menos empleo.

Pero el propio presidente reconoció que esos resultados todavía no se sienten con suficiente fuerza en los hogares. “Ningún panameño vive del déficit fiscal”, dijo, en una de las frases más políticas de su intervención. A partir de allí, intentó mover el foco del discurso desde el reacomodo fiscal hacia la generación de oportunidades.

El primer eje de “Panamá Pa’ Ti” será el empleo. Mulino prometió impulsar la creación de 80.000 nuevos empleos privados, no estatales, mediante una alianza con el sector productivo. En ese punto colocó a la construcción como uno de los motores principales de la nueva fase económica, con un programa de viviendas al alcance de las familias panameñas, especialmente en el interior del país.

El mandatario insistió en que cada vivienda construida genera movimiento económico, activa comercios, demanda mano de obra y dinamiza comunidades. También pidió a los empresarios de la construcción contratar trabajadores de las zonas donde se desarrollen las obras, para que los proyectos tengan un impacto más directo en las economías locales.

En infraestructura, Mulino repasó proyectos que, según dijo, muestran el avance de la gestión. Mencionó la Línea 3 del Metro, el Cuarto Puente sobre el Canal, el Corredor de las Playas, el Corredor del Caribe, la carretera Loma Campana-Santiago y más de 700 obras públicas en ejecución. Sobre el Cuarto Puente, afirmó que pasó de menos de 1% de avance al inicio de su administración a 38%, con 2.000 trabajadores y otros 2.000 previstos para los próximos meses.

La construcción, sin embargo, no fue el único sector que el presidente presentó como fuente de empleo. También anunció una ley de incentivos turísticos, un programa nacional de formación con prácticas remuneradas en turismo y la iniciativa Talent Up Panamá, en alianza con Google, para capacitar gratuitamente a 10.000 panameños en inteligencia artificial, computación en la nube, ciberseguridad y análisis de datos.

Mulino también habló de una alianza con BID Invest por $1.000 millones para financiar directamente al sector privado, especialmente a pequeñas y medianas empresas. Según explicó, los recursos no pasarán por el Gobierno, sino que estarán dirigidos a empresas con capacidad de generar empleo.

En Colón, anunció que en noviembre comenzarán las obras de expansión de la Zona Libre por $250 millones, mientras que en el sector agropecuario adelantó el programa Primer Empleo Agro, que beneficiará a unos 2.000 jóvenes en Los Santos, Herrera, Veraguas y Darién.

El presidente también dedicó una parte breve, pero sensible, a la mina. Dijo que el informe técnico elaborado por expertos internacionales ya está disponible en la página del Ministerio de Ambiente y que será analizado por un equipo de Gobierno encabezado por el ministro Roberto Linares Montoto, junto con los ministros Felipe Chapman y Juan Carlos Navarro. Mulino evitó adelantar una decisión, pero sí marcó distancia de los extremos: dijo que las posturas del “sí porque sí” y del “no porque no” evaden la argumentación lógica.

rte fue el tren Panamá-David, una de sus principales promesas de campaña. Mulino afirmó que el proyecto ya no se concibe únicamente como un tren, sino como una obra de integración nacional. Aseguró que un estudio internacional concluyó que es viable, aunque será sometido a una validación independiente antes de avanzar. También admitió que no será una obra que termine durante su administración, pero defendió que debe asumirse como un proyecto de Estado, similar al Metro de Panamá.

El discurso se produjo el mismo día en que la Asamblea Nacional instaló su nuevo periodo ordinario y eligió a su Junta Directiva para los próximos 12 meses. La diputada Shirley Castañeda, del partido Realizando Metas, colectivo que impulsó la candidatura presidencial de Mulino, fue electa presidenta del Legislativo con 42 votos. Su rival, Grace Hernández, postulada por la bancada independiente Vamos y Seguimos, obtuvo 21 votos.

La nueva directiva quedó completada con Manuel Cohen Salerno, de Cambio Democrático, como primer vicepresidente, y Manuel Chen, de Realizando Metas, como segundo vicepresidente. La votación confirmó el control de las bancadas tradicionales y oficialistas sobre la Asamblea, en una jornada marcada por tensiones, cuestionamientos de diputados independientes sobre presunta injerencia del Ejecutivo y la abstención del Partido Panameñista.

Mulino cerró su discurso con un mensaje directo a su gabinete. Dijo que los anuncios realizados no eran simples promesas, sino una “orden de proceder para ministros, directores y funcionarios. También felicitó a la nueva presidenta de la Asamblea y pidió una relación de independencia, pero también de unidad.

El tono fue claro: el presidente quiere dejar atrás el relato de la crisis heredada y pasar a la ejecución. El reto, como siempre, será que el discurso no se quede en aplausos de pleno. Panamá ya ha escuchado muchas veces que vienen buenos tiempos; ahora Mulino tendrá que demostrar que esta vez vienen con fecha, presupuesto y resultados.

A top government watchdog group released a multipoint plan to protect the homeland and the integrity of U.S. citizenship after the Supreme Court’s 6-3 ruling affirming birthright citizenship as enshrined in federal law.

Conservatives across the country criticized Chief Justice John Roberts, Associate Justices Amy Coney Barrett and Brett Kavanaugh, along with the court’s three liberal justices, arguing that the ruling opens the door to citizenship for children born to foreign nationals illegally present in the U.S. and dilutes American citizenship.

The Oversight Project shared its «Keeping Families Together Plan» with Fox News Digital, arguing the ruling did not grant legal status to the parents of so-called anchor babies, a premise central to its proposal.

«Now that the illegal alien community has achieved weapons of mass reproduction… you need to turn off that multiplying effect. And if the goal of mass deportation is quantitative, which of course it is, you need go [to] places where legal immigration spreads the most or is concentrated the most,» said Mike Howell, an attorney and president of the Oversight Project.

SUPREME COURT’S LATEST IMMIGRATION RULING WILL CAU.S.E AMERICANS TO ‘DIE AND SUFFER’ ATTORNEY WARNS

«That’s why I’ve advocated so long for worksite enforcement,» he said, noting farms and factories need enforcement rather than «playing onesies and twosies» in sanctuary cities.

An increase in deportations, particularly of the parents of potential anchor babies, is key now that unfettered naturalization is a real possibility, he added.

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U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) and other federal law enforcement agencies have arrested more than 80 illegal migrants, including several with criminal records, during a worksite enforcement operation at a Louisiana racetrack on June 17th. (U.S. Immigration and Customs Enforcement)

«Go to ‘red’ places and deport.»

By deporting parents of so-called «anchor babies,» in most cases the child would be deported with the parent — and if not, that parent would have the «moral onus» of abandoning the child, Howell said.

«If you are truly committed to the idea that birthright citizenship is absurd in its application, then it should be preventative,» he added, saying part of the plan to keep foreign families together would entail throwing roadblocks up to pregnant foreigners having children in the U.S.

Positioning ICE at certain hospitals would help prevent that, he said.

Turning to combating «birth tourism» — in which organizations help foreign nationals travel to the U.S. for the purpose of giving birth to U.S.-citizen children — Howell said China is the biggest source of the practice and other economic threats.

Asked how to thread the needle with the U.S.’ economic reliance on Beijing, Howell said Tuesday’s ruling shows it is time to play «hardball.»

He criticized President Donald Trump’s blessing of thousands of Chinese students continuing to study in America, which, in Howell’s words, would «prop up our failing university system.»

«The elite regions of [China’s] upper class love access to the U.S. financial system and coming here and taking advantage of it. And so if you’re negotiating and it’s the art of the deal… take away the thing they want.»

Howell claimed one Chinese billionaire has been «shipping his sperm» to California to inseminate women, resulting in children being born with U.S. citizenship.

«What kind of serious country allows [that],» he said. Reports from outlets including Fortune have described wealthy Chinese businessmen engaging in repeated surrogacy arrangements involving American women.

Howell said that despite talk of President Donald Trump’s «mass deportation» agenda, the numbers don’t match the boasts so far.

«The fact remains there isn’t a mass deportation campaign underway. And that’s why we’ve been pushing this Mass Deportation Coalition, which has so many members across the country and a policy framework for them to do it,» he said, acknowledging that Trump has had «special interests» buffeting his attempts because they don’t want their workforces deported, and setbacks like the public outcry over agent-involved shootings in Minneapolis that led to «cold feet.»

Asked about the Oversight Project’s plan and Howell’s comments, the White House said Trump remains «totally committed» to protecting the «value of natural-born citizenship.»

«[That] is why, following yesterday’s ruling, he directed Congress to take immediate action to address this. Simultaneously, the administration will double down on our efforts to keep the border secure and deport illegal aliens.»

Spokesperson Abigail Jackson added that the DOJ will prioritize birth-tourism schemes, some of which Howell laid out.

Howell’s plan also includes a veiled shot at Roberts — who, despite being a Republican’s appointee, is often the swing vote in favor of the court’s liberal minority as he was Tuesday.

The George W. Bush appointee famously roiled Republicans after deeming ObamaCare constitutional by defining its no-insurance penalty as a «tax,» while writing in the same 2012 ruling that Congress could not force Americans to buy insurance.

«The question is not whether that is the most natural interpretation of the mandate, but only whether it is a ‘fairly possible’ one,» Roberts wrote in NFIB v. Sebelius.

Howell said lawmakers could therefore create a mechanism through congressional reconciliation to punish birth-tourists — but define the penalty as a «tax.»

«Much like the ObamaCare plan being upheld as a tax by the Supreme Court, this would survive constitutional scrutiny,» the Oversight Project’s plan read.

The plan also goes farther, calling on DHS to suspend all visas for countries like China that engage in birth tourism.

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The key, Howell said, is to start ignoring the noise from the left and from critics and power through the end of the congressional term with attainable goals in mind no matter how controversial critics say they are.

«We took a hit today, a big hit, but the damage can be mitigated and the overall problem can be solved with a lot political backbone and using the money from the Big Beautiful Bill quickly and without fear of what the left-wing media might say about it,» he said.

«Reconciliation is a beautiful vehicle to achieve those kind of cost-cutting measures. ObamaCare was a tax. The rule is a tax, so why can’t we use a tax here? I’m sure the legal pundits will have much to say about that one,» Howell remarked.

«But by any hook, nook, or cranny, we need to fight this policy,» he went on, adding the mainstream media and some moderates will be lambasting the social repercussions of the plan.

«If the administration’s going to take to the airwaves and say this is like a disgraceful ruling that undermines our sovereignty, then they need to act.»

«The suburban moms will be angry. They will say all that kind of stuff. But I want them to follow through because there’s 77 million Americans who sent Trump back to the White House after everything we went through.»

Protesters demonstrate against illegal immigrants being deported. (Allen Schaben/Getty Images)

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In the interim, Rep. Andy Ogles IV, R-Tenn., and Sens. Eric Schmitt, R-Mo., and Rand Paul, R-Ky., have unveiled constitutional amendment proposals to overturn the court’s ruling, though observers say the efforts appear politically untenable at present.

When asked about characterizations of DHS’ efforts, an agency spokesperson told Fox News Digital, «we disagree with the ruling. Congress must get to work to end birthright citizenship immediately.»

«In President Trump’s first year back in office, more than 3 million illegal aliens have left the U.S. because of the Trump administration’s crackdown on illegal immigration including an estimated 2.2 million self-deportations. As of June 24, we have now deported over 948,000 illegal aliens and arrested over 981,000 illegal aliens,» the spokesperson said, adding that since the first day of Trump’s administration, DHS has been delivering on the promise to «Make America Safe Again» and more than 3 million have been deported.

«Our message is clear: if you come to our country illegally, we will find you, we will arrest you, and we will deport you.»