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Espías rusos. El novelesco periplo de la familia de Belgrano a la que Putin recibió con flores blancas, rosas y púrpuras

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La carta con membrete del estudio jurídico Godec, Černeka & Nemec, a cargo de la defensa de la pareja detenida en Eslovenia con pasaportes argentinos, era amable, pero inequívoca. Llegó a la embajada argentina en Austria, meses atrás, cuando la historia de los “topos” rusos, digna de la serie “The Americans”, comenzaba a dar el vuelco definitivo.

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El mensaje trazaba una línea roja: María Rosa Mayer Muños y Ludwig Gisch, que aún sostenían que así se llamaban, le comunicaron a la diplomacia argentina que rechazaban toda asistencia consular para ellos y para sus hijos, menores de edad y nacidos en Buenos Aires. Gracias, pero no. Faltaban meses para que admitieran que eran espías rusos y protagonizaran el intercambio de prisioneros más grande desde el fin de la Guerra Fría.

Para entender, hay que retrotraerse a diciembre de 2022, cuando Mayer Muños y Gisch fueron arrestados por fuerzas especiales en Liubliana, la capital eslovena. Ante los sabuesos de ese país siempre sostuvieron que eran víctimas inocentes de una terrible confusión y no lo que sostenía la acusación -dos espías al servicio de Vladimir Putin-, sustentada en datos aportados por, ahora se sabe, la inteligencia británica.

Al pie de la escalerilla del avión, Putin recibió a los espías con dos ramos de floresMikhail Voskresensky – Pool Sputnik Kremlin

Ella reafirmaba que había nacido en Grecia, que tenía alidad mexicana, que se dedicaba al arte y que había migrado a la Argentina, donde había obtenido la ciudadanía y conocido a quien sería su marido, con quien tuvo a dos hermosos hijos: una niña, Sofía, y un niño, Daniel. Él trazó un recorrido distinto, pero similar: que había nacido en Namibia, que era de nacionalidad austríaca, que era informático y que había ingresado desde Uruguay a la Argentina, donde también había obtenido la ciudadanía y conocido a su esposa. Juntos, completaban, habían decidido migrar a Europa para alejarse de la inseguridad callejera que asolaba en Buenos Aires. Todo era un grave error, sostenían.

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Los servicios de inteligencia utilizan, sin embargo, una palabra para las biografías de cartón que montan los “topos”, como la que urdió la pareja detenida en Eslovenia, con detalles sobre una vida apacible en el barrio porteño de Belgrano. Esa palabra es “leyenda”. Y construir esa fachada puede tomarles décadas… y derrumbarse en un instante.

La “leyenda” de estos topos se remonta, en efecto, tan atrás como 2009, cuando un austríaco identificado como Martin Hausmaninger ingresó por primera vez a la Argentina. Volvería en julio de 2012, vía Uruguay, pero ya reconvertido en Ludwig Gisch. Y ella lo secundaría dos meses después, en un vuelo de Aeroméxico, en un recorrido que terminaría en celdas de máxima seguridad eslovenas, una década después.

Ajena a todo esto, la Cancillería argentina se activó desde el momento en que se conoció la detención de la pareja a través de los medios de comunicación. Por ley debe asistir a los nacionales en el extranjero; en particular, cuando menores de edad pueden estar en problemas o requerir apoyo. Y eso hizo la embajada argentina con sede en Viena y jurisdicción sobre Austria, Eslovenia y Eslovaquia. Contactó a las autoridades en Liubliana, pidió datos sobre la pareja detenida y sobre sus hijos, argentinos nativos.

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La ficha del DNI argentino tramitado por la espía rusa
La ficha del DNI argentino tramitado por la espía rusaGentileza

“La respuesta que recibimos fue que la pareja se encontraba detenida en celdas de máxima seguridad y que los hijos se encontraban en un hogar de acogida temporal en las afueras de la capital”, resumió una fuente diplomática argentina al tanto del diálogo bilateral, ante la consulta de .

Tratándose de menores, las embajadas argentinas tienen la obligación de supervisar su situación de manera periódica, requerir información detallada al país donde esos niños se encuentren y remitir sus informes por cable a la Cancillería en Buenos Aires. Y así fue. Durante meses, el ida y vuelta con las autoridades eslovenas no registró contratiempos.

“Nos informaron que los padres, detenidos, mantenían contacto virtual con sus hijos, todos los días y que, a pesar de sus condiciones de alojamiento, también se reunían con ellos, de manera presencial, una vez por semana”, precisó la fuente diplomática argentina.

“Sentíamos que los servicios de seguridad eslovenos hacían todo lo posible por mantener a los niños en Eslovenia y mantenernos juntos”, afirmó Anna Dultseva
“Sentíamos que los servicios de seguridad eslovenos hacían todo lo posible por mantener a los niños en Eslovenia y mantenernos juntos”, afirmó Anna DultsevaCaptura

Eso no fue, sin embargo, lo que afirmó ante la televisión pública rusa la mujer que decía llamarse María Rosa Mayer Muños. “Nos amenazaron con que Argentina supuestamente quería llevarse a nuestros hijos, que los niños podían ser dados en adopción a otra familia”, detalló, ya de regreso en Moscú y blanqueada su identidad real: Anna Valerievna Dultseva, nacida en Nizhni Nóvgorod y oficial del Servicio de Inteligencia Exterior (SVR).

Desde la diplomacia argentina niegan que hayan pujado por los menores. “Nos interesamos porque nadie se presentó en Buenos Aires, en la embajada argentina o ante las autoridades eslovenas, para interesarse por los chicos. Ningún posible pariente de la pareja, ni nadie que fuera a asumir la tutela. En ese contexto, debíamos velar por ellos; eso fue todo”.

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Estrategia

¿Los investigadores eslovenos afirmaron que la Argentina podría llevarse a los menores en un intento por quebrar las voluntades de sus progenitores durante los interrogatorios? ¿Afirmó eso Dultseva para condimentar su testimonio con una dosis de dramatismo ante la audiencia televisiva rusa? ¿O se debió a un simple error de comunicación o traducción?

En cualquier caso, esa versión explica la carta que la pareja envió a la embajada argentina en Austria con la firma de sus abogados. Informaron que rechazaban toda asistencia consular, tanto para sí, como para sus hijos menores. Y así lo reportó a Buenos Aires, por cable, el embajador Holger Federico Martinsen.

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En la entrevista que concedieron a la televisión pública rusa, Ludwig Gisch -en realidad, Artem Viktorovič Dultsev, oriundo de Bashkortostán y agente del SVR-, detalló algo más. Relató que un agente ruso los visitó regularmente mientras estaban detenidos para verificar cómo se encontraban, cruzar información y que, incluso, “les pasó un saludo” de Putin.

Negociaciones secretas

Las autoridades eslovenas, mientras tanto, habían logrado verificar las verdaderas identidades de los detenidos, gracias a Interpol y a las fichas dactilares disponibles en el Registro Nacional de las Personas, en Buenos Aires. Y mutaron, según las fuentes diplomáticas argentinas consultadas. Pasaron de responder cada requisitoria consular, aportar detalles sobre la situación de los menores en el hogar transitorio y en el colegio y remitir un informe ambiental, al silencio total.

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“Por un lado, no podemos interferir con la patria potestad de los padres; pero, por el otro, los padres estaban detenidos y los hijos eran argentinos nativos, menores de edad, sujetos a la ley 346 de Ciudadanía Argentina”, precisó una fuente diplomática a . En esa situación, la embajada en Viena requirió, por escrito, ver a los menores.

“A la luz de todo lo que ocurrió durante los últimos días, comprendemos qué pasó”, resumió una voz de la Cancillería, “en especial desde que a principio de año dejaron de contestar nuestras consultas por escrito y nuestras llamadas”.

¿Qué ocurrió? Se sabe, ahora, que los agentes de los servicios de espionaje rusos y de la Agencia de Inteligencia estadounidense (CIA) llevaban más de un año sondeando la posibilidad de un intercambio de prisioneros. Entre ellos, el periodista de The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, y la pareja detenida con pasaportes argentinos en Eslovenia.

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Las negociaciones comenzaron en enero de 2023, apenas semanas después del arresto de la pareja. Agentes rusos y estadounidenses mantuvieron una reunión secreta en una capital de Medio Oriente, para sondear la posibilidad de intercambiar a Paul Whelan por la pareja detenida en Eslovenia. Los rusos rechazaron la oferta, pero dejaron claro que estaban dispuestos a negociar si la oferta era más generosa.

Dos altos funcionarios del Departamento de Estado, James Rubin y Roger Carstens, se abocaron a “agrandar el problema”, según reveló The New York Times. Es decir, a ampliar el universo de personas que podrían integrar el trueque, para luego plantearle la idea al superior de ambos, el secretario de Estado, Antony Blinken, quien obtuvo la aprobación del presidente Joe Biden, en marzo de 2023.

Un mes después, Blinken sondeó a la ministra alemana de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock durante una cumbre del G7. Le consultó si su país podría sumarse al intercambio de prisioneros, aportando al sicario condenado y preso en Alemania, Vadim Krasikov, si el trueque incluía al líder opositor ruso Aleksei Navalny.

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El apoyo inicial de Alemania al posible intercambio pareció evaporarse cuando murió Navalny, a lo que se sumó el rechazo ruso a intercambiar a Whelan y Gershkovich por cuatro espías de Moscú, incluidos los “topos” detenidos en Eslovenia. Por eso las reuniones se extendieron durante meses y abarcaron también a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, con el canciller alemán Olaf Scholz, según reveló la cadena CNN, y la intermediación del otrora CEO de Google, Eric Schmidt, y el oligarca ruso Roman Abramovich. Hasta que, ya en junio, Scholz aprobó entregar a Krasikov. Y otros países aportaron otros eslabones a la cadena de trueques y favores: de Noruega a Bielorrusia y de Polonia a Turquía.

“Enorme presión”

Los tiempos se aceleraron. Todos los juicios que se desarrollaban en Rusia llegaron a un cierre abrupto. Todos con condena. Gershkovich fue sentenciado a 16 años de prisión el 19 de julio. Ese mismo día, la periodista estadounidense Alsu Kurmasheva también fue condenada. Y el 21, una hora antes de bajarse de la campaña por su reelección, Biden llamó al primer ministro esloveno, Robert Golob, para informarle sobre la situación.

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En los tribunales de Liubliana, mientras tanto, Mayer Muños y Gisch le dijeron adiós a los pasaportes argentinos. Se declararon culpables, recibieron una condena a un año y siete meses de prisión, pero no enfilaron hacia la cárcel, sino hacia el aeropuerto, junto a sus hijos, agradecidos con Rusia, pero también con sus cazadores.

“Sentíamos que los servicios de seguridad eslovenos hacían todo lo posible por mantener a los niños en Eslovenia y mantenernos juntos”, afirmó Anna Dultseva, ante la televisión rusa. “Sentíamos que había una enorme presión sobre Eslovenia por parte de los servicios especiales de otros países”.

El resto se sabe. Trascendieron videos del matrimonio ingresando junto a sus hijos al avión que, desde el aeropuerto de Ankara, Turquía, los devolvió a Rusia. Allí los recibió Putin, al pie de la escalerilla con un ramo de flores blancas, rosas y púrpuras para la madre y otro para la niña Sofía, que hasta minutos antes desconocía toda la trama, es católica y no habla ruso. “Buenas noches”, la saludó Putin en español.

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“Nunca dudamos, ni por un momento, de que nuestro país se acordaba de nosotros, que Rusia y el servicio secreto nos respaldaban, y que al final todo estaría bien”, afirmó Artem Dultsev a la televisión rusa, en un primer plano que incluía, más atrás, a su mujer y a sus hijos. Sofía, de 11, sujetaba una muñeca en sus manos; Daniel, de 8, una pelota de fútbol bajo su pie derecho.



Hugo Alconada Mon,LA NACION,Política

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POLITICA

“Es mentira”: Patricia Bullrich ratificó sus críticas por Discapacidad y contradijo a Diego Santilli

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La senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, ratificó sus cuestionamientos por la inclusión de recortes al área de discapacidad en el proyecto de Presupuesto 2027 y desmintió al jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien dijo ayer que fue un tema hablado durante la reunión de la mesa política el último martes.

La legisladora negó que la conducción parlamentaria hubiera sido informada sobre las modificaciones introducidas en el texto enviado al Congreso y tildó de falsa la versión oficial sobre un debate previo en la mesa política del Gobierno.

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En declaraciones a la señal LN+, la jefa de la bancada oficialista en la Cámara Alta reaccionó frente a los dichos del funcionario, quien había sugerido que las reformas al sistema asistencial habían sido conversadas en los encuentros semanales del Ejecutivo y mencionó que la legisladora ese día debió retirarse antes.

Eso es mentira. Cuando se habló del presupuesto yo estaba, y Martín Menem tampoco sabía nada”, afirmó la referente oficialista. La senadora insistió en que el proyecto elaborado por el Ministerio de Economía ingresó de madrugada a la Cámara de Diputados sin la evaluación de los legisladores.

Bullrich advirtió que impulsar iniciativas sin consenso parlamentario previo provoca un desgaste innecesario en la figura del presidente Javier Milei y complica las negociaciones de la ley en el parlamento.

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La senadora de La Libertad Avanza negó que los artículos cuestionados hubieran sido debatidos en la mesa política

Bullrich cuestionó que los cambios no hubieran sido anticipados al Congreso

La discusión se originó en los artículos del capítulo VI del Presupuesto 2027, que proponían cambios en el sistema de prestaciones por discapacidad. Entre otros puntos, el texto contemplaba eliminar el arancel único de referencia, restringir la compatibilidad entre pensiones por invalidez y empleo registrado y derogar de manera parcial normas de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La senadora sostuvo que el contenido de ese capítulo no se había tratado en la reunión de la mesa política de la que participó el martes. Según relató, allí se expusieron las proyecciones generales del Presupuesto, con una previsión de crecimiento del 4% y una inflación del 21,1%, pero no se abordaron las modificaciones que luego generaron reparos dentro del oficialismo y sus aliados.

En ese marco, Patricia Bullrich rechazó la afirmación de Diego Santilli acerca de que el asunto había sido conversado. También aseguró que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, desconocía los artículos cuestionados cuando el proyecto ingresó al Congreso.

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Yo tengo una responsabilidad, que es generar los consensos necesarios para que las leyes que mande el Gobierno sean leyes y no sean proyectos perdidos en el fondo de la nada”, afirmó. Para la legisladora, la mesa política debe anticipar los proyectos que necesitan respaldo parlamentario y evaluar sus posibilidades antes de que lleguen al recinto.

El oficialismo abrió una negociación con sus aliados

Patricia Bullrich negó que los cambios sobre discapacidad hubieran sido discutidos en la mesa política del Gobierno

Ante las objeciones planteadas por el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y otros espacios, la Casa Rosada aceptó retirar los artículos cuestionados y habilitar una negociación para una nueva redacción. Bullrich consideró que esa instancia era necesaria para evitar que el proyecto volviera a quedar sin los votos suficientes.

La senadora vinculó el debate actual con dos crisis legislativas previas, en las que también se discutieron cuestiones ligadas a discapacidad y al financiamiento universitario.

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Al referirse a una posible salida para el conflicto, planteó que el Gobierno debe trabajar con la Agencia Nacional de Discapacidad y con los bloques aliados. “Este es un tren que viene de frente a chocarnos”, dijo al describir el costo político que, a su criterio, tendría insistir con disposiciones que no reúnen apoyo parlamentario.

Bullrich fijó el superávit fiscal como límite para los cambios

La Libertad Avanza busca acuerdos con bloques aliados para avanzar con el Presupuesto 2027 en el Congreso

La legisladora sostuvo que el oficialismo buscará acuerdos, aunque aclaró que el superávit fiscal y las metas de inflación no estarán sujetos a negociación. “Tiene fundamentos que no vamos a negociar: superávit y metas de inflación. Esa es la matriz del plan, no la vamos a tocar”, expresó.

Bullrich afirmó que las situaciones de mayor sensibilidad social deben resolverse dentro de ese marco y diferenció las prestaciones que requieren las personas con discapacidad de los casos de fraude. A la vez, cuestionó que se envíen iniciativas cuya viabilidad parlamentaria no fue evaluada previamente.

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Si vos mandás algo que no vas a poder convertir en ley, desgastás al Presidente. ¿Querés que el Presidente vete eso para que otra vez te lo bajen?”, preguntó la senadora, al insistir en que el Ejecutivo debe construir mayorías antes de presentar los proyectos.

Consultada además por una eventual candidatura junto a Javier Milei en 2027, Bullrich dejó en segundo plano cualquier aspiración personal. “Para mí es muy importante que el proyecto reelija”, afirmó.

La dirigente también se pronunció a favor de suspender o eliminar las PASO y señaló que el oficialismo mantiene conversaciones con el PRO, sectores radicales, gobernadores y fuerzas provinciales para reunir los votos necesarios. Sobre su futuro político, reiteró que su prioridad es la continuidad del Gobierno y la reelección presidencial.

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Diego Santilli,Casa Rosada,reunión de gabinete,Argentina,política

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POLITICA

El 66% de las causas iniciadas en el fuero civil y comercial son reclamos contra obras sociales o prepagas

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El fuero Civil y Comercial Federal va camino a convertirse, en los hechos, en un fuero de la Salud. Según estadísticas del Consejo de la Magistratura, el 66% de las causas iniciadas allí durante el primer semestre del año son amparos de salud. Es decir que casi siete de cada diez expedientes son reclamos urgentes de pacientes contra prepagas u obras sociales.

Fuentes del fuero aseguran incluso que para agosto de este año el porcentaje ya trepaba al 70%, lo que representa un fuerte incremento respecto a 2025, cuando los amparos de salud se ubicaban en torno al 45%.

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“Es a lo que nos dedicamos ahora, a despachar salud”, asegura un funcionario judicial que mira con preocupación el aumento de casos.

Los datos consolidados por el Consejo indican que hasta el 30 de junio se habían iniciado en el fuero 7523 causas y que 4990 correspondían exclusivamente a este rubro. Muy detrás quedaron las materias que históricamente ocuparon al fuero, como el derecho marítimo, la propiedad intelectual, el transporte y otros conflictos comerciales.

El grueso de las presentaciones corresponde a problemas de afiliación: son trabajadores que, tras su jubilación, procuran evitar el pase a PAMI y buscan mantener su cobertura, con el mismo plan y cartilla.

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No representan, en principio, grandes desafíos jurídicos. Fuentes judiciales señalan que la Corte Suprema (en los casos Albónico y Andrada) dejó en claro que el traspaso forzoso a PAMI es ilegítimo.

Pero muchas otras presentaciones corresponden a pacientes que golpean de urgencia la puerta de los tribunales y obligan a jueces a resolver pedidos de tratamientos puntuales, medicamentos costosos o el mantenimiento de algún enfermero o cuidador.

El fenómeno presiona sobre una estructura integrada por 11 juzgados y tres salas de Cámara. tomó el último día hábil como botón de muestra para medir la capacidad de respuesta de la Justicia. De las 42 resoluciones despachadas este viernes 18 de septiembre en el fuero, 28 trataban sobre amparos de salud. Es decir, el 66%.

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Más allá de algún matiz, todas las decisiones de la Justicia fueron favorables a los pacientes.

Sistema en tensión

“La judicialización es la punta del iceberg, el síntoma. Pero el problema es otro. La judicialización funciona como un termómetro de las tensiones estructurales del sistema sanitario”, advierte la directora del Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la UBA, Marisa Aizenberg.

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La especialista tiene una mirada crítica sobre la respuesta que ofrecen las empresas del sector a los reclamos de pacientes que luego recurren a la Justicia. La planteó este sábado durante el encuentro metropolitano de Salud Pública en la facultad de Ciencias Médicas de la UBA y, luego, en diálogo con .

Al mismo tiempo, sostiene que el sistema se encuentra “absolutamente fragmentado” y que resulta difícil establecer reglas generales para 24 jurisdicciones, en las que conviven financiadores y prestadores sometidos a regulaciones diferentes.

Del otro lado, las prepagas ponen el foco en la siempre continua expansión del paquete de prestaciones mínimas y en la ausencia de reglas claras que establezcan un tope en la cobertura.

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“Salen cautelares de todo tipo, todo lo que aparezca como un pedido por parte de un usuario se transforma en una realidad”, se queja un importante actor de ese ecosistema. “Incluso la cobertura geriátrica. Todo eso produce un desfinanciamiento del sistema, que deriva en una peor atención”, agrega la misma voz.

En esa línea, en una columna publicada en , el director general del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (Cemic) “Norberto Quirno”, Hugo Magonza, señaló que, cuando no existen reglas explícitas, la asignación de recursos termina desplazándose hacia la judicialización. Y marcó que el sistema está atravesado por “una verdad incómoda”: la imposibilidad de financiar “todo para todos, todo el tiempo y con la máxima calidad”.

A ese argumento se suma el impacto de la caída del trabajo registrado. Menos empleo formal se traduce, invariablemente, en una reducción del padrón de afiliados. Y si bien con ello también disminuyen las obligaciones de cobertura, el proceso va acompañado de un fuerte aumento de los costos, impulsado por los avances tecnológicos y la aparición de medicamentos de alto precio, que desafían cualquier previsión presupuestaria, advierten en el sector.

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La especialista en derecho y salud Aizenberg reconoce que los números de las prestaciones están ajustados y que falta un criterio definido respecto de dónde establecer el límite de las coberturas. “Ese criterio, sin embargo, no puede ser estrictamente financiero porque todas las enfermedades de alto costo se quedarían afuera”, advierte.

“Es cierto que la queja está motivada. Creo que la cuota no les alcanza, en algunos casos. Entonces sentémonos a dialogar, a hacer un plan a 10 o 20 años”, señala. El diagnóstico compartido es que, en materia de salud, no se entra en el fondo del asunto.

Promesa

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El Gobierno detectó el problema y ensayó una respuesta con un programa que cumplió su primer año a principios de este mes: Promesa (Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud) es una instancia optativa que busca evitar que el contrapunto entre el paciente y la financiadora escale a los tribunales.

Según datos oficiales, el programa cuenta con casi 2000 mediadores capacitados especialmente y, durante su primer año, alcanzó acuerdos en el 44,9% de los casos, con un promedio de resolución de 17 días.

Fuentes de la Superintendencia de Servicios de Salud ponen como ejemplo el caso de una mujer que reclamaba una internación cuyo costo rondaba los $6 millones mensuales. En la segunda audiencia de mediación, las partes acordaron reemplazar esa prestación por un acompañante, con un costo de alrededor de $2 millones mensuales.

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Sin embargo, los números del Consejo señalan que el mecanismo todavía no logró contener la avanzada de expedientes en el fuero Civil y Comercial, según acreditan las estadísticas del Consejo. “Está bien encaminado, hay que darle tiempo”, apuntan en la Justicia.

Fuentes del fuero aseguran que la crecida responde también al auge de las redes sociales. Allí, la posibilidad de litigar ante los incumplimientos ganó mucha publicidad, con abogados cada vez más especializados. También señalan que la estrategia de las empresas del rubro no es obtener fallos favorables en la Justicia, sino que un porcentaje de casos no alcancen la judicialización.




columna publicada en LA NACION,Federico González del Solar,Conforme a

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La Casa Rosada invitó a un grupo de gobernadores aliados a un foro de inversiones en París mientras negocia el Presupuesto 2027

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En medio de las negociaciones por los distintos proyectos legislativos que busca aprobar el oficialismo, la Casa Rosada invitó a un grupo de gobernadores dialoguistas para que acompañen a Javier Milei en su viaje a París para celebrar una nueva edición de la Argentina Week.

El foro ideado por la Cancillería para atraer inversiones extranjeras al país se celebrará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en la capital francesa. En ese escenario, tal como lo hizo en Nueva York, el Gobierno quiere mostrar mayor amplitud política en un momento donde además está en plenas negociaciones con las provincias para avanzar con su agenda legislativa en el Congreso.

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En la carpeta del oficialismo, las urgencias principales son el Presupuesto 2027 -que ya despertó roces por los recortes en Discapacidad y Universidades- y la reforma electoral. Sin embargo, la lista va más allá con iniciativas como la Ley de Defensa de la Soberanía, la reforma del Banco Central, Zona Fría, entre otras.

Según pudo saber TN, la lista de mandatarios provinciales fue consensuada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, e incluye a 15 mandatarios invitados. “Todavía no está cerrada”, aclararon desde Balcarce 50.

El presidente Javier Milei en la inauguración de la “Argentina Week” en Nueva York. (Foto: Presidencia)

Hasta el momento, la convocatoria incluye a Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro) y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

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