INTERNACIONAL
Estados Unidos «tiene la capacidad de atrapar a Raúl Castro» como hizo con Maduro: ¿Lo hará?
Desde que Raúl Castro fue acusado por fiscales federales de Estados Unidos por asesinato y conspiración, muchos se preguntan si el líder revolucionario podría correr la misma suerte que el venezolano Nicolás Maduro.
“Esperamos que se presente aquí por voluntad propia o de otra manera”, dijo el secretario de Justicia, Todd Blanche.
Castro, de 94 años, era ministro de Defensa de su fallecido hermano y expresidente Fidel Castro cuando en 1996 exiliados residentes en Florida comenzaron a realizar incursiones a la isla. Desde ese cargo ordenó el derribo de dos aeronaves que según Cuba violaban su espacio aéreo y que de acuerdo con Blanche estaban tripuladas por civiles desarmados en misiones humanitarias.
“Estados Unidos ciertamente posee la capacidad militar para capturar a Raúl Castro tal como capturaron a Maduro, aunque probablemente resultaría más costoso”, dijo a The Associated Press William LeoGrande, politólogo de la American University en Washington.
La madrugada del 3 de enero en una sorpresiva operación militares estadounidenses detuvieron en Caracas a Maduro y a su esposa y los trasladaron a Nueva York. Ambos habían sido acusados antes por fiscales de esa ciudad de cargos de narcotráfico.
Tras la captura de Maduro —un cercano aliado de Cuba—, Donald Trump impuso un cerco energético a la isla que agudizó la crisis de una economía agobiada por décadas de sanciones de Estados Unidos.
Para LeoGrande, el objetivo de la acusación contra Castro «es dar un paso más en la escalada de la campaña de presión que Trump y (el secretario de Estado Marco) Rubio han estado librando contra Cuba”.
Castro tomó la presidencia interina de la isla tras la enfermedad de su hermano Fidel en 2008 y hasta 2018 cumplió dos mandatos propios. En 2014 encabezó un histórico acercamiento con Estados Unidos bajo el gobierno de Barack Obama.
Como ministro y presidente sus actividades siempre transcurrieron en la mayor discreción. Nada de agendas, actos protocolares o reuniones públicas.
Poco se conoce de su vida privada, salvo que se casó con la guerrillera Vilma Espín con quien tuvo cuatro hijos en la década de 1960.
Reside oficialmente al oeste de La Habana y desde que se retiró se ha dedicado a recibir a invitados especiales, siempre vestido con un uniforme militar verde olivo.
La última vez que se lo vio en público fue el 1 de mayo rodeado de decenas de miles de personas que asistían a una manifestación por el Día del Trabajador en el malecón de La Habana.
Castro se mantuvo erguido bajo el sol incluso cuando algunas personas se desmayaron antes de que comenzara el evento. Detrás de él estaba su equipo de seguridad liderado por su nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo”.
Rodríguez Castro es hijo de su primogénita Debora y del fallecido general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, quien fue su mano derecha y dirigió GAESA, un poderoso emporio militar empresarial también sancionado por Estados Unidos.
“El Cangrejo” ha participado en conversaciones recientes entre dirigentes cubanos y estadounidenses, incluida una de la semana pasada con el director de la CIA, John Ratcliffe.
No está claro de inmediato qué pasará con Castro tras los cargos impuestos por Estados Unidos.
El gobierno cubano condenó rápidamente la acusación mientras se prepara para celebrar este viernes un mitin público en su honor convocado por la Unión de Jóvenes Comunistas.
Los expertos concuerdan en que aunque no ocupa un cargo formal, Castro es un hombre respetado por el gobierno de Miguel Díaz-Canel y por el gobernante Partido Comunista.
“Aún conserva influencia y la cúpula dirigente solicita su opinión sobre las decisiones importantes, pero no dirige el gobierno en el día a día», dijo LeoGrande.
Sin embargo, aclaró el analista, si fuera capturado en una operación militar estadounidense «eso no alteraría el funcionamiento del gobierno, a diferencia de lo que ocurrió en Venezuela”.
Castro no es ajeno a la cárcel. En junio de 1953 fue arrestado en Cuba tras ser acusado de rebelión armada. Fue condenado a 13 años de prisión y liberado en mayo de 1955 tras una amnistía. Posteriormente partió a México y ayudó a organizar la revolución.
INTERNACIONAL
La muerte de la princesa Bajrakitiyabha genera incertidumbre sobre la sucesión de la monarquía de Tailandia
La muerte de la princesa Bajrakitiyabha, anunciada este viernes por la Casa Real tailandesa, reconfigura el mapa sucesorio de la monarquía en un momento de escasa popularidad para la Corona. La primogénita del rey Vajiralongkorn, de 47 años y también conocido como Rama X, falleció tras más de tres años hospitalizada por un severo cuadro cardíaco que la mantuvo inconsciente desde diciembre de 2022.
En el comunicado oficial emitido, la Casa Real detalló: “A pesar de la atención minuciosa y constante del equipo médico, su estado empeoró progresivamente hasta el jueves 11 de junio, a las 19:48 (12:48 GMT), cuando falleció”.
Tras este desenlace, la línea de sucesión directa se concentra en el príncipe Dipangkorn, de 21 años, y la princesa Sirivannavari, de 39. Los cuatro hijos que el monarca repudió en su adolescencia permanecen excluidos del orden sucesorio.
Desde que la princesa fue ingresada de urgencia en un hospital de Bangkok el 15 de diciembre de 2022, la institución mantuvo un estricto hermetismo. Solo se conoció que la causa inicial fue la “inflamación del corazón” por una bacteria micoplasma. En agosto de 2025 y mayo pasado, se reveló que también sufría una “infección abdominal”.
La muerte de Bajrakitiyabha deja vacante la figura considerada más apta y moderna para suceder al actual monarca, cuya imagen pública se vio deteriorada desde su ascenso en 2016. La princesa era vista como una posible vía para restaurar parte del prestigio perdido por la monarquía tras la muerte de Bhumibol, quien reinó durante siete décadas.
El proceso sucesorio en Tailandia enfrenta ahora una mayor incertidumbre. El príncipe Dipangkorn, primero en la línea, es el hijo más joven del rey y, según círculos cercanos a la Casa Real, podría padecer problemas cognitivos, aunque la institución no lo ha confirmado. Sirivannavari, la única hija residente en Tailandia del segundo matrimonio del monarca, demostró una inclinación por la moda y asiste ocasionalmente a eventos oficiales.
En la historia reciente de la familia real, los hijos nacidos de la relación del rey con Sujarinee Vivacharawongse permanecen distanciados. Tras su destierro en 1996, hicieron escasas apariciones públicas en el país. Vacharaesorn, de 45 años y el tercero de esos hijos, regresó sorpresivamente a Tailandia unos meses después de la hospitalización de Bajrakitiyabha y participó en actos oficiales, lo que alimentó las especulaciones sobre la sucesión.
No obstante, en 2025 los cuatro hermanos (Vacharaesorn, Juthavachara, Chakriwat y Vatchrawee) denunciaron haber sido impedidos de ingresar a Tailandia por las autoridades migratorias. El allegado al rey de 45 años volvió a abandonar el país en junio de ese año, según relataron sus hermanos, tras ser presionado para ello.
La situación genera preguntas sobre si estos hijos conservan algún estatus real, ya que no figuran en las imágenes oficiales de la Casa Real.
La posibilidad de que el trono pase a alguna de las hermanas del rey es considerada remota. Sirindhorn, de 71 años, no tiene descendencia, y Chulabhorn, de 68, enfrenta problemas de salud. Ubolratana, la mayor, perdió sus títulos por casarse con un ciudadano estadounidense.
En ocasiones anteriores, la monarquía tailandesa recurrió al cambio de linaje para resolver vacíos sucesorios, como ocurrió en 1935 tras la abdicación del rey Prajadhipok. Si ninguna de las opciones mencionadas resulta viable, la historia podría repetirse con la elección de un familiar indirecto.
(Con información de EFE)
Politics,Asia
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EXCLUSIVE — Treasury Secretary Scott Bessent is being asked to strip the Southern Poverty Law Center (SPLC) of its tax-exempt status, after a Republican congressman alleged their funding of extremist groups is «an act of fraud.»
The plea from Rep. Mark Harris, R-N.C., makes the case that while raking in millions under the guise of fighting hate, the SPLC showed a clear pattern of targeting conservatives on its infamous «Hate Map» while funding the activities of actual extremist groups like the Ku Klux Klan, as alleged in a Department of Justice (DOJ) indictment.
«The SPLC has reached a point where it’s become extremely obvious that they are certainly not the organization anymore that they were maybe even founded to be, but they’ve become a strong left-wing political organization that is really just funding groups that most Americans are absolutely and would be absolutely appalled to know,» Harris told Fox News Digital in a Wednesday interview.
Rep. Mark Harris questions Special Counsel Jack Smith during a House Judiciary Committee hearing in the Rayburn House Office Building on Capitol Hill in Washington, D.C., on Jan. 22, 2026. Smith testified on his team’s federal criminal investigations into President Donald Trump, including 2020 election interference and classified documents. (Al Drago/Getty Images)
The lawmaker’s letter to Bessent establishes that a tax-exempt 501(c)(3) organization «must be organized and operated primarily for charitable, educational, or similar purposes and cannot engage in political activity,» and explains why he thinks the SPLC is bucking that law.
CHIEF OF INDICTED SPLCE FACES HOUSE GRILLING OVER ALLEGED SECRET PAYMENTS TO KKK MEMBERS
«[T]he SPLC has consistently engaged in the partisan targeting of conservative groups by placing them on its so-called ‘hate map,’ alongside organizations such as the Ku Klux Klan and the Aryan Brotherhood,» the letter notes.
«Meanwhile, violent left-wing groups such as Antifa and Jane’s Revenge have been widely ignored by the self-described civil rights organization.»
Harris, a pastor, referenced a major Biden-era scandal — the DOJ’s monitoring of what it called «radical traditionalist Catholics.» — in a House Judiciary hearing in the spring. The Biden administration allegedly used the SPLC’s guidance to justify the monitoring.
The Southern Poverty Law Center released its 2022 map showing hate and anti-government groups across the United States. (Southern Poverty Law Center)
HAWLEY PRESSES FBI TO PROBE ALLEGED BIDEN-ERA TARGETING OF CHRISTIANS
The Alabama-based nonprofit also lumped mainstream Christian groups, like the Family Research Council and Alliance Defending Freedom, into its «Hate Map.»
And in 2012, crazed gunman Floyd Lee Corkins II attacked the Family Research Council office in Washington, D.C., and shot a security guard after he found out they were designated as an anti-LGBT organization on the SPLC’s website.
«I mean, we could go on and on and list those groups, but they all have in common that they happen to be just conservative groups in this country that stand on conservative principles,» Harris told Fox News Digital.
The North Carolina representative also tore into the SPLC over allegations the group funneled $4 million donor dollars into shell companies to fund the KKK and other extremist organizations, all while claiming to fight hate.
Harris claimed in his letter to Bessent this was «an act of fraud» rather than charity, and needs to be addressed as such.
«It’s all in the hands of the it’s all up on Capitol Hill. At Treasury we prepare things in advance. We have prepared in advance that if the legislation is passed, but we will stick to the law,» explained Bessent. (Mark Schiefelbein/AP)
NEO-NAZIS, ‘SADISTIC’ BIKERS AND CHARLOTTESVILLE ORGANIZER: 5 OF THE MOST SHOCKING SPLC INFORMANTS
«Through what we’re learning in this indictment by the Department of Justice that even points out how this $4 million has been misused or used, that one example was that they actually funded a Ku Klux Klan rally and funded the cross burning and paid for the gas to burn the cross,» he said.
He accused the SPLC of creating the racism it claimed to fight.
Harris referenced claims from this week’s congressional hearing that the SPLC saw a spike in contributions after the deadly 2017 «Unite the Right» rally in Charlottesville, Virginia. The group is accused of paying an informant to help plan the rally.
«That’s the way these groups work because, again, it becomes a money-making machine,» said Harris. «If they can keep things stirred up, if they keep things with people fighting, if they could keep people divided … then they accomplish what they want to accomplish, which at the end of the day, is all about the almighty dollar.»
The Southern Poverty Law Center (SPLC) building seen in March 2020 in Montgomery, Alabama. (Barry Lewis/InPictures via Getty Images)
DOJ SAYS SOUTHERN POVERTY LAW CENTER FUNNELED $3M+ TO WHITE SUPREMACIST AND EXTREMIST GROUPS
Harris’ letter concluded: «The evidence is clear: the SPLC does not operate as a charitable organization and should therefore lose its tax-exempt status. I respectfully ask that you direct the IRS to examine the SPLC’s Section 501(c)(3) status and take appropriate action to revoke their tax-exempt status.»
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The SPLC has denied the DOJ’s allegations.
The group did not respond to Fox News Digital’s request for comment.
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INTERNACIONAL
Former South Korean President Yoon Suk Yeol sentenced to 30 years over North Korea drone flights
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A South Korean court sentenced former President Yoon Suk Yeol to 30 years in prison Friday in a case that accused him of ordering drone flights over North Korea in an effort to justify his declaration of martial law.
Yoon, 65, was sentenced alongside former Defense Minister Kim Yong Hyun by the Seoul Central District Court.
The ousted president was previously sentenced to life in prison for leading an insurrection following his declaration of martial law in December 2024.
North Korea accused South Korea of flying drones over Pyongyang to drop propaganda leaflets on three occasions in October 2024.
SOUTH KOREAN LAWMAKERS SUPPORT SUSPENDING PRESIDENT’S POWERS AFTER SHORT-LIVED MARTIAL LAW DECLARATION
South Korea’s impeached President Yoon Suk Yeol attends a hearing of his impeachment trial at the Constitutional Court in Seoul on Feb. 11, 2025. (Lee Jin-man/AP)
Then-Defense Minister Kim initially issued a vague denial before South Korea’s Defense Ministry said it could neither confirm nor deny the allegations.
Although tensions between the two Koreas escalated following the incident, the drone flights did not lead to any military clashes.
Prosecutors accused Yoon of attempting to create a crisis with North Korea while plotting an authoritarian power grab aimed at removing political opponents and consolidating control.
SOUTH KOREAN COURT RULES EX‑PRESIDENT YOON SUK YEOL GUILTY IN INSURRECTION TRIAL
Supporters of former South Korean President Yoon Suk Yeol stage a rally outside the Seoul High Court in Seoul on April 29, 2026. (Ahn Young-joon/AP)
Before declaring martial law, Yoon delivered a televised address accusing liberal lawmakers of sympathizing with North Korea.
Yoon has argued that he possessed the constitutional authority to declare martial law and said the move was intended to draw attention to what he viewed as obstruction by opposition parties.
His attempt to impose martial law lasted roughly six hours before lawmakers voted to overturn it amid mass public protests.
Yoon was arrested in July 2025 and continues to face multiple criminal proceedings.
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South Korea’s ousted former President Yoon Suk Yeol arrives at Seoul Central District Court in Seoul to attend his trial on charges related to declaring martial law on Dec. 3, 2025. (Ahn Young-joon/AP)
The insurrection verdict has been appealed by both Yoon and prosecutors, who had sought the death penalty.
The Associated Press contributed to this report.
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