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ECONOMIA

Fracasó la audiencia de los aceiteros: no hubo acuerdo entre las partes y cada trabajador perdería $960.000 por semana de paro

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Si se reanuda el paro, cada trabajador perdería hasta $960.000 por semana de paralización

La paritaria aceitera volvió a cerrarse sin acuerdo este martes. La audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo a pedido de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro Exportador de Cereales (CEC) terminó sin resultados, luego de que los gremios aceiteros rechazaran la propuesta empresaria de actualizar los salarios mes a mes según el índice de precios al consumidor del Indec.

Semanas atrás, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) lanzaron un paro en todas las plantas del pais, medida ante la que el Ministerio de Capital Humano reaccionó casi de forma inmediata con una conculiación obligatoria que vence este jueves 18 de junio.

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Frente a la falta de acuerdo paritario el bloque empresario advirtió que cada semana de paro le costaría a cada trabajador hasta $960.000 en salario no percibido.

Según el comunicado que difundió por CIARA-CEC este martes tras la reunión, la industria llegó a la mesa dispuesta a firmar en ese mismo acto el compromiso de ajustar los salarios todos los meses según el reporte del Indec, sin excepción. “La industria confirmó que está dispuesta a firmar hoy mismo que todos los meses incrementará los salarios con el reporte mensual del Indec y de esa manera no perder poder adquisitivo. Pero no obtuvo voluntad de negociar de parte de los sindicatos”, señala el texto.

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La oferta empresaria se apoya en los números acumulados desde enero: Ciara-CEC asegura haber anticipado aumentos del 13,8%, mientras que la inflación del mismo período llegó al 14,7%, una brecha de menos de un punto porcentual. Desde noviembre de 2023, el salario aceitero acumuló un alza del 361%, frente al 299% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y al 304% del tipo de cambio en ese lapso. Las cámaras sostienen que su propuesta “es la única viable para defender los salarios aceiteros”.

Los gremios, en cambio, reclaman un aumento del 20% retroactivo a mayo y rechazan que la indexación por IPC sea suficiente para recomponer el poder adquisitivo. El secretario general del SOEA de San Lorenzo, Daniel Succi, había anticipado antes de la reunión que las bases estaban dispuestas a dar pelea: “Siempre tenemos ganas de negociar y siempre que sea conveniente para el trabajador vamos a ver cómo se hace”, afirmó en declaraciones radiales. Los sindicatos también cuestionaron las cifras salariales que difunde el sector empresario: mientras CIARA-CEC sostiene que el promedio ponderado del trabajador aceitero alcanza los $4,8 millones mensuales, Succi señaló que el básico inicial es de $2.344.000 y el tope de supervisores ronda los 3.500.000 pesos.

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Frente a la posibilidad de un nuevo paro, Ciara-CEC volvió a insistir en el costo concreto para los propios trabajadores: cada día de paralización representa una pérdida de $160.000 por empleado, lo que en una semana laboral completa acumularía $960.000 por trabajador.

El conflicto tuvo su detonante a fines de mayo, cuando ambos sindicatos declararon un paro por tiempo indeterminado en todas las plantas del país tras la oferta empresaria de un incremento del 0% para ese mes. El Ministerio de Capital Humano intervino de inmediato con la conciliación obligatoria, que detuvo las medidas de fuerza y habilitó la negociación formal.

paro aceitero, camiones varados portada
La industria insiste en que su propuesta de indexar salarios al IPC del INDEC es la única viable para preservar el poder adquisitivo del sector

Según anticipó CIARA en su comunicado, es probable que la Secretaría de Trabajo extienda la conciliación una semana más, hasta el 25 de junio. De confirmarse esa extensión, las plantas del principal polo agroexportador del país seguirían activas mientras continúa la negociación. Los gremios, por su parte, quedarían habilitados para retomar las medidas de fuerza si no hay acuerdo al vencimiento del nuevo plazo.

El sector arrastra tensiones desde antes del paro del 27 de mayo. Semanas atrás, transportistas autoconvocados de la provincia de Buenos Aires habían paralizado las terminales portuarias de Bahía Blanca y Necochea en plena cosecha gruesa, en reclamo de un aumento del 15% en el flete, consecuencia del alza del gasoil efecto de la guerra de Medio Oriente. Esa medida, según las cámaras empresariales, generó pérdidas estimadas en al menos USD 450 millones y afectó el cumplimiento de contratos internacionales.

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ECONOMIA

El Gobierno busca asegurarse los dólares para blindar los pagos de deuda de 2027

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El Ministerio de Economía explora distintas alternativas para cubrir los vencimientos en moneda extranjera hasta el final del mandato de Javier Milei. (Jaime Olivos)

Las garantías ofrecidas por el Banco Mundial para colocar deuda a tasas más bajas es un eslabón relevante en el objetivo que se trazó el equipo económico: asegurarse los dólares para “blindar” los pagos de deuda de 2027.

El próximo será un año electoral y por lo tanto será mucho más volátil. Esa mayor incertidumbre se podría traducir no solo en una mayor presión cambiaria a medida que se acerquen los comicios, algo que viene sucediendo en cada año impar. Además, esa mayor volatilidad se sentiría en el mercado de bonos, lo que podría afectar las cotizaciones. La baja del riesgo país, que se ubica por debajo de los 450 puntos básicos, será difícil incluso de sostener en pleno período preelectoral.

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El 9 de julio próximo vencen USD 4.300 millones en pago de Bonares, en lo que será el segundo vencimiento de este monto en 2026. Para hacer frente a este pago de capital e intereses el Tesoro estuvo colocando bonos de corto plazo (Bonar 2027 y 2028) en el mercado local.

El año próximo vuelve a vencer una cifra similar de Bonares (alrededor de USD 8.500 millones). A eso también se suman nuevos vencimientos de Bopreales por más de 1.000 millones de dólares.

reunión Luis Caputo - Kristalina Georgieva - FMI - Washington
El Gobierno deberá abonar más de USD 7.700 millones al FMI por vencimientos de capital e intereses. (Fuente: FMI)

Pero la mayor obligación del 2027 es con el FMI, ya que el Gobierno deberá cancelar USD 7.700 millones entre capital e intereses. De esta manera, empieza un largo camino para repagar los préstamos que el organismo desembolsó por USD 44.000 millones desde el salvataje al gobierno de Mauricio Macri, en 2018. Luego también hubo fondeo fresco para la administración de Javier Milei, por otros 15.000 millones de dólares.

El nuevo acuerdo firmado el año pasado incluyó fuertes desembolsos al principio del organismo, pero luego la obligación del Gobierno de comenzar a devolver paulatinamente el capital, junto al pago de intereses.

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En ese sentido, desde Puente indicaron que el terreno se va preparando para una colocación internacional, que sería clave para refinanciar parte de la deuda que vence el año próximo.

“La consolidación de la segunda mejora de la nota para Argentina a B- impulsó una compresión de riesgo país de más de 60 puntos básicos, dejando el diferencial frente a mercados emergentes en mínimos de la década (apenas 250 puntos básicos). Esto sumado al renovado flujo institucional, y el anuncio del día de hoy, reabre la ventana estratégica para que el Tesoro evalúe un regreso a los mercados internacionales de crédito mediante una emisión de bonos soberanos en el tercer trimestre del año”, remarcaron.

La posibilidad de refinanciar vencimientos de deuda con acceso a los mercados internacionales permitiría una mejor defensa de los dólares que está acumulando el Central. En otras palabras, en vez de recurrir a divisas propias para pagar deuda se abre una ventaja para refinanciar esos vencimientos con nuevas colocaciones.

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Desde Puente indicaron que las nuevas garantías que ofrece el Banco Mundial permitirán colocar nueva deuda por alrededor de 4.000 millones de dólares. Se trata de un nuevo espaldarazo otorgado por el gobierno norteamericano para el gobierno argentino, teniendo en cuenta que Estados Unidos siempre conserva la presidencia del organismo y tiene un fuerte peso específico en el mismo.

Las líneas comerciales obtenidas bajo este esquema estructurado contarán con un plazo de vencimiento a seis años y contemplarán un período de gracia de tres años, a tasas inferiores que las de mercado.

“Con la confirmación del paquete de garantías aprobado por el Banco Mundial, el equipo económico puede dar por cerrado el programa financiero de este año, asegurando un puente de liquidez clave que despeja los compromisos financieros, incluyendo el pago de bonos soberanos de principios de 2027”, agregaron desde Puente.

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ECONOMIA

Que mejore la economía o ganar otro Mundial: qué prefieren los argentinos

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La pasión por el fútbol y la preocupación por el bolsillo representan dos de las grandes fuerzas motoras que movilizan el día a día en la sociedad argentina. Con el Mundial 2026 en marcha, la histórica disyuntiva entre las alegrías colectivas que otorga el deporte y las urgencias económicas cotidianas volvió al centro de la escena a través de una llamativa medición estadística.

A través de un extenso sondeo de opinión pública de alcance nacional, se planteó un escenario hipotético pero muy gráfico sobre las prioridades actuales de la población. Los resultados reflejan un escenario de extrema paridad, evidenciando cómo el impacto de la inflación, el nivel de ingresos y el consumo conviven con la inigualable ilusión futbolera de volver a levantar la Copa del Mundo de la mano de la Scaloneta.

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Economía vs. Mundial: qué priorizan los argentinos

De acuerdo con el relevamiento llevado a cabo por Giacobbe Consultores, la balanza se inclinó levemente hacia el plano del bolsillo. Un 48,8% de los encuestados manifestó que prefiere una recuperación contundente de la economía del país, incluso si eso implicara un desempeño frustrante de la Selección Argentina en la actual cita mundialista.

Por el contrario, la pasión futbolera resiste con fuerza a pesar de los desafíos financieros. Un 44,2% de los participantes de la muestra eligió la opción opuesta: asegurar una nueva consagración de la Selección mayor, aun cuando la situación económica nacional no registre mejoras en el corto plazo. La brecha entre ambas opciones fue de apenas 4,6 puntos porcentuales, mientras que el 6,9% restante prefirió no tomar postura o manifestó no saber qué elegir.

El estudio también indagó sobre la capacidad del torneo para funcionar como un bálsamo o distracción social ante la crisis. Al respecto, el 46,9% consideró que el certamen deportivo podría distraerlo «un poco», aunque aclararon que no les haría olvidar las dificultades estructurales del país. A su vez, un contundente 37,9% afirmó de forma tajante que de ninguna manera dejará de pensar en los problemas económicos durante el campeonato, mientras que apenas el 14,5% reconoció que la competencia le servirá para desconectarse temporalmente de las preocupaciones diarias.

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Camisetas oficiales, optimismo y el impacto en la política

El impacto de la coyuntura económica también quedó en evidencia al analizar el consumo masivo vinculado al torneo. Ante la consulta sobre la indumentaria de la Selección, un rotundo 72,9% de los encuestados aseguró que no adquirió ninguna camiseta para esta edición. En tanto, un 18,8% optó por comprar una imitación y solamente un escaso 7,8% afirmó haber comprado la indumentaria oficial y original.

En términos del panorama político local, la consultora evaluó si una eventual nueva estrella futbolística podría alterar el humor social de cara a las urnas y beneficiar la imagen de Javier Milei. Frente a este interrogante, el 85,5% de los consultados se mostró escéptico y sostuvo que los ciudadanos votarían exactamente igual, independientemente del resultado deportivo. Solo un 10,1% evaluó que un triunfo en el Mundial podría representar un espaldarazo electoral para la actual gestión presidencial.

Asimismo, la idea de que la Copa del Mundo pueda transformarse en una plataforma para cerrar la grieta fue desestimada por la mayoría. El 71,5% de los encuestados descartó que el certamen deportivo pueda fomentar la unidad política o favorecer grandes consensos nacionales, frente a un 27,3% que todavía guarda expectativas positivas en ese sentido.

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Por último, el informe se complementa con la mirada de otros relevamientos recientes del sector, como el de Proyección Consultores, que expone el clima de época: un 80,5% de los ciudadanos considera que las finanzas generales del país siguen igual de mal o empeoraron, identificando a los bajos salarios (50,9%) como la principal problemática familiar, lo que explica por qué la economía compite cabeza a cabeza con la mayor pasión de los argentinos.

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ECONOMIA

El recibo de sueldo cambia para siempre con la reforma laboral

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El Ejecutivo oficializó los cambios mediante un decreto. El nuevo formato deberá mostrar cuánto cuesta realmente cada empleado para la empresa

16/06/2026 – 18:20hs

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El Gobierno nacional avanzó con la reglamentación de distintos aspectos de la reforma laboral y confirmó una de las modificaciones que más impacto tendrá en la relación entre empleados y empleadores: la implementación de un nuevo modelo de recibo de sueldo que incluirá información detallada sobre el costo laboral total de cada trabajador.

La medida fue oficializada a través del Decreto 407/2026, publicado en el Boletín Oficial, y forma parte de la Ley de Modernización Laboral impulsada por la administración de Javier Milei. Entre los principales cambios, el nuevo documento permitirá visualizar no solo el salario bruto y el salario neto, sino también todas las contribuciones y cargas que afronta la empresa por cada puesto de trabajo.

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Reforma laboral: cómo será el nuevo recibo de sueldo

A partir de la reglamentación, los recibos deberán incorporar un apartado específico donde se detalle el costo laboral total asumido por el empleador. Allí se informarán conceptos como los aportes a la seguridad social, obra social, PAMI, ART, contribuciones sindicales, aportes a cámaras empresariales y otros gastos asociados a la relación laboral.

Según establece la normativa, el nuevo recibo estará organizado en cuatro secciones claramente diferenciadas:

  • Datos identificatorios del empleador y del trabajador.

  • Contribuciones patronales y otros conceptos abonados por la empresa.

  • Remuneración bruta y detalle de las deducciones.

  • Remuneración neta efectivamente percibida por el empleado.

Además, el formato incorporará herramientas visuales para facilitar la comprensión de la información. Entre ellas, un gráfico que mostrará cómo se compone el costo laboral total, permitiendo comparar cuánto representa el salario de bolsillo respecto de las cargas y contribuciones asociadas al empleo.

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Qué busca el Gobierno con esta modificación

Desde el Poder Ejecutivo sostienen que el objetivo es aumentar la transparencia y que los trabajadores puedan conocer con mayor precisión cuánto desembolsa una empresa por cada empleo registrado.

La reglamentación señala que los cambios buscan mejorar la claridad y accesibilidad de la documentación laboral, fortaleciendo la comprensión sobre los conceptos que integran la relación de trabajo y el costo total que afronta el empleador.

Otros cambios incluidos en la reglamentación

La reforma laboral reglamentada también introduce modificaciones en otros aspectos del mercado de trabajo. Entre ellos, se destacan nuevas reglas para los convenios colectivos, cambios en los aportes sindicales, mecanismos de control sobre la representación gremial y actualizaciones vinculadas con empresas de servicios eventuales y plataformas digitales.

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Asimismo, se avanzó en la digitalización de distintos procesos laborales. Por ejemplo, las licencias médicas que requieran reposo deberán emitirse mediante plataformas sanitarias registradas oficialmente, mientras que diversos trámites laborales y previsionales pasarán a realizarse a través de sistemas electrónicos.

Con estas medidas, el Gobierno busca profundizar la modernización del sistema laboral argentino y avanzar hacia una mayor digitalización y simplificación administrativa tanto para empresas como para trabajadores.

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