POLITICA
Fuertes críticas al Gobierno y un pedido a la Corte: qué dice el documento que leyeron en la Marcha Federal Universitaria

En medio de la cuarta Marcha Federal Universitaria que se lleva a cabo en todo el país, las autoridades de las facultades, como los titulares de los diferentes gremios, tanto docentes como nodocentes, volvieron a pedirle al Gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.
En el documento que leyeron en el acto central, al que accedió Infobae, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales volvieron a exponer al Poder Ejecutivo. Defendieron a la educación pública y reiteraron la crisis que se ve reflejada en la comunidad educativa por la situación presupuestaria.
El escrito, titulado “Cuarta marcha federal universitaria: 203 días sin aplicar la Ley. Por la universidad pública y en defensa de la democracia”, está firmado por la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), CONADU Histórica, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Federación de Agrupaciones Gremiales de Docentes Universitarios de la UTN (FAGDUT), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y la Unión Docente Argentino (UDA).
El financiamiento del sistema universitario nacional es actualmente crítico, según el texto, “porque el Gobierno nacional incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la Ley de Financiamiento Universitario”, que establece un piso de recursos para el normal funcionamiento del sistema. La norma en cuestión es la Ley N° 27.795, sancionada y ratificada en el Congreso. El documento advierte que el Ejecutivo también desoye los fallos judiciales que ordenan su aplicación inmediata.

En ese sentido, reclamaron que las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026. De esta manera, se ven afectadas todas las dimensiones de la actividad universitaria y compromete sus funciones sustantivas. A ello se suma que el poder adquisitivo de las partidas destinadas a gastos de funcionamiento no superó, en ningún mes de la gestión actual, el 64% del valor que tenían en enero de 2023. El equivalente a casi nueve meses de transferencias se habría perdido durante esta administración.
En tanto, remarcaron el deterioro salarial que sufrieron los trabajadores de la educación. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, la inflación acumuló 293,30%, mientras que los salarios del sector registraron un incremento del 147,30%, lo que arroja una pérdida de poder adquisitivo del 37,13%. En términos concretos, el documento estima que esa erosión equivale a la pérdida de aproximadamente 10,9 salarios en el período.
“Esta situación ubica en la actualidad a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia, contando con los peores salarios del Estado nacional y los más bajos de América Latina. La progresiva pérdida salarial causa además la destrucción de nuestras obras sociales, del sistema de salud y de los haberes jubilatorios”, añade el escrito.
Las consecuencias de esa política salarial se extienden, según el escrito, al conjunto de las condiciones laborales: renuncias de profesionales formados, reducción de dedicaciones, pluriempleo y crisis en las obras sociales de los trabajadores del sector. “Las y los trabajadores de las universidades públicas cobran salarios que no nos permiten llegar a fin de mes y cubrir las necesidades básicas”, sostiene la declaración.
El documento también detalla el impacto sobre los estudiantes. Las Becas Progresar permanecen congeladas frente a la inflación, con lo que han perdido gran parte de su capacidad de acompañamiento económico para jóvenes trabajadores y sectores populares. Las Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinadas a áreas consideradas prioritarias para el desarrollo del país, atraviesan una situación de incertidumbre y desfinanciamiento. A ese cuadro se suma la suspensión de las becas vinculadas a vocaciones científicas (EVC), descritas en el texto como el principal instrumento de sostenimiento de esas trayectorias a nivel nacional. El CIN, la FUA y el Frente Sindical advierten que el deterioro de estas políticas expulsa estudiantes del sistema y profundiza las desigualdades sociales.
La declaración va más allá del reclamo presupuestario y plantea una ruptura del orden institucional: “Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho”, sostuvieron en el escrito.
Y sumaron: “La universidad argentina, pública, gratuita y federal, tal como la construimos, la promovemos, la protegemos y la defendemos, es un valioso logro de muchas generaciones y una extrema responsabilidad a preservar; siempre hicimos notar que si se atenta contra el sistema de educación pública, se lesionan las condiciones de igualdad y el horizonte posible de reducción de asimetrías y atención de los problemas colectivos desde lo público. La educación es y debe ser el medio para reducir las desigualdades y la exclusión en la sociedad argentina”.
Entre otros aspectos, destacaron que “la universidad pública argentina somos todas y todos. Hijos e hijas de una nación que supo construir aquí lo que no se pudo en ninguna otra parte del mundo. Un instrumento de justicia social que produce movilidad social ascendente, el lugar que aloja la esperanza y hace posible los sueños de miles de jóvenes. Es la educación pública que iguala y nos hace libres. Es el conocimiento y la ciencia que permite alumbrar el desarrollo”.
Hacia el cierre, la declaración interpela directamente a la Corte Suprema de Justicia: le piden que “escuche el clamor de las plazas de toda la república y no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario”. Esto es en relación con el recurso que impuso el Gobierno para que el máximo tribunal se defina sobre la normativa.
“No permitamos que los pilares de nuestras universidades trabajadores docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes, sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño”, completaron.
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POLITICA
Con su gira sudamericana, Milei buscará proyectarse como líder regional de la derecha y avanzar en una cumbre de presidentes

El Gobierno prepara una serie de viajes de Javier Milei por Sudamérica con una lógica política que excede la agenda bilateral. En Nación sostienen que el Presidente busca posicionarse como uno de los ejes de un bloque regional de derecha, en coordinación con Estados Unidos y con foco en seguridad, comercio, inversiones y alineamiento internacional.
El Ejecutivo admite, sin embargo, que el primer movimiento tiene costos. Milei viajará el 25 de julio a Brasil para participar en San Pablo del acto de lanzamiento presidencial de Flavio Bolsonaro, pese a que en despachos oficiales reconocen que los números de proyección electoral del candidato brasileño son “malos”.
La Casa Rosada igual sostiene la decisión. “Es por sintonía ideológica”, explican. En el oficialismo aseguran que no les preocupa si el viaje vuelve a tensionar el vínculo con Luiz Inácio Lula da Silva, aunque Brasil sea el principal socio comercial de la Argentina y el actor indispensable para cualquier negociación en el Mercosur.
Creen que el gesto hacia los Bolsonaro forma parte de una apuesta regional más amplia. Milei no solo irá al acto de Flavio: también planea pasar por Brasilia para ver a Jair Bolsonaro. La señal busca reforzar la alianza política con la familia que encarna la principal oposición de derecha a Lula.
El Gobierno lee como una oportunidad los triunfos consecutivos de candidatos de derecha en Chile, Colombia y Perú. En ese mapa, Milei aspira a mostrarse como un referente continental, con capacidad de articular una agenda común con José Antonio Kast, Keiko Fujimori, Abelardo de la Espriella, Daniel Noboa, Santiago Peña y Nayib Bukele.
El Ejecutivo ubica esa estrategia bajo el paraguas de Washington. “Estados Unidos quiere que lideremos regionalmente. Siempre en coordinación con ellos”, expresan. La frase refleja la intención oficial de convertir a la Argentina en un actor de referencia para la agenda hemisférica de Donald Trump en Sudamérica.
Sin embargo, también reconocen límites. En distintos despachos hay dudas sobre el margen real que Washington le dejará a Milei para ejercer un liderazgo regional autónomo. “Ellos quieren sentarse y hablar directamente con todos. No les gusta tener un delegado ajeno”, agregan en la mesa chica.
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El oficialismo busca entonces combinar dos movimientos: mostrarse como socio prioritario de Estados Unidos, pero al mismo tiempo construir una red propia con presidentes y candidatos de derecha. Ese equilibrio explica la idea de organizar una cumbre regional conservadora en Buenos Aires durante el segundo semestre.
El Gobierno pretende que esa cumbre coincida con una nueva edición de la CPAC en la Argentina, que todavía no tiene fecha confirmada, pero está prevista para antes de fin de año. Hubo conversaciones para hacerla en septiembre, aunque finalmente se postergó. La última edición local fue en 2024.
Aunque asegura que invitará a Donald Trump, el Gobierno reconoce que es improbable que asista. De todos modos, la invitación serviría para mostrar alineamiento político con Washington y para reforzar la idea de que Milei busca ser el principal interlocutor sudamericano del trumpismo.

La Casa Rosada también intenta que Milei vuelva a reunirse con Trump antes de las elecciones legislativas estadounidenses. Además, el Presidente tiene en agenda la CPAC de Mar-a-Lago en noviembre, después de los comicios, como parte de una estrategia para sostener el vínculo con el ecosistema conservador estadounidense.
Asimismo, están atentos a los acuerdos bilaterales que pueden firmarse antes de esa cumbre. El caso más concreto es Ecuador: Milei anticipó que visitará a Daniel Noboa, con quien hay acuerdos pendientes. En Nación presentan ese vínculo como una prueba de que el bloque regional puede avanzar con cooperación práctica y no solo con fotos ideológicas.
Leé también: El Gobierno avanza con un paquete de reformas sobre Seguridad, Inteligencia y Defensa para enviar al Congreso
El Gobierno también quiere que esos entendimientos se repliquen con Perú y Colombia tras las asunciones de Fujimori y de la Espriella. La apuesta es coordinar posiciones en crimen organizado, narcotráfico, comercio, inversiones, organismos regionales y alineamiento con Estados Unidos, sin esperar a que exista una institución formal del bloque.
El Ejecutivo sabe que el punto más difícil sigue siendo Brasil. Si Flavio Bolsonaro no logra acercarse a Lula en las encuestas, se reducen las chances de que Milei pueda impulsar una reforma de fondo del Mercosur. Sin Brasil alineado, la Argentina puede construir una red regional de derecha, pero no modificar la arquitectura comercial del bloque.
Por ahora, aceptan ese riesgo. La lectura oficial es que el viaje a Brasil, las asunciones en Perú y Colombia, la visita a Ecuador y la eventual cumbre en Buenos Aires forman parte de una misma estrategia: instalar a Milei como referente regional de la derecha, aunque el liderazgo real dependa de Washington, del resultado brasileño y de la capacidad de transformar afinidad ideológica en acuerdos concretos.
Javier Milei, viajes, Flavio Bolsonaro
POLITICA
El FBI busca reconstruir desde adentro cómo operaba la AFA: cita a exjerárquicos y avanza sobre el circuito del dinero en EE.UU.

Durante los últimos meses, fiscales federales y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) contactaron a exempleados jerárquicos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). ¿Objetivo? Reconstruir desde adentro -y bajo reserva- cómo funcionó la estructura de decisiones y los circuitos financieros de la entidad que lideran Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, según reconstruyó a partir de dos fuentes con conocimiento directo de esos movimientos.
Los investigadores del Departamento de Justicia mostraron especial interés en escuchar al otrora presidente ejecutivo del Consejo Federal de la AFA, Juan Pablo Beacon, quien durante años actuó como lugarteniente de Toviggino, y participó en operaciones por millones de dólares de la entidad de la calle Viamonte desde y hacia Estados Unidos.
Según la documentación obtenida y analizada por , Beacon y Toviggino impartieron órdenes, coordinaron con los “cueveros” y empresarios involucrados, y llegaron a confeccionar algunas de las facturas apócrifas por “logística” y otros supuestos servicios que un puñado de empresas “fantasma” jamás proveyeron a la AFA, pero que sirvieron para extraer decenas de millones de dólares de la entidad, como reveló este diario en enero de este año.
Esa operatoria incluyó el uso de sociedades constituidas en Miami que solo existen en los papeles y recibieron fondos de empresas “intermediarias” que recaudan los ingresos internacionales de la AFA, como TourProdEnter LLC, del productor teatral Javier Faroni. El circuito concluía con el envío de parte de esos fondos a la Argentina a través de “cuevas” de la City porteña, que acercaban las “puntas” y entregaban el dinero en efectivo, mediante bolsos.
Aunque las razones de la ruptura que ofrecen Toviggino y Beacon resultan contradictorias, la relación entre ellos se quebró. Se sabe que ambos cruzaron acusaciones solapadas mientras circulaban versiones sobre supuestos intentos del segundo por “subastar” información sensible que habría despertado el interés de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
En ese contexto, según reconstruyó , los fiscales Patrick Gushue y Christopher Ting, radicados en Washington DC, y Michael Berger, en el Distrito Sur de Florida, intentaron localizar a Beacon y a otro exempleado de la AFA que reside en la Patagonia, entre otros “sujetos de interés”.
procuró contactar a Beacon y sus allegados, pero al cierre de esta nota no respondieron.
Los fiscales y agentes del FBI también abordaron al empresario Guillermo Tofoni, con quien mantuvieron una reunión virtual hace dos semanas, mediante videoconferencia, según reveló la semana pasada. Durante tres horas, los investigadores buscaron datos para evaluar si ciertas operaciones vinculadas a la AFA en Estados Unidos pueden configurar delitos como lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario estadounidense.
Tofoni prefirió no confirmar ni desmentir esa reunión reservada desde Miami ante la consulta de este medio. Lo cierto es que los investigadores estadounidenses procuran reunir testimonios de personas con conocimiento directo del funcionamiento de la AFA durante la gestión de Tapia y Toviggino y, en particular, de TourProdEnter LLC, la sociedad de Faroni que administró el cobro de contratos comerciales de la entidad en el exterior.
Entre los posibles testigos, los investigadores del Departamento de Justicia también analizan convocar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei que tuvieron acceso a información sensible sobre la AFA o que intervinieron, controlaron o supervisaron sus operaciones durante los últimos años.
La investigación preliminar en Estados Unidos comenzó a gestarse durante 2025, con foco en las actividades de TourProdEnter LLC. En particular, los fiscales buscan reconstruir el recorrido de los fondos administrados por Faroni y su esposa, Erica Gillette, a través del sistema financiero estadounidense.
Los tres fiscales que intervienen en la pesquisa cuentan con experiencia en investigaciones por delitos financieros y corrupción internacional. Patrick Gushue integra la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia y dirige el Programa Piloto de Premios para Denunciantes Corporativos. Christopher Ting, incorporado recientemente a esa cartera tras desempeñarse en el estudio Latham & Watkins LLP, participó en investigaciones vinculadas con delitos financieros. Michael Berger, por su parte, se desempeña como abogado litigante senior en la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida y llevó adelante, entre otros expedientes, el caso que concluyó con la condena del excontralor general de Ecuador Carlos Ramón Polit Faggioni por lavado de activos en Miami.
consultó formalmente al Departamento de Justicia sobre el estado de la pesquisa preliminar que desarrollan Gushue, Ting y Berger —una investigación que puede incluir requerimientos de documentación a bancos y empresas, además de entrevistas con personas con conocimiento directo o indirecto de las operaciones bajo análisis—, pero no obtuvo respuesta.
Desde la AFA, en tanto, también comenzaron a moverse en Estados Unidos. El denominado “embajador” de la entidad para América del Norte, Tomás Regalado, y el abogado penalista argentino Mariano Lizardo participaron en un foro sobre fútbol, corrupción y justicia organizado por el Interamerican Institute for Democracy, en Miami, el miércoles pasado. Durante ese encuentro defendieron el respeto por la presunción de inocencia frente a las investigaciones en curso. “Las medidas de investigación por sí solas no determinan responsabilidad ni culpabilidad”, sostuvo Regalado.
Las cuentas de TourProdenterLLC
El interés del Departamento de Justicia coincide con la documentación bancaria que reveló a fines de 2025 y principios de este año. Esos registros muestran que Gillette y Faroni —exlegislador bonaerense del Frente Renovador— movieron al menos cientos de millones de dólares a través de cuentas abiertas en cinco entidades financieras estadounidenses: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank.
A través de esas cuentas, TourProdEnter LLC administró al menos US$260 millones correspondientes a ingresos de la AFA, aunque —de acuerdo con los registros bancarios analizados por — sólo una parte de esos fondos puede vincularse de manera directa con gastos operativos identificables de la entidad que preside Tapia. Otros US$57 millones fueron distribuidos entre distintas sociedades y beneficiarios sin una justificación económica para esas transferencias.
Entre transferencias fueron hacia sociedades que, según la documentación analizada por , eran controladas por personas que, de acuerdo con registros oficiales, percibían planes sociales y residían en Bariloche o en la ciudad de Buenos Aires. También aparecen pagos dirigidos a dos sociedades vinculadas con Toviggino y su familia —SOMA SRL y Cabello SRL—, así como a la pareja del dirigente y a integrantes de la familia de un supuesto “guía espiritual” de la selección argentina. Esa documentación integra ahora el universo de operaciones que los investigadores estadounidenses buscan reconstruir mediante registros bancarios, contratos y testimonios.
La investigación periodística mostró que TourProdEnter LLC operó como vehículo de cobro de los contratos internacionales de la AFA, canalizando cientos de millones de dólares provenientes de multinacionales como Adidas (US$60 millones) y Warner (US$40 millones) durante los años en que la Argentina lidió con fuertes restricciones cambiarias y múltiples cotizaciones del dólar.
De acuerdo con el contrato que la AFA firmó con TourProdenter LLC, vigente hasta diciembre de este año, la empresa de Faroni y Gillette percibió el 30% de todos los ingresos internacionales de la entidad que preside Tapia, una vez descontados los impuestos, durante cuatro años. Además, cobró una comisión equivalente al 10% de los egresos vinculados con la logística de esas operaciones.
Ese contrato, junto con los movimientos registrados en las cuentas bancarias de TourProdEnter LLC y los testimonios que comenzaron a reunir fiscales y agentes del FBI, constituye parte del material que hoy analiza el Departamento de Justicia para determinar si existen elementos suficientes para dar un paso más.
Francisco Olivera,Hugo Alconada Mon,AFAGate,Conforme a
POLITICA
De la confrontación a los acuerdos: qué hay detrás del cambio de estrategia del Gobierno con los gobernadores

“No todas las reglas aplican en todo momento”, afirmó ante Infobae una importante fuente libertaria para explicar la reciente apertura del Gobierno de negociar alianzas con los gobernadores aliados rumbo a las elecciones de 2027. Hace un año, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se inclinaba por competir con candidatos “puros” en las distintas provincias para fortalecer el armado y el sello de La Libertad Avanza en el interior del país.
El vínculo con los mandatarios provinciales aliados dio pie a uno de los debates que marcó la interna oficialista, dado que el asesor presidencial, Santiago Caputo, se mostraba proclive a sellar alianzas con la mayor cantidad de representantes provinciales para las elecciones legislativas de 2025.
Hoy, cuando pareciera reinar el consenso impulsado por los deseos de concretar la reelección del presidente Javier Milei, persisten las diferencias respecto de los motivos que llevaron a la administración libertaria a readaptar su plan.
“La realidad se impone y los que pregonaban una estrategia diferente en 2025, ahora no la pueden sostener”, plantearon desde uno de los campamentos en un dardo dirigido contra los primos Eduardo “Lule” y Martín Menem, los encargados de diseñar las listas bajo la supervisión de la menor de los Milei, a los que les atribuyen además haber complejizado el escenario legislativo en 2025.

En el karinismo aseguraron a este medio que la decisión de priorizar a candidatos propios apuntaba a potenciar al Gobierno, en particular al espacio fundado por Milei, y buscaba limitar el alcance de los gobernadores. “En aquel entonces, los que querían acordar por acordar, nos llevaban a un Gobierno de coalición”, plantearon desde el entorno de la funcionaria.
“Varios querían entrar gratis a las listas. Después algunos nos hicieron un desastre en el Congreso”, criticó uno de los alfiles violetas que revalidó la determinación de haber competido en las provincias con los propios.
En Balcarce 50 descuentan que a Javier Milei le va mejor en el interior del país que en el AMBA, donde se ubican en torno a los 25 puntos; por eso, consideran necesario acercar voluntades con los aliados. En esa tarea trabaja el jefe de Gabinete, Diego Santilli, pero también el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem.
Como anticipó este medio, la administración libertaria fijó condiciones para negociar con los gobernadores de buena sintonía con la Casa Rosada y entre los principales puntos figura el respaldo a la agenda legislativa, en particular a la reforma electoral que aspira a sancionar el Poder Ejecutivo. La advertencia es clara: quienes no acompañen el objetivo de modificar el sistema, “no serán tenidos en cuenta para el armado”.

Aún sin los votos necesarios, el oficialismo dio lugar a una de las alternativas presentadas por el radicalismo y discute la posibilidad de incorporar una especie de colectora para facilitar un acuerdo con los gobernadores y que puedan adherir las listas a diputados y senadores en caso de requerirlo. “No significa entregar a los legisladores. Se tendrán que ganar el lugar como nosotros. Es una salida para que compitan contra nuestras listas”, argumentó un integrante de la mesa política que volverá a reunirse este martes al mediodía.
La administración libertaria da sobradas muestras del cambio de criterio, en particular de la habilitación a potenciales acuerdos en 2027. En las vísperas del final del Mundial 2026, Diego Santilli, de perfil dialoguista y moderado, ayuda a consolidar los acercamientos con el objetivo final en mente: otros cuatro años de mandato para Milei.
Este lunes, luego de retratarse con 13 gobernadores en la provincia de Tucumán, el ministro coordinador recibió al gobernador de San Luis, Claudio Poggi, en una serie de intercambios que se suceden desde su desembarco en el Ministerio del Interior, pero que se intensificaron tras su ascenso. Luego, el puntano visitó las oficinas del armador nacional, Eduardo “Lule” Menem.
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