En medio de la cuarta Marcha Federal Universitaria que se lleva a cabo en todo el país, las autoridades de las facultades, como los titulares de los diferentes gremios, tanto docentes como nodocentes, volvieron a pedirle al Gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

En el documento que leyeron en el acto central, al que accedió Infobae, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales volvieron a exponer al Poder Ejecutivo. Defendieron a la educación pública y reiteraron la crisis que se ve reflejada en la comunidad educativa por la situación presupuestaria.

El escrito, titulado “Cuarta marcha federal universitaria: 203 días sin aplicar la Ley. Por la universidad pública y en defensa de la democracia”, está firmado por la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), CONADU Histórica, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Federación de Agrupaciones Gremiales de Docentes Universitarios de la UTN (FAGDUT), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y la Unión Docente Argentino (UDA).

El financiamiento del sistema universitario nacional es actualmente crítico, según el texto, “porque el Gobierno nacional incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la Ley de Financiamiento Universitario”, que establece un piso de recursos para el normal funcionamiento del sistema. La norma en cuestión es la Ley N° 27.795, sancionada y ratificada en el Congreso. El documento advierte que el Ejecutivo también desoye los fallos judiciales que ordenan su aplicación inmediata.

En ese sentido, reclamaron que las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026. De esta manera, se ven afectadas todas las dimensiones de la actividad universitaria y compromete sus funciones sustantivas. A ello se suma que el poder adquisitivo de las partidas destinadas a gastos de funcionamiento no superó, en ningún mes de la gestión actual, el 64% del valor que tenían en enero de 2023. El equivalente a casi nueve meses de transferencias se habría perdido durante esta administración.

En tanto, remarcaron el deterioro salarial que sufrieron los trabajadores de la educación. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, la inflación acumuló 293,30%, mientras que los salarios del sector registraron un incremento del 147,30%, lo que arroja una pérdida de poder adquisitivo del 37,13%. En términos concretos, el documento estima que esa erosión equivale a la pérdida de aproximadamente 10,9 salarios en el período.

“Esta situación ubica en la actualidad a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia, contando con los peores salarios del Estado nacional y los más bajos de América Latina. La progresiva pérdida salarial causa además la destrucción de nuestras obras sociales, del sistema de salud y de los haberes jubilatorios”, añade el escrito.

Las consecuencias de esa política salarial se extienden, según el escrito, al conjunto de las condiciones laborales: renuncias de profesionales formados, reducción de dedicaciones, pluriempleo y crisis en las obras sociales de los trabajadores del sector. “Las y los trabajadores de las universidades públicas cobran salarios que no nos permiten llegar a fin de mes y cubrir las necesidades básicas”, sostiene la declaración.

El documento también detalla el impacto sobre los estudiantes. Las Becas Progresar permanecen congeladas frente a la inflación, con lo que han perdido gran parte de su capacidad de acompañamiento económico para jóvenes trabajadores y sectores populares. Las Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinadas a áreas consideradas prioritarias para el desarrollo del país, atraviesan una situación de incertidumbre y desfinanciamiento. A ese cuadro se suma la suspensión de las becas vinculadas a vocaciones científicas (EVC), descritas en el texto como el principal instrumento de sostenimiento de esas trayectorias a nivel nacional. El CIN, la FUA y el Frente Sindical advierten que el deterioro de estas políticas expulsa estudiantes del sistema y profundiza las desigualdades sociales.

La declaración va más allá del reclamo presupuestario y plantea una ruptura del orden institucional: “Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho”, sostuvieron en el escrito.

Y sumaron: “La universidad argentina, pública, gratuita y federal, tal como la construimos, la promovemos, la protegemos y la defendemos, es un valioso logro de muchas generaciones y una extrema responsabilidad a preservar; siempre hicimos notar que si se atenta contra el sistema de educación pública, se lesionan las condiciones de igualdad y el horizonte posible de reducción de asimetrías y atención de los problemas colectivos desde lo público. La educación es y debe ser el medio para reducir las desigualdades y la exclusión en la sociedad argentina”.

Entre otros aspectos, destacaron que “la universidad pública argentina somos todas y todos. Hijos e hijas de una nación que supo construir aquí lo que no se pudo en ninguna otra parte del mundo. Un instrumento de justicia social que produce movilidad social ascendente, el lugar que aloja la esperanza y hace posible los sueños de miles de jóvenes. Es la educación pública que iguala y nos hace libres. Es el conocimiento y la ciencia que permite alumbrar el desarrollo”.

Hacia el cierre, la declaración interpela directamente a la Corte Suprema de Justicia: le piden que “escuche el clamor de las plazas de toda la república y no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario”. Esto es en relación con el recurso que impuso el Gobierno para que el máximo tribunal se defina sobre la normativa.

“No permitamos que los pilares de nuestras universidades trabajadores docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes, sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño”, completaron.

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