POLITICA
Gerardo Martínez propuso en la OIT un nuevo contrato social para el trabajo: “La inteligencia artificial no es neutral”
En la clausura de la 114ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), realizada en Ginebra, Suiza, el dirigente de la CGT Gerardo Martínez, en su carácter de vicepresidente del encuentro por el sector trabajador, reclamó a los gobiernos, empleadores y sindicatos del mundo consolidar un nuevo contrato social centrado en la persona y la justicia social. Al mismo tiempo, subrayó la necesidad de renovar el protagonismo de la OIT como garante multilateral de los derechos laborales ante la convergencia de crisis económicas, sociales, tecnológicas y geopolíticas.
Martínez situó el ambiente político de la conferencia bajo el impacto de la llamada “policrisis del hoy y ahora”, y reivindicó el diálogo tripartito como “llave” imprescindible para resistir las tensiones globales. Destacó que el pluralismo, el respeto entre el capital y el trabajo, y el diálogo social constituyen la única base realista para “la paz social que nutre a las sociedades”.
Un punto que calificó de trascendente fue el reconocimiento de Palestina como Estado observador no miembro de la OIT, avalado “por una amplia mayoría”. Este gesto lo presentó como un reflejo del multilateralismo y la vocación inclusiva del organismo.
Uno de los ejes centrales del discurso fue el foco en la agenda de género. Martínez subrayó el nuevo “programa para avanzar en el tratamiento urgente de las condiciones de vida y de trabajo de la mujer en todos los ámbitos”, que adoptó la conferencia. Celebró que, por primera vez, la perspectiva de género quedó consagrada como principio transversal y sostuvo que para “frenar la desigualdad” se deben “mejorar los sistemas de cuidados y las políticas de desarrollo de competencias, incentivando el diálogo social y el tripartismo”.
El líder de la UOCRA también reivindicó el centenario de la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT como una “columna vertebral” del sistema internacional para velar por el cumplimiento de los compromisos firmados por los Estados integrantes. Remarcó que, lejos de tratarse de simples procedimientos, estos mecanismos son esenciales para que los acuerdos se traduzcan en políticas que incidan sobre la vida de los trabajadores.
En un tramo destacado, Martínez valoró la aprobación de en la OIIT de un nuevo convenio sobre derechos para trabajadores de plataformas digitales, lo que consideró fundamental en los países donde aún no se reconocen derechos laborales en el sector. “No puede haber trabajadores sin derechos, y los trabajadores de la economía de plataformas no son la excepción”, remarcó.
Al abordar el impacto de la transformación tecnológica, señaló que tanto la memoria del director general de la OIT, Gilbert Houngbo, como la encíclica “Magnifica Humanitas” del Papa León XIV, coinciden al advertir sobre “la necesidad de custodiar a la persona frente al avance de la máquina y preservar los valores humanos frente a la exclusión y la concentración de poder”.
“La inteligencia artificial no es neutral. Puede orientarse hacia la ampliación de derechos y oportunidades o hacia la concentración de riqueza, el poder y el conocimiento en pocos actores”, afirmó. Martínez enfatizó que el destino colectivo no está fijado “por los algoritmos”: “Son las instituciones, la normativa y el diálogo social los factores que definirán si la IA contribuye al bienestar común o profundiza las desigualdades”, puntualizó.
Modelos económicos, desigualdad y justicia social
En otro segmento del discurso, Martínez alertó sobre la desconexión entre el crecimiento económico y la distribución social: “Las últimas décadas demuestran que el crecimiento de la productividad puede coexistir con estancamiento salarial y caída de la participación del trabajo en el ingreso”. Sin mecanismos de regulación, advirtió, “las ganancias serán para quienes controlan el capital, los datos y las plataformas”.
Recordó que “ninguna revolución tecnológica por sí sola edificó sociedades más justas” y enumeró como conquistas políticas la jornada laboral, la seguridad social y la negociación colectiva. Para enfrentar la “profundización de la desigualdad y la exclusión social”, propuso una agenda integral asentada en “un nuevo contrato social sostenido en trabajo decente y digno, distribución equitativa de la riqueza, protección social universal, acceso democrático al conocimiento, formación continua, igualdad de oportunidades, soberanía tecnológica y diálogo social”.
“El respeto a la persona es la idea central que aparece tanto en la Encíclica como en la memoria del director general (de la OIT)”, dijo, y añadió que “sin ese mandato moral estamos condenados a sociedades donde el trabajo es disvalioso, el vulnerable es un fracasado y el éxito de la opulencia es el que marca el mandato social”.
Martínez mencionó que es “impostergable achicar las profundas brechas que dividen a nuestras sociedades, mejorar en forma urgente los ingresos de las mayorías y garantizar pisos de protección social universal”. Para el sindicalista, “necesitamos más que nunca fortalecer el multilateralismo. Es la llave para resolver las controversias geopolíticas a través del diálogo”.
“El crecimiento económico y el bienestar humano no pueden correr por carriles separados”, reclamó ante los delegados presentes, e instó a que la OIT asuma un papel determinante en la construcción de una transición justa.
El último mensaje fue directo: “Sólo con una OIT fortalecida, con instituciones sólidas y con voluntad política inquebrantable, seremos capaces de asegurar que el futuro deje de ser el privilegio de pocos y se convierta en un futuro real para todos”.
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POLITICA
El Gobierno envió a Guberman a Diputados para defender el Presupuesto, pero chocó con los reclamos por mayor financiamiento a la discapacidad y a las universidades
Con una ambiciosa agenda parlamentaria, el Gobierno inició la semana en el Congreso con el desembarco del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para dar comienzo al debate del Presupuesto 2027. El funcionario confirmó la intención del oficialismo de sesionar el 18 de noviembre después de la visita del papa León XIV, un cronograma que dejaría al Senado con escaso margen para tratarlo antes del cierre del período de sesiones ordinarias.
La jornada estuvo marcada por fuertes críticas al incumplimiento de la ley de financiamiento universitario, reclamos por mayores partidas para discapacidad y cuestionamientos a las proyecciones de inflación del Gobierno, además de pedidos de explicaciones por la ausencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y del secretario de Finanzas, Federico Furiase.
El debate en la Comisión de Presupuesto, presidida por el libertario Alberto Benegas Lynch, comenzó con un pedido del jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, sobre la hoja de ruta. En respuesta, se confirmó la visita de mañana del secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el objetivo del Gobierno de obtener dictamen a fines de octubre para luego llevar el proyecto al recinto.
Acto seguido, Martínez anunció que su bloque presentó ante la presidencia de la comisión un pedido al jefe de Gabinete, Diego Santilli, para dar cumplimiento a la ley de financiamiento universitario, uno de los focos críticos para el Gobierno cuando faltan dos días para la quinta marcha federal en reclamo de mayor presupuesto.
Es en esa línea que el diputado de UP reclamó aumentar las partidas destinadas en el Presupuesto 2027 y propuso compensar ese incremento con una reducción de otros gastos del Tesoro, a fines de “no alterar el resultado financiero”.
La queja del bloque peronista ante Benegas Lynch se sustenta en un reciente fallo del juez Martín Cormick, que exigió al Gobierno la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución declaró inconstitucional parte del decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo había frenado la implementación de la norma, pese a que el Congreso había rechazado el veto presidencial el año pasado.
El texto oficial presentado por el Gobierno proyecta para el año que viene una partida de $7,3 billones para el funcionamiento de las universidades, mientras que los rectores advierten que para ajustarse a la ley se necesitaría casi un 50% más de lo contemplado. En concreto, exigen un financiamiento de $11 billones.
Si bien Benegas Lynch consideró “razonable” la petición, esquivó la cuestión al asegurar que “no es la competencia” de la comisión dar indicaciones de gestión a la Jefatura de Gabinete. Después se aclaró que aquellas precisiones se darán con la exposición de invitados de la cartera de Educación.
Durante su exposición, el funcionario evitó dar detalles sobre el financiamiento educativo. En cambio, se centró en la situación económica que encontró el Gobierno al asumir, especialmente apuntó al déficit financiero, la elevada brecha cambiaria y el riesgo país.
En cuanto a las proyecciones económicas, Guberman anticipó un crecimiento del 4% para el próximo año, frente al 3% previsto para este, una inflación del 18% y un tipo de cambio de $1.848.
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Presupuesto: comenzó el debate y ya se prevé el llamado a sesiones extraordinarias para aprobarlo
La Cámara de Diputados y el bloque de La Libertad Avanza ya planteó un cronograma estableciendo una posible fecha para llevar el debate por la ley de presupuesto 2027 al recinto.
Esa hoja de ruta que estableció Diputados confirma que el Gobierno nacional llamará nuevamente a sesiones extraordinarias, ya que con este esquema el Senado sólo tendría una semana para tratar el proyecto de ley en Comisión y llevarlo al recinto antes del 30 de noviembre que es cuando termina el período ordinario.
Esto no sería posible teniendo en cuenta que el reglamento establece que, como mínimo, la Cámara Alta necesita dos semanas para el tratamiento de una ley ya que señala de manera expresa que tienen que pasar 7 días corridos entre el dictamen y que el proyecto sea tratado en el recinto.
Como sucede desde hace tres años, la oposición reclamó la presencia del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, algo que el presidente de la Comisión de Presupuesto, “Bertie” Benegas Lynch, adelantó que solo sería posible “si queda algo en el tintero”, dejando entrever que se mantiene la negativa del ministro de asistir al Congreso de la Nación.
En lo que será el recorrido de la comisión, el bloque de LLA planteó que hoy expondrá el secretario de Presupuesto, Carlos Guberman; y mañana por la mañana el secretario de Trabajo, Julio Cordero.
El debate se retomará el martes 20 de octubre y se espera la asistencia de “alguien de Educación”. Continuará con otra reunión informativa el 27 de octubre sin anunciar la presencia de ningún funcionario.
Por último, el bloque de LLA adelantó que el miércoles 28 de octubre se buscará dictaminar y que pediría una sesión para el 18 de noviembre.
“Entre el dictamen y la sesión tenemos la visita del Papa León XIV y están las elecciones de los Estados Unidos que muchos diputados hemos sido invitados, por eso la intención es la de ir a una sesión a mediados de noviembre”, explicó el presidente de la Comisión.
Guberman comenzó su exposición haciendo referencia a “lo que nos encontramos y lo que hicimos estos tres años”. En ese esquema arrancó señalando que el gobierno obtuvo “rápidamente” superávit financiero y luego hizo foco en el proceso inflacionario. “Mientras en promedio los habitantes del planeta se volvieron 20% más ricos, nosotros nos volvimos 10% más pobres los últimos 12 años antes de iniciar la gestión”, agregó.
El funcionario señaló que los dos “grandes ejes” de la gestión son “el ordenamiento cambiario y financiero y el otro recuperar la competitividad”, e hizo referencia a la eliminación del cepo, la prohibición de la emisión, etc.
En un tono monocorde, Guberman fue enumerando los logros económicos de la administración de Javier Milei. En ese sentido, se refirió a uno de los puntos más discutidos en el Presupuesto y es la obra pública. “Recibimos 2239 ‘cosas’, se realizó una auditoría y se dieron de baja 1683 contratos o convenios”. Además se transfirieron 457 obras y quedaron 199 bajo gestión directa, de las cuales 55 se han finalizado y el resto está en ejecución este año que forman parte del presupuesto que estamos discutiendo».
Como el Ejecutivo no planea enviar muchos funcionarios a defender el proyecto, Guberman amplió su exposición a sectores que no están bajo su órbita. En este punto, y luego que Benegas Lynch confirmara que el secretario de Finanzas, Federico Furiase, no asistirá a explicar el programa financiero, Guberman señaló que “creció el porcentaje del Presupuesto asignado a Servicios Sociales. Estamos duplicando la partida presupuestaria para la atención de salud para las personas con discapacidad, con la previsión del financiamiento en el 100% de la partida que se demande. Si se duplica la cantidad de personas que se ven necesitadas, está previsto el gasto de cobertura de salud”. Tanto es así que dijo que “por más que se duplica el gasto en Pensiones No Contributivas, si todos los individuos que tienen CUD deciden pedir la pensión y cumplen los requisitos, está cubierto el 100% de las pensiones”.
Recesión, trabajo y discapacidad
El debate comenzó con la diputada Julia Strada preguntándole a Guberman si entiende que el tercer trimestre va a tener recesión. El funcionario negó con la cabeza que vayan a caer en recesión por lo que la diputada señaló que “es una pena que vengas a mentirnos porque tenes los números que dicen que sí”.
Luego la diputada señaló que la proyección de inflación “establece un piso de 1,4% acumulativo por mes. Esto significa que no habrá inflación 0% como promete Milei”.
Además, señaló que el Gobierno proyecta un incremento de 60% para el 2027 en el Impuesto a los Combustibles Líquidos. La pregunta de la oposición es si esto va a impactar en el precio de los combustibles.
Respecto de este punto, la diputada Tolosa Paz hizo referencia a que en el texto que presentó el oficialismo “derivan el 50% -del impuesto a los combustibles- a la timba financiera y nos devuelven 160 km de autopista y 10 km de rutas”.
Guberman respondió que prevén un alza del empleo formal y del salario real para compensar la caída en la recaudación. “El empleo formal va a seguir creciendo, no hay destrucción de empleo formal” aseveró el funcionario.
El funcionario respondió respecto del impuesto vial que “en la Dirección Nacional de Vialidad están contemplados 28.445 kilómetros para mantenimiento y construcción de rutas nuevas por más de 1.000 kilómetros”, en respuesta a Tolosa Paz.
Respecto de Discapacidad, Tolosa Paz preguntó si se mantiene el articulado del proyecto original que desmantelaba el sistema o si se tomaba el dictamen del oficialismo que dejaba afuera estos artículos y armaba un proyecto nuevo.
Aunque en una primera instancia el funcionario de Economía evitó responder, frente a la insistencia Guberman respondió de una manera llamativa.
En la previa a la movilización del jueves, el funcionario dejó en claro que no van a retirar el articulado original y que la Casa Rosada mantiene su posición. “Siempre es el proyecto de ley del Ejecutivo, El Congreso puede opinar algo diferente. Desde el Ejecutivo hubiéramos querido otra cosa -mantener los artículos que eliminan el nomenclador único y propone la incompatibilidad laboral-, los bloques del Congreso tienen una posición distinta”.
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Hotesur-Los Sauces: habrá una audiencia clave para reunificar los juicios contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo
La Cámara Federal de Casación Penal realizará este jueves una audiencia clave para decidir la reunificación de los juicios contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo por los casos Los Sauces y Hotesur, en los que ambos están acusados de integrar una asociación ilícita y de lavado de dinero.
El tribunal podría así disponer que ambos juicios, juntos, comiencen como estaba previsto el 23 de octubre próximo.
En paralelo, Cristina Kirchner confía en que este mes se conozca un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que pregone la anulación de su condena por la causa Vialidad, que la mantiene detenida y con prohibición de postularse para ocupar cargos públicos.
Es una estrategia que tiene pocas chances de prosperar, pues la justicia argentina ya dictó una sentencia que está firme y que no está dispuesta a revisar más allá de una opinión favorable a la expresidenta de un organismo internacional.
El debate por la reunificación de los casos Los Sauces y Hotesur se da en medio de una pulseada entre el Tribunal Oral Federal (TOF) N°5, a cargo del proceso, y el fiscal a cargo de la acusación en el juicio, Diego Velasco, que se opuso a la división en dos del juicio.
Los jueces del Tribunal Oral José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machacho Pelloni resolvieron el 18 de septiembre pasado desdoblar el caso Los Sauces del caso Hotesur y hacer dos juicios orales sucesivos contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo, además del resto de los 15 acusados.
Los jueces habían decidido de manera unánime que el 23 de octubre comience el juicio oral por Los Sauces y que Hotesur se inicie el 19 de marzo de 2027.
Pero el fiscal Velasco se opuso porque entiende que partir en dos los juicios de Los Sauces y Hotesur pone en peligro la posibilidad de sostener una acusación y llegar a una condena.
Teme la fiscalía que la medida sea una estrategia para que terminen todos absueltos. Además, hay razones jurídicas para sostener la reunificación, como por ejemplo que se trata de la misma maniobra.
Los jueces de la Cámara Federal de Casación Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Alejandro Slokar habían convocado a una audiencia el 15 de octubre para instar a que comience el proceso oral, pero ahora revisarán también la decisión de partir los juicios.
Esto es porque el fiscal ante la Casación, Mario Villar, los notificó de esta decisión que a su juicio pone en riesgo la acusación.
Los jueces de la Casación le dieron la razón al fiscal Villar. El juez Alejandro Slokar no emitió opinión propia porque sus colegas ya votaron. Acudió a la fórmula “a tenor del temperamento concordante de los distinguidos colegas, cabe estar a lo dispuesto por el art. 30 bis”, que es la manera ritual de decir que sus colegas ya decidieron, por lo que no hace falta su voto.
Nexos con Báez y López
Hotesur y Los Sauces es un caso de asociación ilícita y lavado de dinero en el que Cristina Kirchner y su hijo Máximo, accionista de esas empresas, están acusados de recibir dinero de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López en sus hoteles y por el alquiler de sus propiedades, en compensación por los negocios que tenían en el Estado.
El caso Los Sauces persigue la supuesta maniobra de lavado mediante el alquiler de propiedades de los Kirchner que realizaban las empresas de López y de Báez. Pagaron 25.968.042,30 pesos entre 2009 y 2016, lo que representa el 88% de la facturación de la firma de la entonces familia presidencial.
El caso Hotesur apunta a la contratación de habitaciones de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, de los Kirchner, por las empresas de Báez, que presuntamente no las utilizaban, según la acusación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Los Kirchner recibieron más de 28 millones de pesos de ese entonces.
La principal objeción del fiscal Velasco es que, partiendo los juicios en dos, se divide la acusación y es difícil, por ejemplo, probar una asociación ilícita que prevé la reunión de tres o más personas para cometer delitos indeterminados.
Si se dividen los juicios, las maniobras se separan y se pierde la visión de conjunto como una sola actividad destinada al blanqueo de fondos protagonizada por la misma organización, sostuvo el fiscal, aunque en cada caso la actividad no sea protagonizada por todos sus integrantes.
Si esa estructura se prueba fragmentada, en dos juicios distintos y con prueba recortada en cada uno, “se pone en riesgo la posibilidad misma de sostener la asociación ilícita como delito”, señaló Velasco.
En este caso no es nuevo que desaparezcan las acusaciones. Cuando integraban este tribunal, los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, con la disidencia de Adriana Palliotti, sobreseyeron a Cristina y Máximo Kirchner sin juzgarlos, el 26 de noviembre de 2021.
Los acusados en estos dos juicios son, además de Cristina y Máximo Kirchner, Lázaro Báez y Cristóbal López, Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de Kirchner y expresidenta de Hotesur SA, y Patricio Pereyra Arandia, esposo de la hermana de Mercado y directivo de la compañía.
También Osvaldo “Bochi” Sanfelice, expresidente y administrador de Hotesur; Víctor Manzanares, contador histórico de la familia Kirchner y arrepentido en el caso Cuadernos; Ricardo Leandro Albornoz, escribano; Martín Báez, hijo del empresario patagónico, y Julio Enrique Mendoza, expresidente de Austral.
El listado se completa con César Gerardo Andrés, contador; Adrián Esteban Berni, abogado y directivo de Valle Mitre SA; Emilio Carlos Martín, directivo, y Óscar Alberto Leiva, Edith Magdalena Gelves, Martín Samuel Jacobs y Alejandro Fermín Ruiz, que fueron todos empleados o apoderados menores.
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Quién es Stefano Margaritora, el cirujano que lidera el equipo médico que operó al papa León XIV
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