INTERNACIONAL
Guatemala: La PNC destruyó 68,160 matas de marihuana en Las Cruces, Petén
La PNC informó que agentes de la SGAIA localizaron, erradicaron e incineraron 68.160 matas de marihuana en Las Cruces, Petén, durante un operativo realizado el 20 de junio en una zona montañosa de difícil acceso, una acción que las autoridades valoraron en Q34,08 millones (USD 4,463,278.60) y que se enmarca en la ofensiva del Estado contra los cultivos ilícitos en el norte de Guatemala.
El golpe se suma a otros operativos recientes en el mismo departamento. Según la Agencia Guatemalteca de Noticias, el 6 de junio fueron destruidas más de 115.416 plantas en el caserío Ixmuconé, Petén, con un avalúo superior a Q57,7 millones.
La operación más reciente fue ejecutada por la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil tras tareas de reconocimiento y búsqueda en áreas remotas del departamento. Después del hallazgo, los agentes arrancaron e incineraron las plantaciones conforme a los protocolos establecidos.
Las autoridades calcularon que el cultivo destruido tenía un valor aproximado de 34 millones 80 mil quetzales. La PNC sostuvo que la destrucción representa un golpe a las estructuras dedicadas a la producción y comercialización de drogas.

El municipio de Las Cruces se ha convertido en uno de los puntos más sensibles para este tipo de operaciones por sus extensas áreas montañosas, su difícil acceso y su cercanía fronteriza. De acuerdo con la información oficial incluida en el reporte, Petén es hoy el principal foco de localización de sembradíos clandestinos de marihuana en Guatemala.
En mayo de 2026, en el caserío Flor de la Esperanza, también en Petén, las fuerzas de seguridad localizaron e incineraron 87,800 plantas distribuidas en tres campos de cultivo, con un avalúo de Q43,9 millones. Ese mismo mes, en el caserío Ixcoch, agentes de la SGAIA erradicaron y quemaron 59.904 matas dentro del plan de desarticulación de bandas del crimen organizado.
La respuesta a la pregunta central del operativo es concreta: la plantación destruida estaba compuesta por 68,160 matas de marihuana y fue encontrada en un sector montañoso del municipio de Las Cruces, Petén. La intervención terminó con la erradicación total y la quema en el lugar para impedir su traslado y su comercialización.

Según el Ministerio de Gobernación, la destrucción de estos cultivos forma parte de una estrategia permanente para impedir que la droga llegue a los mercados ilícitos de Guatemala y otros países de la región. La publicación oficial añadió que los operativos continúan en distintos puntos del país, sobre todo en áreas rurales y montañosas donde grupos criminales buscan establecer cultivos clandestinos.
El marco legal que rige estas acciones es la Ley Contra la Narcoactividad, Decreto 48-92, que prohíbe de forma estricta la siembra, el cultivo y la cosecha de marihuana en territorio guatemalteco. El protocolo establece que, tras localizar un sembradío, el personal antinarcótico realiza el conteo, toma muestras para pruebas de campo en coordinación con jueces fiscales y luego arranca e incinera la totalidad de la plantación en el mismo terreno.

Los registros oficiales citados por el medio también señalan que en 2025 Guatemala superó la erradicación histórica de 2,6 millones de matas de marihuana. Ese balance anual incluyó además la destrucción de miles de kilos de marihuana procesada y de plantaciones de otras sustancias ilícitas, como amapola y hoja de coca.
Fuera de Petén, los reportes oficiales ubican otros focos de incautación en San Marcos, en localidades como Tajumulco y Sipacapa, y en Totonicapán, donde se han desmantelado plantaciones menores en municipios como Momostenango.
INTERNACIONAL
Brasil: los diplomáticos ven anómala y grave la revocación de la visa a la embajadora de Lula en Washington
La decisión del gobierno de Donald Trump de revocar la visa de la embajadora brasileña en Washington, Maria Luiza Viotti, es considerada extremadamente grave, desproporcionada y sin precedentes por diplomáticos estadounidenses y brasileños.
La razón aducida por Washington para revocar el visado de Viotti fue la demora en la concesión del acuerdo al futuro embajador de EE.UU. en Brasilia, el cubano nortamericano Daniel Pérez.
Una investigación del sólido diario Folha de Sao Paulo, señala varios aspectos que los especialistas consideran anómalos en la decisión: Estados Unidos tarda aún más en analizar las solicitudes de aprobación (jerga para otorgar la autorización) para embajadores extranjeros, la demora en otorgarla tradicionalmente no genera represalias directas y, en la práctica diplomática, el nombre de un nominado no se anuncia públicamente antes de que el país anfitrión lo acepte.
«Este episodio en particular (la revocación de la visa) se centra en el hecho de que tenemos un candidato a embajador altamente calificado; el gobierno brasileño nos debe una respuesta rápida y positiva a la solicitud de acuerdo», dijo un alto funcionario estadounidense a los periodistas.
Pero, según diplomáticos estadounidenses, Estados Unidos tarda al menos dos o tres meses en revisar una solicitud y otorgar el acuerdo a los embajadores de otros países.
En el caso de Pérez, el nominado por Trump para embajador en Brasilia, han transcurrido poco más de dos meses desde su solicitud en junio. No existe constancia de que autoridades de otros países hayan revocado visas a embajadores estadounidenses debido a demoras en la concesión del agrément a sus representantes en Estados Unidos.
Además, las demoras o los indicios de que un país no aprobará a un embajador nominado no suelen dar lugar a represalias contra los diplomáticos. Esto solo ocurre cuando los embajadores son expulsados.
Existen dos ejemplos recientes. En agosto de 2015, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, solicitó al gobierno de Dilma Rousseff la aprobación para que Dani Dayan, quien había sido líder de colonos judíos, se convirtiera en el nuevo embajador de Israel en Brasil. Sin embargo, el gobierno del Partido de los Trabajadores se opuso a la política de asentamientos del gobierno israelí en los territorios palestinos ocupados.
Tras meses de incertidumbre, el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí convocó al embajador brasileño para exigir una respuesta oficial. Netanyahu criticó la demora.
Sin embargo, no hubo represalias, y mucho menos la revocación del visado del entonces embajador brasileño en Israel, Henrique Sardinha Pinto. Este dejó el cargo recién en septiembre de 2016, tras cuatro años en el puesto.
Israel retiró su solicitud de acuerdo para Dani Dayan y lo propuso para otro cargo. Como señal de protesta y de deterioro de las relaciones diplomáticas, Israel dejó vacante el puesto de embajador en Brasil durante varios meses.
En 2021, casi seis meses después de proponer al exalcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, como embajador de Brasil en Sudáfrica, el gobierno de Jair Bolsonaro retiró la solicitud de nominación.
La nominación de Crivella —obispo con licencia de la Iglesia Universal del Reino de Dios— dependía de la aprobación de Sudáfrica, la cual no se produjo. La solicitud de agrément, una consulta formal en la que Brasilia solicitó a Pretoria autorización para nombrar a Crivella como embajador, fue ignorada por el gobierno de Cyril Ramaphosa.
El gobierno de Bolsonaro no tomó represalias contra Sudáfrica, y el entonces embajador del país, Vusumuzi Wellington Mavimbela, sigue en el cargo hasta el día de hoy.
Según diplomáticos estadounidenses y brasileños, al igual que en el caso de Netanyahu con Dani Dayan, Trump violó una de las reglas básicas de la diplomacia: no anunciar el nombre del nuevo embajador antes de que el país anfitrión acepte la nominación mediante la concesión del agrément.
Al anunciar a Pérez como el nuevo representante de Washington en Brasil sin consultar al gobierno brasileño y luego exigir una aprobación rápida del acuerdo, la administración Trump rompió el protocolo y demostró una falta de respeto.
INTERNACIONAL
Senate moves to unshackle America’s drivers from California’s ‘climate zealots’
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FIRST ON FOX: Senate Republicans are launching a multi-front effort targeting the legal framework they say allows California to exert outsized influence over vehicle and equipment emissions standards beyond its borders, creating economic and consumer consequences.
Republicans argue California has become the nation’s de facto emissions regulator — as manufacturers rarely create separate product lines for the Golden State and instead are inclined to build to California’s standards, creating implicit national requirements.
Sen. Cynthia Lummis, R-Wyo. — a top member of the Senate Environment and Public Works Committee (EPW) — is leading the effort alongside Sens. Eric Schmitt, R-Mo., Jon Husted, R-Ohio, and Pete Ricketts, R-Neb. They argue EPA waivers granted to California during the Obama and Biden administrations under the Clean Air Act have turned narrow environmental exceptions into de facto climate regulation advancing the state’s sweeping climate agenda.
«California’s climate zealots have run roughshod over the rest of the country for too long,» Lummis told Fox News Digital.
CALIFORNIA SUES TRUMP EPA OVER MOVE TO SUBJECT STATE VEHICLE EMISSIONS WAIVERS TO CONGRESSIONAL REVIEW
«Under Governor Newsom, Sacramento has decided it can dictate what Wyoming families drive and what equipment our small businesses use. That ends today.»
Last year, lawmakers successfully rescinded three Biden-era EPA waivers allowing California to create emissions standards for trucks, cars and buses that they said gave the state outsized regulatory control. Thursday’s package goes a step further by targeting earlier EPA decisions they say laid the legal foundation for those now-rescinded regulations.
Each resolution uses the Congressional Review Act (CRA) to nullify a different EPA waiver. The CRA gives Congress the power to check agencies’ executive power.
NEWSOM, WALZ URGE CONGRESS TO BLOCK ANTI-CLIMATE BILL IN THEIR ‘WOKE’ CRUSADE
Because the CRA bars agencies from issuing rules that are «substantially the same» without new authorization from Congress, Republicans argue overturning the waivers would prevent future administrations from simply reinstating them — which targets the legal foundation of such carveouts.
Collectively, the package targets California’s authority over gas-powered lawn equipment, passenger vehicle emissions standards, the Advanced Clean Cars program and the original 2009 EPA waiver allowing Sacramento to regulate greenhouse gas emissions from automobiles.
In the 1960s, the Clean Air Act gave California a narrow carve-out to seek EPA waivers for emissions rules that could be stricter than federal standards — but critics say the exemption, originally intended to address severe Los Angeles smog, has been weaponized to force manufacturing changes that reverberate across the country.
Andrew Bray, an executive with the National Association of Landscape Professionals, whose members rely on small off-road engines affected by the waivers, said he supports a responsible transition to lower-emission equipment — but underlined that it must come from «practical innovation» and not government mandates.
TRUMP’S REINDUSTRIALIZATION AGENDA FACES ITS BIGGEST HURDLE — AMERICANS
MCKITTRICK, CALIFORNIA – NOVEMBER 03: Pumpjacks operate in the Belridge oil field on November 03, 2021 near McKittrick, California. The Biden administration pledged to cut methane emissions from oil and gas production yesterday. In California, 35,000 oil and gas wells sit idle, many of which are unplugged and could leak methane gas. Scientists estimate that one-third of human-induced global warming is caused by methane. (Photo by Mario Tama/Getty Images) (Mario Tama)
«This resolution is a critical step in securing the flexibility businesses need while technology continuess to advance,» Bray said. Michael Lee of the Golf Course Superintendents Association of America added that the legislative process, not state-specific fiats with «nationwide consequences,» is the way to address the situation.
The four lawmakers leading the fight said in a release that California regulators have «abandoned any pretense of addressing local air quality and turned the waiver process into a backdoor for imposing a radical climate agenda on the entire country… without a single vote in Congress.»
Lummis’ resolution would rescind a 2025 waiver granted just before President Donald Trump took office that she said allowed California to phase out gas-powered small engines such as chainsaws and leaf blowers.
In doing so, manufacturers would no longer be inclined to transition to electric or zero-emission models.
TRUMP’S EPA CHIEF PUSHES BACK ON CLIMATE SKEPTICS BEING LABELED ‘SCIENCE DENIERS’

A California oil field in McKittrick, left; a Chrysler plant in the US, right. (Ty Wright/Getty Images; Getty Images)
Lummis’ resolution targets a 2025 EPA waiver that allowed California to move toward phasing out new gas-powered small engines such as chainsaws, leaf blowers and lawn mowers. Supporters say repealing the waiver would remove regulatory pressure encouraging manufacturers to transition those products toward zero-emission technology.
Husted’s resolution targets a 2022 EPA waiver that restored California’s authority to continue its Advanced Clean Cars program.
«Ohioans shouldn’t be forced to follow California’s lead when it comes to policies that make everyday life more expensive and less convenient,» he told Fox News Digital on Thursday.
Ricketts said the situation is proof that the Obama-Biden era of «overregulation and red tape» continues to cost Nebraskans and Americans writ large millions of dollars, citing his state’s massive agricultural industry as an example of regulatory reverberations from Sacramento.
EUROPE’S ‘GREEN IDEOLOGY’ CLIMATE AGENDA RISKS CRUSHING ITS INDUSTRY, ENVIRONMENT MINISTER WARNS
«They used California policies as a backdoor EV mandate and even tried to control how we cut our grass,» he said. His CRA resolution targets an Obama-era waiver originally authorizing the clean car program, while Schmitt seeks repeal of a waiver granted just months after President George W. Bush left office that allows California to enforce greenhouse gas emissions standards for new passenger vehicles beginning with the 2009 model year.
Schmitt said the waivers allow Sacramento to «continue to punish» manufacturers around the country and affect consumer choice and costs through their «climate alarmist rules.»
Together, Republicans say the four resolutions represent Congress’ broadest effort yet to unshackle states and manufacturers from California’s emissions framework by targeting not only individual regulations but the EPA decisions they argue made those regulations possible.
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President Biden sits at the Resolute Desk, left; a Chrysler plant, right. (AFP/Getty Images; Getty Images)
Opponents are expected to counter that the effort would undermine California’s longstanding authority under the Clean Air Act to adopt stricter environmental standards.
Fox News Digital reached out to former Presidents Barack Obama and Joe Biden, as well as California Gov. Gavin Newsom, for comment.
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INTERNACIONAL
Cuatro crímenes y un misterio que sigue sin resolverse: el caso del asesinato de los estudiantes de Idaho que conmocionó a EE. UU.
En la mañana del 13 de noviembre de 2022, un llamado al 911 alertó por un hecho inesperado cerca del campus de la Universidad de Idaho, en Estados Unidos: cuatro estudiantes de entre 20 y 21 años habían sido asesinados a puñaladas.
Las víctimas eran Madison Mogen, Kaylee Goncalves, Xana Kernodle y Ethan Chapin, todos fueron encontrados dentro de la casa que alquilaban para vivir mientras cursaban su carrera universitaria en la ciudad de Moscow.
La escena del crimen dejó desconcertados a los investigadores, ya que el caso parecía no tener explicación. No había sospechas de que los chicos tuvieran un “enemigo” y no estaba claro cuál había sido el motivo del hecho.
Sin embargo, una funda de cuchillo que había quedado olvidada sobre una de las camas, el registro de un auto blanco captado por las cámaras de seguridad y meses de análisis forenses terminaron llevando a los policías hasta un sospechoso inesperado.
El crimen
La casa ubicada en el 1122 de King Road era un punto de encuentro habitual para estudiantes de la Universidad de Idaho. Allí vivían cinco jóvenes que cursaban distintas carreras y compartían la rutina universitaria entre clases, trabajos y reuniones con amigos.
Madison Mogen y Kaylee Goncalves, ambas de 21 años, eran mejores amigas desde la infancia. Habían crecido juntas y, aunque Kaylee ya se había mudado porque estaba a punto de graduarse, había vuelto ese fin de semana para visitar a sus amigos y mostrarles el auto que se acababa de comprar.
En la misma propiedad vivía Xana Kernodle, de 20 años, estudiante de Marketing. Esa noche había salido junto a su novio, Ethan Chapin, también de 20, que estudiaba Recreación, Deportes y Turismo en la misma facultad. Ethan no vivía ahí, pero se había quedado a dormir después de que ambos regresaran de una fiesta organizada por la fraternidad.
La sexta integrante de la casa y otra compañera sobrevivieron al ataque. Ambas permanecieron en sus habitaciones durante la madrugada y fueron quienes, horas después, dieron aviso a las autoridades al advertir que algo no estaba bien.
Uno de los homenajes a los estudiantes asesinados en Moscow. (Foto: Reuters/Lindsey Wasson)
La noche del 12 de noviembre, los cuatro jóvenes hicieron planes por separado y volvieron a la casa durante la madrugada. Lo que ocurrió en las horas siguientes pudo reconstruirse gracias a cámaras de seguridad, registros de celulares y los testimonios obtenidos durante la investigación.
Según la acusación, un hombre llegó hasta la zona en un Hyundai Elantra blanco poco después de las 4 de la mañana. El vehículo fue captado en varias oportunidades circulando alrededor de la casa antes de detenerse.
Los investigadores sostuvieron que el sospechoso ingresó por una puerta corrediza ubicada en la parte trasera de la propiedad y comenzó el ataque en el tercer piso, donde dormían Madison y Kaylee. Luego bajó al segundo nivel y asesinó a Ethan y a Xana.
Una de las sobrevivientes declaró después que escuchó ruidos durante la madrugada y abrió la puerta de su habitación en varias oportunidades. En una de ellas vio pasar a un hombre vestido de negro, con la cara parcialmente cubierta y cejas pobladas, que salió de la casa sin atacarla. Asustada, se quedó encerrada hasta que horas más tarde se descubrieron los cuerpos de los cuatro estudiantes.
Durante semanas, la policía trabajó sin un sospechoso identificado. Sin embargo, una pequeña pieza olvidada en la escena del crimen terminaría siendo la clave para resolver el caso.

La casa en donde ocurrió el asesinato de los cuatro estudiantes. (Foto: Reuters/Lindsey Wasson)
Las pistas que llevaron a un enigma
En la primera etapa de la investigación, los agentes entrevistaron a cientos de personas, analizaron fotos y videos, y recibieron muchos llamados con posibles pistas. El objetivo no solo era saber quién estaba detrás de los crímenes, sino entender el motivo.
La primera prueba clave fue encontrada dentro de la casa. Sobre una de las camas los peritos hallaron la funda de un cuchillo de uso militar Ka-Bar. En el broche, recuperaron una muestra de ADN que, meses más tarde, sería determinante para identificar al responsable.
Al mismo tiempo, los investigadores analizaron las cámaras de seguridad instaladas en las calles y las propiedades de Moscow. Así fue como detectaron un Hyundai Elantra blanco que había pasado varias veces frente a la casa durante la madrugada del crimen.
Ese vehículo pertenecía a Bryan Kohberger, un estudiante de 28 años del doctorado en Criminología de la Universidad Estatal de Washington, ubicada a pocos kilómetros de Moscow.
La fiscalía que investigaba el caso del asesinato de los estudiantes de Idaho identificó a Bryan Kohberger como el principal sospechoso. (Foto: Reuters)

Los registros de telefonía celular también resultaron fundamentales, ya que permitieron establecer que el sospechoso se había conectado en reiteradas oportunidades a antenas cercanas a la casa durante los meses previos a los asesinatos, un dato que reforzó la idea de que había vigilado el lugar antes.
Con todas esas pruebas, el 30 de diciembre de ese mismo año, agentes del FBI y de la Policía detuvieron a Kohberger en la casa de sus padres en Pensilvania, donde había viajado para pasar las fiestas de fin de año.
El juicio y la condena
Durante más de dos años, el caso avanzó hacia un juicio que prometía convertirse en uno de los más importantes de la historia criminal de Idaho.
Sin embargo, el proceso dio un giro inesperado en 2025, cuando Bryan Kohberger aceptó un acuerdo con la fiscalía y se declaró culpable de los cuatro asesinatos para evitar un juicio en el que podía ser condenado a muerte.
Como parte del acuerdo, renunció a apelar la condena y aceptó una sentencia de cuatro cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de acceder a la libertad condicional.

En julio de 2025, Kohberger se declaró culpable de los cuatro asesinatos como parte de un acuerdo con la fiscalía. (Foto: Reuters)
Durante la audiencia de sentencia, familiares y amigos de las víctimas describieron el profundo impacto que los crímenes tuvieron en sus vidas y reclamaron respuestas que nunca llegaron.
Actualmente, Kohberger permanece alojado en la Institución de Máxima Seguridad de Idaho, donde cumplirá su condena.
El misterio que sigue sin resolverse
Si bien la Justicia logró determinar quién fue el autor material de los asesinatos, una de las preguntas que sigue sin respuesta es por qué lo hizo.
Por su parte, Kohberger nunca explicó cuál fue el motivo del ataque. Al declararse culpable, evitó el juicio, pero, además, no tuvo que dar una reconstrucción detallada de los hechos ni responder preguntas sobre el móvil.
Con el paso del tiempo surgieron distintas teorías: algunas sostienen que pudo haber desarrollado una obsesión con las víctimas; otras apuntan a que su interés por la criminología derivó en una fascinación por los asesinos. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis fue confirmada por la fiscalía.
Estados Unidos, asesinatos, estudiante
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