En la Argentina se desecharon durante 2025 unos 73 millones de kilos de alimentos, con pérdidas estimadas en $370.520 millones, de acuerdo con un estudio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Entre los productos que terminaron fuera del circuito de consumo se encuentran los lácteos, fiambres y otros alimentos refrigerados.

El dato adquiere otra dimensión si se tiene en cuenta que, al mismo tiempo, miles de personas atraviesan situaciones de inseguridad alimentaria y dependen de la asistencia de organizaciones sociales, comedores y bancos de alimentos.

El problema, según advierten desde el Banco de Alimentos Buenos Aires, no radica únicamente en la cantidad de comida que se desperdicia. También existe una cuestión económica que puede desalentar a las empresas a la hora de donar: bajo el régimen actual, determinados alimentos entregados en donación pueden generar un tratamiento fiscal menos conveniente que el descarte.

En otras palabras, una empresa puede encontrarse con una situación en la que recuperar, clasificar, transportar y donar un alimento termine siendo más costoso que descartarlo.

El IVA, en el centro de la discusión

Fernando Uranga, director general del Banco de Alimentos Buenos Aires, explicó que la organización trabaja para identificar cuáles son las condiciones que influyen en las decisiones de las empresas cuando deben disponer de productos que ya no pueden comercializarse, pero que todavía son aptos para el consumo.

“Es de suma importancia la donación de las empresas. Es por eso por lo que constantemente buscamos identificar aquellas condiciones que influyen en la decisión de nuestros aliados al disponer de su merma”, señaló.

Según Uranga, uno de los principales obstáculos está relacionado con el tratamiento que actualmente recibe el IVA. “Bajo el régimen legal actual, la decisión de donar alimentos implica que la empresa no podrá computar el crédito de IVA vinculado a la elaboración del mismo, mientras que, si ese alimento es descartado, sí es posible computar el referido crédito fiscal”, explicó.

Por ese motivo, desde el Banco de Alimentos Buenos Aires y la Red de Bancos de Alimentos plantean la necesidad de modificar el esquema vigente para evitar que la decisión de donar genere una desventaja económica frente al descarte.

“Promover la reforma legislativa necesaria para corregir esto es uno de los objetivos que trabajamos junto a la Red de Bancos de Alimentos”, agregó Uranga.

La Ley Donal existe, pero el problema sigue siendo económico

Argentina cuenta con un marco legal específico para las donaciones de alimentos. Se trata de la denominada Ley Donal, que establece condiciones para facilitar la entrega de productos y brinda seguridad jurídica a quienes realizan las donaciones.

Uno de los puntos centrales está contemplado en el Artículo 9, que establece un régimen de protección para las empresas respecto de la responsabilidad civil y penal vinculada con los alimentos entregados bajo las condiciones previstas por la normativa.

El objetivo de este marco es estimular las donaciones y evitar que las empresas se abstengan de entregar alimentos por temor a eventuales consecuencias legales.

Sin embargo, desde el sector sostienen que contar con seguridad jurídica no alcanza si la estructura económica e impositiva continúa haciendo más conveniente el descarte.

El desafío, entonces, no sería crear desde cero un mecanismo que permita donar, sino modificar los incentivos para que donar alimentos aptos para el consumo no resulte menos conveniente que desecharlos.

Recuperar, transportar y almacenar también tiene un costo

La cuestión impositiva no es el único factor que interviene en la decisión de una empresa. Los alimentos que salen del circuito comercial deben ser recuperados, clasificados, almacenados y transportados antes de llegar a una organización social. Cada una de esas etapas implica costos y requiere infraestructura, personal y logística.

Por eso, desde los bancos de alimentos plantean que cualquier modificación del sistema debería contemplar también esos gastos.

La ecuación es sencilla: cuanto mayores sean los costos asociados a recuperar un producto, mayor puede ser el incentivo económico para descartarlo directamente.

El debate sobre el desperdicio alimentario, por lo tanto, no se limita a una cuestión ambiental o solidaria. También involucra impuestos, costos logísticos, infraestructura y decisiones empresariales.

“Cada kilo que se destruye pierde la oportunidad de convertirse en un plato de comida”

Uranga vinculó el problema del desperdicio con la situación social del país y destacó el papel que cumplen los bancos de alimentos para recuperar productos que todavía pueden ser consumidos.

“Hoy en nuestro país hay hambre. El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA sostiene que la Argentina mantiene desde hace años un piso estructural de pobreza cercano al 30% y la indigencia asciende a alrededor del 7%”, afirmó.

En ese contexto, remarcó que los alimentos que son descartados pueden representar una oportunidad perdida para las organizaciones que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad.

“Los Bancos de Alimentos trabajan para reducir el hambre y evitar el desperdicio de alimentos. Pensemos que cada kilo de alimento que se destruye y podría haber sido donado, pierde la oportunidad de convertirse en un plato de comida”, sostuvo.

Para el director del Banco de Alimentos Buenos Aires, facilitar las donaciones tiene además un impacto que excede la asistencia alimentaria. “Facilitar las donaciones no es sólo un imperativo ético, sino también una solución económica y ambiental necesaria para el país”, afirmó.

Qué cambios proponen para incentivar las donaciones

Alfredo Kasdorf, asesor de la Red Global de Bancos de Alimentos (GFN, por sus siglas en inglés), planteó que Argentina podría avanzar hacia un sistema de incentivos que complemente el actual marco legal.

“Desde la perspectiva de GFN, Argentina necesita completar la Ley Donal con una arquitectura de incentivos”, explicó.

Uno de los principales puntos que propone revisar es precisamente el tratamiento del IVA asociado a los alimentos donados.

La idea es evitar que una empresa pierda créditos fiscales como consecuencia de donar alimentos cuando esa pérdida no se produciría ante determinadas modalidades de descarte.

Kasdorf también mencionó la posibilidad de fortalecer las deducciones fiscales existentes. Actualmente, según explicó, esas deducciones están sujetas, en términos generales, a un límite del 5% de la ganancia neta del ejercicio.

A eso se sumaría el reconocimiento de los costos vinculados con la recuperación, el transporte, el almacenamiento y la distribución de los productos donados.

“La oportunidad para Argentina es pasar de una Ley Donal que hace posible donar a un sistema de políticas públicas que haga más fácil y económicamente racional la donación”, sostuvo Kasdorf.

El objetivo, agregó, sería aprovechar una mayor cantidad de alimentos que todavía pueden ser recuperados, fortalecer el trabajo de los bancos de alimentos y otras organizaciones especializadas y reducir las pérdidas y desperdicios.

La discusión sobre los incentivos para la donación de alimentos también está presente en otros países de América Latina. Colombia, Brasil, Uruguay y México desarrollaron diferentes herramientas fiscales y legales para facilitar el rescate de alimentos.

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