SOCIEDAD
Impuestos: para las empresas es más caro donar alimentos que tirarlos
En la Argentina se desecharon durante 2025 unos 73 millones de kilos de alimentos, con pérdidas estimadas en $370.520 millones, de acuerdo con un estudio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Entre los productos que terminaron fuera del circuito de consumo se encuentran los lácteos, fiambres y otros alimentos refrigerados.
El dato adquiere otra dimensión si se tiene en cuenta que, al mismo tiempo, miles de personas atraviesan situaciones de inseguridad alimentaria y dependen de la asistencia de organizaciones sociales, comedores y bancos de alimentos.
El problema, según advierten desde el Banco de Alimentos Buenos Aires, no radica únicamente en la cantidad de comida que se desperdicia. También existe una cuestión económica que puede desalentar a las empresas a la hora de donar: bajo el régimen actual, determinados alimentos entregados en donación pueden generar un tratamiento fiscal menos conveniente que el descarte.
En otras palabras, una empresa puede encontrarse con una situación en la que recuperar, clasificar, transportar y donar un alimento termine siendo más costoso que descartarlo.
El IVA, en el centro de la discusión
Fernando Uranga, director general del Banco de Alimentos Buenos Aires, explicó que la organización trabaja para identificar cuáles son las condiciones que influyen en las decisiones de las empresas cuando deben disponer de productos que ya no pueden comercializarse, pero que todavía son aptos para el consumo.
“Es de suma importancia la donación de las empresas. Es por eso por lo que constantemente buscamos identificar aquellas condiciones que influyen en la decisión de nuestros aliados al disponer de su merma”, señaló.
Según Uranga, uno de los principales obstáculos está relacionado con el tratamiento que actualmente recibe el IVA. “Bajo el régimen legal actual, la decisión de donar alimentos implica que la empresa no podrá computar el crédito de IVA vinculado a la elaboración del mismo, mientras que, si ese alimento es descartado, sí es posible computar el referido crédito fiscal”, explicó.
Por ese motivo, desde el Banco de Alimentos Buenos Aires y la Red de Bancos de Alimentos plantean la necesidad de modificar el esquema vigente para evitar que la decisión de donar genere una desventaja económica frente al descarte.
“Promover la reforma legislativa necesaria para corregir esto es uno de los objetivos que trabajamos junto a la Red de Bancos de Alimentos”, agregó Uranga.
La Ley Donal existe, pero el problema sigue siendo económico
Argentina cuenta con un marco legal específico para las donaciones de alimentos. Se trata de la denominada Ley Donal, que establece condiciones para facilitar la entrega de productos y brinda seguridad jurídica a quienes realizan las donaciones.
Uno de los puntos centrales está contemplado en el Artículo 9, que establece un régimen de protección para las empresas respecto de la responsabilidad civil y penal vinculada con los alimentos entregados bajo las condiciones previstas por la normativa.
El objetivo de este marco es estimular las donaciones y evitar que las empresas se abstengan de entregar alimentos por temor a eventuales consecuencias legales.
Sin embargo, desde el sector sostienen que contar con seguridad jurídica no alcanza si la estructura económica e impositiva continúa haciendo más conveniente el descarte.
El desafío, entonces, no sería crear desde cero un mecanismo que permita donar, sino modificar los incentivos para que donar alimentos aptos para el consumo no resulte menos conveniente que desecharlos.
Recuperar, transportar y almacenar también tiene un costo
La cuestión impositiva no es el único factor que interviene en la decisión de una empresa. Los alimentos que salen del circuito comercial deben ser recuperados, clasificados, almacenados y transportados antes de llegar a una organización social. Cada una de esas etapas implica costos y requiere infraestructura, personal y logística.
Por eso, desde los bancos de alimentos plantean que cualquier modificación del sistema debería contemplar también esos gastos.
La ecuación es sencilla: cuanto mayores sean los costos asociados a recuperar un producto, mayor puede ser el incentivo económico para descartarlo directamente.
El debate sobre el desperdicio alimentario, por lo tanto, no se limita a una cuestión ambiental o solidaria. También involucra impuestos, costos logísticos, infraestructura y decisiones empresariales.
“Cada kilo que se destruye pierde la oportunidad de convertirse en un plato de comida”
Uranga vinculó el problema del desperdicio con la situación social del país y destacó el papel que cumplen los bancos de alimentos para recuperar productos que todavía pueden ser consumidos.
“Hoy en nuestro país hay hambre. El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA sostiene que la Argentina mantiene desde hace años un piso estructural de pobreza cercano al 30% y la indigencia asciende a alrededor del 7%”, afirmó.
En ese contexto, remarcó que los alimentos que son descartados pueden representar una oportunidad perdida para las organizaciones que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad.
“Los Bancos de Alimentos trabajan para reducir el hambre y evitar el desperdicio de alimentos. Pensemos que cada kilo de alimento que se destruye y podría haber sido donado, pierde la oportunidad de convertirse en un plato de comida”, sostuvo.
Para el director del Banco de Alimentos Buenos Aires, facilitar las donaciones tiene además un impacto que excede la asistencia alimentaria. “Facilitar las donaciones no es sólo un imperativo ético, sino también una solución económica y ambiental necesaria para el país”, afirmó.
Qué cambios proponen para incentivar las donaciones
Alfredo Kasdorf, asesor de la Red Global de Bancos de Alimentos (GFN, por sus siglas en inglés), planteó que Argentina podría avanzar hacia un sistema de incentivos que complemente el actual marco legal.
“Desde la perspectiva de GFN, Argentina necesita completar la Ley Donal con una arquitectura de incentivos”, explicó.
Uno de los principales puntos que propone revisar es precisamente el tratamiento del IVA asociado a los alimentos donados.
La idea es evitar que una empresa pierda créditos fiscales como consecuencia de donar alimentos cuando esa pérdida no se produciría ante determinadas modalidades de descarte.
Kasdorf también mencionó la posibilidad de fortalecer las deducciones fiscales existentes. Actualmente, según explicó, esas deducciones están sujetas, en términos generales, a un límite del 5% de la ganancia neta del ejercicio.
A eso se sumaría el reconocimiento de los costos vinculados con la recuperación, el transporte, el almacenamiento y la distribución de los productos donados.
“La oportunidad para Argentina es pasar de una Ley Donal que hace posible donar a un sistema de políticas públicas que haga más fácil y económicamente racional la donación”, sostuvo Kasdorf.
El objetivo, agregó, sería aprovechar una mayor cantidad de alimentos que todavía pueden ser recuperados, fortalecer el trabajo de los bancos de alimentos y otras organizaciones especializadas y reducir las pérdidas y desperdicios.
La discusión sobre los incentivos para la donación de alimentos también está presente en otros países de América Latina. Colombia, Brasil, Uruguay y México desarrollaron diferentes herramientas fiscales y legales para facilitar el rescate de alimentos.
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SOCIEDAD
Sigue la alerta por inundaciones ante la crecida de los ríos Paraná y Uruguay: familias evacuadas y operativos de emergencia
La crecida de los ríos responde al aumento de las lluvias en la Cuenca del Plata, un escenario asociado al fenómeno de El Niño. Las precipitaciones registradas en Brasil, Misiones y el noreste argentino incrementó los caudales que llegan a los ríos Paraná y Uruguay.
Las represas de Itaipú, Yacyretá y Salto Grande mantienen abiertos sus vertederos para administrar ese volumen. Las maniobras permiten atenuar los picos de crecida, pero no eliminan el riesgo de anegamientos en las localidades ubicadas aguas abajo.
El río Uruguay superó la cota de evacuación en Paso de los Libres y obligó a reubicar a familias, mientras que el Paraná continúa en ascenso en Chaco y Corrientes y mantiene bajo vigilancia a las poblaciones ribereñas.
Cuáles son las zonas más afectadas
La situación más comprometida se concentra en Paso de los Libres, Corrientes, donde el río Uruguay alcanzó los 9,28 metros, por encima de los 8,50 metros establecidos como nivel de evacuación. Según los relevamientos difundidos el martes, al menos 31 personas tuvieron que abandonar sus viviendas y fueron alojadas en instalaciones del Ejército.
En Alvear, el avance del agua afecta las áreas más bajas, aunque no se registraron evacuaciones en el último informe. La alerta también alcanza a La Cruz, Yapeyú y Bonpland, en Corrientes.
En Concordia, Entre Ríos, la evolución del Uruguay resultó menos grave que las previsiones iniciales. El río llegó a 11,46 metros frente al puerto local -debajo de los 13 metros que se habían proyectado para el inicio de la semana-. De todos modos, seis familias, integradas por 12 adultos y 10 niños, fueron reubicadas ante el ingreso de agua en sectores vulnerables.
Por otro lado, la creciente del río Paraná también genera preocupación en Chaco y Corrientes. En el puerto de Barranqueras, el nivel alcanzó los 5,31 metros al mediodía del martes, cuatro centímetros por encima de la medición de la medianoche. La marca se mantenía por debajo del nivel de alerta, fijado en 6 metros, y de evacuación, establecido en 6,50 metros.
La proyección del Instituto Nacional del Agua advierte que el tramo Corrientes-Barranqueras podría superar el nivel de alerta desde este jueves 15 de octubre. Además, el organismo señaló que existe probabilidad de que el río rebase la cota de evacuación desde el sábado 17, de acuerdo con la evolución de los caudales que bajan desde el norte.
Retiran animales ante el riesgo de inundaciones
La crecida del río Paraná también afecta a productores ganaderos de las zonas isleñas, que comenzaron a retirar animales hacia terrenos más altos ante la posibilidad de que el avance del agua anegue los campos y corte los accesos.
En Carrizal Norte, una zona rural de Bella Vista, los productores ya trasladan ganado como medida preventiva. La anticipación resulta clave porque, una vez que los caminos quedan cubiertos, el movimiento de animales se vuelve más difícil y las islas pueden quedar aisladas.
El río llegó a 5,06 metros al mediodía del martes, todavía por debajo de los 6 metros fijados como nivel de alerta y de los 6,40 metros de evacuación. Sin embargo, el ascenso sostenido llevó a los productores a anticipar el traslado de los animales.
Yacyretá prevé mayores caudales y mantiene cerrado el cruce con Paraguay
La Entidad Binacional Yacyretá estimó que el caudal afluente a la central podría ubicarse entre 29.000 y 32.000 metros cúbicos por segundo durante los próximos días. Según los parámetros del Instituto Nacional del Agua, el sistema entra en alerta por encima de los 25.000 metros cúbicos por segundo y alcanza el nivel de evacuación cuando supera los 30.000.
Como medida preventiva, la represa mantiene cerrado hasta el sábado 17 de octubre el paso vehicular y peatonal que une Ayolas, en Paraguay, con Ituzaingó, en Corrientes. La reapertura dependerá de una nueva evaluación de las condiciones climáticas y de seguridad.
La onda de crecida seguirá su recorrido río abajo desde Misiones hacia Corrientes y el resto del Litoral. El agua puede demorar entre 10 y 15 días en llegar desde la zona de Iguazú hasta Rosario, por lo que los niveles podrían continuar en ascenso aun si las precipitaciones disminuyen de forma transitoria.
La contraseña 123456 es poco recomendable para una cuenta de Netflix o de banco, pero aún menos cuando es la clave para acceder a una base de datos de todos los ciudadanos de un país. Ha sido el caso de Dinamarca. Unos ciberdelincuentes descargaron en septiembre los nombres, direcciones y números de seguridad social de casi nueve millones de daneses, un número superior incluso a la población, que es de seis millones, porque incluye también a personas ya fallecidas o habitantes en el extranjero, en la mayor filtración de datos de la historia del país. El supuesto pirata informático afirma ahora en una entrevista con el diario danés Politiken que accedió al Registro Central de Población (CPR, por sus siglas en inglés) tras probar la combinación 123456 como credencial de una empresa privada que tenía acceso legal a la base de datos.
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SOCIEDAD
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