POLITICA
Imputaron a un intendente de Río Negro por presunta administración fraudulenta y peculado
En medio del escándalo desatado en Allen, provincia de Río Negro, este jueves el intendente Marcelo Román fue imputado por los delitos de administración fraudulenta y peculado. De la misma manera, se fijó un plazo de dos meses para la investigación penal preparatoria, que tendrá como fecha límite el 30 de agosto de este año.
De acuerdo con la causa impulsada por la fiscal jefe Graciela Echegaray y la fiscal del caso Celeste Benatti, entre marzo de 2024 y julio de 2025, el jefe comunal habría sustraído fondos públicos municipales para autorizar la compra de un teléfono celular por $479.999, bajo la modalidad de servicio corporativo, con un abono mensual a nombre de la Municipalidad que significó un gasto de $596.812,38.
Durante la última audiencia, la Fiscalía detalló que el imputado apartó el dispositivo de la actividad patrimonial del municipio y se lo entregó a una persona ajena a la administración pública, sin vínculo contractual que legitimara la tenencia del bien estatal.
En este sentido, los fiscales sostuvieron que, al entregar el bien, el intendente quebrantó la custodia legal que debía ejercer sobre el patrimonio municipal, debido a que permitió que un tercero ajeno dispusiera del recurso como propio y generara un perjuicio al erario público.
Según la información publicada por el Ministerio Público de Río Negro, en la audiencia también estuvo presente un segundo acusado. Para la Fiscalía, su papel fue considerado esencial para la consumación del delito, debido a que recibió y utilizó el teléfono pese a que tenía conciencia de que no era agente municipal ni tenía designación oficial alguna.
De la misma manera, este individuo habría utilizado el dispositivo para dar órdenes y directivas indirectas a empleados de la Municipalidad, por lo que consideraron que se habría hecho uso de facultades propias de la gestión y habría consolidado así la disposición privada del recurso estatal.
Por este motivo, ambos fueron acusados bajo la figura de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado todo en concurso ideal”, conforme a los artículos 173, inciso 7, en función del 174 inc. 5, 261 primer párrafo, 45 y 54 del Código Penal. No obstante, para el segundo imputado, la acusación es como partícipe necesario de administración fraudulenta.
Como parte del sustento probatorio, la Fiscalía mencionó la denuncia penal del Tribunal de Cuentas de Allen, documentación institucional como el acta de asunción del intendente, la carta orgánica y copias de comodatos de celulares corporativos, así como la factura de compra del aparato involucrado. Además, se sumaron más de 35 entrevistas tomadas en sede fiscal.
Al mismo tiempo, figuró un informe del Departamento de Contaduría Forense del Ministerio Público de Río Negro, que analizó las órdenes de pago secuestradas en el allanamiento a la sede municipal. Además, se incluyeron copias certificadas de pagos internos y externos, facturas y transferencias a una empresa de telefonía, el legajo de la investigación del Tribunal de Cuentas y reportes de las divisiones judiciales e investigativas de San Antonio Oeste y Allen.
Por su parte, las defensas solicitaron que no se tengan por formulados los cargos y requirieron imputar como partícipe necesario a la entonces secretaria de Hacienda. Además, exigieron la exclusión de la declaración de la exfuncionaria como testigo, así como de la documentación recabada durante el allanamiento, la pericia contable y las extracciones realizadas del celular de la mencionada mujer.
Desde que se abrió una investigación en contra de Román, la ciudad enfrenta una fuerte crisis institucional tras la presentación de más de 3.000 firmas vecinales que solicitan la revocatoria de su mandato. La iniciativa fue impulsada por Silvina Cantero, una docente jubilada y ex afiliada al gremio docente provincial, junto a una ex empleada municipal despedida durante la gestión actual.
Cantero comenzó a reunir firmas a fines de 2025, tras argumentar una “grave negligencia” en la prestación de los servicios públicos esenciales como eje central del reclamo. En el petitorio elevado al Concejo Municipal, se señaló que la administración evidenció una profunda ineptitud en el manejo de servicios básicos, lo que habría generado un estado de abandono progresivo que afectó la calidad de vida en los barrios de Allen.
Tras ser consultada por medios locales, la docente jubilada afirmó que la campaña para desplazar al intendente responde a una convicción personal y negó cualquier tipo de motivación política detrás de la iniciativa. Según la Carta Orgánica local, la acumulación de firmas permitiría activar el proceso formal de revocatoria de mandato ante el órgano legislativo municipal.
El petitorio fue entregado formalmente ante el Concejo Municipal en mayo de este año, por lo que deberá iniciar el procedimiento establecido por la normativa local. Mientras tanto, la gestión permanece bajo la presión de la investigación judicial y la demanda popular de cambio en la conducción del municipio.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el titular del bloque de Diputados del PRO, Cristian Ritondo, encabezaron una agenda política en Washington con reuniones en la Casa Blanca, el Congreso de Estados Unidos y el Atlantic Council. El objetivo de la visita fue fortalecer los vínculos con referentes del oficialismo estadounidense y ampliar la proyección internacional del partido.
Uno de los principales encuentros fue con Richard Walters, subsecretario de Gabinete de la Casa Blanca para Asuntos Legislativos y Políticos. Según informaron desde el partido, la conversación giró en torno al escenario político de Estados Unidos, los cambios que atraviesa América Latina y el nuevo mapa regional tras las últimas elecciones.
“Junto a Cristian Ritondo conversamos con Richard Walters sobre el escenario político de Estados Unidos, los cambios que atraviesa nuestra región y las transformaciones que está llevando adelante el presidente Javier Milei”, sostuvo Jorge Macri.
El jefe de Gobierno porteño agregó que “la Argentina tiene hoy una oportunidad histórica de consolidar un camino de estabilidad, reformas, seguridad, menos impuestos y más libertad para quienes trabajan, producen e invierten”. También afirmó que “fortalecer nuestra relación con los Estados Unidos es una parte fundamental de ese camino”.
POLITICA
Mandan a un tribunal oral a revisar si corresponde anular la condena a Guillermo Moreno por la falsificación de datos del INDEC
La Cámara Federal de Casación abrió la puerta para evaluar si corresponde anular la condena a Guillermo Moreno a 3 años de prisión en suspenso y 6 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos por falsear datos del INDEC cuando era secretario de Comercio durante el kirchnerismo, porque entiende que se encuentra prescripta por el paso del tiempo.
Los jueces de la Sala II del tribunal, Mariano Borinsky y Alejandro Slokar, rechazaron un recurso extraordinario del fiscal ante la Casación Mario Villar, evitaron que el caso vaya a la Corte y convalidaron la decisión por la cual ordenaron al tribunal oral que hizo el juicio que evalúe si la causa contra Moreno y su exnúmero dos Beatriz Paglieri se encuentra prescripta.
Los magistrados declararon inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto por el fiscal y con ello quedó firme la decisión por la cual se ordenó al tribunal oral la revisión del fallo, a 17 años desde que ocurrieron los hechos.
Los magistrados consideraron que el escrito del fiscal Villar no cumplía con los recaudos que la ley exige para la admisibilidad del recurso, y dijeron que no iba dirigido contra una sentencia definitiva, por lo cual decidieron su desestimación por inadmisible.
Los jueces basaron su fallo en el criterio sostenido por la propia Corte Suprema de Justicia en lo relativo a los requisitos exigidos para la interposición del recurso extraordinario. El tribunal oral ahora queda ahora obligado a dictar un nuevo pronunciamiento sobre la prescripción ajustado al estándar trazado por los jueces Borinsky y Slokar que ya señalaron que el asunto puede estar prescripto ya que la causa lleva más de 17 años de tramitación.
La causa se originó en una denuncia presentada en febrero de 2007 vinculada a la actuación de Moreno en el INDEC durante su gestión como secretario de Comercio Interior.
El Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por Néstor Costabel, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, condenó a Moreno y a Paglieri a una pena de tres años en suspenso por los delitos de abuso de autoridad en concurso ideal con destrucción e inutilización de registros públicos. La coimputada Marcela Filia fue absuelta y el fallo quedó firme y fue consentido por la propia fiscalía.
El 1° de julio de 2026, la Sala II, por mayoría de los jueces Slokar y Borinsky, con la disidencia del juez Javier Carbajo, había hecho lugar a los recursos de casación de ambas defensas, y ordenando que se dicte un nuevo fallo.
El tribunal oral había rechazado el planteo de prescripción al considerar que mientras Filia fuera funcionaria en el INDEC no operaba ese supuesto, aun cuando hubiera sido absuelta por una decisión firme y consentida por el fiscal.
La mayoría de Casación revocó ese criterio al sostener que el principio de que la causa no prescribe cuando un imputado es funcionario público tiene el propósito de evitar que corra el término mientras quien ocupa ese cargo pueda influir negativamente u obstaculizar el avance de la investigación. Y además dijo que el imputado que suspende los plazos no debe ocupar cualquier cargo público, sino uno que tenga incidencia sobre el asunto del proceso.
El tribunal oral había reconocido al absolver a Filia que no surgía de las constancias del expediente cuáles fueron las actividades que desarrolló en el INDEC, ni el cargo para el que fue contratada. Sin embargo, entendió que se trataba de una empleada administrativa que cumplió órdenes propias de sus funciones.
Pero la Cámara de Casación entendió que ese déficit no podía ser suplido luego para sustentar la suspensión del plazo. Ahora los jueces del Tribunal Oral Federal 2 deberán revisar nuevamente si corresponde o no declarar prescripto el caso.
la condena,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Germán Martínez: “El principal desafío que tiene el peronismo es la reconstrucción de la confianza”
El debate por el Presupuesto 2027 comenzará a ocupar el centro de la agenda del Congreso y, con él, las negociaciones entre el Gobierno, los gobernadores y los bloques opositores. Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, sostuvo que su espacio esperará a conocer el proyecto definitivo antes de fijar una posición, aunque anticipó algunos de los puntos que buscará discutir.
Durante una entrevista en Infobae al Regreso, el legislador recordó que el Gobierno había enviado al Congreso el adelanto del Presupuesto el 3 de julio y consideró que allí ya podían observarse algunas de las proyecciones que ahora trascendieron. “Ya a esta altura conviene esperar el documento final”, planteó.
Martínez aclaró que Unión por la Patria no se opone a que el país tenga una Ley de Presupuesto. “Nosotros nunca estuvimos en contra de que haya un presupuesto”, afirmó. Sin embargo, cuestionó que el análisis de las cuentas públicas quede concentrado en el resultado fiscal y sostuvo que también deben contemplarse la evolución de los ingresos y el nivel de actividad.
Como antecedente, recordó que el Presupuesto aprobado en diciembre había proyectado una inflación del 10,1% para este año y planteó que las diferencias entre las previsiones oficiales y la evolución posterior de la economía deben ser consideradas al analizar las nuevas estimaciones.
El impacto del ajuste y la preocupación por la economía
Para respaldar su planteo, Martínez citó durante la entrevista un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) sobre la evolución del gasto público. Según los datos que mencionó, entre enero y agosto de 2026 y el mismo período de 2023, las transferencias corrientes a las provincias cayeron un 86%, mientras que la obra pública y el gasto de capital registraron una reducción del 83%.
También señaló una caída cercana al 40% en el financiamiento universitario y en las prestaciones sociales, mientras que, según su exposición, las jubilaciones acumularon una pérdida real del 8,2% frente a 2023.
“Hay que pensar el presupuesto también teniendo en cuenta estos elementos”, sostuvo. Para el diputado, la discusión sobre el equilibrio de las cuentas públicas debe contemplar qué ocurre con los recursos que ingresan al Estado.
“Si uno mira solamente la dinámica del gasto sin mirar la dinámica de los ingresos, se complica”, explicó. En ese sentido, vinculó la recaudación con el nivel de actividad y sostuvo que una economía con mayor producción y consumo amplía la base sobre la cual se cobran los impuestos.
La situación de la industria ocupó otro tramo de la entrevista. Martínez contó que participó en Esperanza de la reunión anual de la Federación de Industriales de Santa Fe por el Día de la Industria y aseguró que allí recibió un diagnóstico negativo por parte de empresarios del sector. “El principal problema que tenemos hoy es un infernal parate económico”, definió.
Según relató, el presidente de la entidad habló de un “ACV productivo” para describir la situación. Martínez sostuvo que el crecimiento de sectores orientados a la exportación, como los hidrocarburos, la minería, el litio, la economía del conocimiento y las energías renovables, necesita complementarse con una recuperación de la demanda interna. “Si a esos elementos no le agregás un mercado interno potente, no te alcanza”, afirmó.
Qué dijo sobre el proyecto del Gobierno para Malvinas
Martínez también se refirió al proyecto que el Gobierno prepara sobre Malvinas y que contempla medidas vinculadas con empresas que desarrollen actividades en las islas. El diputado evitó anticipar si Unión por la Patria acompañará la iniciativa hasta conocer su contenido. “Veremos cuál es el contenido y evaluaremos en función de eso”, respondió.
El jefe del bloque opositor recordó que el Congreso ya cuenta con legislación sobre la cuestión. Mencionó las leyes sancionadas en 2008 y 2011 relacionadas con la pesca y con sanciones a empresas que operen en la zona sin autorización argentina.
En ese contexto, cuestionó la decisión del Gobierno de impulsar ahora nuevas medidas y reclamó que el proyecto sea discutido en las comisiones de Relaciones Exteriores y Defensa. “Que venga el proyecto y que se debata y que esté abierto”, sostuvo.
Martínez también planteó la necesidad de establecer controles sobre las actividades económicas vinculadas con los recursos de las islas y advirtió sobre posibles irregularidades en sectores como los hidrocarburos y la pesca.
El desafío del peronismo y su mirada sobre Kicillof
Consultado por la reconstrucción del peronismo, Martínez sostuvo que el espacio debe recuperar capacidad para interpretar las preocupaciones cotidianas de la sociedad. “Tenemos que tener una capacidad de leer con precisión dónde está puesta la expectativa de la vida cotidiana de los argentinos y las argentinas”, afirmó.
Entre los temas que considera centrales ubicó la actividad económica, el empleo, la recuperación del salario real, el consumo interno y las políticas de ciencia y tecnología. En materia laboral, señaló que se perdieron más de 300 mil puestos de trabajo.
El diputado también reconoció errores de las administraciones peronistas y los vinculó con el deterioro de la confianza de parte del electorado. “El principal desafío que para mí tiene el peronismo tiene que ver con la reconstrucción de la confianza”, sostuvo.
Sobre Axel Kicillof, Martínez lo definió como “un muy buen gobernador de la provincia de Buenos Aires” y lo ubicó entre los dirigentes que podrían formar parte de una futura propuesta presidencial del peronismo.
En Santa Fe, en tanto, evitó confirmar una candidatura a gobernador, aunque reconoció que analiza esa posibilidad. “Ganas no me faltan”, dijo, y señaló que cualquier definición dependerá de la estrategia que adopte el Partido Justicialista provincial.
También evaluó la gestión de Maximiliano Pullaro. Martínez reconoció como un dato positivo la reducción de los homicidios dolosos y las balaceras en Rosario. “Hay un acierto, sin lugar a dudas, y hay que tratar de sostenerlo”, afirmó.
Al mismo tiempo, sostuvo que la venta de estupefacientes en los barrios de la ciudad “lejos de solucionarse, está potenciada”. También valoró la inauguración de un natatorio en la zona sur de Rosario y cuestionó el rumbo económico de la provincia, al considerar que Santa Fe quedó condicionada por las decisiones del gobierno de Javier Milei.
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germán martínez
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