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Javier Milei: Una arenga por los “mejores 30 años” y el antídoto contra los “monstruos”, en medio de una nueva tensión interna

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Javier Milei arribó al auditorio del Centro de Convenciones, para disertar en el evento del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), apenas antes de las 19. La agenda que tenía ya delineada le permitió refugiarse en el mundo local de ese sector -amable con su Gobierno y que le sonrió con fotos y videos para darle la bienvenida- en un día en que escaló otra vez la interna oficialista, esta vez con Patricia Bullrich como punta de lanza. La senadora, jefa de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara alta, no solo comunicó públicamente que no avalaba la decisión de los Milei de retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli -cuñada del periodista de investigación de Hugo Alconada Mon- sino que además le puso al Presidente su renuncia a disposición, como anticipó este medio.

A la vez que rebrotaban tensiones, desconfianzas y acusaciones cruzadas en el oficialismo, Milei y su equipo económico oyeron los aplausos de los ejecutivos de finanzas. El Presidente dio un discurso en el que enfatizó en las supuestas bonanzas del plan libertario y en el que prometió que se vienen “los mejores treinta años de la economía argentina”. El panorama político era otro: a Bullrich, por tanto, un sector de Balcarce 50 la acusaba de iniciar esta movida de despegue no solo como una “disputa de poder” contra la secretaria general, Karina Milei, sino también por el nivel de peso en los cargos judiciales que están en proceso de llenado.

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En el IAEF, en primera fila al Presidente lo aguardó su ministro de Economía, Luis Caputo, que había cerrado su alocución minutos antes, acompañado por sus autodenominadas “tres anclas”: sus colaboradores Federico Furiase, Felipe Núñez y Martín Vauthier.

Milei arrancó su alocución con un tenue tono que se condijo con las luces bajas que tomó el escenario cuando le puso un pie encima.

En esta oportunidad no hubo insultos ni demasiada efervescencia contra sus blancos habituales. Abajo también lo escucharon los diputados nacionales Diego Hartfield y Adrián Ravier, que llegaron temprano. El pampeano -estudioso de la teoría libertaria- paseó bajo su brazo el libro Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, que Jesús Huerta de Soto -alabado por Milei- le mandó autografiado desde España vía Ravier al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Estuvo también la senadora Nadia Márquez -aliada de Martín Menem, que pasó por IAEF a mitad de tarde- y la empresaria Bettina Bulgheroni, amiga de Karina Milei, que arribó junto a su hermano.

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En su discurso, el Presidente reiteró que hubo sectores que intentaron un golpe de Estado contra su gobierno y que todavía agitan una “campaña del miedo” contra su gestión.

Del tono sosegado retomó la energía cuando recordó la película Monsters, Inc y en el auditorio generó risas. Ahí el Presidente comentó que uno de los monstruos quiso “asustar a una nenita” y ella se río; entonces trazó un paralelismo: ”El día que les saquemos las caretas a los monstruos colectivistas este país va a ser grande nuevamente. La campaña es Monsters, Inc. El monstruo K. Monstruo, no nos asustas más”.

Al rato las palmas volvieron, cuando pidió que le subieran los aires bajo el argumento “el muñeco de cera se está derritiendo”.

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Entre recuerdos del “estrés test” durante las elecciones legislativas de 2025, le agradeció a Caputo por el “mejor programa económico de la historia”. Dijo que caen el riesgo país y la inflación, y que por eso ahora se puede hablar de cómo su Gobierno va a acelerar el crecimiento. “Está bajando la inflación, sacamos 14 millones de personas de la pobreza. Sabía lo que estaba diciendo [cuando decía que era experto en crecimiento con y sin dinero] y lo estamos haciendo”, refirió. “Va a salir bien”, exclamó además, para imprimir una cuota de esperanza, y añadió: “El año que viene, en octubre los vamos a pasar por arriba [a los opositores] y a seguir impulsando las ideas de la libertad”.

Milei también negó que su gestión esté paralizada, aseguró que hizo en seis meses lo que no se logró en 40 años y prometió que a la Argentina le van a salir “los dólares por las orejas”.

“No hay apertura indiscriminada, somos una cosa de locos cómo cerramos la economía durante los últimos 100 años. ¿Le tienen miedo a competir? Si han podido soportar los gobiernos liberticidas, nada los puede detener, la libertad los hará prósperos”, arengó.

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En el último tramo del discurso, el Presidente retomó sus intenciones de generar expectativas respecto al futuro de su gestión. “Se vienen los mejores años de la economía argentina, prepárense para ser parte de la mejor parte de la historia argentina, del resurgimiento. Van a poder mirar para atrás y decir ‘somos parte del milagro argentino’“, marcó y concluyó: ”Con mucho esfuerzo hemos atravesado la tormenta, nos esperan los mejores 30 años de la economía argentina».

Mientras en el Gobierno y en lo legislativo el oficialismo se aferra a que será la economía la que ordene a la política, en la Casa Rosada hoy sobraron los chispazos.

En las distintas terminales del Gobierno y también en espacios aliados, coincidían en que Bullrich quiso mostrar con el mensaje que publicó hoy que no es una empleada de los hermanos Milei y menos de Karina. La senadora (que ya había exigido al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acelerar su declaración jurada) tiene peso propio y a esta altura del año encuestas la posicionan con una imagen positiva incluso superior a la del Presidente, con quien tiene un vínculo fluido y frontal.

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Sin embargo, algunas áreas del oficialismo -sobre todo vinculadas al karinismo- desconfiaban también de que atrás de las escaladas de la ministra de Seguridad existiera una disconformidad con la baja injerencia que -dicen- le da el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en la selección de los pliegos judiciales y en que el ministro desoye los intentos de la senadora de promover algunos nombres. Analizaban, entonces, que ella disconforme hace ruido.

“Los nombramientos de los jueces generan rispideces porque se disputa poder por los próximos 30 años. Ella quiso meter gente suya, no se lo dieron y aprovechó esto”, analizaba esta tarde una fuente del Gobierno.

No es solo eso. En la mesa chica libertaria acusaban a Bullrich de articular con senadores aliados pero no para llevar adelante una estrategia alineada con la Casa Rosada respecto puntualmente del pliego de Michelli. Se quejaban, además, de cuánto podía o no empantanar eso el resto de las gestiones judiciales en el Congreso.

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“Patricia estuvo hablando con aliados y eso desarmó la estrategia original”, decía una fuente de Balcarce 50. “Se generan malos mensajes hacia el afuera cuando no coordinamos bien las acciones y los gestos. Necesitamos mensajes de unidad”, acotaba la misma voz, que no obstante confiaba en que todo volverá a su cauce.

Otra fuente del oficialismo exclamaba esta tarde, respecto de la postura de Bullrich sobre Michelli: “No tiene sentido diferenciarse así. Es una orden del Presidente. No da que la cuestionen de esa forma”.

Personajes de la Casa Rosada que discrepan con el estratega Santiago Caputo también lo acusaron de promover ciertos movimientos que generan fricciones en medio del nombramiento de los jueces.

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Ante las tensiones, fuentes del oficialismo aseguraban que, en caso de que el pliego de Michelli avance en el Senado, una opción que se baraja es que Milei no firme el decreto para su nombramiento.




este medio.,Paula Rossi,Javier Milei,Patricia Bullrich,Conforme a,Javier Milei,,Minuto a minuto. Javier Milei y sus medidas, en vivo: el conflicto por los fondos universitarios y la reglamentación de la reforma laboral,,Caprichos y venganzas. Inocentes y culpables en tiempos de Milei,,“Monstruo, no nos asustás más”. Milei comparó la batalla cultural del modelo libertario con una película de Pixar

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Una jueza federal de Río Grande ordenó frenar la explotación petrolera de Sea Lion en Malvinas

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La jueza federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, Mariel Borruto, ordenó frenar la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en torno a las islas Malvinas. Notificó a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited que cesen las perforaciones y las emplazó a que en 10 días informen el grado de avance del proyecto.

De este modo, la magistrada hizo lugar a la medida cautelar solicitada por las asociaciones de Abogados, Abogados/as y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que litiga en este caso.

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El financiamiento principal (un 65%) del proyecto proviene de la empresa israelí Navitas Petroleum y el resto de la británica Rockhopper Exploration.

La magistrada, en una resolución de 17 carillas a la que accedió , dispuso además que Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum se abstengan de iniciar, continuar o ejecutar acción del proyecto Sea Lion, que en el fallo es mencionado como León Marino, en castellano.

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Además, prohibió eventuales ampliaciones y tareas en los pozos o instalaciones integrados al emprendimiento.

La prohibición alcanza a la perforación del lecho o subsuelo marino, la instalación permanente de infraestructura submarina para extracción o producción, la colocación de conductos, líneas de flujo y estructuras de fondeo.

Además, prohíbe la puesta en funcionamiento de unidades flotantes de producción, almacenamiento o descarga, el inicio de cualquier extracción comercial y también las obras terrestres y portuarias.

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La medida regirá hasta que se sustancie ante la autoridad ambiental nacional el procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto en la Ley 25.675, o hasta que el propio juzgado disponga lo contrario.

En paralelo, la jueza intimó a las dos empresas a que, dentro de los diez días hábiles judiciales, informen bajo declaración jurada y con documentación respaldatoria el estado actual del proyecto: el cronograma de construcción y perforación, la cantidad y ubicación de los pozos proyectados, las unidades flotantes y de perforación contratadas.

Quiere saber la justicia, además, la nómina de contratistas y subcontratistas, la estructura societaria utilizada, las entidades financieras y aseguradoras involucradas, los desembolsos realizados y pendientes, los estudios ambientales y de riesgo de derrames ya realizados.

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También les ordenó preservar íntegramente, sin destruir, modificar u ocultar, toda la documentación técnica, ambiental, societaria, contractual, financiera y asegurativa vinculada al proyecto.

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Los fundamentos del fallo que ordenó suspender el avance del proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas

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La jueza federal Mariel Borruto, del Juzgado Federal de Río Grande, ordenó suspender el avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en una medida cautelar dictada en el expediente FCR 13706/2026 a pedido del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA).

En su disposición, la jueza apuntó contra Rockhopper Exploration PLC y Navitas Petroleum Development and Production Limited. La resolución, además de frenar las obras, desarrolla en detalle los argumentos jurídicos que la sustentan, y está basada en distintos fundamentos.

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Eje ambiental

El primer fundamento es ambiental. La jueza tuvo por acreditado que ninguna autoridad argentina había iniciado un procedimiento de evaluación de impacto ambiental sobre el proyecto: un informe de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Jefatura de Gabinete, de febrero de este año, confirmó que no existía aviso de proyecto ni trámite iniciado con las empresas mencionadas.

La Ley General del Ambiente (25.675) exige esa evaluación previa para toda actividad capaz de degradar significativamente el ambiente y la Ley 26.659 prohíbe desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización nacional. Para el juzgado, esa omisión configura por sí misma la conducta antijurídica que permite actuar preventivamente: quien debía evaluar el riesgo ambiental no lo hizo y, aun así, avanzó con la ejecución de la obra.

El mapa de las empresas petroleras que explotan crudo en las Islas Malvinas (Foto: Rockhopper)

Ese razonamiento se apoya en el principio precautorio, según el cual la falta de certeza científica sobre el impacto de una actividad no puede usarse como excusa para postergar medidas de protección cuando existe riesgo de daño grave.

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La resolución citó también la jurisprudencia de la Corte Suprema en los fallos “Mendoza” —sobre la contaminación del Riachuelo— y “Halabi”, que reconocen al ambiente como un bien colectivo, indivisible y no apropiable individualmente, y la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en su Opinión Consultiva OC-23/17 estableció que el derecho a un ambiente sano protege ecosistemas como el mar aun sin que exista una persona individualmente afectada. Sobre esa base, el juzgado concluyó que la función judicial ambiental no está limitada a intervenir una vez consumado el daño.

Eje en la soberanía

El segundo fundamento es la soberanía. Al analizar la legitimación de los demandantes, la jueza reconoció que la causa promovida por el CECIM “no se agota en una controversia técnico-ambiental”, porque involucra además la defensa de la soberanía nacional sobre Malvinas, a la que calificó como “bien colectivo indivisible” y “interés federal por antonomasia”.

Ese argumento le permitió sostener la competencia del juzgado sobre dos sociedades constituidas en el extranjero, en base al artículo 2603 del Código Civil y Comercial, que habilita a los jueces argentinos a dictar medidas cautelares aunque los bienes o las personas involucradas no se encuentren en el país. La resolución sostuvo que la Ley General del Ambiente y la Ley 26.659 son normas de aplicación inmediata que se imponen por sobre cualquier autorización o título extranjero que las empresas pudieran invocar.

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Una plataforma de la empresa Rockhopper, ahora apuntada por la justicia federal. (Foto TN)
Una plataforma de la empresa Rockhopper, ahora apuntada por la justicia federal. (Foto TN)

Peligro de demora

El tercer eje es el de la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, los dos requisitos clásicos de toda cautelar. La jueza consideró acreditada la verosimilitud a partir de la existencia y localización del proyecto, la magnitud de las obras previstas —23 pozos, una unidad flotante de producción y una ampliación portuaria en Puerto Argentino— y los antecedentes de las empresas: según documentación oficial incorporada al expediente, Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum LP ya habían sido alcanzadas por resoluciones de 2012, 2013 y 2022 que declararon “ilegales y clandestinas” sus actividades en la plataforma continental y dispusieron su inhabilitación para operar en el país por veinte años.

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El peligro en la demora, por su parte, surgió de que el proyecto ya había superado la etapa conceptual: las empresas habían adoptado la decisión final de inversión en diciembre de 2025 —rechazada formalmente por la Cancillería argentina el 11 de ese mes— y habían comenzado obras de adaptación de infraestructura, según la propia documentación de Rockhopper.

Alcance del fallo

La resolución aplicó, además, un criterio de proporcionalidad al definir el alcance de la medida. La jueza rechazó la fórmula que habían propuesto originalmente las organizaciones demandantes, que era mantener la suspensión hasta que las empresas obtuvieran un Certificado de Aptitud Ambiental: dado que Rockhopper ya tiene una inhabilitación de veinte años, esa condición habría convertido, en los hechos, una medida provisoria en una prohibición definitiva.

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Por eso, la suspensión regirá hasta que se sustancie ante la autoridad ambiental argentina el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, o hasta que el juzgado disponga lo contrario. Por el mismo criterio, difirió el pedido de bloquear de manera general nuevos contratos de financiación, pagos o transferencias de las empresas, al considerar que en esta etapa esa prohibición podría alcanzar a terceros no identificados, como bancos o aseguradoras, sin haber sido oídos.

La medida es provisoria y quedará sujeta a revisión una vez que Rockhopper y Navitas —intimadas a presentar en diez días hábiles información detallada sobre el estado del proyecto, sus contratistas, su estructura societaria y financiera— sean notificadas y puedan ejercer su defensa. Por tratarse de empresas domiciliadas en el exterior, esa notificación deberá tramitarse por la vía del Convenio de La Haya de 1965.

Islas Malvinas, Petróleo, justicia federal

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Cortocircuito y quiebre entre la Casa Rosada y sus diputados por la ley de discapacidad

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“Se incendió todo”, lamentaron desde el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados luego de que se conociera que el proyecto de ley presupuesto 2027 enviado ayer a última hora por el Poder Ejecutivo elimina artículos clave de la ley de emergencia en discapacidad.

El asombro de los legisladores oficialistas quedó expuesto este mediodía en la comisión informativa, donde la oposición y los principales representantes de asociaciones y cámaras de prestadores expresaron su rechazo por las múltiples modificaciones y, sobre todo, por la quita de la actualización del nomenclador. Un punto central en la negociación con los aliados que desató malestar en el Pro y vuelve a foja cero las conversaciones.

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“Es lo contrario de lo que veníamos hablando”, se quejaron desde Pro, después de haberse reunido a primera hora de la mañana con representantes de LLA, entre ellos, la diputada Laura Rodríguez Machado -responsable de gestionar el diálogo con los aliados- en busca de alguna explicación sobre el giro repentino en la estrategia.

Sin embargo, fueron los mismos libertarios los que dejaron en claro su asombro ante la maniobra del Poder Ejecutivo. “Ahora vamos a volver a juntarnos. Tenemos que hablar de cero”, admitieron, en un intento de desmarcarse de la Casa Rosada. El episodio dejó al descubierto el cortocircuito y el quiebre que hubo entre el Poder Ejecutivo y sus representantes en la Cámara de Diputados.

El opositor Esteban Paulon, hoy, en la comisión informativa en DiputadosSoledad Aznarez –

Es que hasta última hora de ayer, LLA apostaba a que el Ministerio de Economía incluyera algún guiño a las demandas de los aliados en el presupuesto, que finalmente avanzó en sentido contrario.

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La distancia con la Casa Rosada también se hizo evidente cuando la exmacrista Silvana Giudici tomó la palabra durante la comisión y, en un intento por poner paños fríos al conflicto, remarcó la importancia de conseguir un dictamen el próximo 23 e hizo alusión a la división de poderes. “Creemos que este Congreso tiene un tiempo largo para luego tratar el presupuesto y debatir cuáles son las mejores condiciones, no solo las cláusulas mencionadas [por las eliminadas]”, apuntó, sin precisar cómo el oficialismo piensa avanzar en un proyecto de ley “superadora”.

Los cambios del presupuesto

Entre los cambios más resonantes que incluyó la Casa Rosada en el presupuesto propone eliminar el artículo 7 bis de la ley de emergencia, que hasta ahora establecía la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a prestadores según el índice de IPC.

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El Poder Ejecutivo plantea que “el Nomenclador de prestaciones básicas no incluirá valores universales” y habilita a que cada obra social o prepaga fije sus propios valores en la negociación, sobre la base de un mínimo contemplado.

La jugada del Gobierno generó podría tener un costo político alto. “Cambia completamente la discusión”, resumieron cerca de la bancada de Cristian Ritondo.

No es la única modificación que introduce. El proyecto propone volver al esquema de pensión por invalidez, por el cual quienes cuenten con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) no podrán percibir ningún tipo de compensación si registran un empleo. Además, deroga los artículos 5º, 8º, 9º y 14 de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad Nº 27.793.

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