WASHINGTON.− El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, será el anfitrión este jueves de una cumbre en esta capital que contará con la representación de unos 70 países, entre ellos la Argentina, en la que se abordarán estrategias para contrarrestar lo que la Casa Blanca considera un “resurgimiento del terrorismo político”.

“Rubio invitó a representantes de diversas regiones, incluidas el hemisferio occidental, Europa y Asia”, señaló un vocero del Departamento de Estado a , que supo que entre los participantes estará la Argentina. El principal representante del Gobierno en el encuentro será el canciller Pablo Quirno, que tiene actividad oficial prevista en Washington.

El vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott, afirmó que la cumbre se organizó porque el terrorismo de extrema izquierda es “una vieja amenaza que resurge con fuertes vínculos transnacionales y nuevas convergencias”.

“Dado que esta amenaza no se ha abordado adecuadamente en el pasado, cada intervención, designación o programa de asistencia en materia de seguridad crea un efecto multiplicador que refuerza las contramedidas tanto a nivel nacional como internacional”, señaló Pigott en un comunicado publicado en X.

De acuerdo a documentos internos del Departamento de Estado citados por ABC News, la reunión sentará las bases para una “acción coordinada” destinada a contrarrestar a organizaciones internacionales que “buscan implementar una visión política extremista mediante la intimidación y campañas coordinadas de terror”.

En mayo pasado, el presidente norteamericano, Donald Trump, firmó la nueva estrategia de contraterrorismo, centrada en “identificar y neutralizar rápidamente” lo que el documento publicado por la Casa Blanca denominó “grupos políticos seculares violentos cuya ideología es antinorteamericana, radicalmente transgénero o anarquista”, como el movimiento descentralizado de extrema izquierda Antifa.

“Utilizaremos todas las herramientas constitucionalmente disponibles para mapear sus actividades en el país, identificar a sus miembros, rastrear sus vínculos con organizaciones internacionales como Antifa y emplear recursos policiales para paralizarlos operativamente antes de que puedan herir o matar a personas inocentes“, amplió el documento.

“Haremos lo mismo con los Estados que patrocinan a dichos grupos y con aquellos gobiernos que lleven a cabo complots letales en suelo estadounidense o contra estadounidenses en cualquier lugar”, añadió.

El documento advirtió que actualmente Estados Unidos se enfrenta a tres tipos principales de grupos terroristas: narcoterroristas y pandillas transnacionales; islamistas de larga trayectoria, y extremistas violentos de izquierda, incluidos anarquistas y antifascistas.

“Nuestro sistema operativo antiterrorista necesita una actualización para afrontar la realidad de tales amenazas, así como para proteger a los ciudadanos norteamericanos y la seguridad e intereses nacionales de Estados Unidos”, señaló un funcionario del Departamento de Estado a la agencia Reuters.

Pigott dijo que los esfuerzos se centran en actividades violentas que cumplen con la definición de terrorismo: asesinatos, secuestros, amenazas violentas contra instalaciones y fuerzas del orden de Estados Unidos, así como ataques a la infraestructura crítica, al personal militar y a la población civil.

En ese marco es que Rubio convocó a altos funcionarios de más de 60 países para la cumbre que se desarrollará en la sede del Departamento de Estado. Además de la Argentina, otras de las naciones de la región invitadas son Chile, Perú y Costa Rica.

Según publicó The Washington Post este jueves, la reunión despertó inquietud entre algunos funcionarios estadounidenses, algunos aliados europeos y analistas independientes, que “no perciben de la misma manera la amenaza del resurgimiento del terrorismo transnacional de extrema izquierda”.

El diario norteamericano reveló además que a fines de mayo el Departamento de Estado celebró una reunión en La Haya sobre el movimiento Antifa y el terrorismo de izquierda, y que a mediados de junio “envió un comunicado oficial a más de 20 embajadas estadounidenses −entre ellas en la Argentina− solicitando información sobre grupos extremistas de extrema izquierda“, según dos fuentes al tanto del asunto citadas por The Washington Post.

“Varias embajadas respondieron, pero ninguna indicó que comparta la evaluación de la administración [Trump] sobre la amenaza”, señaló al diario una de las fuentes.

Un artículo de The New York Times de abril pasado, basado en documentos internos del Departamento de Estado y entrevistas con funcionarios estadounidenses y de otros países, había destacado el “nuevo y amplio esfuerzo” de la Casa Blanca para “presionar a los gobiernos extranjeros y a las embajadas en el exterior” para que se unan a su lucha contra lo que denomina como “terroristas de extrema izquierda”.

“El gobierno de Trump está desplegando su maquinaria antiterrorista global contra movimientos de extrema izquierda como Antifa a pesar de ofrecer pocas pruebas de que representen una amenaza grave para los ciudadanos estadounidenses”, indicó el artículo.

Según The New York Times, uno de los líderes de la iniciativa, Sebastian Gorka, asistente adjunto de Trump y director de contraterrorismo en el Consejo de Seguridad Nacional, “presionó a aliados para designar a más grupos de extrema izquierda en el extranjero como organizaciones terroristas”, para que “investiguen a los grupos” y “busquen conexiones entre ellos y los estadounidenses”.

CÓRDOBA.− El acercamiento entre el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, dio sus frutos económicos. Además de un adelanto financiero, Nación pagará $35.000 millones de deuda por Compensación del Consenso Fiscal y, por primera vez en la gestión de Javier Milei, ya se devengaron $5000 millones de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para la provincia.

Los hasta $400.000 millones que la Casa Rosada le autorizó al gobernador Llaryora como anticipo financiero serán coparticipados a los municipios siguiendo los coeficientes que rigen el sistema a nivel provincial.

Desde la administración provincial indicaron a que ese es el destino asignado por el mandatario, quien también firmó para que se le pague una deuda.

Los fondos −que constituyen un préstamo a cancelarse en el actual período fiscal a una tasa fija nominal anual del 15%− fueron negociados hace algo más de un mes, cuando Llaryora se reunió con Santilli por más de una hora en la Casa de Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires.

Fue el primer encuentro cara a cara entre ambos desde la llegada de Santilli al gabinete de Javier Milei. Ese mismo día, el entonces ministro del Interior nacional estuvo dos horas con los ministros cordobeses Guillermo Acosta (Finanzas) y Manuel Calvo (Gobierno).

De esas charlas, también se desprendió −según la administración cordobesa− el compromiso de Nación de cancelar en cuotas $35.000 millones de deuda por el Consenso Fiscal. Ya se pagaron $15.000 millones.

Lejos de la postura adoptada en 2025, la Casa Rosada decidió abrir el juego de negociaciones con los gobernadores que despejen el camino hacia la reelección de Milei. Son negociaciones políticas, que podrían derivar en alianzas electorales en 2027 con algunos mandatarios, pero que comienzan con gestos financieros: fondos que las provincias reclaman hace meses.

Hasta el momento, Córdoba no había recibido ATN, adelantos de coparticipación ni adelantos financieros de los que la Casa Rosada empezó a entregar a mediados de abril. Entonces fueron autorizados para una docena de provincias y, hace un mes, la Presidencia habilitó desembolsos para Entre Ríos (el segundo en el año), Santa Fe y Jujuy.

Respecto de los ATN, regresarán en julio y Córdoba, junto con Catamarca, Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe, es una de las beneficiadas hasta ahora. Los números oficiales ya muestra que se devengaron $5000 millones para cada una de las jurisdicciones.

Santilli también estuvo, hace unos días, reunido con el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro. El encuentro también fue debut para ambos. El mandatario radical planteó, entre otros temas, la necesidad de que Nación pague la deuda que mantiene por la caja de jubilaciones no transferida.

Este diario viene describiendo el estrés financiero que afrontan provincias y municipios. Para el pago de aguinaldos, varios gobernadores giraron ayuda extraordinaria a los intendentes.

En la ciudad de Córdoba, el intendente Daniel Passerini depositó los recursos el 3 de este mes; la demora se debió a la dificultad para reunir los $70.000 millones necesarios; hubo medidas de fuerza de los trabajadores.

El balance del primer semestre fue negativo por la merma en la recaudación, a pesar de que tuvo un leve repunte en mayo (y un posterior desplome en junio).

Según datos de la consultora Politikon Chaco, los giros a las provincias tuvieron un descenso del 5,3% respecto del mismo período de 2025, por una caída del 2,8% de las transferencias automáticas y del 61,8% de las discrecionales. En valores constantes, unos $2000 millones menos.

En ese contexto y en medio de las negociaciones con los gobernadores por la agenda libertaria en el Congreso −con la reforma electoral a la cabeza− el ministro de Economía, Luis Caputo, habilitó el esquema de anticipos financieros.

Las provincias ralentizaron sus salidas a los mercados financieros externos; existieron colocaciones en el arranque del año, pero después el ritmo se detuvo pese a la baja del riesgo país.