Dos ex funcionarios provinciales del radicalismo de Río Negro fueron detenidos y alojados en una dependencia penitenciaria regional tras ser condenados por cobrar sobresueldos entre los años 2004 y 2010, mientras que a otros ex integrantes del mismo gabinete les impusieron penas en suspenso. Todos cumplieron funciones durante la gestión del gobernador Miguel Saiz.

Los ex ministros de Educación y Coordinación, César Barbeito y Francisco González, fueron alojados en una dependencia penitenciaria de la localidad de Pomona, luego del fallo confirmatorio de la Corte Suprema de Justicia, con la imposición de penas de cumplimiento efectivo para ambos funcionarios.

Barbeito fue interceptado el domingo a media tarde en el aeropuerto internacional de Bariloche por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), cuando regresaba de vacacionar en Brasil junto a su familia. De inmediato fue abordado a un móvil de la Policía rionegrina, que lo trasladó la unidad carcelaria donde cumplirá la condena. González, por su parte, se entregó de forma voluntaria tras conocer el revés judicial dispuesto por la Corte.

Ambos deberán cumplir 3 años y 6 meses de prisión efectiva, mientras que otros cinco integrantes del gabinete fueron condenados a penas de 2 años y seis meses. Entre ellos están el ex titular de la cartera de Turismo, Omar Contreras, Cristina Uría (Salud), Juan Accatino (Producción), Alfredo Pega (Desarrollo Social) y Diego Larreguy (Gobierno). La medida de la Corte también alcanza al extesorero provincial José Ongaro.

La investigación determinó que, entre los años 2004 y 2010, se montó un sistema para utilizar fondos públicos en el pago de adicionales salariales a funcionarios. Estos recursos se distribuían de manera discrecional, sin criterios transparentes de asignación y utilizando un mecanismo que operaba por fuera de los circuitos administrativos y de controles habituales del Estado.

En 2018, la Cámara Criminal de Viedma condenó a los implicados por el delito de peculado y las penas fueron confirmadas dos años más tarde por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Ahora fue la Corte Suprema la que confirmó las condenas, luego de rechazar los recursos apelativos que presentó la defensa.

La investigación surgió a partir de una investigación periodística que describía el desvío sistemático de fondos públicos a los funcionarios condenados. “Mes a mes y desde hace siete años, el secretario General de la Gobernación y los ministros del gobierno de Miguel Saiz vienen percibiendo un sobresueldo por encima de los haberes que les han sido estipulados. Lo hacen ilegalmente —aunque bajo una apariencia reglamentaria—, burlando los órganos de control y a espaldas de los rionegrinos”, advertía la nota que dio pie a la denuncia judicial.

A partir de esa publicación se abrió una investigación que terminó por reconstruir un sistema de pagos adicionales destinado a funcionarios de primera línea durante los dos mandatos de Saiz. Según la acusación, los fondos eran retirados mediante cheques emitidos a nombre de funcionarios y cobrados por ventanilla bancaria, un mecanismo que permitía eludir los controles habituales aplicados a la liquidación de haberes.

La Corte Suprema demoró seis años en resolver el expediente, al que acudió la defensa para intentar revertir lo que había dispuesto la Justicia rionegrina.

Con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó los recursos extraordinarios presentados por las defensas al considerar que no lograban desvirtuar los fundamentos de las sentencias previas. De esta manera, quedaron firmes las condenas que habían sido ratificadas por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en 2020.

a cargo,informó este diario,reunión de seis horas,Matías Tabar,que aseguró haber recibido US$245.000 por las refacciones realizadas en la vivienda del funcionario mileísta,Jaime Rosemberg,Conforme a

Jesica Cirio entregó su teléfono celular a la Justicia, junto con la clave de acceso y bajo cadena de custodia, luego de que se difundieran videos en los que se la observa recorriendo un vestidor y exhibiendo importantes cantidades de dólares en efectivo. El dispositivo será sometido a peritajes en el marco de la causa que investiga al exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito.

La entrega del celular se concretó después de que el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, intimara a la conductora a presentar el aparato en un plazo de 24 horas. El magistrado también había instruido a la Gendarmería Nacional para secuestrar el dispositivo en caso de encontrarla en la vía pública.

Según pudo saber TN, el abogado de Cirio presentó el teléfono junto con la contraseña de acceso y con las formalidades vinculadas a la cadena de custodia para certificar la preservación del equipo y de su contenido. Por el momento, no trascendió si el video difundido en las últimas horas se encuentra almacenado en el dispositivo entregado. Ese punto quedará determinado por la pericia.

La principal estrategia que analiza la defensa de Cirio apunta, en una primera etapa, a cuestionar el origen de la grabación. Según pudo reconstruirse, los abogados de la conductora estudian plantear que el video fue obtenido de manera ilegal y, por lo tanto, que no puede ser incorporado como prueba dentro del expediente.

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Esa será la primera línea de defensa. Recién en caso de que ese planteo no prospere, la estrategia podría desplazarse hacia una segunda discusión vinculada al dinero que aparece en las imágenes y la posibilidad de justificar, o no, la existencia de esa cantidad de dólares en efectivo.

La pericia sobre el teléfono de Cirio se suma a otras medidas de prueba que ya están en marcha. Entre ellas figura un análisis patrimonial que alcanza a Insaurralde, a la propia Cirio y a la modelo Sofía Clerici. El objetivo es determinar si los patrimonios de los involucrados se corresponden con el volumen de dinero que aparece en los videos.

Las imágenes, difundidas durante el fin de semana y luego incorporadas al expediente, muestran a Cirio en un vestidor donde aparecen fajos de dólares, algunos termosellados y almacenados en bolsas, valijas y cajones. La Justicia busca establecer el origen del dinero, la fecha de la grabación y el lugar en el que fue filmado el material.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero se originó a fines de septiembre de 2023, tras la difusión del denominado “yategate”. En aquel momento se conocieron imágenes de Insaurralde a bordo del yate “Bandido”, en Marbella, España, junto a Clerici. La filtración derivó en la renuncia del entonces funcionario bonaerense y en la apertura de una investigación judicial centrada en su evolución patrimonial y en la trazabilidad de bienes y movimientos de dinero.

El último avance del expediente se produjo en marzo de este año, cuando comenzaron los peritajes sobre los bienes de Insaurralde. Los fiscales sostienen que existiría una fuerte desproporción entre su patrimonio y sus ingresos como funcionario y ya solicitaron su declaración indagatoria, además de la de otras personas investigadas como presuntos testaferros.

La intimación a Cirio se produjo después de una serie de allanamientos realizados el domingo en domicilios vinculados a la conductora y a su expareja Elías Piccirillo. En uno de esos procedimientos fueron secuestrados aproximadamente 19.000 dólares en efectivo y armas de fuego registradas a nombre de Nicolás Trombino, actual pareja de la conductora.

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Por su parte, Piccirillo entregó su propio teléfono celular y la clave de acceso, aunque el material buscado por los investigadores no fue hallado en ese dispositivo.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Cirio sostuvo que los videos forman parte de “manipulaciones digitales”. Además, aseguró que trabaja en la actividad privada desde los 18 años, defendió el origen de su patrimonio y afirmó que todos sus ingresos fueron debidamente declarados ante los organismos fiscales y que nunca recibió observaciones ni intimaciones relacionadas con inconsistencias patrimoniales.

Jesica Cirio, Martín Insaurralde