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POLITICA

Jones Huala presentó una millonaria demanda contra el Fisco de Chile por mantenerlo en prisión tras haber agotado una condena

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El activista Facundo Jones Huala demandó al Fisco de Chile por más de 100 millones de pesos chilenos por haberlo mantenido en prisión más tiempo del que establecía la condena de seis años y un día que le impuso la Justicia de ese país, al encontrarlo responsable del incendio de un fundo y la portación de un arma casera en el año 2013.

El líder de la RAM, con el patrocinio de los abogados Samuel Alarcón Velásquez y María Rivera Iribarren, le exige al fisco del país vecino una indemnización por “daño moral”, luego de que se le negara la libertad a pesar de haber vencido el plazo previsto en la condena que le impuso la Justicia de ese país.

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Ahora el líder mapuche está detenido en Argentina desde junio de 2025, en el marco de una causa que investiga la fiscalía federal por conducir una agrupación, la RAM, que durante varios años intentó imponer ideas o combatir las ajenas a través del ejercicio de violencia.

El 21 de diciembre de 2018 la Primera Sala del Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia condenó al “lonko” a seis años y un día de prisión por los delitos de incendio del fundo Pisu Pisué, en la comuna de Río Bueno, y la portación ilegal de un arma casera.

Estuvo detenido hasta mediados de enero de 2022 cuando obtuvo el permiso de libertad vigilada, aunque esa autorización fue revocada unos días más tarde. Sin embargo, mientras estuvo libre, escapó de Chile y cruzó a la Argentina a través de un paso fronterizo no habilitado.

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El líder de la RAM permanece detenido en Esquel, luego de que le autorizaran un pedido de traslado desde la cárcel de Rawson

Fue recapturado el 3 de enero de 2023, casi un año más tarde, en El Bolsón, momento en el que comenzó el proceso judicial para extraditarlo nuevamente a Chile para que agote la pena que le había impuesto la Justicia trasandina.

El 27 de febrero de 2023, la Oficina de Cooperación Internacional en Materia Penal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación comunicó que el gobierno de Chile solicitó la extradición del mapuche, debido a que aún no había agotado la condena que le impusieron en Valdivia.

El fiscal adjunto de Río Bueno, Sergio Fuentes Paredes, solicitó la extradición de Jones Huala para cumplir “un saldo de pena de 1 año, 4 meses y 17 días” en relación a los delitos por los cuales fue condenado.

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El 4 de enero de 2024, el mapuche regresó a Chile, donde quedó detenido. De acuerdo al cómputo que realizó su defensa, Jones Huala debía quedar en libertad el 26 de junio de ese año, teniendo en cuenta el plazo que faltaba para agotar la condena.

Sin embargo, Gendarmería de Chile rechazó su libertad, esgrimiendo distintos argumentos, y lo mantuvo detenido hasta agosto.

La Corte ordenó la libertad del mapuche

Facundo Jones Huala cumplió su condena en Chile en 2024 (Foto: Alejandra Bartoliche)

La Corte Suprema de Chile revocó un fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco y ordenó la libertad inmediata de Jones Huala, al hacer lugar a un recurso de amparo presentado por su defensa. El máximo tribunal determinó que el líder mapuche había cumplido su condena el 14 de junio de 2024 y que permanecía privado de su libertad de manera ilegal desde esa fecha, producto de un error en el cómputo del saldo de condena que debía cumplir tras su extradición desde la Argentina.

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Según constató la Corte, la información remitida en su momento por Gendarmería de Chile fue errónea: el saldo real de condena al momento de revocarse la libertad condicional no era de 503 días, sino de 887. Al descontar el tiempo que Jones Huala permaneció privado de libertad en la Argentina durante el trámite de extradición, la propia autoridad chilena recalculó un saldo final de 522 días.

En consecuencia, la Corte resolvió que Jones Huala se encontraba detenido de manera ilegal desde esa fecha y ordenó su libertad inmediata, invocando el artículo 21 de la Constitución chilena, que regula el recurso de amparo ante privaciones de libertad sin fundamento legal.

Ese cálculo erróneo fue considerado por los abogados que patrocinan ahora a Jones Huala en Chile, quienes demandaron al Fisco del país vecino por 100 millones de pesos chilenos, es decir algo más de USD 100 mil.

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Cambio en su fisonomía

Desde hace pocos días Jones Huala permanece detenido en la unidad penitenciaria de Esquel, tras una disposición judicial que autorizó su derivación desde la cárcel federal de Rawson, donde estuvo detenido desde junio de 2025.

En las últimas audiencias de las que participó, sorprendió un cambio de imagen rotundo del líder mapuche, quien dejó de lado la vestimenta mapuche y luce el rostro rasurado.

Sin embargo, desde su entorno explicaron que “parte de esos cambios no fueron por decisión personal, sino por una exigencia de la unidad penitenciaria donde estuvo detenido hasta hace pocos días”.

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POLITICA

El escándalo de la Crotoxina, la droga argentina derivada del veneno de serpiente que supuestamente curaba el cáncer y desató una ola de sugestión colectiva

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Principios de julio de 1986. En el país no parece haber otro tema que Maradona y el nuevo título del mundo de Argentina. La hazaña del equipo de Bilardo en tierras mexicanas monopolizó las informaciones. Todo pareció quedar suspendido, opacado por la consagración. Sourrouille, el Plan Austral, los militares que aumentaban su presión al poder una vez más, Alfonsín, Ubaldini, cada cuestión o personaje quedó en segundo plano.

Hasta que de pronto llegó otra noticia que logró sacar a Diego de las tapas de revistas. Unos médicos argentinos habían descubierto la cura contra el cáncer. La Crotoxina y el Dr. Juan Carlos Vidal se convirtieron en los grandes protagonistas de los siguientes dos meses.

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Fueron semanas de confusión, escándalos, esperanza, acusaciones cruzadas, protestas amargas, sensacionalismo y gran tensión. Después, el tema se fue apagando hasta que lo cubrió un manto de olvido, incomprensión y hasta de vergüenza.

Tres médicos llevaban adelante una investigación con pacientes oncológicos en el Instituto de Neurobiología bajo un convenio del CONICET. Eran Guillermo Hernández Plata, Luis Costa y Carlos Coni Molina. El líder del proyecto era el Dr. Juan Carlos Vidal, un investigador con cierto prestigio y experiencia, que para esa altura de 1986 vivía y trabajaba en Estados Unidos.

Decían haber descubierto una droga que parecía provocar una revolución en todo lo conocido respecto a los tratamientos oncológicos. Tanto que a veces sus efectos se parecían a un milagro: reducían masas tumorales que hasta ese momento parecían invencibles.

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Se llamaba Crotoxina y provenía del veneno de la serpiente de cascabel. Los doctores decían que la habían probado en 83 pacientes y que los resultados habían sido contundentes.

La estrategia mediática detrás del fenómeno

El caso salió a la luz en julio del 86 debido a que el Instituto de Neurobiología y el CONICET prohibieron a los doctores seguir suministrando crotoxina a los pacientes porque la experimentación no cumplía con los requisitos científicos mínimos.

Para saltear esta prohibición y el infierno administrativo que significaría darla vuelta, los doctores eligieron la vía mediática. Hasta ese momento eran muy pocos los que sabían del tema.

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Martha Gavensky, una mujer que había estado exiliada en Francia durante la Dictadura, es una pieza clave en esta historia. Escritora, artista plástica, periodista y personaje oscuro con varias conexiones tanto en Francia como en el país. Ella era una de las 83 personas que recibía el tratamiento experimental de Crotoxina.

Cuando el Instituto de Neurociencias Biológicas y el Conicet decidieron cortar el suministro del compuesto por deficiencias graves en la metodología, ella fue la que diseñó la estrategia mediática para revertir la decisión. Convenció a los tres médicos de armar una conferencia de prensa el 8 de julio de 1986.

Juan Carlos Vidal, el investigador que presentó la crotoxina como un posible tratamiento contra el cáncer en 1986. (Foto: X / @PedroCasademunt)

El concepto general que debían transmitir era denunciar que ellos habían encontrado la cura contra el cáncer y que el gobierno, por presión de las grandes laboratorios, malignas multinacionales, impedía que se conociera el descubrimiento y que continuara el desarrollo.

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Lo que eso provocaba, según esta narrativa, era evidente: se impedía salvar miles, acaso millones, de vidas.

Con el tiempo se supo que Gavensky se resistía a recibir tratamiento de quimioterapia por considerarlo muy agresivo y que centró sus expectativas en la crotoxina (un oncólogo que luego defendería el uso de la crotoxina sostuvo que por esa época la enfermedad de ella estaba en una fase inicial y que con los tratamientos convencionales de ese tiempo hubiera tenido muchas posibilidades de curarse).

Gavensky lograba filtrar sus columnas sobre el tema tanto en la revista Crisis -la renacida revista cultural de izquierdas- o en El Informador Público, medio de derecha y con información (y operaciones) atribuidas a los servicios.

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La televisión que convirtió a la Crotoxina en un fenómeno nacional

En el inicio, el plan de difusión pareció fracasar. Gavensky se encargó de utilizar sus contactos en redacciones de diarios y noticieros televisivos para la conferencia de prensa. Pero no bastó: la convocatoria fue un fracaso rotundo. No fue casi nadie. Sólo un medio: el diario Tiempo Argentino, un matutino que había nacido con la fuerza del nuevo aire democrático y que por ese entonces ya se desinflaba irremediablemente.

El periodista que acudió cumplió con su promesa de difusión y al día siguiente, en la edición del 9 de julio, Tiempo publicó una nota en la que se transcribían las declaraciones de los tres médicos. El editor le puso un título esperanzador pero nada bombástico “Descubren en el país una nueva droga contra el cáncer”.

Esa mañana de feriado una reunión de producción en ATC cambiaría esta historia. Con los diarios sobre la mesa, Raúl Becerra era uno de los que armaba el programa del día de La Noticia Rebelde, programa cómico-periodístico, que provocó una revolución en la manera de comunicar por esos años. Raúl Becerra, Adolfo Castello, Jorge Guinzburg y Carlos Abrevaya, junto a la irrupción de Nicolás Repetto, eran quienes estaban al frente del programa y habían logrado desacartonar la televisión local.

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Hacían una entrevista por día, por lo general a una celebridad y comandada por Guinzburg y Abrevaya, en la que el primero abría con una pregunta incómoda e incorrecta para romper el hielo, decía.

Juan Carlos Vidal, el científico argentino que quedó en el centro de la polémica por la crotoxina. (Foto: X /
@PedroCasademunt)
Juan Carlos Vidal, el científico argentino que quedó en el centro de la polémica por la crotoxina. (Foto: X /
@PedroCasademunt)

Para esa jornada el entrevistado se había bajado (nadie quería ir el feriado porque había menos audiencia) y Becerra, al ver la noticia en Tiempo Argentino, le pidió a la productora que le consiguiera para la tarde a esos tres doctores que decían haber descubierto la cura del cáncer.

La entrevista fue correcta, no hubo ripios ni momentos incómodos. Ninguno de los que ese atardecer estaba en el estudio mientras se desarrollaba la entrevista pudo suponer lo que ocurriría minutos después.

Los teléfonos del canal se saturaron de llamados. Miles de personas querían más información. De pronto, la puerta de ATC por Figueroa Alcorta se fue poblando de gente que quería ver a los doctores o al menos obtener información sobre la dirección de sus consultorios.

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Muchos miembros de la producción de La Noticia Rebelde debieron quedarse en el canal hasta bien entrada la madrugada respondiendo a los requerimientos del público. Había comenzado el fenómeno de la crotoxina.

La esperanza de miles de pacientes y la presión sobre el Gobierno

Los grandes medios nacionales se tomaron el día siguiente para averiguar sobre la cuestión. La noche del 10 de julio los noticieros televisivos tuvieron como tema central a la Crotoxina. Los diarios lo pusieron en tapa el 11 de julio. Y ya no saldría de allí durante al menos un par de meses.

El martes 15 de mayo por la tarde la Plaza Mayo se colmó con miles de personas. Pacientes oncológicos y sus familiares pedían que se liberara la entrega del compuesto que les salvaría la vida según lo que sostenían algunos de los investigadores y buena parte de los medios. “Crotoxina, la droga es argentina. Crotoxina, la droga es argentina”, cantaban hasta quedarse sin voz.

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Una buena estrategia -posiblemente diseñada por Gavensky- fue la de jugar la carta del nacionalismo. Si un par de semanas antes la Plaza se vio desbordada por los que vivaban a Diego y a los campeones en México, ahora teníamos otro título del mundo en las manos: la cura del cáncer.

“Estos tres médicos son patriotas. Y lo que el resto quiere impedir es que patentan la droga en el país ¡Para que se lleve el descubrimiento una multinacional!”, decía ante un micrófono uno de los que protestaba. Con un plus adicional, la serpiente de cascabel era un animal sudamericano. Otro motivo de orgullo chauvinista.

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Vidal, el científico en el centro de la tormenta

¿Qué pasaba mientras tanto con el Dr. Vidal? Cuando estalló el tema, él se encontraba en Estados Unidos. Las llamadas a su laboratorio eran respondidas con un lacónico: “No tengo tiempo de responder sus preguntas”. Pero la presión fue tan grande y su fama tan creciente (tapa de Gente y La Semana -las dos revistas de actualidad más vendidas- dos números consecutivos, por ejemplo) que viajó a Buenos Aires.

Algunos periodistas sostienen que ante el acoso de los cronistas, sus primeras declaraciones fueron: “Yo nunca dije que la crotoxina curara”. Luego él desmintió haber dicho eso. Hablaba con un lenguaje algo solemne y encriptado, con mucha terminología científica. Se presentó ante las autoridades del CONICET y del Ministerio de Salud. Daba entrevistas y recibía a los familiares de los pacientes.

Hasta que de pronto, antes de que la Comisión de expertos se expidiera y cuando la presión mediática era casi insoportable, el Dr. Juan Carlos Vidal regresó sin avisarle a casi nadie a Estados Unidos.

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A principios de los ochenta, Vidal trabajaba en el CONICET, más específicamente en el Instituto de Neurobiología dirigido por Juan Tramezzani. Integraba un equipo que hacía investigaciones sobre venenos ofídicos y sus posibles usos terapéuticos.

Dr. Juan Carlos Vidal, protagonista del caso Crotoxina, el fenómeno que generó una ola de esperanza y controversia en 1986. (Foto: Facebook / Julio Lagos)
Dr. Juan Carlos Vidal, protagonista del caso Crotoxina, el fenómeno que generó una ola de esperanza y controversia en 1986. (Foto: Facebook / Julio Lagos)

El director del programa murió y en el 81, Juan Carlos Vidal quedó a cargo del equipo. Los experimentos avanzaron y se dice que el primer paciente en el que aplicó el veneno de la serpiente de cascabel fue en su padre que padecía un cáncer de pulmón avanzado. Es probable que se haya tratado de un acto desesperado, de amor. Luego siguió utilizándolo en otros pacientes y dándoles esperanzas.

Las regulaciones sobre testeos de nuevas drogas están reguladas con claridad desde la posguerra. Los Protocolos de Nuremberg y la Declaración de Helsinki establecían los pasos a seguir y los requisitos previos a las pruebas en humanos. Un dato no menor: en esos años se calculaba que desarrollar un medicamento requería como mínimo varios millones de dólares.

En el momento de mayor auge y presencia del tema en la conversación pública del tema había tres niveles de acción que ocurrían en simultáneo, a veces entrecruzándose pero no siempre. Por un lado, la presencia del tema en los medios y en la conversación pública. Por el otro, los mecanismos que se activaron de control de los procedimientos previos y de la fiabilidad de la droga: una cuestión de rigor científico.

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En el medio de esas dos dimensiones, las implicancias políticas y sociales: la necesidad del gobierno de dar una respuesta a los pedidos desesperados de los enfermos y de poner claridad sobre qué era cierto y qué falso en la historia.

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En este caso no bastaba con determinar que no se habían cumplido algunos trámites previos o que había algún tipo de deficiencia formal en las presentaciones de los doctores que se atribuían la creación de esta droga revolucionaria: había que probar si servía o no para eliminar el cáncer.

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Era la única manera de frenar los rumores, la tensión, la ola de demandas populares. Había una multitud que estaba convencida que la Crotoxina los iba a salvar. Una ola de sugestión pública casi sin antecedentes.

Ante la parálisis de las pruebas de Vidal y sus discípulos y las exigencias de otros pacientes oncológicos y la primera postura oficial que fue la de respetar los tiempos científicos antes de expedirse, lo que vino después fue previsible.

Llovieron en Tribunales los recursos de amparos para que los pacientes oncológicos recibieran las dosis de esa droga presuntamente milagrosa. Algo que hubiera hecho cualquiera en su lugar. El derecho vulnerado en el que fundaban la presentación era el derecho a la vida.

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La comisión que puso fin al mito de la Crotoxina

La Justicia se enfrentaba a un problema de difícil solución no desde el punto de vista jurídico y científico, sino desde lo social y lo mediático. Resolvió de manera salomónica teniendo en cuenta las implicancias de la cuestión.

Decidió que los que se encontraban dentro del supuesto protocolo de Vidal y los tres médicos, los que ya recibían crotoxina siguieran con las dosis, mientras se continuaban los estudios y se expedían los especialistas.

Conrado Storani, el ministro de Salud de Alfonsín, se mostró de acuerdo con la medida y aclaró: “La decisión es política y humanitaria pero no científica”.

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En medio de la polémica y el griterío mediático y popular, el gobierno radical sacó una carta que le había funcionado un par de años antes: la comisión de notables. Convocó a 12 de los oncólogos más prestigiosos del país para que estudiaran el tema y se expidieran en un plazo de 180 días.

Ese plazo era también el que originalmente se le había fijado a la CONADEP (Comisión Nacional para la Desaparición de Personas), aunque debido al volumen y la complejidad de las tareas el grupo comandado por Sábato consiguió 90 días más de prórrogas.

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A su vencimiento entregó el impecable informe conocido como el Nunca Más. Aunque no se llamó de esa manera, la gente entendió que se había conformado una CONADEP del cáncer.

Los defensores de la crotoxina y los que veían en ella su última posibilidad o la de un ser querido pusieron sobre la mesa argumentos sonoros, que generaban discusión, pero que encajaban más dentro de las teorías conspirativas que en la verdad de los hechos.

Se hablaba de que el CONICET quería que el 50% de los ingresos por el patentamiento de la nueva droga quedara en sus arcas -lo que correspondía por estatuto-, de una mafia de oncólogos preocupados porque se habían vaciado sus consultorios, de intrigas internacionales y demás teorías sin el menor sustento.

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Las investigaciones de la comisión de notables, de miembros del CONICET y del Ministerio de Salud determinaron muy rápidamente que ni Vidal ni los tres médicos habían seguido los protocolos para la experimentación de nuevos fármacos. Presentaron una monografía firmada por Vidal y los otros tres doctores que luego se descubrió que buena parte había sido plagiado de otro trabajo.

Además se probó que las imágenes que se presentaron con las pruebas de las supuestas reducciones de los tumores en los pacientes que recibían crotoxina habían sido sacadas de un libro publicado años atrás en Estados Unidos.

Esas fueron algunas de las inconsistencias e irregularidades que, de todas maneras, no lograron convencer a un buen porcentaje de la población. De los tres médicos sólo Coni Molina era oncólogo (y era respetado por sus colegas pese a su juventud).

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El final del sueño de la Crotoxina

Mucho antes del final del plazo, apenas transcurridos 68 días, la comisión de especialistas dio su veredicto. El comunicado lo emitió el Ministerio del Interior y llevó la firma de los 12 oncólogos, aunque luego uno de ellos, el doctor Tagle, dijo que él no estaba de acuerdo con lo afirmado en el documento final.

La conclusión fue contundente: no había evidencia científica alguna de que la crotoxina curara el cáncer o mejorara el estado de los pacientes.

No se había probado ninguno de sus supuestos efectos terapéuticos como tampoco se había eliminado fehacientemente la posibilidad de que el veneno tuviera toxicidad que se convirtiera en peligrosa para los pacientes.

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La comisión de oncólogos designada por el gobierno de Alfonsín afirmó que no hubo ninguna respuesta antitumoral atribuible a la crotoxina.

También afirmaban lo que a esa altura todos los que habían prestado atención sabían: no se habían seguido los protocolos mínimos que requiere la investigación científica y mucho menos los de las pruebas de nuevas drogas terapéuticas en humanos.

La investigación no había sido realizada con rigor, que no había habido experimentación con animales y que los resultados presentados habían sido falseados.

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Como consecuencia del informe, el gobierno prohibió la crotoxina. La reacción popular fue de furia e incomprensión. Las presentaciones ante la justicia se seguían acumulando.

Pasadas las semanas, y con la producción de nueva información, los jueces fueron rechazando los amparos y las distintas acciones.

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El caso terminó llegando -meses después- a la Corte Suprema que fue contundente en su fallo: “La administración de esas sustancias al ser humano debe ser precedida por una metodología de evaluación rigurosa, objetiva y segura, que la farmacología clínica brinda al paso que garantiza, una vez cumplidas sus distintas fases de investigación, tales sustancias posean la actividad que se les atribuya, y seguridad a los sujetos en los que se ensayan. Y aquí eso no sucedió”.

La crotoxina fue desapareciendo de los medios y de la conversación pública, casi sin que nadie se diera cuenta. Un tema que había obsesionado a los argentinos de pronto se había difuminado.

Como si nadie quisiera recordar lo que había pasado, esa ola de locura que envolvió a la sociedad argentina durante un par de meses, cuarenta años atrás.

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Durante el gobierno de Menem, el tema volvió a salir y el Dr. Raúl Mattera se comprometió a continuar las investigaciones pero quedó en la nada.

La ciencia siguió estudiando la crotoxina, al igual que otros venenos ofídicos, y demostró algunos beneficios terapéuticos pero no que lograran curar el cáncer.

Sumario, Conicet, Juan Carlos Vidal, Raúl Alfonsín

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La absolución a un grupo mapuche reabrió un debate por las usurpaciones en otras causas judiciales

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SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Una reciente sentencia de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal –que absolvió a integrantes de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu que habían sido condenados por usurpación– plantea desafíos para diversas causas abiertas que involucran a comunidades mapuche.

Un pperativo de desalojo en Villa Mascardimarcelo-martinez-11560

Los magistrados Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci dictaron la absolución de seis personas vinculadas a la ocupación de predios en Villa Mascardi, revirtiendo así la sentencia dictada en primera instancia por el juez federal Alejandro Silva. Los jueces consideraron que la sentencia anterior presentaba vicios de arbitrariedad y que no se logró demostrar con certeza que los acusados fueran los autores materiales de los despojos.

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En mayo de 2025, el juez Silva había impuesto penas de prisión en suspenso, que ahora quedan sin efecto. Matías Daniel Santana y Yéssica Fernanda Bonnefoi habían sido condenados a dos años y seis meses de prisión en suspenso; Martha Luciana Jaramillo y Romina Rosas fueron condenadas a dos años y cuatro meses de prisión en suspenso; Betiana Ayelén Colhuan (machi de la comunidad) fue condenada a dos años y dos meses de prisión en suspenso, y María Celeste Ardaiz Guenumil fue condenada a un año de prisión en suspenso por un hecho de usurpación.

La Cámara consideró que hubo un error en la calificación del delito: según la sentencia, el tribunal de origen incurrió en un error jurídico al tratar la usurpación por despojo como un “delito permanente”. La doctrina y la jurisprudencia establecen que la usurpación es un delito instantáneo de efectos permanentes. Eso significa que el delito se agota en el momento preciso de la privación de la posesión (el despojo).

Los jueces recordaron que la permanencia posterior en el inmueble es un efecto del delito ya consumado, no una renovación de la acción típica. Según indicaron, al confundir estos conceptos, el tribunal de grado pretendió extender la responsabilidad penal de los acusados por el simple hecho de estar en el lugar años después del despojo inicial.

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Asimismo, el camarista Slokar destacó que el conflicto no debía tratarse como una usurpación convencional, sino como un conflicto territorial indígena complejo que exige considerar el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El juicio a la comunidad Mapuche Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi se realiza en el escuadrón 34 de Gendarmería por razones de seguridadmarcelo-martinez-11560

“La sentencia despertó mucho interés, porque trae cosas novedosas y sienta un precedente importante. De todos modos, es la línea de interpretación de una sala. Y hay que ver qué hace la Corte Suprema. Creo que no puede revertir este fallo, sobre todo por una cuestión técnica, en relación con la prueba del despojo: no se puede condenar a alguien porque estaba en el lugar. Pero creo que la sentencia no compromete a los jueces que están por debajo de Casación, que no están obligados a seguir esa jurisprudencia”, indicó a el abogado Gustavo Franquet.

El abogado, que representa a distintas comunidades mapuches, agregó que la Sala II de Casación modificó también esta semana la condena por usurpación contra miembros de la lof Paillako que ocuparon una seccional de Parques Nacionales en Los Alerces. “Entendieron, por mayoría, que no hay pruebas concretas. En ese caso, como en todos los casos, hay un problema técnico. La usurpación es el delito de despojo. Lo que tiene que probarse es que el acusado fue el que despojó. Que esté en un lugar no significa que despojó”, señaló Franquet.

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Al referirse al reciente fallo que absuelve a los seis miembros de Lafken Winkul Mapu, John Grehan, dueño de una de las propiedades vandalizadas en Villa Mascardi, aseguró: “No importa que en un expediente con años de proceso en el Juzgado de Instrucción y luego un largo juicio oral (7 años en total) dejen claro lo que toda la Argentina sabe, incluso que en el mismo fallo Casación reconozca la ocupación como ilegítima. Los jueces descaradamente dicen que no está probado que no sabían que eso no se podía hacer, que no se sabe quiénes fueron los que saltaron el alambre (usurparon) y que aunque la ocupación fue ilegítima, no se los puede condenar por usurpación. Es lo que pasa cuando la política y la ideología se meten en la Justicia: los ciudadanos somos víctimas no sólo de los delincuentes sino también de los malos funcionarios”.

Estado de las causas

Por los diversos hechos ocurridos en Villa Mascardi entre 2017 y 2022 hay dos causas, la 26511/2017 (que se denomina “causa madre”) y la 16149/2022, vinculada con el desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu. El juicio por la primera derivó en condenas para todos, salvo Betiana Colhuan (la machi de la comunidad), que era en ese entonces menor de edad. Actualmente, esa causa está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación con los recursos que presentaron las defensas. En tanto, las condenas dictadas por el juez Silva en la causa 16149 fueron revocadas ahora por Casación.

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A su vez, en una causa colateral, Silva condenó este año a Juan Pablo Colhuan, también miembro de Lafken Winkul Mapu, a dos años y seis meses de prisión en suspenso por usurpación. Los abogados presentaron un recurso en Casación, que aún está en trámite.

En Villa La Angostura, el último juicio penal contra miembros de la comunidad Paichil Antriao derivó en 2025 en la absolución de todos los acusados por el presunto delito de usurpación de tierras. Asimismo, continúa la disputa territorial entre el municipio y esa comunidad mapuche por el camping Correntoso. Esa causa también se encuentra actualmente en la Corte Suprema de Justicia.

Marcha en solidaridad con el pueblo mapuche en Villa Mascardi/Marcelo Martinez

“También existe un conflicto entre la comunidad Kinxikew (Quintriqueo) y la familia Broers por un territorio que le fue reconocido como Territorio Tradicional y Ancestral por una Resolución del INAI que salió después de que la Justicia de Villa La Angostura ordenara el desalojo. Actualmente, la comunidad ha demandado a Broers mediante una acción declarativa de certeza sobre las tierras que lleva el juez Francisco Astoul Bonorino. Se pidió una medida cautelar para que se suspenda el desalojo hasta que se resuelva el fondo en esta causa ordinaria, pero el juez aún no concede la medida. En este caso, también los privados apuestan a desalojar antes de que se resuelva el fondo de la cuestión en torno a los derechos territoriales en pugna”, afirmó el abogado Luis Virgilio Sánchez.

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El defensor también representa a la comunidad Curruhuinca de San Martín de los Andes. La causa tiene sentencia del Juzgado de Junín de los Andes, que hizo lugar a la acción reivindicatoria y ordenó el desalojo de la comunidad. El fallo fue apelado y actualmente está en la Cámara Civil de San Martín de los Andes.

Finalmente, la lof Pillan Mahuiza mantiene un conflicto territorial con la provincia de Chubut. Tras diversos allanamientos a todas las comunidades de la zona, resultó imputada una mujer que es miembro de la comunidad mapuche. La causa luego se cerró por falta de mérito. En esa provincia también hay varias causas abiertas contra miembros de la comunidad Nahuel Pan.




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El oficialismo no reúne los votos para eliminar las PASO y los aliados se alejan de las colectoras

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El Gobierno por ahora no encuentra solución a su intención de modificar la ley electoral. No cuenta con los votos necesarios en el Senado de la Nación ni con el apoyo interno suficiente para defender con ahínco los cambios propuestos.

El eje principal de la discusión es la continuidad o no de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El Ejecutivo las quiere eliminar con el argumento del costo, pero en la oposición miran de reojo y esperan. En el marco de las negociaciones, a un sector de quienes habitan en Balcarce 50 se les ocurrió que una moneda de cambio para los gobernadores sería la posibilidad de habilitar una lista colectora por distrito, algo que históricamente fue criticado por los mismos sectores que hoy la impulsan.

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El otro conflicto que enfrenta el oficialismo es que algunos de los propios tampoco creen que sea una solución. La propia Patricia Bullrich reconoció que las colectoras eran “un retroceso” y que no le “gustan”. Unas horas más tarde revisó esas afirmaciones y las matizó al señalar que, aunque no le gusten, “no encontramos un sistema mejor”.

“Hay diferentes opciones sobre la mesa, que van desde eliminar las PASO, que no sean obligatorias ni tampoco cerradas para los afiliados de los partidos y que cuenten con un financiamiento del Estado que se vaya diluyendo con el tiempo, y las colectoras”, reconoció esta semana a la salida de la reunión de Labor Parlamentaria para la sesión prevista para el 16 de julio.

Javier Milei junto a los gobernadores en Tucumán

El problema con el que se encuentra La Libertad Avanza es que, descontado que no contaba con el apoyo del peronismo, sus aliados de la UCR y el PRO, así como los partidos provinciales, tampoco se muestran muy interesados.

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“Van a poner a jugar candidatos en todas las provincias y quieren que los gobernadores les solucionen los problemas”, dijo un senador de la oposición. “Parece poco probable que puedan tener una resolución en el corto plazo”, agregó.

Ese es el clima que reina en el Senado de la Nación, donde la prioridad del Ejecutivo es avanzar con la aprobación de zonas frías. Por eso, todo lo que el oficialismo tiene para llevar a la mesa de negociación lo está poniendo en ese proyecto, que es del cual tiene pensado sacar los 300.000 millones de pesos para financiar la ley de presupuestos universitarios.

A ese conflicto se suman gobernadores que ya avisan que no prestarán sus votos para la habilitación de colectoras. Esta semana, en el marco de los actos por el Día de la Independencia, el gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo le hizo saber al jefe de Gabinete, Diego Santilli, que no está de acuerdo con esa figura electoral. La negativa se suma a la de otros mandatarios como Hugo Passalacqua (Misiones) e Ignacio Torres (Chubut).

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En los despachos de los aliados en el Senado el tema pierde preeminencia. Lo que ayer era un eje central de la discusión hoy cedió relevancia. Muchos le recuerdan al oficialismo que el acuerdo inicial establecía que todo cambio referido al modelo electoral debía cerrarse antes de que terminara el primer semestre. Ahora, advierten, el Gobierno deberá esperar hasta el último trimestre del año para una decisión al respecto. Lo que los bloques aliados les comunican a los emisarios del oficialismo implica que es poco probable que para finales de noviembre, en pleno debate del Presupuesto 2027, se encuentre una resolución. El punto a considerar es que la ley que envíe el Ejecutivo el próximo 15 de septiembre deberá incluir el gasto para llevar adelante las elecciones de 2027.

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