Panamá avanza en la definición del modelo institucional que acompañará el desarrollo del tren Panamá-David-Frontera, un proyecto que aún se encuentra en fase de estudios y estructuración financiera, pero que ya obliga al Gobierno a analizar cómo será regulado, administrado y supervisado uno de los mayores proyectos de infraestructura planteados para el país en las próximas décadas.

La Secretaría Nacional del Ferrocarril informó que sostuvo jornadas de trabajo técnico con especialistas de Crossrail International, Grant Thornton, el Gobierno del Reino Unido y asesores internacionales para evaluar experiencias aplicadas en grandes proyectos ferroviarios y estudiar qué mecanismos podrían adaptarse al futuro Corredor Logístico Ferroviario de Panamá.

Según la entidad, durante las sesiones se revisaron modelos de gobernanza, regulación, diseño institucional y alternativas para garantizar la continuidad operativa del sistema, tomando como referencia experiencias desarrolladas en otros países.

El objetivo es definir la estructura que permitirá administrar y supervisar una infraestructura ferroviaria que busca conectar la ciudad de Panamá con la frontera de Costa Rica y transformar el sistema logístico nacio

La participación de Crossrail International resulta relevante debido a que la organización nació a partir de la experiencia acumulada durante la construcción de Crossrail, actualmente conocida como la Línea Elizabeth de Londres, considerada una de las obras ferroviarias urbanas más complejas de Europa.

La firma se dedica a asesorar gobiernos y operadores ferroviarios en la planificación, gestión y desarrollo de sistemas de transporte masivo alrededor del mundo.

Grant Thornton, por su parte, es una firma global de consultoría y auditoría con experiencia en estructuración financiera de proyectos de infraestructura, gobernanza corporativa y asociaciones público-privadas. La empresa ha participado en iniciativas vinculadas al transporte, energía e infraestructura estratégica en diversos mercados.

Las reuniones ocurren en momentos en que el proyecto ferroviario panameño se acerca a una etapa clave. El secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional del Ferrocarril, Henry Faarup, informó recientemente que los principales estudios de ingeniería y factibilidad estarán listos durante junio, permitiendo definir con mayor precisión la viabilidad técnica, económica y operativa de la iniciativa.

Actualmente se desarrollan análisis de demanda, impacto ambiental, ingeniería conceptual y evaluación financiera liderados por firmas internacionales como AECOM, Renfe, KPMG y WSP. Estos estudios servirán para establecer el trazado definitivo, el costo estimado de la obra y el modelo de operación que se utilizará una vez el sistema entre en funcionamiento.

Entre los trabajos técnicos también se incluyen estudios de batimetría, geotecnia, hidrología y modelación hidráulica, necesarios para determinar las condiciones del terreno y reducir riesgos asociados a la construcción de puentes y tramos ferroviarios. Estas evaluaciones forman parte del Estudio de Impacto Ambiental que acompaña el desarrollo del proyecto.

Uno de los componentes más relevantes del plan contempla la construcción de un puente ferroviario sobre el Canal de Panamá, ubicado aproximadamente 185 metros al norte del Puente Centenario. La estructura permitiría conectar los sistemas logísticos del Pacífico y el Atlántico e integrar los puertos del país dentro de un mismo corredor ferroviario.

El proyecto también prevé el desarrollo de infraestructura logística en Corozal, donde se contempla un patio de contenedores con conexión hacia los puertos de Balboa y futuras terminales portuarias. Además, el sistema tendría una conexión directa con el ferrocarril Panamá-Colón, fortaleciendo la integración entre los principales centros logísticos del país.

De acuerdo con los estudios preliminares, el trazado tendría una extensión aproximada de 475 kilómetros entre Ciudad de Panamá y Paso Canoas, incluyendo al menos 14 estaciones para pasajeros y carga. Entre los puntos contemplados figuran Albrook, Panamá Pacífico, La Chorrera, Penonomé, Santiago, David y la frontera con Costa Rica.

Uno de los temas que ha generado mayor atención es el futuro del aeropuerto Marcos A. Gelabert, en Albrook, debido a que el área figura como punto de partida del sistema ferroviario. Faarup indicó que la terminal aérea podría continuar operando entre cinco y siete años mientras se planifica una eventual reubicación de operaciones hacia Panamá Pacífico o Tocumen, dependiendo de la evolución del proyecto.

Aunque el costo definitivo aún no ha sido determinado, las estimaciones preliminares sitúan la inversión por encima de los $5,000 millones. Las autoridades han señalado que el financiamiento se encuentra en fase de estructuración y que existe interés por parte de organismos multilaterales, banca de desarrollo y esquemas de asociación público-privada, los cuales podrían cubrir hasta el 85% del valor total de la obra.

Según las proyecciones oficiales, la construcción podría extenderse entre siete y ocho años y ejecutarse por etapas, comenzando en el área del Canal y avanzando posteriormente hacia el interior del país. El plan también contempla servicios de trenes de cercanía para sectores como Arraiján y La Chorrera, complementando la Línea 3 del Metro de Panamá y buscando reducir la congestión vehicular en el sector oeste.

Más allá de la obra física, las reuniones sostenidas con especialistas británicos reflejan que el Gobierno busca definir desde ahora cómo funcionará la estructura institucional que deberá administrar, regular y supervisar un sistema ferroviario que, de concretarse, se convertiría en una de las mayores inversiones de infraestructura en la historia reciente de Panamá.

70 equipos de estudiantes universitarios de Guatemala avanzaron a la siguiente fase del Moot Legislativo Interuniversitario 2026, una competencia coordinada por el diputado Julio López que este año centró sus propuestas en el tema de la seguridad para elaborar iniciativas de ley con aplicación viable en el país, de acuerdo con información oficial del organismo legislativo difundida en sus medios oficiales.

La clasificación llegó después de una convocatoria que reunió a 118 equipos y a más de mil estudiantes de universidades de todo el país, según el mismo organismo legislativo. De ese total, 70 equipos fueron seleccionados para continuar en la tercera edición del certamen.

El proceso está coordinado por el diputado Julio López, quinto secretario de Junta Directiva, con el apoyo de la Dirección Legislativa y de la Dirección de Estudios e Investigación Legislativa (DEIL), de acuerdo con la información oficial.

La iniciativa busca que los participantes formulen propuestas normativas sobre seguridad a partir de experiencias y problemas identificados en la vida cotidiana.

López sostuvo, que la edición de 2026 volvió a superar la meta del año anterior. “En Guatemala sí existe una generación dispuesta a involucrarse, debatir, proponer soluciones reales para este país. Esta clasificación no representa solo a quienes avanzan, sino a todos los que asumieron el reto de pensar en el país desde las propuestas y no únicamente desde las críticas”, afirmó el diputado.

La edición actual eligió la seguridad como eje de trabajo con el propósito de que los estudiantes planteen soluciones y mejoras para la protección de la integridad de los ciudadanos, la reducción de riesgos sociales y culturales y el cumplimiento de la ley, según la información oficial del organismo legislativo.

Ese enfoque define la pregunta central del concurso: qué propuestas legislativas pueden presentar los universitarios para responder a problemas concretos del país.

La respuesta, de acuerdo con la convocatoria oficial, es la elaboración de iniciativas de ley orientadas a ofrecer soluciones aplicables en Guatemala.

El diputado Julio López también destacó, en la información difundida por el organismo legislativo, la participación de cientos de jóvenes interesados en intervenir de forma propositiva.

Según esa misma versión oficial, el proceso ha mostrado talento, liderazgo y capacidad para transformar el debate en propuestas concretas, además de disciplina para trabajar en equipo y conocer de primera mano la labor legislativa.

“El Moot Legislativo 2026 busca jóvenes capaces de convertir el debate en propuestas reales para Guatemala. Haber llegado hasta aquí ya los convierte en una generación que decidió involucrarse en lugar de quedarse al margen, lo que viene requerirá preparación, disciplina y mucha capacidad para trabajar en equipo”, dijo López en los canales oficiales del organismo legislativo.

La competencia está organizada en equipos de hasta nueve integrantes, que pueden provenir de distintas carreras, siempre que pertenezcan a una misma universidad, de acuerdo con la información oficial. Durante el desarrollo de las distintas etapas, cada grupo funciona como una bancada dentro de la competencia.

Ese diseño busca reproducir dinámicas del trabajo parlamentario y fortalecer habilidades vinculadas con la argumentación, la negociación y el pensamiento crítico en la toma de decisiones, según el organismo legislativo. La X Legislatura del Congreso de la República presentó esta acción como parte de su compromiso con la educación cívica y la promoción de la participación juvenil.

La institución señaló además que el certamen fomenta el conocimiento sobre los procedimientos legislativos entre los universitarios. En esa lógica, el avance de los 70 equipos clasificados abre una nueva etapa para propuestas centradas en seguridad y desarrolladas dentro de una simulación del trabajo del Congreso de la República.

CodePink co-founder Medea Benjamin publicly confirmed for the first time that her organization received an inquiry from the Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (OFAC), seeking detailed information about its March trip to Cuba.

The inquiry, which is often called an administrative subpoena, comes as the Trump administration signals a broad effort to increase federal scrutiny of nonprofit organizations operating in foreign-policy and activist spaces. Last October, after the murder of conservative leader Charlie Kirk, President Donald Trump directed federal agencies to strengthen enforcement against nonprofit entities that facilitate support for political violence.

Treasury Secretary Scott Bessent reinforced that message this week, arguing that nonprofit organizations and fiscal sponsors can’t shield themselves from legal accountability when resources, funding, organizational infrastructure or grants are used to support unlawful activity and political violence.

«We’ve made substantial progress, and I think in the weeks and months ahead, we’re going to have a lot to report,» Bessent responded to a question in the White House press gallery. He said, for example, that under new changes, the IRS will «demand that nonprofits know their grant recipients.»

FEDS SUBPOENA HASAN PIKER, MEDEA BENJAMIN OVER CUBA TRIPS

«So, if a grant recipient is violent, if they are suppressing people’s rights, then you are responsible for that,» Bessent said. «I think that’s a very good first step.»

The shift reflects a growing administration focus on whether nonprofit networks are exercising sufficient oversight over the projects, activists and international campaigns they sponsor. Against that backdrop, the inquiry by the Office of Foreign Assets Control into the Cuba convoy fits within an effort by Treasury officials to examine whether activist organizations are complying with laws and other federal restrictions, such as sanctions laws.

Speaking on camera in a video promoted by a far-left media platform, BreakThrough News, Benjamin said she and political streamer Hasan Piker first learned about the query when Fox News Digital broke the news last Saturday evening that Treasury’s Office of Foreign Assets Control had launched an investigation into the financial and logistical details of CodePink’s and Piker’s trip to Cuba trip.

DC DINNER TURNS CHAOTIC AS CODEPINK ACTIVISTS CORNER TREASURY SECRETARY SCOTT BESSENT: ‘BLOOD ON YOUR HANDS’

Hasan Piker, a Democratic Socialists of America member, and CodePink co-founder Jodie Evans meet in Havana, Cuba, as part of a «United Front» supporting the communist regime. (CodePink via Storyful)

The Office of Foreign Assets Control enforces U.S. sanctions on Cuba, which restrict Americans from engaging in many financial transactions with the communist government and require travelers and organizations to comply with licensing and record-keeping requirements for authorized activities.

«I actually didn’t get anything, and neither did Hasan Piker,» Benjamin said. «I mean, we heard this on Fox News, that there was this subpoena out, and I was going outside my front door, looking around for somebody to serve me.»

Benjamin said the inquiry arrived by email and had been sent to CodePink co-founder Jodie Evans. Fox News Digital has learned that CodePink D.C. Coordinator Olivia DiNucci, who regularly harasses politicians as they are having dinner in D.C. restaurants, is also expected to get a query.

«It turns out that it was an email that was sent to CodePink co-founder Jodie Evans, and it was so unofficial that it landed in our spam box,» Benjamin said. «So it was a letter, and it came from the Treasury Department, from the Office of Foreign Assets Control, known as OFAC.»

FAR-LEFT ACTIVISTS STAY IN 5-STAR CUBAN HOTEL AS ISLAND SUFFERS TOTAL BLACKOUT

While criticizing the manner in which the inquiry was delivered, Benjamin acknowledged that the request itself was serious because of the volume of information federal officials are seeking.

«And I don’t want to say it’s not serious. It is serious, because they are asking for all kinds of information,» Benjamin said. «And this is a kind of intimidation tactic that means we have to get a lawyer, that we have to spend a lot of staff time, a lot of energy.»

According to Benjamin, the inquiry includes roughly a dozen detailed questions about the trip and its participants.

«They’re asking about 12 very detailed questions that include things like, ‘How did you get there? Where did you stay? What did you do every hour that you were there?’» Benjamin said. «I guess we have to tell them how many hours we slept.»

Benjamin said approximately 170 people participated in the convoy and suggested the scope of the inquiry could require organizers to account for the activities of every participant.

REVOLUTIONARY TOURISM: INSIDE THE $600M MARRIAGE OF DARK MONEY AND FAR-LEFT AGITPROP

Hasan Piker; Jodie Evans with Neville Roy Singham. (Getty Images)

«There were 170 people, so I don’t know if they want to know what every single person did every single minute of the day,» she said.

Benjamin also confirmed that organizers brought humanitarian supplies to Cuba.

«What we brought — and we brought about $600,000 worth of aid — so it’s a lot, a lot of information that they want,» Benjamin said.

Benjamin framed the inquiry as an effort to discourage Americans from traveling to Cuba or participating in humanitarian missions to the communist island, but said organizers would continue their activities despite the federal scrutiny.

Medea Benjamin, co-founder of Code Pink, in Washington, D.C. (LG for Fox News Digital)

«And of course, this is to make people think, ‘Uh oh, should I go to Cuba? Uh oh, should I keep doing humanitarian aid?’» Benjamin said. «And the answer to that is, yes. We can’t be intimidated. In fact, we have to use this as another reason that we’re so angry at the U.S. government and redouble our efforts.»

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE FOX NEWS APP

Meanwhile, Piker has insisted that he hasn’t received the Treasury Department query. 

He stirred up another set of headlines speculating that the «real goal» of the investigation is to target American Marxist tech tycoon Neville Roy Singham, who has pumped $285 million since 2017 into a network of groups including CodePink and BreakThrough News, allegedly spreading pro-China propaganda and sowing discord with massive anti-American street protests.

CodePink and BreakThrough News have been fixtures in those street protests, and Piker has supported them on his hours-long livestreams.