Por segunda semana consecutiva, la reunión del plenario que debate la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional terminó otra vez con un duro cruce entre oficialistas y opositores. Los protagonistas del tenso intercambio fueron esta vez Beltrán Benedit (La Libertad Avanza) y Germán Martínez (PJ). Sobre el cierre del encuentro, el libertario reivindicó a la última dictadura militar, lo que provocó la reacción del jefe de bloque peronista, que le recriminó haber formado parte de la comitiva de legisladores que visitó a represores en la cárcel de Ezeiza, en 2024.

“Hemos callado mucho tiempo por lo que hoy hemos mencionado acá y es hora de poner verdad sobre tanta mentira”, abrió el entrerriano Benedit su exposición. Previamente, el diputado Aldo Leiva, del PJ, lo acusó de haber organizado las visitas a la Unidad Penitenciaria de Ezeiza para reunirse con exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad. Entre ellos, Alfredo Astiz, condenado en el país y en Francia a cadena perpetua.

Fue en ese momento que Benedit reivindicó el accionar de la dictadura y provocó la reacción de Martínez, que tuvo un exabrupto: “Es para cagarlo a trompadas”. El diputado del PJ se levantó y se retiró, entre gritos y cruces. “Vos sos el que fuiste a visitar a genocidas”, le remarcó, antes de irse.

“No se vaya Martínez, no teatralice”, contestó el libertario. Y continuó con su exposición: “Se ha instalado la palabra genocidio y hasta donde yo sé, no hay ningún ciudadano condenado por genocidio. Hubo un plan de las fuerzas subversivas terroristas y lo quiso llevar adelante el señor Mario Santuccio [líder del ERP, asesinado el 19 de julio de 1976], que para perpetuarse en el poder dijo que iban a matar a un millón de argentinos”.

Con la sala convulsionada, Benedit continuó con su defensa y justificó la visita a los represores: “Visitar a los enfermos, visitar a los presos y ayudar a los necesitados es una cuestión de fe”.

En 2024, una comitiva de legisladores oficialistas visitó la cárcel de Ezeiza y se reunió con exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad. La difusión de la imagen fracturó al bloque libertario, que sufrió las salidas de Lourdes Arietta y Rocío Bonacci tras el episodio. Quienes participaron de aquella visita, que fue criticada por el resto de diputados de LLA y bloques opositores, fueron: Benedit, Arrieta, Guillermo Montenegro, Bonacci, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo. El grupo se encontró en Ezeiza con Astiz, Ricardo Cavallo y Raúl Guglielminetti, entre otros represores.

“Fuimos a ver a excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”, había explicado Benedit, el organizador del evento, a través de un mensaje de WhatsApp que se viralizó en las redes sociales y que ratificó a . Rocío Bonacci sugirió que la visita contaba con el aval de la Casa Rosada y del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, aunque este luego lo desmintió. En tanto, la mendocina Arrieta aseguró que fue “engañada” para asistir y que a algunos de los presentes no los conocía. “Tuve que googlearlos”, manifestó.

Una comisión marcada por la tensión

En la misma comisión, la semana pasada, hubo un tenso cruce entre Juan Grabois y dos diputados libertarios.

El plenario de comisiones en Diputados para debatir el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas terminó antes de lo previsto en medio de agresiones, gritos e insultos entre diputados del oficialismo y la oposición. El telón de fondo fue el fallo de la Corte Suprema conocido ayer, que restableció la vigencia del artículo 154, que elimina los límites a la venta de tierras a extranjeros.

La tensión terminó de quedar expuesta esta tarde, cuando diputados de la oposición y el oficialismo se cruzaron a los gritos y con insultos en pleno debate. El episodio se desató a partir de la intervención de Grabois para defender a Myriam Bregman.

En un encendido discurso, la diputada del FIT intentaba exponer sus diferencias con el proyecto oficialista, mientras era increpada por el santacruceño oficialista Jairo Guzmán que cuestionaba su posición.

En ese momento, Grabois se levantó, caminó hasta donde estaba Guzmán y lo encaró. El episodio, rápidamente replicado en redes sociales, incluyó forcejeos e insultos.

Pero el conflicto escaló cuando, desde la otra punta de la sala, se levantó a los gritos el tucumano Gerardo Huesen, quien acusó de “cagón” al legislador de Unión por la Patria.

Huesen era dirigente de Fuerza Republicana y ladero de Ricardo Bussi, el hijo del dictador que fue gobernador de Tucumán.

El 40% de los pagos que la disuelta Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) realizó para la compra de medicamentos e insumos fueron destinados a las empresas investigadas en la causa por presunta asociación ilícita durante la gestión de Diego Spagnuolo. Las cifras surgen del quinto anexo de la auditoría que revisó los números internos del organismo y otros dos informes oficiales que el Gobierno remitió a la Justicia con los presuntos sobreprecios.

La auditoría, que analizó todo 2024 y el período de 2025 con fecha de corte al 21 de agosto (hasta la salida de Spagnuolo), contabilizó que los “pagos realizados por la compra de medicamentos e insumos” totalizó $479.500 millones. El 40% de esa porción, unos $192.000 millones, terminó en las cuentas de Suizo Argentina, Droguería Génesis, Artrobone Ortopedia, Droguería Profarma, Indecomm, Ortopedia Bernat, Expo Trauma, Neurosalud, Droguería Floresta y Droguería New Farma.

Las diez últimas forman parte de los informes elaborados por el Gobierno y un dictamen de la Procuraduría de Investigación Administrativas (PIA) que señalan presuntos sobreprecios. La primera de la lista, Suizo Argentina, no se encuentra mencionada en esos reportes, pero está incluida en la investigación judicial sobre presunta asociación ilícita que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo.

Precisamente, Suizo Argentina es la empresa que más fondos percibió, según el Anexo V de la auditoría. Fueron $108.200 millones correspondientes a la categoría “Pacbi Medicamentos”. Absorbió algo más de un quinto del gasto en este rubro. Vale aclarar, las siglas Pacbi significan “prestaciones de alto costo y baja incidencia”.

A propósito de la investigación judicial, fuentes cercanas a la droguería de la familia Kovalivker señalaron: “Suizo es una empresa centenaria que realiza sus múltiples actividades comerciales de forma lícita y de acuerdo a altos estándares. No tiene nada que ver con los hechos investigados en la causa”.

La segunda empresa que más pagos recibió es Droguería Génesis, con $15.100 millones. En el informe de la PIA se menciona un proceso de compra del medicamento Macitentan, recetado para pacientes con hipertensión arterial pulmonar. El reporte sostiene que se le adjudicó en abril de 2025 una compra por un “valor unitario de $2.145.363,20″, mientras que a otro proveedor, “en el mismo período también tal medicamento” se lo contrató por $464.508 la unidad. La compañía, en su descargo ante la Justicia, dijo que “carece de todo sustento fáctico y normativo” la hipótesis sobre el “abultamiento de precios”.

Esta postura es la que se repite en varios de los investigados en la causa. Pero podría sumarse otra perspectiva: el abogado de Pablo Atchabahian, señalado en el expediente como uno de los presuntos jefes de la asociación ilícita que habría operado sobre la Andis, adelantó que el lobista está preparando su declaración para explicar “el tema de las licitaciones”

Profarma recibió pagos que sumaron $11.500 millones, según la auditoría. A esta firma se adjudicó, por ejemplo, la compra de la droga Burosumab por un valor unitario de $45,1 millones, mientras que el mismo medicamento, pero con otro proveedor, tuvo un costo de $25 millones por unidad. La PIA destaca en su relevamiento que el lapso transcurrido entre la fecha de inicio y la fecha tope o de apertura en el proceso de compra a Profarma “fue de tan solo de horas, exactamente de 5.30 hs. (fecha inicio: 23/06/25 10:27 h y fecha apertura ofertas: 23/06/25 16 h)”.

Neurosalud es una de las empresas mencionadas en los informes que el exinterventor Alejandro Vilches remitió a la Justicia. Esta firma acumuló pagos por $9,5 millones durante el período auditado. En los reportes del exfuncionario se habla de “una brecha considerable en los valores abonados” entre la Andis y el PAMI a esta firma por el mismo producto. En el escrito se cita que el organismo de Discapacidad compró un neuroestimulador implantable de batería no recargable por $132.465.000 en abril. “Es decir un 219% más caros que la referencia de PAMI”, menciona el escrito al argumentar que el instituto previsional lo adjudicó a $41,5 millones en marzo de ese año.

Otro caso de comparación involucra a Farma Salud, que totalizó pagos por $9500 millones. El informe de abril de este año habla de “desvíos notables”. Menciona la adjudicación de una endoprótesis aortobílica junto con la endoprótesis ilíaca bifurcada a un valor de “más de 19 veces” que el adjudicado por el PAMI.

Un caso similar es el de Droguería Floresta. Percibió pagos que totalizan $8300 millones. En uno de los reportes remitidos a la Justicia, fechado en octubre de 2025, se señala que el precio promedio que se le abonó por implantes cocleares Nucleus ascendió a US$62.613. Otro proveedor que también le facturó al Estado adjudicó por un valor unitario de US$12.125 y el informe oficial reconoce un valor de referencia de precio de venta público de US$16.975 por unidad.

En el escalafón de pagos contabilizados en la auditoría interna sigue Indecomm, una firma adjudicada a Miguel Calvete, quien recibió el mensaje de las “ofrendas” enviado por un exfuncionario de Andis y que contenía información sobre empresas y cifras. En el caso de esta compañía, los pagos que percibió sumaron $8000 millones. El informe de octubre de 2025 detectó que la ex-Andis le pagó dos veces la misma factura (B 00001- 00000958).

Otra droguería, New Farma, alcanzó los $7500 millones en pagos recibidos, según la auditoría. El informe de la PIA reiteró observaciones relacionadas a la compra del Macitentan. Sobre esta empresa, indicó que llegó a venderlo por $8,2 millones, mientras que en otras adjudicaciones “se adjudicó siempre por un precio promedio” de 500.000 pesos. “La droguería se encontraba prácticamente vacía, con poca documentación, pero alguna referida a facturación a la Andis”, agregó el reporte sobre el allanamiento realizado en su sede.

Las cuatro restantes firmas que conforman el grupo de las 11 que fueron destinatarias del 40% de los pagos por medicamentos e insumos son Expo Trauma ($5800 millones), Ortopedia Bernat ($4300 millones) y Artrobone ($3900 millones). Las tres aparecen en el informe firmado en abril de este año sobre insumos ortopédicos, tales como andadores y sillas de ruedas.

En ese reporte se incluyó una factura por un andador con un presunto sobreprecio del 4239%. Desde la Ortopedia Bernat indicaron a , semanas atrás, que al menos hasta mayo la factura estaba impaga y relataron una situación puntual respecto a este insumo: “Se contempló algo mucho más sofisticado y que se terminó entregando algo más sencillo, pero el circuito operativo continuó y se terminó facturando el mismo valor que lo adjudicado. Y no lo entregado”.