POLITICA
Kicillof se pliega a otras provincias para reclamar fondos y denunciar que Luis Caputo le frena obras
El gobierno de la provincia de Buenos Aires denunció en las últimas horas que el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, bloqueó el financiamiento de obras a través de créditos internacionales que la gestión de Axel Kicillof tiene comprometidos con distintos organismos, pero que para su ejecución, requiere del aval de la gestión de Javier Milei. El pedido va en consonancia con lo que vienen reclamando otras provincias, como Córdoba, Santa Fe y las del Norte, que ponen el foco en la coparticipación.
El lunes, el ministro de Infraestructura bonaerense y ex funcionario de esa área en la órbita nacional durante la presidencia de Alberto Fernández, Gabriel Katopodis, detalló los proyectos que esperan aprobación de Nación. Hay préstamos que vencen este año y, para su prórroga, deben tener el aval de Nación; obras que tienen la anuencia de organismos, pero también requieren el ok de Economía; y otras a través de créditos que vencerán en 2027 y deberán ser renovados. El conjunto de grandes obras de infraestructura hídrica y saneamiento previstas para la provincia de Buenos Aires representa una inversión que supera los 1.100 millones de dólares, según los montos estipulados para seis proyectos principales, sin contar el Túnel aliviador hacia el Río de la Plata y conductos aliviadores.
Cuenca hídrica de los arroyos San Francisco y Las Piedras, que atraviesa los municipios de Avellaneda, Almirante Brown, Florencio Varela, Presidente Perón y Quilmes. Es una obra que, además, se ha metido en la discusión interna del peronismo y que tiene a la diputada provincial e intendenta en uso de licencia, Mayra Mendoza, como una de las puntas de lanza y buscando financiamiento internacional.
De hecho, esta semana, Mendoza se encuentra en Marruecos en el marco del Congreso Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, donde explicará el impacto que tiene sobre los municipios la obra de la cuenca de los arroyos en cuestión. Alcanza 1 millón de habitantes, de los cuales 335.289 pertenecen al partido de Quilmes. La legisladora ha sostenido en diversos ámbitos que el plan incluye obras de gran escala como la canalización, reservorios, estaciones de bombeo, nuevos puentes y senderos. Desde Quilmes plantean que “para avanzar, se necesita financiamiento sostenido y decisión política”, y que en eso se encuentra la legisladora. Meses atrás, Mendoza viajó al Foro Urbano Mundial de la ONU en Bakú, Azerbaijan, donde también buscó financiamiento para la obra.
Además de ese proyecto, entre las iniciativas por las que, según Buenos Aires, no hay autorización del gobierno nacional, aparecen la nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales para la Región Capital, el acueducto Parque San Martín en La Plata, la ampliación de la capacidad del río Salado y la ejecución de intervenciones hidráulicas en distintos municipios, además de la nueva planta potabilizadora y las obras en la cuenca del río Luján. La concreción de estos proyectos depende de la aprobación y prórrogas de financiamiento internacionales que requieren el aval del Gobierno nacional. “Hay una situación que nos preocupa mucho y que es la falta de aprobación y de avales por parte del Gobierno nacional para muchas de estas obras que necesitamos ejecutar. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispone de fondos del tesoro provincial, pero también de créditos internacionales, de créditos con organismos multilaterales. Esos créditos requieren, por ley, por protocolos internacionales y procedimientos internacionales, de avales por parte de la Nación. No necesitamos ni la plata ni los recursos de la Nación, —que definitivamente ya después de casi tres años estamos seguros de que no vamos a contar con esos recursos—, pero sí necesitamos de avales que nos permitan poder ejecutar muchas de estas obras”, planteó Katopodis en las últimas horas.
“Es una situación que solo el Gobierno nacional aplica de manera excepcional, discriminatoria y arbitraria a la provincia de Buenos Aires”, planteó el funcionario del gobierno de Kicillof, puntualizando que el Gobierno Nacional aprobó créditos internacionales en distintas provincias para obras de infraestructura vial, agua potable, desarrollo territorial y productivo en 10 provincias, pero que Buenos Aires no entró en ese esquema que equivale a USD 1.973 millones.
Autorizaciones para financiamiento
Desde el gobierno bonaerense dejaron correr que entre 2024 y 2026, el gobierno nacional sí autorizó créditos internacionales en otras provincias excluyendo a Buenos Aires. Mediante decretos de garantía y contragarantía se habilita a distritos como Salta, Entre Ríos, Jujuy, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Chaco, Río Negro, Mendoza y Misiones a comprometer avales estatales para obtener fondos destinados a infraestructura, desarrollo productivo y mejoras en servicios esenciales. Entre los proyectos destacados, Salta recibió autorización para el Programa de Desarrollo Productivo y Exportador, respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con un monto de USD 50 millones. Entre Ríos fue habilitada para acceder a USD 40 millones a través del Programa de Caminos para el Desarrollo Productivo, financiado por la Corporación Andina de Fomento (CAF). En Jujuy, el Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE II) obtuvo el aval nacional para gestionar USD 60 millones.
El gobierno nacional también concedió garantías para iniciativas interprovinciales, como el Acueducto Santa Fe–Córdoba, que cuenta con financiamiento del Fondo Saudita para el Desarrollo (SFD) por 375 millones de riyales saudíes. Neuquén fue autorizada para el Programa de Equilibrio y Desarrollo Territorial, con un aporte de USD 100 millones, y Chaco recibió el aval para el proyecto vial sobre la Ruta Provincial N° 13, por USD 33,4 millones. En 2025 y 2026, el Ejecutivo nacional amplió las autorizaciones. Río Negro obtuvo el respaldo para dos programas: uno de desarrollo territorial por USD 140 millones y otro de emergencia y recuperación en El Bolsón por USD 5 millones. Mendoza fue habilitada para un plan de optimización de los servicios de agua potable, con USD 75 millones de FONPLATA.
Córdoba recibió el aval para la refuncionalización del sistema de agua potable de la capital provincial, también con financiamiento de CAF por 75 millones. Santa Fe accedió a recursos para el fortalecimiento de la actividad deportiva urbana y para la logística metropolitana del Gran Rosario, ambos por USD 75 y USD 150 millones respectivamente. Misiones obtuvo autorización para mejoras en infraestructura eléctrica por USD 75 millones, y Entre Ríos para el desarrollo agroalimentario, incluyendo un enfoque en la agricultura familiar y el sector apícola.
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POLITICA
El Gobierno oficializó la declaración de San Miguel de Tucumán como capital simbólica del país cada 9 de julio
El Gobierno oficializó la declaración de la ciudad de San Miguel de Tucumán como capital simbólica del país cada 9 de julio, con la promulgación de la de la Ley 27820.
La iniciativa establece que el reconocimiento alcance a la capital tucumana durante el Día de la Independencia y dispone que los actos centrales organizados por el Gobierno nacional para la fecha se realicen allí de forma permanente.
La medida apunta a consolidar el vínculo institucional entre la celebración nacional y la ciudad donde el Congreso de Tucumán declaró definitivamente la ruptura con la Corona española en 1816.
Esta medida se encuadra dentro de una serie de acuerdos que alcanzó el oficialismo con los sectores aliados en el Congreso para enviar un gesto político a los gobernadores. De hecho, también se ampliaron las cámaras federales de apelaciones en Tucumán. En su mayoría se trata de iniciativas sin costo fiscal pero con valor simbólico para los diputados provinciales a nivel local.
En ese sentido, otras de las iniciativas que se encuentran dentro de esta lista es la promulgación de la Ley 27823, que propone incorporar el ritual, la celebración y la peregrinación del Camino de Brochero al patrimonio cultural inmaterial de la República Argentina.
La declaración prevista se encuadra en la ley 26.118, que ratificó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. El texto identifica al Camino de Brochero como una práctica que reúne expresiones de devoción, recorridos de peregrinación y actividades culturales.
Según lo dispuesto, este ritual, la celebración y la peregrinación asociados a la ruta forman parte del patrimonio inmaterial argentino. La figura comprende prácticas, representaciones y conocimientos que las comunidades reconocen como parte de su herencia cultural.
La propuesta alcanza a una manifestación religiosa vinculada con la figura de José Gabriel del Rosario Brochero, conocido como el Cura Brochero, cuya devoción convoca actividades y peregrinaciones en territorio cordobés.
A su vez, declararon de interés el “Memorándum de entendimiento para la difusión y promoción” que une las rutas del Camino de Brochero y del Camino de Santiago de Compostela. El documento contempla la preservación, divulgación y promoción de ambas tradiciones.
De esta manera, garantizaron el desarrollo de actividades históricas, religiosas, culturales, académicas, sociales y turísticas relacionadas con la ruta gallega y la ruta brocheriana. El alcance incluye otras acciones que se vinculen con la celebración y la devoción en ambos itinerarios.
La ley impulsada por Alejandra Vigo recibió su aprobación definitiva a finales de agosto. La iniciativa ya había obtenido media sanción de la Cámara alta en septiembre de 2025.
La medida prevé que los peregrinos puedan acceder a un pasaporte para registrar el trayecto realizado. El mecanismo toma como referencia la experiencia del Camino de Santiago, en España.
El documento permitirá acreditar las etapas del recorrido y facilitará la participación de los viajeros en propuestas asociadas al turismo, la gastronomía y las artesanías.
El Gobierno promulgó este martes la Ley 27.819, que ratifica el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, firmado el 7 de diciembre de 2023 en Río de Janeiro. La decisión quedó oficializada mediante el Decreto 1010/2026, publicado en el Boletín Oficial, luego de que el Congreso completara su aprobación el pasado 26 de agosto.
La norma permite que Argentina complete el proceso interno necesario para ratificar el entendimiento, considerado el primero de estas características entre el bloque regional y un país del sudeste asiático.
El tratado está compuesto por 19 capítulos y establece reglas para diferentes áreas de la relación económica entre las partes.
Entre ellas aparecen el intercambio de bienes y servicios, las inversiones, las compras públicas, la propiedad intelectual, el comercio electrónico y las pequeñas y medianas empresas.
Qué establece el acuerdo comercial entre el Mercosur y Singapur
El Mercosur definió el entendimiento como un “acuerdo de nueva generación” por la cantidad y diversidad de disciplinas que incorpora.
“El acuerdo comercial con Singapur es un acuerdo de nueva generación: implica disciplinas modernas en materia de comercio de bienes y servicios, inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, comercio electrónico y micro, pequeñas y medianas empresas”, señaló oficialmente el bloque.
Además de reducir y ordenar barreras vinculadas al intercambio comercial, el tratado busca establecer mayor previsibilidad regulatoria y mejores condiciones para las inversiones.
Según el Mercosur, el entendimiento “contribuirá al aumento del comercio, a una mayor previsibilidad regulatoria y a la creación de condiciones favorables para atraer inversiones”.
Su relevancia también está vinculada con la inserción del bloque en Asia: se trata del primer tratado de libre comercio del Mercosur con un país del sudeste asiático.
El fuerte respaldo que tuvo el tratado en el Congreso
El proyecto llegó a la promulgación después de conseguir un amplio respaldo de las principales fuerzas políticas.
El Senado le había dado media sanción de manera unánime en mayo. Luego, el 26 de agosto, la Cámara de Diputados lo convirtió en ley con 234 votos afirmativos, cuatro negativos y ninguna abstención.
Tras la aprobación parlamentaria, el canciller Pablo Quirno sostuvo que el entendimiento es “clave para la integración de Argentina con el mundo”.
“Seguimos generando las condiciones. El sector privado es el que tiene que salir a jugar. La Argentina es próspera”, afirmó.
POLITICA
El Gobierno promulgó la ley que declara a San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la Argentina cada 9 de julio
El Gobierno promulgó la Ley 27.820 que declara a San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la Argentina cada 9 de julio. La norma fue publicada en el Boletín Oficial de este martes mediante el Decreto 1006/2026. Además, la nueva normativa establece que en el Jardín de la República se realizarán los actos centrales por el Día de la Independencia.
“Declárase a la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, como ‘Capital simbólica de la República Argentina’ todos los días 9 de julio de cada año”, puede leerse en el primer artículo de la nueva legislación.
La iniciativa, aprobada el 26 de agosto por el Congreso, fue impulsada por las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza. Luego de obtener el aval unánime del Senado con 67 votos afirmativos, tras su debate y aprobación previa en la Cámara baja, la propuesta completó su trámite parlamentario y quedó sancionada.
En el artículo 2 de la ley, puede leerse: “Establézcase que, en lo sucesivo, los actos centrales que organice el gobierno nacional, en conmemoración del aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, tendrán lugar en la ciudad de San Miguel de Tucumán”.
De esta manera, la norma que hasta el lunes se encontraba respaldada por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), a partir de este martes cuenta con rango legal.
“Este es un proyecto de reivindicación al pueblo tucumano. Un proyecto que tiene que ver con la historia del norte argentino y la conformación de nuestra Nación. Allí no solamente se libró la batalla de Tucumán en 1812 a cargo del general Manuel Belgrano, sino que el norte tuvo una vital participación. Está el Éxodo Jujeño, la Batalla de Salta y, por supuesto, la de Tucumán”, fueron las palabras que utilizó Ávila en aquel entonces para referirse a su proyecto.
Durante esa misma alocución, la senadora también hizo hincapié en la importancia de que, el por entonces decreto, devenga en ley. “Hoy hay un decreto pero, para que la gente sepa, un decreto firmado por un Presidente está a tiro de otro decreto de otro Presidente que no le puede llegar a gustar este proyecto. Entonces, estas reivindicaciones tienen que salir por una ley del Congreso de la Nación”.
Durante el 9 de julio pasado, el presidente Javier Milei habló en cadena nacional desde la entrada a la Casa Histórica de la provincia de Tucumán, en el marco de la conmemoración del 210° aniversario del Día de la Independencia. “Es momento de hacer una renovación de los votos y ratificar nuestro compromiso con el Pacto de Mayo”, sostuvo el mandatario, que consiguió reeditar su foto de 2024 con diferentes gobernadores.
Al evento inaugural de las celebraciones por el 9 de julio en la capital Tucumán asistieron 13 mandatarios provinciales en medio de un escenario de negociaciones claves para conseguir apoyo frente a los nuevos proyectos parlamentarios que impulsa el oficialismo.
Este martes quedó establecido que las chances de que aquel cónclave que tuvo lugar en el Jardín de la República se repita, están más vigentes que nunca.
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