POLITICA
La bronca de un presidente deslomado
Una conjura de “imbéciles”, “corruptos”, “seres despreciables”, “psicópatas”, “zurdos resentidos”, “basuras inmundas” y “envidiosos” le niega a Javier Milei el reconocimiento de liderar el mejor gobierno de la historia. Tres horas y media de discursos dedicó el Presidente la última semana para hilvanar, entre insultos, autoelogios y estadísticas, un reproche de Estado a quienes expresan algún tipo de insatisfacción con los resultados de sus políticas.
Ya no niega el malestar social en alza que todas las encuestas de opinión registran desde el verano, pero lo redujo a “una sensación de frustración de los últimos seis meses” provocada por ataques especulativos que atribuye al kirchnerismo, algunos empresarios y el 95% de los periodistas. En privado argumenta que los poderes económicos relegados por el modelo actual persiguen un “mileísmo sin Milei” y que hacen lo imposible para que su plan se atasque. “No me voy a dejar psicopatear” es su versión del “no pasarán”. La acompaña de una desinhibición, inusual hasta para él.
Pasó de pedir paciencia a la sociedad a impacientarse él mismo. “Javier siempre busca la culpa afuera”, explica una fuente que ocupa una posición de privilegio en la estructura de La Libertad Avanza (LLA). Un exfuncionario que sigue ligado al oficialismo amplía: “Lo tienen blindado los amigos del campeón, que te impiden atajar a tiempo los problemas”.
El cuadro que tiene en un bache de popularidad al gobierno combina síntomas económicos y políticos. El líder de la indignación que vino a terminar con “la casta” que vivía de los privilegios del Estado se embandera en la defensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, señalado por el crecimiento de su patrimonio y su tren de vida desde que es funcionario público. El que despreciaba las internas paralizantes del trío Alberto Fernández-Cristina Kirchner-Sergio Massa luce maniatado por la disputa irresuelta por espacios de poder entre su hermana Karina y el asesor Santiago Caputo. El exterminador de la inflación heredada se topó con una meseta que no consigue perforar, mientras se resiente el poder adquisitivo de gran parte de la población y el empleo está bajo amenaza.
A Milei el grito le sirvió para desafiar el sistema. Ahora, cuando le toca a él ser el receptor de los reclamos, se presume víctima de una agresión injustificada.
Volvió a quedar en evidencia en los últimos días la dificultad para encarnar un mensaje de empatía en los momentos flacos que a todo gobierno le esperan en un punto del camino. “¿Saben quién es el que peor le fue en esta economía en términos reales? A mí”, dijo el lunes en la Fundación Libertad cuando intentaba desmentir un deterioro en los salarios. Recordó que él decidió congelarse el sueldo hace más de dos años. Sin contar, claro, que vive en la mansión presidencial y, como corresponde, con todos los gastos de seguridad, alimentación y movilidad cubiertos por el maldito Estado.
En un discurso posterior se refirió a los perdedores de la transformación económica que promueve su gestión como “daños colaterales”. Y se permitió celebrar el 1° de Mayo con un video hecho con piezas de LEGO que terminaba con la siguiente proclama: “Feliz día al que trabajó para reconstruir este país, un bloque a la vez. Feliz Día del Trabajador, Presidente Milei”. Le faltó decir que se está deslomando. Por suerte Adorni ya no es su vocero.
El jefe de Gabinete curó sus penas con Milei durante los dos meses que lleva bajo fuego por las revelaciones sobre sus gastos e inversiones y su negativa a explicar el origen del dinero.
Los dos hermanos Milei lo defendieron por igual con el argumento de que sus enemigos primero van por Adorni y después irán por ellos. “Lo persiguen por dos mangos los que se chorearon un PBI”, le dijo el Presidente a un dirigente territorial libertario.
La orden de acorazar a Adorni en el Congreso fue en defensa propia. La sesión de control al jefe de Gabinete incomodaba a muchos de los diputados que tenían que poner el cuerpo por un funcionario que se niega a diluir las sospechas con papeles y documentos. “Se tiene que preparar bien porque va a ser una masacre”, comentaban el lunes dos legisladores oficialistas mientras esperaban para oír a Milei en la Fundación Libertad. “Este quilombo nos está matando. A ver si logramos dar vuelta la página. Si no va a renunciar al menos que dé la cara”, se consolaba en voz baja un funcionario que después, como es debido, abrazó al jefe de Gabinete cuando lo vio llegar al evento.
Karina Milei les avisó a todos los ministros que debían estar el miércoles en el Congreso una hora antes de la sesión. Su hermano le agregó épica a lo que podía ser angustioso. Grabaron un video en el que él y todo el Gabinete posan con Adorni y lo subieron a las redes sociales con la canción “Eye of the Tiger”, de la película “Rocky”. La lógica, a la vista: iban a pelear, no a explicar.
El clip se publicó casi en crudo. Se puede ver al inicio la incomodidad de Karina Milei cuando la senadora Patricia Bullrich se quiso acomodar más cerca del Presidente. La hermana la corrió con un gesto, pero él la trajo otra vez a su lado. Delicias del cine libertario. ¿O fue un descuido del funcionario contratado para filmar a los Milei, Santiago Oría?
Los recelos de Karina con Bullrich son indisimulables. La senadora rompe de tanto en tanto la verticalidad libertaria y construye para sí misma, sin pedir permiso. En la Fundación Libertad se abrazó con Mauricio Macri, pese a que los ministros lo esquivaban como si fuera contagioso respirar el mismo aire que él. “Lo están maltratando a Mauricio en un momento en que hay gente armando alternativas políticas contra nosotros. Es un peligro que no deberíamos correr”, le dijo la senadora a un interlocutor que le preguntó por ese saludo.
Bullrich publicó el viernes un video sugestivo, con todo de campaña, como si fuera un lanzamiento no autorizado. “Que cada uno lo interprete como quiera”, dicen en su entorno. Lo musicalizó con la canción “Superestrella”, de Aitana. “Hoy vas a ser mi próximo error”, canta la artista española. Que no la escuche Milei.
La sesión de Adorni fue un experimento controlado de siete horas. El jefe de Gabinete hizo los deberes que le encomendaron. Leyó todo el tiempo y no se dejó llevar nunca por el instinto de pronunciar frases ocurrentes.
Milei lo siguió desde el palco principal como un emperador en el circo. Su forma de levantar el pulgar fue trenzarse a gritos con los opositores y animar a los diputados propios a que ovacionaran a Adorni como si, en lugar de un funcionario investigado por enriquecimiento ilícito, fuera un héroe de la libertad. Al irse, el Presidente encaró con furia a los periodistas que querían registrar su opinión. “Chorros, corruptos”, les gritó, con el rostro desencajado. Dentro del recinto, Martín Menem le exigía decoro al diputado Pablo Juliano porque osó tratar de “vos” a Adorni. Hay formas y formas.
Milei se había pasado una semana tratando de “basuras inmundas” a todos aquellos comunicadores a quienes sus fieles señalaban en las redes sociales. Se regodeó de cerrar la sala de prensa de la Casa Rosada y hasta fantaseó con meter presa a la periodista Luciana Geuna, a quien mandó a denunciar por espionaje ilegal por un informe inocuo sobre el palacio presidencial.
El influjo de los aduladores crece en un momento de mayor fragilidad. Milei celebró a quienes lo declararon ganador en su batalla con el fantasma de Keynes (para la que el martes usó durante dos horas el auditorio del viejo Palacio del Correo); a los que elogian lo bien que le queda el disfraz de Saint-Exupéry con el que se subió el jueves a un portaviones de Estados Unidos o a quienes lo seducen con banales teorías conspirativas sobre los medios.
Les escapa, en cambio, a quienes expresan matices, por mucho que sean de confianza. Karina se encarga de hacer el test de pureza. “Somos un partido liberal con conducción soviética”, se resigna una fuente que sigue firme dentro del equipo libertario.
La obediencia ciega que ordena “el Jefe” tenía paralizado al Gobierno. Funcionarios y legisladores se quejaban en sordina de que el caso Adorni era para ellos como tener un bozal. No podían presentarse en un medio sin que les preguntaran cosas que el propio involucrado se negaba a discutir. Se les complicaba organizar sesiones en el Congreso ante el riesgo de que se convirtieran en un festival opositor: el kirchnerismo suele ser implacable para exigir transparencia cuando está fuera del poder.
La presentación del jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados causó alivio entre los libertarios. No empeoró su situación personal y liberó al resto para volver a sus oficios habituales. “Adorni seguirá con su tema a cuestas, pero ahora tenemos que dar vuelta la página y a quien pregunte le diremos: ‘Él ya dijo lo que tenía que decir’. No podemos regalarnos más”, resume una figura del oficialismo.
El desahogo derivó en alguna sobreactuación, como el festejo grupal al terminar la sesión. Adorni, sonriente en medio del recinto, rodeado de todos los diputados de LLA. Una celebración extraña para un grupo que llegó al poder en representación de ciudadanos hartos con una “casta” que disfrutaba de privilegios y vivía enfrascada en sus propios intereses.
Adorni intenta naturalizar su continuidad sin que se note la negativa a dar explicaciones sobre sus bienes. Avaló la reapertura de la sala de periodistas y piensa dar una conferencia el lunes o martes. Seguirá empeñado en responder que de sus “temas personales” solo hablará ante la Justicia.
Acaso sea un consuelo no ser el único tópico disponible. Nadie en el Gobierno aclaró algo sobre los departamentos en Miami que ocultó al fisco del director de ARCA, Andrés Vázquez. Su valedor, Santiago Caputo, lo defendió sin fisuras y Milei no emitió palabra. Será que no hay mejor recaudador que Vázquez para un presidente que pregona que todo impuesto es un robo.
Por algo parecido –no declarar propiedades en Miami– le pidieron la renuncia a Jorge Frugoni, que tenía a cargo el área de Infraestructura. Le aplicaron una vara distinta.
La declamada tesis de “la moral como política de Estado” chocó con otro desliz institucional sobre el final de la semana: la revelación de gastos en discotecas, free shops y chiringuitos de playa a cargo de las tarjetas corporativas de la empresa pública Nucleoeléctrica Argentina.
Todo ocurrió durante la gestión de Demian Reidel, aquel con el que Milei reescribía la teoría económica universal en busca de un Premio Nobel.
Si sigue hablando con el Presidente, Reidel podría ofrecerle consuelo a su fastidio por las crecientes demandas sociales al gobierno libertario. Ya lo dijo cuando todavía era funcionario: “El problema con este país es que está poblado de argentinos”.
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POLITICA
Denuncian 220 despidos en una empresa de transporte en la que el hijo menor de Hugo Moyano era delegado gremial
Express Beer, una empresa de transporte y logística vinculada a la distribución para la cervecería Quilmes, entró en cesación de pagos y cerró sus puertas. Por este motivo, el Sindicato de Camioneros se declaró en estado de alerta y movilización y advirtió sobre 220 despidos, entre ellos, el de Jerónimo Moyano, hijo menor del jefe camionero y quien oficiaba de delegado gremial en la compañía con un sueldo mensual de 2,2 millones de pesos a noviembre del año pasado.
El dueño de Express Beer es Juan Aguilar, una de las máximas autoridades de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl), la más poderosa de las tres cámaras empresarias con las que Hugo Moyano negocia salarios y condiciones laborales. En cada paritaria, es un clásico el apretón de manos entre ellos. Aguilar no respondió a la consulta de , pero desde su entorno confirmaron que la empresa ingresó en cesación de pagos.
La empresa no habría podido hacer frente al último incremento salarial y adeudaría también el pago del medio aguinaldo, según informaron fuentes gremiales. El último acuerdo salarial sellado del Sindicato de los Camioneros con las tres cámaras empresarias del sector fue de 10,1% en seis tramos mensuales: marzo, 2%; abril, 1,8%; mayo, 1,7%; junio, 1,6%; julio, 1,5%, y agosto, 1,5%. Además, en marzo se abonó una suma fija extraordinaria de $53.000.
El Sindicato de Camioneros denunció que la firma cerró sus puertas sin brindar respuestas y advirtió que impulsará medidas gremiales y legales para defender los puestos de trabajo. Según informó el sindicato en un comunicado, los empleados despedidos tienen una antigüedad promedio de 26 años de servicio. Durante décadas realizaron tareas para Express Beer en la prestación de servicios para Quilmes.
El conflicto tuvo un nuevo capítulo este lunes en la planta de la empresa ubicada en el partido de La Matanza. Allí, los trabajadores denunciaron que entre el viernes y el sábado la empresa realizó un vaciamiento y retiró las unidades de la planta.
El comunicado gremial indicó que las empresas On Line, Río de las Vueltas, Special Truck, Levon y TDU, que también prestan servicios para Quilmes, expresaron su solidaridad con los trabajadores de Express Beer y acompañan el reclamo por los puestos de trabajo, en un contexto marcado por la falta de pago de sueldos y aguinaldo.
Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros, exigió hoy a través de las redes sociales que la Cervecería y Maltería Quilmes “garantice el pago de las indemnizaciones correspondientes y disponga la inmediata reubicación de los trabajadores afectados en las empresas que continúan prestando servicios para la compañía”.
Jerónimo Moyano, de 27 años, fue contratado en 2023 en la empresa Express Beer. En paralelo a su tarea en la compañía como delegado gremial, el menor del clan hace de secretario privado de su padre, ocupa un cargo en la Federación Nacional de Camioneros por el que viaja por el país y además está contratado a sueldo en las empresas que tiene su madre, Liliana Zulet, y que prestan servicios al sindicato.
“Va a trabajar casi todos los días”, dijeron en la empresa en noviembre del año pasado, cuando dio detalles sobre los vínculos de Aguilar, el empleador, y el sindicato.
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POLITICA
Reforma de la Ley de Tierras: el Congreso debate el fin de las restricciones a la adquisición por parte de extranjeros
El Gobierno argentino presentó en el Congreso un proyecto de reforma para reemplazar la actual Ley de Tierras, con el objetivo de suprimir las restricciones a la adquisición de grandes extensiones rurales por parte de extranjeros. El debate gira en torno al alcance de la modificación, los motivos detrás de la propuesta y sus posibles consecuencias sobre la tenencia de tierras, los recursos naturales y los derechos de comunidades.
Diego Morales, director de litigio del CELS, explicó en Infobae A las Nueve que “la Ley de Tierras, sancionada durante el kirchnerismo, tampoco fue verdaderamente eficaz”, ya que existía la posibilidad de crear entramados societarios con argentinos actuando como intermediarios para inversores extranjeros.
Entre los aspectos principales de la reforma figuran la eliminación del tope del 15% en la compra de tierras por extranjeros, la supresión del cupo máximo por nacionalidad, y la quita del límite de superficie por región que hasta ahora era de mil hectáreas en la zona pampeana. También se habilitaría la adquisición de nacientes y ojos de agua, lo que hasta ahora estaba prohibido para compradores extranjeros.
El paquete legislativo incluye también la modificación de la Ley de Expropiaciones, lo que, según Morales, implicaría que el Estado deba pagar más por las tierras que eventualmente requiera expropiar para proyectos de infraestructura. Al mismo tiempo, amplía la capacidad de empresas y personas extranjeras para comprar tierras rurales, al eliminar los límites actuales.
Motivaciones, objeciones y debate en el Congreso
Morales sostuvo que no existe una demanda significativa de inversores extranjeros que justifique la reforma. “Nosotros entendemos que no, que no existen esas demandas y eventualmente el sistema argentino está preparado para eso”, afirmó. Y recordó que el registro creado por la Ley de Tierras nunca alcanzó el límite del 15% y que la norma establecía otros controles razonables.
Por su parte, Juan Ignacio Liebana, obispo de Chascomús y miembro de la Pastoral Social Nacional, advirtió en el streaming de Infobae que la medida, “pone en riesgo, también, la biodiversidad, que está tan frágil y tan necesaria cuidarla”. Liebana planteó su preocupación por el acceso a fuentes de agua dulce y la posibilidad de que la reforma facilite proyectos extractivistas que no garanticen desarrollo local ni protección ambiental.
En tanto, Morales señaló que el Estado tiene “la necesidad de contar con tierras” para planificar proyectos económicos, pero advirtió que el reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena está en la Constitución y que la Argentina carece de una ley específica que la regule. “Hay muchos temas asociados a vastos sectores de la población que no tienen una seguridad jurídica sobre las tierras que ocupan y en las que producen”, subrayó.
Control, antecedentes y legalidad de las operaciones
La aplicación de la Ley de Tierras permitió, en los hechos, la existencia de mecanismos para eludir las restricciones a través de sociedades formadas por argentinos que actuaban como intermediarios.
Morales confirmó: “Lo importante tal vez de la ley es que tenía un registro y en ese registro estaban identificadas a qué empresa pertenece cada una de esas tierras”. Explicó que algunas compras de grandes extensiones, como las de Benetton o Lewis, se concretaron antes de la vigencia de la ley, mientras que otras fueron posteriores y recurrieron a entramados jurídicos.
El debate sobre la transparencia de las operaciones persiste. Morales remarcó que el Estado puede investigar la titularidad real de la tierra utilizando el registro existente, aunque admitió la dificultad de detectar testaferros o beneficiarios finales en ciertos casos.
En relación a la gestión ambiental y el control sobre los recursos naturales, Liebana advirtió sobre la falta de claridad en la normativa propuesta respecto a la protección de áreas sensibles como nacientes y cursos de agua. Consideró que “hay que desarrollar otras capacidades” de control ambiental, y subrayó la preocupación por la reducción de recursos estatales para fiscalización y control de incendios.
Posiciones sociales, parlamentarias y posibles impactos
El oficialismo busca asegurarse los votos necesarios para aprobar la reforma, tras retirar algunos artículos polémicos vinculados a desalojos inmediatos, en respuesta a los reclamos de organizaciones sociales y eclesiásticas. Morales confirmó que el Gobierno modificó el proyecto para limitar la habilitación del juicio sumarísimo de desalojo, dejándolo restringido a casos de falta de pago y no a comunidades con ocupación histórica.
La discusión parlamentaria se desarrolla en un contexto de tensiones entre sectores que priorizan la inversión extranjera y quienes sostienen la necesidad de mantener el control estatal sobre los recursos estratégicos. Morales resumió la cuestión central: “No es un tema con los extranjeros, sino un asunto acerca de qué quiere planificar el Estado con relación a un bien como la tierra”.
El debate continuará en el Congreso, con la expectativa puesta en la sesión convocada para la semana del 13 de julio. Organizaciones sociales, representantes de la Iglesia y referentes parlamentarios mantienen posiciones críticas y reclaman un análisis más profundo sobre el impacto social, ambiental y económico de una reforma que podría modificar de manera sustancial el régimen de tenencia de tierras en Argentina.
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POLITICA
El Gobierno impulsa la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal y reabre el debate sobre los octógonos negros
El Gobierno nacional impulsa la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal que obliga a identificar el contenido de nutrientes críticos en los envases de alimentos. El debate enfrenta a sectores que rechazan la eliminación de los octógonos negros. El futuro del sistema de advertencia y las posibles nuevas regulaciones generan incertidumbre sobre cómo se informará a los consumidores, qué cambios podrían ocurrir en la industria y cuáles serán los próximos pasos a nivel legislativo y regional.
La presidenta de la Comisión Directiva de COPAL, Carla Martín, expuso la postura del sector empresarial durante una entrevista con Infobae en Vivo: “La industria de alimentos y bebidas nunca estuvo en contra del objetivo de la ley, sino de la herramienta que se eligió”.
Martín aclaró que la organización acompaña la iniciativa legislativa para derogar la norma vigente. Definió que el núcleo del reclamo radica en el modo de informar al consumidor y en los inconvenientes que, aseguran, genera el actual sistema de etiquetado.
El sistema de octógonos negros, implementado para advertir sobre el exceso de azúcares, grasas, sodio y calorías, se encuentra en el centro de la discusión. Martín argumentó que “es importante informar de forma clara y comprensible”, pero sostuvo que el mecanismo actual “genera muchísimos inconvenientes para tomar decisiones informadas” y no facilita una dieta variada y equilibrada.
Críticas de la industria alimenticia al etiquetado frontal
Para la entidad empresaria, los octógonos negros no logran diferenciar productos con distintos valores nutricionales dentro de una misma categoría. Martín ejemplificó: “Hay galletitas con una diferencia del 40% en grasas saturadas, pero el octógono es igual en ambos paquetes”. Sostuvo que el sistema no permite reflejar esas diferencias y que “no hay posibilidad de traducirlas al consumidor”.
Ante la pregunta sobre por qué no mejorar el sistema en vez de derogarlo, Martín explicó que “la ley ya establece la fórmula para calificar los nutrientes y no deja espacio para modificaciones”. Según su visión, la única alternativa viable es derogar la ley vigente para poder discutir una herramienta diferente que oriente mejor a la población.
Martín reconoció que la presencia de advertencias en las gaseosas, como la frase “no recomendada para niños”, cumple una función informativa. Sin embargo, enfatizó que “el problema de base es cómo se evalúan los nutrientes”, y que la herramienta no incentiva a la industria a mejorar las fórmulas de los productos porque los umbrales resultan demasiado altos.
Impacto sobre el consumo y percepciones sociales
La polémica por la ley incluye el análisis de su eficacia para modificar los hábitos de consumo. De acuerdo con Martin, “el 62% de las personas no toma sus decisiones en base al sistema de etiquetado”. Según la presidenta de COPAL, la herramienta actual “no sirve para orientar las decisiones de dieta ni para transformar los hábitos de consumo”.
La dirigente empresarial también destacó que “el primer driver que identifica la población para cambiar hábitos es la educación alimentaria y el segundo, el acceso económico”. Así, sostuvo que la etiqueta de precios tiene mayor peso en la elección de productos que los octógonos negros.
COPAL remarcó que, antes de la sanción de la ley, la industria ya venía trabajando en la reducción de nutrientes y en la autorregulación de la publicidad, en articulación con el Ministerio de Salud. Martín afirmó: “Esta industria ya estaba comprometida con la agenda de sobrepeso, obesidad, desnutrición y malnutrición, incluso antes del etiquetado frontal”.
Propuestas de la industria y alternativas regionales
COPAL impulsa una regulación armonizada en el Mercosur. Martín subrayó: “Para nosotros es importante aspirar a una herramienta superadora que oriente mejor al consumidor y permita proyectar una dieta equilibrada”. Destacó que el bloque regional es el principal destino de las exportaciones argentinas y que “no es lógico convivir con distintos sistemas que obligan a reetiquetar productos”.
La entidad mencionó el sistema brasileño como modelo alternativo. Martín valoró que “Brasil logró superar distorsiones del mercado y estableció una resolución después de años de construcción de evidencia”. Según COPAL, una convergencia regulatoria permitiría superar las dificultades que presenta la fórmula de cálculo del sistema argentino.
Martín reconoció que existen más de 60 modelos de etiquetado frontal en el mundo y que “no hay consenso internacional sobre cuál es la mejor herramienta”. Aclaró que, en el Mercosur, todos los países implementan sistemas de advertencia, aunque con diferencias sustanciales en la metodología.
Escenario legislativo y transición normativa
La discusión legislativa incluye proyectos en el Senado y en Diputados, mientras avanza una agenda de negociaciones en el Mercosur. Martín advirtió que “coexisten dos instancias: una discusión local y otra regional”, y consideró fundamental “coordinar los plazos para evitar un vacío regulatorio si se deroga la ley antes de tener una nueva norma”.
El Gobierno participa de negociaciones en el bloque sudamericano, donde recientemente se acordaron aspectos del rotulado nutricional, aunque el etiquetado frontal sigue pendiente de armonización. Martín expresó la expectativa de que la transición hacia un nuevo sistema “genere certezas y permita converger en una regulación clara”.
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