Un régimen que continúa actualizándose

1. Eliminar los cinco objetivos de política monetaria y concentrarlos en uno solo: “preservar el valor de la moneda”;
2. Prohibir la financiación del Tesoro;
3. Blindar al presidente y al Directorio elevando el requerimiento a la aprobación de dos tercios de ambas cámaras legislativas (Diputados y Senadores);
4. Restringir el giro de utilidades al Tesoro; y
5. Eliminar las Letras Intransferibles.

1. la banca previa a 1935,
2. el BCRA estatizado del gobierno de Juan Domingo Perón,
3. la Convertibilidad del 1 a 1 de los noventa; y
4. el régimen post-2002.

• Un directorio que ningún presidente puede dominar. En lugar de un directorio chico y afín, o de un gobernador único, la política monetaria queda en manos de un cuerpo numeroso (siete miembros con dedicación exclusiva) con mandatos largos (catorce años), no renovables y escalonados de modo que no venza más de uno al año. El resultado aritmético es directo: un presidente que ejerza dos mandatos consecutivos de cuatro años puede nombrar, como mucho, tres o cuatro de los siete cargos dentro del período en que esas designaciones todavía importan.
• Un comité de política monetaria que ningún partido puede dominar por sí solo. La decisión de tasas y tipo de cambio no queda en manos del Directorio, sino de un comité más amplio de trece miembros: los siete del Directorio más seis adicionales (académicos, economistas independientes, consultores), designados no por el Ejecutivo, sino repartidos entre los tres partidos con más bancas en Diputados (dos cargos cada uno), con mandatos de seis años no renovables. Ningún partido, por sí solo, puede cubrir la mayoría de esos seis cargos.
• La cláusula que bloquea la mayoría por diseño. Si el partido del presidente en ejercicio también tiene la bancada más numerosa en Diputados (un escenario realista), los cargos que le corresponderían según ese cálculo se reasignan automáticamente al cuarto partido en tamaño, en función del número de miembros que le permitiría una mayoría. Esta cláusula se activa automáticamente cuando un partido alcanza la mayoría en el BCRA; en ese caso, el siguiente partido elige los puestos “en exceso”.
• Remoción pública, no un decreto. La causal de remoción queda acotada a incapacidad, mala conducta comprobada o condena penal; no puede ser por desacuerdo con una decisión de política, y el procedimiento pasa por una comisión bicameral y multipartidaria del Congreso, con dictamen escrito y obligatorio que debe incluir toda disidencia. Esto es sustancialmente distinto de simplemente exigir dos tercios: no basta con un umbral más alto en el mismo cuerpo si el mecanismo de adjudicación sigue siendo el mismo. Una destitución arbitraria ya no puede resolverse mediante un decreto de verano. Puede seguir ocurriendo, pero deja de ser gratis: se vuelve un acto público, atribuible y políticamente más costoso.