La Cámara Federal porteña confirmó hoy el procesamiento del dirigente social Juan Grabois por haber liderado la toma del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, en junio del año pasado, y ratificó un embargo en su contra por $5.000.000. Usurpación y resistencia a la autoridad son los delitos que se le imputan a Grabois.

Firmaron el fallo los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola. Ratificaron lo que había dispuesto el juez de primera instancia que instruyó el caso, Sebastián Ramos.

El juez había dado por acreditado que Grabois encabezó el ingreso al lugar —que estaba cerrado y custodiado— y que había alentado la permanencia pese a la orden de desalojo transmitida por la Policía, que llegó al lugar después.

El procesamiento, confirmado hoy, alcanzó también al militante Valentín Peralta, que fue embargado por un millón de pesos.

El hecho ocurrió pasado el mediodía del sábado 7 de junio de 2025. Un grupo de exempleados, acompañados por distintos dirigentes políticos, como Grabois, tomó la sede, ubicada sobre la calle Austria, en el barrio de Recoleta, contra su cierre, el despido de sus empleados y una posible venta del edificio. Lo hicieron a través de Un Café con Perón, el bar lindero, que está conectado con el Instituto por una puerta.

De la toma -una “permanencia pacífica”, según los manifestantes- participaron también la legisladora Victoria Freire y la diputada nacional Natalia Zaracho.

Los manifestantes fueron desalojados un par de horas después por la Policía Federal y fuerzas de la Ciudad, que despejaron el edificio y la esquina y se llevaron detenido al dirigente, en medio de empujones y forcejeos.

Al ser indagado por el juez, Grabois evitó declarar, pero se desligó del ingreso al lugar en un descargo que presentó su abogado, Nicolás Rechanik.

En el escrito, el dirigente sostuvo que había llegado en calidad de abogado de una cooperativa y solo para mediar “institucionalmente”.

El juez no dio crédito a esa versión. Dijo en su resolución que los videos incorporados al caso muestran a Grabois en el patio interno del bar, luego avanzando por el pasillo que conectaba con el Instituto y, minutos después, ingresando al edificio encabezando al grupo de manifestantes, tras la caída de una placa de durlock y un ventilador.

El juez valoró especialmente que el dirigente social hubiera posteado en sus redes sociales un mensaje convocando a “defender” el Instituto, que, según dijo, había sido “usurpado” por el “gobierno oligarca”.

En la causa intervinieron el fiscal Carlos Rívolo y el Ministerio de Capital Humano, en el rol de querellante.

Cuando fue el procesamiento, el frente Patria Grande emitió un comunicado en el que calificó la medida como un “mamarracho jurídico”. “No nos vamos a dejar amedrentar por Milei y la mafia judicial de Lago Escondido”, sostuvieron. La referencia aludía a que el juez Ramos fue quien sobreseyó a todos los que habían sido imputados por el viaje a Lago Escondido, incluido el ahora ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. En la lista de los viajeros estaba también Pablo Yadarola, que cuando Grabois fue procesado era juez; ahora fue ascendido a camarista y es uno de los firmantes de la confirmación del procesamiento del dirigente.

El gobierno de Javier Milei anunció que destinará fondos del Tesoro nacional a la cancelación de la deuda de la obra social de los militares, que alcanza los $210.000 millones. Lo hará a partir de acuerdos con unos 2000 proveedores y prestadores que mantienen casi paralizada la atención médica de los afiliados.

Fuentes de la obra social informaron a que la cancelación de la deuda se hará en sucesivos plazos, a medida que avancen los acuerdos con los acreedores. Los primeros pagos, según se anunció, serán inmediatos.

Se estima que hay unos 30 grandes acreedores de la obra social, aunque la deuda se extiende a un amplio número de clínicas, farmacias, cadenas de farmacias, laboratorios, asociaciones y colegios profesionales, proveedores de prótesis e insumos y profesionales que prestan atención médica.

El anuncio, realizado por el Ministerio de Defensa y publicado por la Oficina del Presidente, se conoció en momentos en que la crisis de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) tocó fondo. Hace unos días renunció el administrador de la estructura residual del antiguo Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), coronel retirado Ariel Guzmán, que trabajaba en el proceso de liquidación del organismo.

“Los recursos los destinará el Tesoro nacional, pasarán al Ministerio de Defensa Defensa y los ejecutará el nuevo Liquidador del IOSFA, Gonzalo Secchi”, informó una fuente de la obra social.

En las últimas semanas se intensificaron las protestas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) por despidos, especialmente en hoteles de la obra social que quedarán desactivados, según se informó.

Al respecto, el diputado nacional y exministro de Defensa Agustín Rossi (Unión por la Patria) presentó un proyecto de declaración para que el Poder Ejecutivo Nacional garantice la totalidad de los puestos de trabajo del personal civil del IOSFA/OSFA, cualquiera sea su modalidad de contratación o vinculación laboral”.

Acuerdos con prestadores

El Ministerio de Defensa anunció que “las reuniones con prestadores permiten acordar pagos y celebrar nuevos convenios, también con quienes ya atendían a los afiliados”. Informó, además, que a partir de esa base, OSFA busca “restablecer progresivamente la totalidad de las prestaciones en todo el país”.

Explicó que “la respuesta alcanza también a quienes esperan el reintegro de gastos de salud” y que, en virtud de los acuerdos, se paga un primer lote de más de 10.000 reintegros de afiliados por más de $5000 millones.

En medio de la profunda crisis que enfrentan los afiliados, el Gobierno afirmó que las primeras medidas apuntan a cancelar deudas para recuperar prestadores y pagar reintegros para responder a los afiliados.

“Son las primeras medidas de un cambio más amplio. OSFA avanzará con la modernización del modelo de gestión como del gasto y recursos dirigidos prioritariamente a las prestaciones para brindar una atención médica de calidad y sostenible a cada camarada y su familia”m informó el Ministerio de Defensa.