POLITICA
De “Milei está perdiendo aura” a “no hay soluciones mágicas”: el debate joven por el apoyo al Gobierno

Referentes juveniles del oficialismo y la oposición debatieron este miércoles por la noche en A Dos Voces, por TN, sobre cuánto respaldo conserva Javier Milei entre los jóvenes y cómo impactan las políticas nacionales en sus condiciones de vida. Rocío Gómez, Nahuel Breglia, Mariano Pérez y la influencer conocida como Juana Politizada protagonizaron una serie de cruces por la economía, el empleo, los salarios, la vivienda, las inversiones y la salud mental.
Durante el intercambio, los invitados apelaron a distintas encuestas y cifras para sostener posiciones enfrentadas. Mientras los representantes libertarios defendieron el ordenamiento macroeconómico y la llegada de inversiones, los referentes opositores advirtieron sobre la informalidad laboral, las dificultades para acceder a una vivienda y la falta de perspectivas a futuro.
La discusión sobre cuánto respaldo conserva Milei entre los jóvenes
Juana Politizada, influencer y militante peronista, fue la primera en cuestionar el alcance de los créditos hipotecarios que anunció el Gobierno. Si bien consideró positivo que se busquen alternativas para los jóvenes, planteó que los requisitos dejarían afuera a una parte importante de la población. “¿Qué joven está ganando en esta Argentina tres millones y medio de pesos para acceder a ese crédito? Es un joven de clase media, profesional, casi alta, te diría”, afirmó.
La influencer contó que tiene amigos profesionales con ingresos cercanos a los $2 millones y puso en duda que la iniciativa pueda ser utilizada por los trabajadores con salarios más bajos.
“No estamos todos tirando manteca al techo. No sé si es un crédito para el joven laburante de a pie”, sostuvo.
Rocío Gómez, presidenta de la Juventud de La Libertad Avanza, rechazó que el Gobierno haya perdido el acompañamiento de ese sector y cuestionó las encuestas utilizadas para sostener esa hipótesis. “Me parece muy tomado de los pelos querer instalar que a Javier le están soltando la mano los jóvenes, más por una simple encuesta”, respondió.
Gómez citó el índice de confianza en el Gobierno y aseguró que Milei conserva un respaldo importante pese al desgaste propio de la gestión. Según su análisis, ese acompañamiento se explica porque el proyecto libertario ofrece una expectativa de desarrollo vinculada con la energía, la minería y otros sectores productivos.
“El voto joven sigue bancando a Javier y lo vemos principalmente porque es el único modelo de país y el único proyecto político que hoy le da una visión de futuro a la Argentina y a la juventud”, expresó.
En la vereda opuesta, Nahuel Breglia, presidente de la Juventud Radical, presentó cifras de una encuesta de Atlas Intel. Según los datos que citó durante el programa, el 76% de las personas de entre 16 y 24 años desaprobaría la gestión, mientras que el rechazo alcanzaría al 71% en la franja de 25 a 34 años. “No significa después que lo voten o no: desaprueban la gestión”, aclaró.
El dirigente radical aseguró que numerosos profesionales deben sumar un segundo trabajo como conductores de aplicaciones y que muchos estudiantes abandonan o postergan sus carreras para desempeñarse como repartidores o mozos.
Mariano Pérez, influencer y militante libertario, rechazó ese diagnóstico y pidió considerar la situación económica que recibió Milei cuando asumió la Presidencia. “También hay que tomar en cuenta de dónde venimos, de la Argentina desastrosa de Alberto Fernández y Sergio Massa, y del 211% de inflación que dejaron en 2023”, manifestó.
Pérez sostuvo que quienes votaron al actual mandatario conocían de antemano que el ajuste no ofrecería resultados inmediatos. También destacó como signos positivos la reducción de la inflación y la baja de la pobreza que, según afirmó, pasó del 53% al 28%.
“Los jóvenes que votaron a Milei lo hicieron sabiendo y escuchándolo decir ‘no hay plata’. No dijo que esto se iba a solucionar en dos minutos, pero esto se está solucionando”, afirmó.
Empleo, vivienda y salud mental: los cruces por las políticas del Gobierno
La discusión se trasladó luego a las oportunidades laborales y al modelo productivo. Breglia cuestionó que docentes universitarios y profesionales deban recurrir a las aplicaciones de transporte para completar sus ingresos.
“¿A vos te parece que se desarrolla un país donde los docentes universitarios tienen que trabajar de Uber porque no llegan a fin de mes?”, le preguntó Breglia
“A mí me parece que está bien que la gente pueda trabajar de lo que pueda. Por supuesto que no estamos en el paraíso absoluto”, respondió el influencer libertario.
Juana Politizada coincidió en que los problemas económicos no comenzaron con Milei, pero consideró que la actual administración no logró ofrecer una perspectiva de progreso para la mayoría.
“No creo que sea culpa exclusiva de Javier Milei. Está claro que venimos de lo que a mí me gusta llamar una década tarada de gobiernos sucesivos que no han dado una gestión que construya algún tipo de proyecto de país”, explicó.
Sin embargo, remarcó que el trabajo funciona como un ordenador social y permite construir una proyección de vida. Además, cuestionó que las oportunidades laborales promovidas por el Ejecutivo estén concentradas en determinadas regiones, como Vaca Muerta.
Gómez le respondió que la Argentina tiene una estructura económica diversa y defendió una estrategia basada en las ventajas productivas de cada provincia.
“A mí no me parece malo ver una economía que en 13 sectores está creciendo y que apuesta principalmente a las ventajas comparativas que tiene la Argentina”, señaló.
La dirigente libertaria mencionó al campo, la minería y la energía, y destacó proyectos como el denominado Súper RIGI. También planteó la necesidad de avanzar en industrias que permitan agregar valor a los recursos naturales.
Otro de los momentos más tensos se produjo cuando los invitados discutieron sobre la crisis de salud mental y el aumento de la preocupación por los suicidios entre los jóvenes.
Breglia reclamó que el Estado fortalezca las políticas de prevención y sostuvo que los problemas económicos, laborales y sociales pueden agravar los cuadros de angustia y depresión. “Lo primero que haría sería declarar una ley de emergencia de salud mental, porque es un escándalo lo que está pasando”, afirmó.
Gómez rechazó que las tasas de suicidio puedan relacionarse de manera directa y exclusiva con la pobreza o las crisis económicas. Como ejemplo, señaló que también existen índices elevados en países desarrollados.
Juana Politizada intervino para aclarar que el fenómeno es multicausal, aunque insistió en que las condiciones materiales influyen sobre las expectativas personales.
La vivienda fue otro de los puntos de conflicto. Breglia criticó el desmantelamiento del Procrear y aseguró que quedaron proyectos inconclusos pese a las inversiones realizadas por el Estado.
“Retomaría las políticas sociales que no tienen. El Gobierno desmanteló el plan Procrear y dejó viviendas ya construidas sin terminar”, cuestionó.
En otro tramo, Juana Politizada aseguró que “siete de cada diez jóvenes están en la informalidad”. Gómez le respondió que los problemas del mercado laboral son anteriores a la actual administración y acusó al kirchnerismo de haber perjudicado la generación de empleo privado.
“Me parece que hablas gratuitamente de los jóvenes y del futuro cuando defendés un gobierno que destruyó toda posibilidad de futuro”, retrucó la dirigente de La Libertad Avanza.
Sobre el final, Juana Politizada lanzó una de las frases que sintetizó el debate: “Yo creo que Milei está perdiendo aura, como dicen los jóvenes”.
“Del otro lado, la oposición está muy desorganizada y nadie está proponiendo futuro de forma optimista. Estamos en un problema político de magnitud”, reconoció.
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Gómez rechazó esa interpretación y llamó a respaldar al Presidente de cara a las elecciones de 2027.
“No hay soluciones mágicas, es un proceso. Este es el momento de salir a bancar al presidente Javier Milei y terminar el año que viene con la reelección de él”, concluyó.
A dos voces, debate, jovenes, Javier Milei
POLITICA
Una jueza federal de Río Grande ordenó frenar la explotación petrolera de Sea Lion en Malvinas

La jueza federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, Mariel Borruto, ordenó frenar la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en torno a las islas Malvinas. Notificó a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited que cesen las perforaciones y las emplazó a que en 10 días informen el grado de avance del proyecto.
De este modo, la magistrada hizo lugar a la medida cautelar solicitada por las asociaciones de Abogados, Abogados/as y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que litiga en este caso.
El financiamiento principal (un 65%) del proyecto proviene de la empresa israelí Navitas Petroleum y el resto de la británica Rockhopper Exploration.
La magistrada, en una resolución de 17 carillas a la que accedió , dispuso además que Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum se abstengan de iniciar, continuar o ejecutar acción del proyecto Sea Lion, que en el fallo es mencionado como León Marino, en castellano.
Además, prohibió eventuales ampliaciones y tareas en los pozos o instalaciones integrados al emprendimiento.
La prohibición alcanza a la perforación del lecho o subsuelo marino, la instalación permanente de infraestructura submarina para extracción o producción, la colocación de conductos, líneas de flujo y estructuras de fondeo.
Además, prohíbe la puesta en funcionamiento de unidades flotantes de producción, almacenamiento o descarga, el inicio de cualquier extracción comercial y también las obras terrestres y portuarias.
La medida regirá hasta que se sustancie ante la autoridad ambiental nacional el procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto en la Ley 25.675, o hasta que el propio juzgado disponga lo contrario.
En paralelo, la jueza intimó a las dos empresas a que, dentro de los diez días hábiles judiciales, informen bajo declaración jurada y con documentación respaldatoria el estado actual del proyecto: el cronograma de construcción y perforación, la cantidad y ubicación de los pozos proyectados, las unidades flotantes y de perforación contratadas.
Quiere saber la justicia, además, la nómina de contratistas y subcontratistas, la estructura societaria utilizada, las entidades financieras y aseguradoras involucradas, los desembolsos realizados y pendientes, los estudios ambientales y de riesgo de derrames ya realizados.
También les ordenó preservar íntegramente, sin destruir, modificar u ocultar, toda la documentación técnica, ambiental, societaria, contractual, financiera y asegurativa vinculada al proyecto.
Noticia en desarrollo
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Los fundamentos del fallo que ordenó suspender el avance del proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas

La jueza federal Mariel Borruto, del Juzgado Federal de Río Grande, ordenó suspender el avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en una medida cautelar dictada en el expediente FCR 13706/2026 a pedido del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA).
En su disposición, la jueza apuntó contra Rockhopper Exploration PLC y Navitas Petroleum Development and Production Limited. La resolución, además de frenar las obras, desarrolla en detalle los argumentos jurídicos que la sustentan, y está basada en distintos fundamentos.
Eje ambiental
El primer fundamento es ambiental. La jueza tuvo por acreditado que ninguna autoridad argentina había iniciado un procedimiento de evaluación de impacto ambiental sobre el proyecto: un informe de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Jefatura de Gabinete, de febrero de este año, confirmó que no existía aviso de proyecto ni trámite iniciado con las empresas mencionadas.
La Ley General del Ambiente (25.675) exige esa evaluación previa para toda actividad capaz de degradar significativamente el ambiente y la Ley 26.659 prohíbe desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización nacional. Para el juzgado, esa omisión configura por sí misma la conducta antijurídica que permite actuar preventivamente: quien debía evaluar el riesgo ambiental no lo hizo y, aun así, avanzó con la ejecución de la obra.
Ese razonamiento se apoya en el principio precautorio, según el cual la falta de certeza científica sobre el impacto de una actividad no puede usarse como excusa para postergar medidas de protección cuando existe riesgo de daño grave.
La resolución citó también la jurisprudencia de la Corte Suprema en los fallos “Mendoza” —sobre la contaminación del Riachuelo— y “Halabi”, que reconocen al ambiente como un bien colectivo, indivisible y no apropiable individualmente, y la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en su Opinión Consultiva OC-23/17 estableció que el derecho a un ambiente sano protege ecosistemas como el mar aun sin que exista una persona individualmente afectada. Sobre esa base, el juzgado concluyó que la función judicial ambiental no está limitada a intervenir una vez consumado el daño.
Eje en la soberanía
El segundo fundamento es la soberanía. Al analizar la legitimación de los demandantes, la jueza reconoció que la causa promovida por el CECIM “no se agota en una controversia técnico-ambiental”, porque involucra además la defensa de la soberanía nacional sobre Malvinas, a la que calificó como “bien colectivo indivisible” y “interés federal por antonomasia”.
Ese argumento le permitió sostener la competencia del juzgado sobre dos sociedades constituidas en el extranjero, en base al artículo 2603 del Código Civil y Comercial, que habilita a los jueces argentinos a dictar medidas cautelares aunque los bienes o las personas involucradas no se encuentren en el país. La resolución sostuvo que la Ley General del Ambiente y la Ley 26.659 son normas de aplicación inmediata que se imponen por sobre cualquier autorización o título extranjero que las empresas pudieran invocar.

Peligro de demora
El tercer eje es el de la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, los dos requisitos clásicos de toda cautelar. La jueza consideró acreditada la verosimilitud a partir de la existencia y localización del proyecto, la magnitud de las obras previstas —23 pozos, una unidad flotante de producción y una ampliación portuaria en Puerto Argentino— y los antecedentes de las empresas: según documentación oficial incorporada al expediente, Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum LP ya habían sido alcanzadas por resoluciones de 2012, 2013 y 2022 que declararon “ilegales y clandestinas” sus actividades en la plataforma continental y dispusieron su inhabilitación para operar en el país por veinte años.
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El peligro en la demora, por su parte, surgió de que el proyecto ya había superado la etapa conceptual: las empresas habían adoptado la decisión final de inversión en diciembre de 2025 —rechazada formalmente por la Cancillería argentina el 11 de ese mes— y habían comenzado obras de adaptación de infraestructura, según la propia documentación de Rockhopper.
Alcance del fallo
La resolución aplicó, además, un criterio de proporcionalidad al definir el alcance de la medida. La jueza rechazó la fórmula que habían propuesto originalmente las organizaciones demandantes, que era mantener la suspensión hasta que las empresas obtuvieran un Certificado de Aptitud Ambiental: dado que Rockhopper ya tiene una inhabilitación de veinte años, esa condición habría convertido, en los hechos, una medida provisoria en una prohibición definitiva.
Por eso, la suspensión regirá hasta que se sustancie ante la autoridad ambiental argentina el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, o hasta que el juzgado disponga lo contrario. Por el mismo criterio, difirió el pedido de bloquear de manera general nuevos contratos de financiación, pagos o transferencias de las empresas, al considerar que en esta etapa esa prohibición podría alcanzar a terceros no identificados, como bancos o aseguradoras, sin haber sido oídos.
La medida es provisoria y quedará sujeta a revisión una vez que Rockhopper y Navitas —intimadas a presentar en diez días hábiles información detallada sobre el estado del proyecto, sus contratistas, su estructura societaria y financiera— sean notificadas y puedan ejercer su defensa. Por tratarse de empresas domiciliadas en el exterior, esa notificación deberá tramitarse por la vía del Convenio de La Haya de 1965.
Islas Malvinas, Petróleo, justicia federal
POLITICA
Cortocircuito y quiebre entre la Casa Rosada y sus diputados por la ley de discapacidad

“Se incendió todo”, lamentaron desde el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados luego de que se conociera que el proyecto de ley presupuesto 2027 enviado ayer a última hora por el Poder Ejecutivo elimina artículos clave de la ley de emergencia en discapacidad.
El asombro de los legisladores oficialistas quedó expuesto este mediodía en la comisión informativa, donde la oposición y los principales representantes de asociaciones y cámaras de prestadores expresaron su rechazo por las múltiples modificaciones y, sobre todo, por la quita de la actualización del nomenclador. Un punto central en la negociación con los aliados que desató malestar en el Pro y vuelve a foja cero las conversaciones.
“Es lo contrario de lo que veníamos hablando”, se quejaron desde Pro, después de haberse reunido a primera hora de la mañana con representantes de LLA, entre ellos, la diputada Laura Rodríguez Machado -responsable de gestionar el diálogo con los aliados- en busca de alguna explicación sobre el giro repentino en la estrategia.
Sin embargo, fueron los mismos libertarios los que dejaron en claro su asombro ante la maniobra del Poder Ejecutivo. “Ahora vamos a volver a juntarnos. Tenemos que hablar de cero”, admitieron, en un intento de desmarcarse de la Casa Rosada. El episodio dejó al descubierto el cortocircuito y el quiebre que hubo entre el Poder Ejecutivo y sus representantes en la Cámara de Diputados.
Es que hasta última hora de ayer, LLA apostaba a que el Ministerio de Economía incluyera algún guiño a las demandas de los aliados en el presupuesto, que finalmente avanzó en sentido contrario.
La distancia con la Casa Rosada también se hizo evidente cuando la exmacrista Silvana Giudici tomó la palabra durante la comisión y, en un intento por poner paños fríos al conflicto, remarcó la importancia de conseguir un dictamen el próximo 23 e hizo alusión a la división de poderes. “Creemos que este Congreso tiene un tiempo largo para luego tratar el presupuesto y debatir cuáles son las mejores condiciones, no solo las cláusulas mencionadas [por las eliminadas]”, apuntó, sin precisar cómo el oficialismo piensa avanzar en un proyecto de ley “superadora”.
Los cambios del presupuesto
Entre los cambios más resonantes que incluyó la Casa Rosada en el presupuesto propone eliminar el artículo 7 bis de la ley de emergencia, que hasta ahora establecía la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a prestadores según el índice de IPC.
El Poder Ejecutivo plantea que “el Nomenclador de prestaciones básicas no incluirá valores universales” y habilita a que cada obra social o prepaga fije sus propios valores en la negociación, sobre la base de un mínimo contemplado.
La jugada del Gobierno generó podría tener un costo político alto. “Cambia completamente la discusión”, resumieron cerca de la bancada de Cristian Ritondo.
No es la única modificación que introduce. El proyecto propone volver al esquema de pensión por invalidez, por el cual quienes cuenten con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) no podrán percibir ningún tipo de compensación si registran un empleo. Además, deroga los artículos 5º, 8º, 9º y 14 de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad Nº 27.793.
Noticia en desarrollo
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