Con el objetivo de evitar que el paso del tiempo sea una herramienta para garantizar la impunidad de quienes cometen delitos contra la integridad sexual, la senadora Patricia Bullrich presentó un proyecto de ley para establecer la imprescriptibilidad de estos delitos cuando las víctimas sean menores de edad. La misma iniciativa también se debate en la Cámara de Diputados.

La propuesta alcanza, entre otros, a los delitos de abuso sexual infantil, corrupción de menores, material de abuso sexual contra menores, grooming y trata de personas con fines de explotación sexual.

También amplía los plazos generales de prescripción e incorpora como causal de suspensión que el imputado se encuentre prófugo o haya sido declarado en rebeldía. De esta manera, busca impedir que una persona pueda beneficiarse del tiempo que utiliza para escapar de la Justicia.

Con esta iniciativa, Bullrich plantea una revisión integral del régimen de prescripción penal para evitar que las demoras judiciales, las fugas o el mero transcurso del tiempo terminen favoreciendo a los responsables.

El proyecto también contempla casos como el de Yamila Segovia, que expusieron las limitaciones de la normativa vigente frente a imputados que permanecen prófugos durante años.

El caso de Yamila Segovia: 14 años prófugo y una causa declarada prescripta

Alberto Martín del Valle fue detenido en agosto luego de permanecer 14 años prófugo. Está acusado de haber abusado sexualmente de una niña de 11 años, hija de su entonces pareja, de quien era padrastro. Todo ocurrió en 2009 y tuvo como consecuencia el embarazo de la víctima.

El imputado, de 56 años, fue localizado en Florencio Varela después de una investigación y diversas tareas de inteligencia. Tenía un pedido de captura vigente desde 2012 por los abusos denunciados en Puán, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

El Gobierno admite que el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2027 está demorado a la espera de las definiciones de acuerdos políticos con algunos gobernadores y del visto bueno de bloques cercanos. “La discusión entró a un limbo por la multiplicidad de pedidos de las provincias y espacios aliados”, afirma una fuente importante de una de las patas negociadoras de la Mesa Política.

El proyecto fue presentado en septiembre y desde entonces solo hubo cuatro reuniones, todas informativas y en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El oficialismo esperaba concretar un encuentro el 28 de octubre para firmar el dictamen del proyecto, pero se suspendió por falta de apoyo de los aliados. Los bloques responsables de ese contratiempo fueron el PRO y la UCR, que endurecieron su postura y reclamaron cambios.

El jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, le envió una nota a Martín Menem en la que pidió la reducción del componente vial del impuesto a los combustibles a medida que el Estado deje de mantener rutas nacionales. También reclamó prorrogar los regímenes de promoción automotriz y autopartista, un pedido de Mauricio Macri, y bajar del 21% al 10,5% el IVA de los huevos y sus derivados, una demanda que viene desde Entre Ríos de parte de Rogelio Frigerio. Para la Ciudad, exigió incluir la coparticipación y reconocer una deuda de unos $628.197 millones.

Una novedad surgió en las últimas horas: en el bloque amarillo afirman que hay diálogos en el último tiempo con representantes del oficialismo y que se avanzaron con varias de las solicitudes.

La negociación pasó entonces a girar en torno a cómo conformar a los aliados. “Es una sábana corta que no va a contentar a todos. Al menos no si nosotros queremos seguir manteniendo nuestra meta fiscal. Y eso para el Presidente es innegociable”, indica una fuente.

La Fundación Mediterránea publicó una estimación en base al proyecto presupuestario que proyecta un superávit primario de 1,3% del PIB, pero que “lo apoya en supuestos demasiado optimistas: crecimiento de 4% y suba real de la recaudación de 5,5%”. “Si no se cumplen, el ajuste volverá a caer sobre un gasto con márgenes ya muy estrechos”, afirman.

El ministro de Economía, Luis Caputo, disertó esta mañana en la Conferencia Anual de la Fundación FIEL y volvió a reivindicar la política fiscal como la principal ancla del modelo macroeconómico del Gobierno. “Relegar nuestra ancla principal sería un enorme error, porque nosotros tenemos un pasado que nos condena; por muchos años, sepan que Argentina no va a poder hacer lo que hacen otros países desarrollados, que crecen uno por ciento teniendo cinco puntos del producto de déficit”, explicó.

Esta fue una respuesta implícita a los sectores aliados que le piden al oficialismo que relajen su política de gasto y lo orienten a incrementar las partidas presupuestarias.

A los reclamos del PRO y la UCR se les suma el malestar de Provincias Unidas por el reciente aumento de los subsidios al transporte del AMBA, en perjuicio del interior. El miércoles, un grupo de intendentes, entre ellos el cordobés Daniel Passerini, se presentó en la Comisión de Asuntos Municipales para exigir un trato igualitario.

“Entendíamos una política de reducción de los subsidios nacionales en función de la estabilidad macroeconómica como objetivo. Luego, el cambio se ha dado estrictamente para el AMBA y al interior se nos ha puesto un tope en la cobertura de los atributos sociales de la SUBE, que es lo único que cubría Nación. Y, paralelamente, esta semana se ha consagrado una situación en la cual se le aumenta el subsidio a la oferta estrictamente limitado al AMBA. Gran parte de esto está financiado por un impuesto a los combustibles, que pagamos absolutamente todos los ciudadanos”, esgrimió Pablo Javkin, intendente de Rosario.

Los reclamos que fueron llevados también contemplan una revisión del Programa Remediar para poder reformularlo (se bajó de 126 a 6 medicamentos contemplados) en el Presupuesto, aunque no son optimistas de que aquello pueda ser aceptado por el oficialismo. Pero no es la única temática que busca insertarse en la discusión: también se cuelan partidas como las de Discapacidad o Financiamiento Universitario.

“Si vos hacés la sumatoria de todas las discusiones que se ponen sobre la mesa y cómo te lo usan para condicionar los aliados, la negociación está cada vez más compleja. Hoy en día está bastante trabada a la espera de que se resuelva lo político”, dice un importante senador de La Libertad Avanza. En la conducción del bloque del Senado estarían de acuerdo con esta perspectiva.

Ante la restricción del Gobierno de no poder relegar más partidas presupuestarias, hay un sector para nada menor de la Mesa Política que no veía con malos ojos que se incrementaran los mecanismos para “hacer crecer la torta” de la recaudación.

Un indicio de esto es lo que sucedió este martes con el proyecto de Mercado de Capitales que envió la Casa Rosada, el cual contenía un artículo que quitaba las exenciones del Impuesto a las Ganancias para los Cedears. Con esa medida, esos instrumentos financieros iban a comenzar a aportar a un tributo coparticipable, es decir, que se redistribuye tanto a la Nación como a las provincias.

“[Caputo] ya está tratando de agarrar lo que sea. No sabemos hasta dónde tiene margen”, afirma una fuente que trabaja muy cerca de ese esquema.

Allí agregan: “Hay una parte de la Mesa Política que está dispuesta a hacer lo que sea con tal de no hacer acuerdos políticos. Por eso Toto hizo lo de Discapacidad [envió el proyecto eliminando partidas consensuadas por la oposición para tratar de incrementar el superávit fiscal]. Realmente no sabemos qué va a pasar con el Presupuesto, pero en el medio se están cerrando todas las elecciones desdobladas, las PASO se complican y el riesgo país sube. Y encima acaba de pasar lo de Estados Unidos”.

El Ministerio de Economía festejó días atrás que la recaudación tributaria creció apenas 0,8% anual en octubre, pero logró hilar el cuarto mes consecutivo sin caer. “Los recursos tributarios girados a las provincias subieron apenas 0,1% anual real; los de Nación, 1%. No fue un crecimiento generalizado: solo Ganancias, Derechos de Exportación y, en menor medida, Combustibles traccionaron la suba”, estimó la consultora LCG, que proyecta “un crecimiento tibio de la recaudación para los últimos dos meses del año”.

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El Gobierno se muestra optimista respecto a sus posibilidades de conseguir una resolución favorable del Tribunal Internacional del Derecho del Mar en su reclamo contra el Reino Unido por la explotación de petróleo en las Islas Malvinas.

En la Casa Rosada transmiten confianza en los argumentos presentados y aseguran que mantendrán la ofensiva jurídica independientemente del resultado de las audiencias previstas para el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, Alemania. La expectativa es que los jueces se pronuncien durante las semanas posteriores.

“Vamos por todo. Es histórico y estamos confiados”, expresan desde el Ejecutivo sobre la instancia internacional. En Balcarce 50 consideran que el procedimiento representa una oportunidad para intentar frenar el avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion antes de que comience su etapa de explotación. La evaluación oficial es que el planteo argentino tiene fundamentos suficientes para obtener medidas provisionales, aunque reconocen que la decisión final dependerá de los magistrados.

El optimismo no implica que el Gobierno espere una resolución inmediata después de las exposiciones. En Nación admiten que el Tribunal del Mar suele tomarse varias semanas para dictar sus órdenes y que todavía no existe una fecha precisa para conocer el resultado. Las estimaciones internas ubican esa posibilidad entre dos y cuatro semanas después de las audiencias, por lo que el pronunciamiento podría llegar durante la segunda mitad de noviembre o a comienzos de diciembre.

Los antecedentes que siguen en el Gobierno

El antecedente más relevante es el caso de la Fragata ARA Libertad, retenida en Ghana durante 2012. La Argentina solicitó entonces medidas provisionales el 14 de noviembre, los jueces escucharon a las partes el 29 y 30 de ese mes y ordenaron liberar el buque el 15 de diciembre. La decisión se conoció quince días después de las audiencias, aunque en el Gobierno aclaran que ese precedente no establece un plazo obligatorio para el procedimiento actual.

En el entorno presidencial también transmiten que la estrategia no terminará si el tribunal rechaza la solicitud. La intención es agotar todas las herramientas jurídicas y diplomáticas disponibles y mantener el reclamo contra las actividades británicas en los espacios marítimos disputados. En el Ejecutivo consideran que cualquier resultado deberá analizarse en función de su alcance concreto, sin dar por concluida la controversia de fondo.

La Argentina inició el 28 de septiembre un arbitraje internacional contra el Reino Unido bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Después, el 13 de octubre, solicitó medidas provisionales ante el tribunal de Hamburgo para evitar que las actividades hidrocarburíferas avanzaran mientras se constituye el órgano arbitral. El pedido busca impedir que se consolide una situación irreversible antes de que exista una decisión sobre la controversia principal.

El planteo se concentra en Sea Lion, un desarrollo impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte. Las empresas proyectan comenzar las perforaciones durante 2027 y alcanzar la producción comercial en 2028. En la Casa Rosada sostienen que la proximidad de esas operaciones justifica una intervención urgente para proteger los derechos que reclama la Argentina sobre los recursos del suelo y subsuelo marítimos.