POLITICA
La CGT recusó a los camaristas que restablecieron la validez de la reforma laboral y pidió la nulidad de su sentencia
La CGT presentó este lunes ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo un contundente pedido para rechazar la intervención de dos jueces de la Sala VIII de ese cuerpo en el trámite de la causa que enfrenta a la central obrera con el Estado por la reforma laboral.
En su presentación, la CGT solicitó además la nulidad de la sentencia dictada el 23 de abril y planteó, de forma subsidiaria, la revocatoria de esa resolución, que restableció la vigencia de 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral que estaban suspendidos.
El reclamo surge tras la decisión de los camaristas de otorgar efecto suspensivo al recurso de apelación presentado por el Gobierno, lo que dejó sin efecto inmediato la medida cautelar del juez laboral de primera instancia Raúl Horacio Ojeda que frenó la aplicación de la nueva ley 27.802, en plena pulseada judicial entre ls sindicalistas y la Casa Rosada.
El escrito, presentado por Pablo Arnaldo Topet, abogado de la CGT profundiza en dos líneas de ataque jurídico: por un lado, la recusación de los jueces intervinientes por supuesta parcialidad y beneficio recibido del Poder Ejecutivo; por el otro, la denuncia de una ausencia total de competencia funcional por parte de la Sala VIII para intervenir en el expediente, lo que, según la CGT, genera una nulidad absoluta de la sentencia y deja a los trabajadores en “situación de vulnerabilidad”.
La recusación, en el caso del juez Víctor Arturo Pesino, se basa en que el magistrado resultó beneficiado recientemente por un trámite del Gobierno para extender su permanencia en el cargo más allá de los 75 años, a través de un proceso iniciado y canalizado formalmente por el Ministerio de Justicia.
“La inaceptable intervención del recusado en un expediente en el que podía (como sucedió) favorecer la posición de la demandada en un beneficio a todas luces mayúsculo como lo es continuar en el ejercicio de la función judicial por 5 años, constituye no sólo una conducta contraria a la ética sino también una causa objetiva de apartamiento de acuerdo con las reglas de la ley adjetiva”, sostiene el escrito.
Un día después de la sentencia de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, el Boletín Oficial publicó la propuesta del Gobierno para que Pesino continúe como vocal, hecho que fue destacado por medios y opositores y que, para la CGT, evidencia un cruce de intereses que afecta la imparcialidad requerida en todo proceso judicial.
La central obrera sostuvo que tanto el Ejecutivo como el magistrado actuaron en beneficio propio y mutuo: “El Sr. Pesino ha visto (con satisfacción) formalmente iniciado el procedimiento para cumplir con su expectativa de continuar en funciones luego de cumplir 75 años, y el Poder Ejecutivo ha visto satisfecha su pretensión en orden a la revocación de la decisión del Juez de Grado que al conceder el recurso de apelación lo había hecho con carácter devolutivo.”
La CGT remarca que este movimiento oficial se da en contradicción con el Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral firmado con la Ciudad de Buenos Aires a principios de 2026. Ese acuerdo establecía el compromiso de no promover nuevas designaciones ni prórrogas para vacantes correspondientes al fuero laboral nacional, a menos que fueran indispensables para garantizar la continuidad del servicio de justicia. “¿Qué puede justificar tamaña contradicción del Poder Ejecutivo?”, pregunta el escrito, señalando que la decisión desconoce la ética republicana y sostiene “beneficios mutuos” en desmedro de la sociedad, la división de poderes y la credibilidad institucional.
En cuanto al fondo de la cuestión, la central obrera también recusó a María Dora González, integrante de la Cámara, por prejuzgamiento. Los magistrados, sostiene la CGT, adelantaron su opinión sobre la vigencia de la cautelar y el fondo de la cuestión al considerar —sin explicitación suficiente— que el grupo de trabajadores involucrados no se encuentra en situación de vulnerabilidad ni merecía mantener la suspensión de la reforma. “La desazón que provoca que jueces con especial versación laboral consideren, ¿prima facie?, que no son socialmente vulnerables quienes trabajan en relación de dependencia, que no se encuentre comprometida la vida digna y que los derechos laborales no sean de naturaleza alimentaria, es desconocer la ley de medidas cautelares contra el Estado”, subraya el planteo.
La nulidad, según la CGT
El planteo de nulidad absoluta de la CGT se basa en dos argumentos: la violación del principio de competencia funcional y la afectación del derecho de defensa. La defensa del sindicato insiste en que la Sala I de la Cámara había ya prevenido en causas acumuladas y debía absorber todo el trámite ulterior, incluyendo la resolución de recursos. La intervención de la Sala VIII se dio a contramano de los procedimientos, sin traslado oportuno y con premura, lo que, para la CGT, privó a la organización de la posibilidad de advertir la incompetencia y obstaculizó la defensa efectiva.
El escrito recalca: “No hay libertad ni discrecionalidad en la aplicación de la regla: es distributiva de competencia y vinculante para todas las Salas del Tribunal. Se reúnen, pues, los supuestos del art. 17 inc. 7 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y es del todo evidente que los magistrados que suscribieron con rapidez la sentencia interlocutoria que se impugna, deben apartarse de una causa que tomaron ‘para sí’ sin competencia”,
En apoyo de esta postura, la CGT cita antecedentes en los que la misma Sala reconoció y corrigió errores procesales por falta de competencia o por afectación de derechos fundamentales. “La resolución judicial atacada involucra aspectos de naturaleza procesal, según los cuales, en caso de duda, debe estarse a la solución que más favorezca la protección de las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso, recogen del fallo “Delli Quadri, Christian Martin c/Chueco Jorge Oscar s/despido”.
El escrito de la CGT también denuncia la contradicción en la jurisprudencia de la Sala VIII, recordando precedentes donde sí se reconoció la naturaleza alimentaria y la vulnerabilidad de trabajadores en el marco de medidas cautelares similares. Ahora, el tribunal habría adoptado el criterio opuesto, lo que, para la central obrera, configura arbitrariedad y prejuicio.
Recurso de Reposición y Caso Federal
Como vía subsidiaria, la CGT interpuso un recurso de reposición “in extremis”. Argumenta que la resolución de la Sala VIII “carece de todo fundamento” y que su error no puede subsanarse a través de vías ordinarias, ya que la apelación y la aclaración son improcedentes en el caso. El recurso de la central obrera sostiene también que el recurso extraordinario federal tendría un carácter excepcional y de acceso notoriamente incierto, por lo que no garantiza un control judicial efectivo y oportuno sobre la defensa del derecho de los trabajadores.
La presentación de la CGT afirma: “La aplicación inmediata de las normas cuestionadas irroga un daño de relevancia tanto para las asociaciones sindicales como para los trabajadores porque cercena derechos adquiridos de protección constitucional”, especialmente en lo referid a la negociación colectiva, la libertad sindical y la protección ante despidos e indemnizaciones.
Para sostener la pretensión de que la cautelar mantenga efecto devolutivo (es decir, que la reforma no entre en vigor hasta una decisión de fondo), el escrito invoca el principio constitucional de tutela judicial efectiva y el deber de privilegiar la protección de los derechos sustanciales por sobre las normas procesales.
El planteo de “caso federal” cierra el escrito: la CGT mantiene formalmente su reserva para acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por “grave lesión de derechos de máxima raigambre constitucional” —incluyendo el derecho de defensa, la protección progresiva, la libertad sindical y la no discriminación— y advierte que, si no obtiene respuestas en la justicia argentina, recurrirá ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y organismos internacionales de derechos humanos.
Finalmente, la CGT pide que se remitan las actuaciones a la Sala I de la Cámara, se formalicen los procedimientos de recusación y se dé trámite al caso federal. El texto cierra con la exigencia de una respuesta judicial conforme a la “verdad jurídica objetiva” y el pleno resguardo del debido proceso para todos los trabajadores involucrados en el conflicto por la reforma laboral.
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POLITICA
La Libertad Avanza convocó a tratar el proyecto de Propiedad Privada y busca reincorporar límites a la venta de tierras a extranjeros
La Libertad Avanza convocó a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y buscará reincorporar un capítulo vinculado con la derogada Ley de Tierras. La nueva propuesta será diferente de la original impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ante las advertencias de los bloques aliados.
El oficialismo busca un acuerdo con los aliados
La reunión se realizará el miércoles 14 de octubre a las 16 y estará encabezada por los presidentes de las comisiones, los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio.
El proyecto ya cuenta con la sanción del Senado, donde durante el debate se eliminó el capítulo referido a la Ley de Tierras por falta de consenso entre los aliados y por el fuerte rechazo social que generó la iniciativa, con movilizaciones en distintos puntos del país y una concentración frente al Senado el 7 de agosto.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recibió durante la última reunión con los aliados el reclamo para que el oficialismo tome una decisión frente a la derogación de la Ley de Tierras y establezca límites a la venta de tierras rurales a extranjeros.
La discusión también está atravesada por la sesión convocada por la oposición para el 15 de octubre, en la que buscarán derogar el DNU 70/2023.
“Causaría un caos tremendo voltearle todo el DNU. Es un problema que tiene que solucionar el Gobierno”, reiteró en distintas oportunidades el desarrollista Eduardo Falcone.
Martín Menem busca una salida acordada con los aliados para que la oposición tenga mayores dificultades para reunir las 129 bancas necesarias para abrir la sesión del jueves 15.
La convocatoria opositora reúne a Unión por la Patria, radicales críticos, el socialismo dentro de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda.
Incluso, el diputado Sebastián Nóblega, de Elijo Catamarca, bancada que responde al gobernador aliado Raúl Jalil, anticipó que estará en el recinto junto con la oposición: “Por la defensa de la soberanía de la Ley de Tierras”.
El artículo 154 del DNU 70/2023 establece: “Derogase la Ley N° 26.737”. Esa norma regulaba la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros.
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La oposición acusa al oficialismo de cambiar de postura
Desde los sectores que impulsan la sesión especial del 15 de octubre, el diputado Pablo Juliano cuestionó el cambio de estrategia de La Libertad Avanza.
“Reculan en chancletas. Ante el escenario cierto de que en Diputados rechacemos el DNU 70/23 el jueves 15, hoy los libertarios llamaron a dictaminar el miércoles 14 la ley de Propiedad Privada para incluir límites a la venta de tierras a extranjeros”, sostuvo.
En la construcción del quórum participan Germán Martínez, de Unión por la Patria; Pablo Juliano, de Provincias Unidas; y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, además de representantes de otras fuerzas.
La oposición cuenta con los 92 diputados del peronismo, los cuatro del Frente de Izquierda, los dos de la Coalición Cívica y parte de los 18 integrantes de Provincias Unidas.
También anticiparon su presencia los radicales críticos Martín Lousteau, Mariela Colleta, María Inés Zigarán y Jorge Rizzotti; los socialistas Pablo Farías y Esteban Paulón; y los cordobeses Juan Brügge y Carlos Gutiérrez. El resto de los legisladores de Provincias Unidas todavía no definió su posición.
Por su parte, Argentina Federal, conducida por el misionero Oscar Herrera Ahuad, tampoco descarta participar de la sesión. Sin embargo, la convocatoria del plenario para tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada podría hacer que algunos de sus integrantes desistan de asistir.
Qué propone ahora el oficialismo
La Libertad Avanza tomó propuestas de distintos sectores y acepta incorporar límites a la venta de tierras rurales a extranjeros.
La nueva propuesta establecería un límite del 15% para la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras y un máximo del 30% de ese cupo para una misma nacionalidad.
Además, cuando las tierras estén ubicadas en zonas de frontera, las operaciones deberán contar con un doble aval: el de la provincia correspondiente y el del Poder Ejecutivo Nacional.
El resto de los puntos de la nueva redacción se terminará de definir durante el plenario del próximo miércoles.
En agosto, la Cámara alta aprobó por 33 votos a favor y 33 en contra una versión acotada del proyecto original del Poder Ejecutivo.
El Senado eliminó los capítulos vinculados con la extranjerización de la tierra y los cambios a la Ley de Manejo del Fuego. La iniciativa se concentró en agilizar los desalojos en casos de usurpación mediante trámites sumarísimos y en modificar las condiciones y tasaciones para las expropiaciones realizadas por el Estado.
La propuesta original de la Casa Rosada planteaba eliminar el tope del 15% para la compra de tierras por extranjeros, suprimir el cupo máximo por nacionalidad y quitar el límite de superficie por región, que hasta ahora era de mil hectáreas en la zona pampeana.
También habilitaba la adquisición de nacientes y ojos de agua, una posibilidad que hasta entonces estaba prohibida para compradores extranjeros. Esos cambios fueron algunos de los motivos por los que fracasó su tratamiento en el Senado.
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POLITICA
Fernando Espinoza consiguió la reelección al frente de una entidad que nuclea a 500 intendencias
El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza (Partido Justicialista), fue reelecto como presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), que nuclea a 500 intendencias que abonan cuotas semestrales para pertenecer a esta entidad facultada para representar a los municipios de todo el país. Espinoza es uno de los aliados principales de Axel Kicillof en el intento del gobernador bonaerense por ser candidato a presidente en 2027, y lidera la FAM desde 2022.
Espinoza consiguió su permanencia al frente de la FAM en una asamblea que se desarrolló en la sede de la institución, en Cerrito 832, Capital Federal. “Los Municipios de todo el país se convirtieron en la primera barrera de contención, atendiendo las crecientes demandas de la población frente al deterioro de las condiciones de vida”, afirmó el jefe comunal de La Matanza tras su reelección.
Tras la reelección del intendente de La Matanza como presidente, la FAM emitió un comunicado con duras críticas contra el gobierno del presidente Javier Milei. “Exigimos que el presidente Javier Milei corrija el rumbo económico de manera urgente porque está dejando a millones de argentinos sin lo básico”, se subrayó en el documento.
La FAM le reclamó diez puntos a Milei, a quien le pidió una reunión. Entre esos puntos, le solicitó la “restitución de los fondos educativos y de los recursos transferibles a provincias y municipios”, la “reactivación de la obra pública nacional” y la “protección de pequeños y medianos productores”. También, “la defensa de la calidad de vida de los jubilados”, que se restituya la “asistencia alimentaria para todos los comedores”, y que se respete la división de poderes.
El documento de la federación de municipios también aborda la situación de la expresidenta Cristina Kirchner, quien cumple en prisión domiciliaria una condena a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta, en el denominado Caso Vialidad. “Seguimos sosteniendo que la condena contra Cristina Fernández de Kirchner forma parte de una persecución política, mediática y judicial. Reivindicamos los gobiernos que ampliaron derechos y mejoraron las condiciones de vida de la gente. Cristina es inocente, está presa por haber encabezado un proyecto político que enfrentó intereses económicos concentrados y gobernó en beneficio de las mayorías populares. Una democracia sana necesita poderes independientes y reglas iguales para todos”, se subrayó en el comunicado.
Los mandatos en la FAM se extienden por dos años. En 2024, Espinoza había sido reelecto al día siguiente de ser procesado por presunto abuso sexual, una denuncia que hizo su exsecretaria Melody Rakauskas y que derivará en un juicio. Espinoza fue sobreseído en febrero por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16, pero la Cámara Nacional de Casación Penal revocó el sobreseimiento en el mes de julio.
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Un soldado apareció muerto este miércoles en la Base Aérea de Morón y las autoridades investigan qué fue lo que pasó. La Fuerza Aérea informó que se trataba de un suboficial subalterno que estaba en su puesto y fue hallado sin vida.
De acuerdo a lo que informaron fuentes oficiales, en horas de la tarde, personal de las FF.AA dio aviso a la comisaría 4ta de Morón, donde daban cuenta de que un efecto había sido hallado sin signos vitales y que tenía un impacto de arma de fuego a la altura de la sien, en el lado derecho.
En esa línea, el hecho habría tenido lugar cerca de una de las entradas al predio ubicado en el cruce de las calles Fray Santa María de Oro y Máximo Paz. La base se encuentra a pocas cuadras del estadio del club Deportivo Morón, que actualmente milita en la Primera Nacional.
La investigación avanzó con la Policía Federal Argentina y la causa fue remitida al Juzgado Federal N° 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez. Entre las primeras medidas que se tomaron, se secuestró el celular del soldado y la toma de declaración testimonial a las otras personas que estaban en el predio.
Según informó Primer Plano, la identidad del soldado permanece reservada, pero se conoció que era un joven de 20 años oriundo de la localidad de Río Tercero, en la provincia de Córdoba.
En un comunicado, la Fuerza Aérea Argentina informó sobre el fallecimiento del soldado y remarcaron: “Cabe destacar que inmediatamente se activaron los protocolos correspondientes y la Institución puso todos los medios a disposición de las autoridades judiciales intervinientes, colaborando plenamente para facilitar la investigación y determinar las causas de este triste suceso”.
“Finalmente, la Fuerza Aérea Argentina desea expresar su profundo pesar por lo ocurrido, acompañando a sus seres queridos en este momento difícil y elevando una plegaria por su eterno descanso”, completó el escrito.
Otros casos registrados
El episodio en Morón no es el primero que sacude a las Fuerzas Armadas en los últimos meses. El caso de mayor repercusión ocurrió en diciembre pasado, cuando el soldado Rodrigo Andrés Gómez, de 21 años, fue hallado sin vida en la Quinta Presidencial de Olivos, donde cumplía funciones de custodia. La investigación posterior reveló que no se trató de un hecho aislado: Gómez era víctima de una red de extorsiones que operaba desde cárceles bonaerenses a través de una aplicación de citas.
La maniobra comenzó con la creación de un perfil falso en la plataforma Evermatch, bajo el nombre de “Julieta Ayelén Cardozo”. Una vez establecido el contacto, la organización enviaba un audio en el que una supuesta madre acusaba a la víctima de haber tenido conversaciones con una menor de 17 años. A continuación, un presunto policía —que usurpaba la identidad real del agente Matías Nahuel Conti, de la Policía de la Ciudad— llamaba al afectado para informarle que existía una causa judicial en curso y que podía evitar consecuencias legales mediante pagos inmediatos.
Las transferencias se realizaban a cuentas bancarias a nombre de mujeres vinculadas a la banda, que actuaban como intermediarias. El dinero era luego fragmentado y redistribuido para dificultar su rastreo. La presión no cesaba tras los primeros pagos: a las víctimas se les exigían nuevas sumas bajo amenazas reiteradas.
Gómez dejó una carta en la que describió el mecanismo al que fue sometido. “¿Quién diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas?”, escribió el joven, y agregó: “Esos policías son más corruptos que otra cosa. Me dejaron con muchas deudas, pero bueno, ya no importa, ya nada importa”.
Semanas más tarde, el 16 de enero, el Ejército Argentino confirmó la muerte de otro de sus integrantes, perteneciente al Centro Recreativo “Héroes de Malvinas”. El efectivo fue hallado sin vida en su domicilio particular en Quilmes, a medianoche. La investigación quedó en manos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. “El Ejército expresa su profundo pesar ante lo ocurrido y acompaña en el dolor a los familiares, amigos y camaradas”, señaló la institución en un comunicado oficial.
Ese episodio se sumó a otros dos que habían tenido lugar en diciembre. El suboficial principal Juan Pereira, con más de 28 años de servicio, fue encontrado sin vida en el cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros, en la provincia de Corrientes. Las primeras hipótesis apuntaron a un posible suicidio por ahorcamiento, aunque la carátula inicial fue “averiguación de causales de muerte”, a la espera de los resultados de la autopsia. La causa quedó a cargo del Juzgado Federal de Curuzú Cuatiá. En Mendoza, en tanto, murió Facundo Gabriel Lima, soldado voluntario que revistaba en el Liceo Militar General Espejo. Lima se encontraba con licencia psiquiátrica vigente desde hacía un mes y medio al momento del hecho, y no estaba en funciones ni dentro de instalaciones militares.
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