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POLITICA

La CGT recusó a los camaristas que restablecieron la validez de la reforma laboral y pidió la nulidad de su sentencia

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La CGT presentó este lunes ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo un contundente pedido para rechazar la intervención de dos jueces de la Sala VIII de ese cuerpo en el trámite de la causa que enfrenta a la central obrera con el Estado por la reforma laboral.

En su presentación, la CGT solicitó además la nulidad de la sentencia dictada el 23 de abril y planteó, de forma subsidiaria, la revocatoria de esa resolución, que restableció la vigencia de 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral que estaban suspendidos.

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El reclamo surge tras la decisión de los camaristas de otorgar efecto suspensivo al recurso de apelación presentado por el Gobierno, lo que dejó sin efecto inmediato la medida cautelar del juez laboral de primera instancia Raúl Horacio Ojeda que frenó la aplicación de la nueva ley 27.802, en plena pulseada judicial entre ls sindicalistas y la Casa Rosada.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en la mira de la CGT por el fallo que restituyó la reforma laboral

El escrito, presentado por Pablo Arnaldo Topet, abogado de la CGT profundiza en dos líneas de ataque jurídico: por un lado, la recusación de los jueces intervinientes por supuesta parcialidad y beneficio recibido del Poder Ejecutivo; por el otro, la denuncia de una ausencia total de competencia funcional por parte de la Sala VIII para intervenir en el expediente, lo que, según la CGT, genera una nulidad absoluta de la sentencia y deja a los trabajadores en “situación de vulnerabilidad”.

La recusación, en el caso del juez Víctor Arturo Pesino, se basa en que el magistrado resultó beneficiado recientemente por un trámite del Gobierno para extender su permanencia en el cargo más allá de los 75 años, a través de un proceso iniciado y canalizado formalmente por el Ministerio de Justicia.

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“La inaceptable intervención del recusado en un expediente en el que podía (como sucedió) favorecer la posición de la demandada en un beneficio a todas luces mayúsculo como lo es continuar en el ejercicio de la función judicial por 5 años, constituye no sólo una conducta contraria a la ética sino también una causa objetiva de apartamiento de acuerdo con las reglas de la ley adjetiva”, sostiene el escrito.

Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia

Un día después de la sentencia de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, el Boletín Oficial publicó la propuesta del Gobierno para que Pesino continúe como vocal, hecho que fue destacado por medios y opositores y que, para la CGT, evidencia un cruce de intereses que afecta la imparcialidad requerida en todo proceso judicial.

La central obrera sostuvo que tanto el Ejecutivo como el magistrado actuaron en beneficio propio y mutuo: “El Sr. Pesino ha visto (con satisfacción) formalmente iniciado el procedimiento para cumplir con su expectativa de continuar en funciones luego de cumplir 75 años, y el Poder Ejecutivo ha visto satisfecha su pretensión en orden a la revocación de la decisión del Juez de Grado que al conceder el recurso de apelación lo había hecho con carácter devolutivo.”

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La CGT remarca que este movimiento oficial se da en contradicción con el Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral firmado con la Ciudad de Buenos Aires a principios de 2026. Ese acuerdo establecía el compromiso de no promover nuevas designaciones ni prórrogas para vacantes correspondientes al fuero laboral nacional, a menos que fueran indispensables para garantizar la continuidad del servicio de justicia. “¿Qué puede justificar tamaña contradicción del Poder Ejecutivo?”, pregunta el escrito, señalando que la decisión desconoce la ética republicana y sostiene “beneficios mutuos” en desmedro de la sociedad, la división de poderes y la credibilidad institucional.

La CGT, en una marcha al Congreso en rechazo de la reforma laboral del Gobierno

En cuanto al fondo de la cuestión, la central obrera también recusó a María Dora González, integrante de la Cámara, por prejuzgamiento. Los magistrados, sostiene la CGT, adelantaron su opinión sobre la vigencia de la cautelar y el fondo de la cuestión al considerar —sin explicitación suficiente— que el grupo de trabajadores involucrados no se encuentra en situación de vulnerabilidad ni merecía mantener la suspensión de la reforma. “La desazón que provoca que jueces con especial versación laboral consideren, ¿prima facie?, que no son socialmente vulnerables quienes trabajan en relación de dependencia, que no se encuentre comprometida la vida digna y que los derechos laborales no sean de naturaleza alimentaria, es desconocer la ley de medidas cautelares contra el Estado”, subraya el planteo.

La nulidad, según la CGT

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El planteo de nulidad absoluta de la CGT se basa en dos argumentos: la violación del principio de competencia funcional y la afectación del derecho de defensa. La defensa del sindicato insiste en que la Sala I de la Cámara había ya prevenido en causas acumuladas y debía absorber todo el trámite ulterior, incluyendo la resolución de recursos. La intervención de la Sala VIII se dio a contramano de los procedimientos, sin traslado oportuno y con premura, lo que, para la CGT, privó a la organización de la posibilidad de advertir la incompetencia y obstaculizó la defensa efectiva.

El escrito recalca: “No hay libertad ni discrecionalidad en la aplicación de la regla: es distributiva de competencia y vinculante para todas las Salas del Tribunal. Se reúnen, pues, los supuestos del art. 17 inc. 7 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y es del todo evidente que los magistrados que suscribieron con rapidez la sentencia interlocutoria que se impugna, deben apartarse de una causa que tomaron ‘para sí’ sin competencia”,

El Gobierno logró un éxito político con la sanción de la reforma laboral (Foto: Tomás Cuesta/AFP)

En apoyo de esta postura, la CGT cita antecedentes en los que la misma Sala reconoció y corrigió errores procesales por falta de competencia o por afectación de derechos fundamentales. “La resolución judicial atacada involucra aspectos de naturaleza procesal, según los cuales, en caso de duda, debe estarse a la solución que más favorezca la protección de las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso, recogen del fallo “Delli Quadri, Christian Martin c/Chueco Jorge Oscar s/despido”.

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El escrito de la CGT también denuncia la contradicción en la jurisprudencia de la Sala VIII, recordando precedentes donde sí se reconoció la naturaleza alimentaria y la vulnerabilidad de trabajadores en el marco de medidas cautelares similares. Ahora, el tribunal habría adoptado el criterio opuesto, lo que, para la central obrera, configura arbitrariedad y prejuicio.

Recurso de Reposición y Caso Federal

Como vía subsidiaria, la CGT interpuso un recurso de reposición “in extremis”. Argumenta que la resolución de la Sala VIII “carece de todo fundamento” y que su error no puede subsanarse a través de vías ordinarias, ya que la apelación y la aclaración son improcedentes en el caso. El recurso de la central obrera sostiene también que el recurso extraordinario federal tendría un carácter excepcional y de acceso notoriamente incierto, por lo que no garantiza un control judicial efectivo y oportuno sobre la defensa del derecho de los trabajadores.

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Raúl Horacio Ojeda, titular del juzgado del Trabajo N63

La presentación de la CGT afirma: “La aplicación inmediata de las normas cuestionadas irroga un daño de relevancia tanto para las asociaciones sindicales como para los trabajadores porque cercena derechos adquiridos de protección constitucional”, especialmente en lo referid a la negociación colectiva, la libertad sindical y la protección ante despidos e indemnizaciones.

Para sostener la pretensión de que la cautelar mantenga efecto devolutivo (es decir, que la reforma no entre en vigor hasta una decisión de fondo), el escrito invoca el principio constitucional de tutela judicial efectiva y el deber de privilegiar la protección de los derechos sustanciales por sobre las normas procesales.

El planteo de “caso federal” cierra el escrito: la CGT mantiene formalmente su reserva para acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por “grave lesión de derechos de máxima raigambre constitucional” —incluyendo el derecho de defensa, la protección progresiva, la libertad sindical y la no discriminación— y advierte que, si no obtiene respuestas en la justicia argentina, recurrirá ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y organismos internacionales de derechos humanos.

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Finalmente, la CGT pide que se remitan las actuaciones a la Sala I de la Cámara, se formalicen los procedimientos de recusación y se dé trámite al caso federal. El texto cierra con la exigencia de una respuesta judicial conforme a la “verdad jurídica objetiva” y el pleno resguardo del debido proceso para todos los trabajadores involucrados en el conflicto por la reforma laboral.

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¿Y si Milei se sale con la suya?

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Todavía consternado por el atentado a Donald Trump, existe, en el pensamiento profundo de Milei, dos convicciones que van contra de lo que piensan los “analistas clásicos”.

Una, la idea de que la inflación bajará, el capital de trabajo se reconstruirá, el crédito empezará a crecer, y que la actividad económica volverá a niveles parecidos a los que tenía en 2025.

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Y que esto está sucediendo a partir de ahora.

Va en sintonía con lo que pronosticó Luis Caputo en el AmCham Summit: que los próximos 18 meses van a ser los mejores de la historia reciente de la economía argentina.

La otra gran convicción de Milei es que Manuel Adorni, tarde o temprano, va a ser reivindicado, porque, según él, se trata de una persona honesta que fue “operado” por canallas que trabajan para “una Side paralela, residual y kirchnerista”, y por una serie de oportunistas que aprovecharon y se subieron a la carnicería mediática.

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Adorni, este fin de semana, parecía “aliviado” y “muy concentrado”.

Aliviado por la decisión de la fiscal Alejandra Mángano de archivar, por inexistencia de delito, la causa por haber subido a su esposa, Bettina Angeletti, al tango 01.

Mángano escribió:

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“No implicó ninguna erogación presupuestaria particular o extraordinaria, menos aun cuando existían más de 10 plazas disponibles para cada uno de los tramos aéreos realizados entre el 6 y el 11 de marzo”.

Pero además estaba muy concentrado, preparando la presentación del miércoles, en diputados.

Sabe que del resultado depende su continuidad.

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Por eso ya decidió lo siguiente:

Los analistas clásicos consideran que la decisión de sostener a Adorni y la prolongación innecesaria de la interna abierta entre Karina Milei y Santiago Caputo es lo que mantiene el riesgo país por encima de los 500 puntos, cuando no debería superar los 400.

Pero Milei lo analiza de otra manera.

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Cree que lo que daña la reputación de la Argentina es, entre otras cosas, el hecho de que, según él, el 95 por ciento de los periodistas trabajamos para que no termine su mandato.

O para poner en riesgo su seguridad.

Milei pone como ejemplo la acción del periodista de TN, Ignacio Salerno, quien acaba de ser denunciado de haber realizado espionaje ilegal por autoridades de la casa militar por grabar, sin autorización, imágenes de la Casa Rosada.

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Tenemos que decir, una vez más, que Salerno cometió una grave imprudencia. Una, que, en otros países, se castiga, y con mucha severidad.

Y también tenemos que decir que nos parece desproporcionada la decisión de prohibir el ingreso a los periodistas acreditados a la Casa Rosada.

Igual que nos parece desproporcionada la decisión de Milei de compartir una imagen generada por inteligencia artificial presentando a Luciana Geuna con un vestido de presa, y con el título de “espía y operadora”.

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En las próximas horas, Adorni y Javier Lanari le sugerirán a Milei que levante la prohibición de ingreso a los periodistas acreditados. Y que lo haga antes de que sean obligados por la justicia, debido al recurso de amparo presentado por ámbito financiero.

¿Sucederá?

Milei sigue impresionado por el último ataque a Donald Trump.

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En esa línea, se explica el posteo de Santiago Caputo.

¿Milei tiene miedo de que le pase lo mismo?

El 24 de octubre de 2024, el Presidente ordenó instalar, en la Quinta de Olivos, un sistema anti drones, para poder voltearlos o bloquearlos, en caso de ser necesario.

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Fue después de que se detectaran el movimiento de tres drones, dentro del área restringida a la residencia.

En el momento en que los vieron, Milei estaba con el economista Miguel Ángel Broda, hablando de números.

Debieron interrumpir el encuentro de inmediato.

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Más tarde, seguridad de Olivos pudo corroborar que se trató de drones contratados por un medio de comunicación, para detallar los movimientos del Presidente y de sus mascotas.

Sin embargo, los responsables de la seguridad de Milei no dejaron de destacar el contexto en el que los drones aparecieron. Fue después de una amenaza explícita de Irán, cuando los líderes de la autocracia advirtieron:

“En el momento adecuado, le haremos lamentar su enemistad”.

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Milei no le presta demasiada atención a las encuestas de imagen e intención de voto que le dan mal.

O incluso, muy mal.

Tampoco a los datos negativos, como la caída de la actividad económica, que en el último febrero bajó 2.1 respecto al mes anterior, y un 2.6 por ciento en comparación con febrero de 2025.

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El Presidente cree que la que atraviesa es una tormenta pasajera, y que tarde o temprano se saldrá con la suya.

Milei se pregunta, cada tanto, porqué la mayoría de los medios no difunden buenas noticias.

Noticias como las de la semana que Adorni resumió, e incluyen:

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¿Y si esa mezcla de determinación con negación y reacciones desmesuradas hace que finalmente Milei “se salga con la suya”?

Eso es lo que no alcanzan a responder, los analistas clásicos, cuando se les pregunta porqué, todavía, después de tantos errores no forzados, el Presidente se mantiene primero en todas las encuestas para presidente de 2027.




April 26, 2026,Luis Majul,Luis Majul,Javier Milei,Karina Milei,,Conforme a,Luis Majul,,»Me siento más pleno». Luis Majul íntimo: por qué vive una etapa de “reseteo”, los consejos de su hija y su regreso a la pantalla de LN+,,LN+ 2026. La señal de noticias de LA NACION cumple 10 años al aire y pone en marcha su nueva programación,,Novedades en la radio. Splendid suma exprogramas de Milenium a su programación

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POLITICA

La mesa política vuelve a reunirse para ordenar la agenda legislativa y afinar la estrategia por la reforma electoral

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Sobre el inicio de una semana clave, la mesa política designada por el presidente Javier Milei se dará cita esta tarde, desde las 14, en la planta baja de Casa Rosada con intención de reactivar la agenda legislativa, paralizada durante el último mes, con particular atención en la estrategia que se dará el oficialismo para intentar sancionar la reforma electoral que fue enviada el pasado miércoles al Congreso.

Si bien la idea inicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, era que el reducido círculo se reuniera el viernes por la mañana, la incompatibilidad en las agendas, en particular la de la titular de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, obligó a posponer la cita que finalmente tendrá lugar esta tarde.

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De esta forma, se congregarán en la oficina del Ministerio del Interior los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); el asesor presidencial, Santiago Caputo; la mencionada Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, bajo la supervisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Luego de que el mandatario estableciera como prioritario el proyecto que apuesta a modificar el sistema democrático antes de las elecciones presidenciales de 2027, el Poder Ejecutivo y los alfiles negociadores elaborarán el primer estado de situación, en función de la recepción de los bloques opositores y aliados, para poder delimitar la estrategia que les permita aplicar los cambios planeados.

La jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich (REUTERS/Matias Baglietto)

Las apreciaciones públicas de la oposición, pero también de los principales socios del oficialismo, parecen empañar los planes diseñados por el libertario que aspira a concretar la eliminación de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero además modificar del sistema de financiamiento de los partidos y aplicar Ficha Limpia.

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“No tiene por qué ser blanco o negro, puede haber primarias y que no sean obligatorias, o puede haber primarias y que no participen aquellos que tiene lista única”, contraofertó el jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo, en declaraciones a Radio Rivadavia. Sus palabras reflejan la disconformidad con el plan del Poder Ejecutivo que, según reveló, no mantuvo contacto con sus principales aliados.

En una situación similar está la Unión Cívica Radical, que presentó un proyecto para conservar la herramienta y modificar su funcionamiento. Como contó este medio, propone una competencia voluntaria, la eliminación del financiamiento estatal para la campaña y la habilitación para que el ganador de la interna pueda definir a su compañero de fórmula después de la elección.

Lo cierto es que varios de los miembros de la mesa política, en particular Bullrich, la encargada de recolectar las primeras recepciones, admiten que los votos para la eliminación como la contemplan en el articulado del proyecto no están. Ante este escenario son varios los que ven con buenos ojos la posibilidad de avanzar en la suspensión o, eventualmente, la eliminación de la obligatoriedad de las PASO. “Es el punto más importante y lo central es que no haya PASO”, admitió un alfil violeta a este medio.

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Manuel Adorni, Karina Milei, Diego Santilli, Martin Menem and Eduardo Menem attend a Senate session to discuss labor reforms proposed by President Javier Milei's libertarian government to attract investment and revive growth, as unions say it would roll back workers' rights, in Buenos Aires, Argentina February 12, 2026 (REUTERS/Cristina Sille)

El temario de la reunión incluirá además un repaso de las iniciativas giradas hasta entonces para ordenar las prioridades y finalmente establecer una hoja de ruta que las contemple. Hasta entonces, entre los anuncios, figuran la Ley de Propiedad Privada, que incluye cambios en seis leyes; las modificaciones incorporadas en la Ley de Salud Mental; el proyecto de Fraude de Pensiones por Invalidez; y un abultado número de pliegos de jueces y diplomáticos.

El intercambio se dará sin la prensa acreditada que cumple otra jornada impedida de ingresar a Casa Rosada por orden directa del Presidente. Además, tendrá lugar en la previa al informe de gestión, el primero de Adorni como jefe de Gabinete, que contará con la asistencia de los hermanos Milei y varios integrantes del Gabinete.

El próximo miércoles, el ministro coordinador asistirá a la Cámara de Diputados a defender la gestión, pero además a hacer frente a las inquietudes de los bloques respecto a su situación judicial en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

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Mesa Política

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POLITICA

El Gobierno defiende al titular de la ARCA al que un fiscal pide citar por ocultar propiedades

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El gobierno de Javier Milei salió a respaldar a Andrés Vázquez, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, antes AFIP) tras conocerse el pedido de indagatoria desde la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por haber ocultado a la Oficina Anticorrupción (OA) y al organismo fiscal que él mismo lidera que es el dueño y beneficiario final de tres propiedades que valen más de US$ 2,1 millones en Estados Unidos.

“Vázquez ya fue sobreseído en esa causa. No hay nada nuevo”, aseguraron a cerca del asesor presidencial Santiago Caputo, de indudable influencia sobre la conducción del ente recaudador. Según la misma fuente, la denuncia motorizada por los diputados de la CC-ARI, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, refiere “al mismo tema por el que ya fue sobreseído”, por lo cual relativizaron el pedido del titular de la PIA, Sergio Rodríguez.

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“Esa denuncia no tramita en la PIA. Tramita en el juzgado de (Marcelo) Martínez de Giorgi, que no tomó ninguna medida ni lo llamó a indagatoria a Vázquez. Es un pedido de la PIA que el juzgado puede desestimar”, agregaron desde el Gobierno, a modo de defensa. El juez federal Martínez de Giorgi tiene en sus manos la causa de la criptomoneda $LIBRA, que preocupa a la Casa Rosada. Y su esposa, Ana María Cristina Juan, ingresará en una próxima lista enviada por el Poder Ejecutivo al Senado para cubrir las más de 300 vacantes judiciales que se han venido acumulando desde el último año de gestión de Alberto Fernández.

El propio Caputo salió ayer a cuestionar la nota de dando cuenta del pedido de la PIA. “Periodista escribe una nota sobre un hecho juzgado. Denunciador serial línea commie veggie hace una nueva denuncia sobre ese hecho juzgado. Mismo periodista escribe otra nota ahora afirmando que el funcionario fue citado a indagatoria “confundiendo” un pedido de citación de un organismo donde no tramita la denuncia con una citación efectiva del juzgado”, escribió Caputo. Y pidió al autor de la nota, Hugo Alconada Mon, y al diputado Ferraro: “Si quieren gobernar el país podrían probar ganando las elecciones en vez de operar funcionarios para intentar dañar al gobierno”, destacó.

En su pedido, el fiscal Rodríguez consideró que Vázquez debe ser indagado -y procesado- por el delito de omisión maliciosa de consignar datos en la declaración jurada patrimonial, una figura que prevé hasta 2 años de prisión y la inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos. Le requirió al fiscal federal Guillermo Marijuán que amplíe la investigación a los presuntos delitos de evasión tributaria, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Desde Arca afirmaron a este diario que no tenían comentarios para hacer sobre estas novedades judiciales.

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Sin duda alguna, Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito de omisión de insertar datos en la declaración jurada patrimonial”, afirmó el titular de la PIA, “por cuanto maliciosamente obvió insertar el real vinculo que tenía con las sociedades que registran bienes en el exterior, inmuebles que él y su familia usufructúan”, sostuvo.

El Gobierno, en tanto, aduce que Vázquez fue sobreseído por el mismo delito de omisión. Desde el oficialismo remiten a una causa iniciada en 2007, cuando la Justicia accedió a un listado de personas que habrían movido dinero negro a través de una “cueva” financiera que el BNP Paribas operaba en Buenos Aires. Allí figuraba el nombre de Vázquez −que era director de la AFIP− junto con el de su hermana Silvia, y comenzaron a ser investigados por la presunta existencia de dos cuentas en el exterior no declaradas, una en Curazao y otra en Luxemburgo. El juez Sergio Torres, sobreseyó a Vázquez, luego de indagarlo y considerar que no se podía avanzar en la investigación.

La decisión fue luego revocada por la Sala II de la Cámara Federal, que consideró que todavía existían medida de prueba pendientes. En 2022, el juez federal Ariel Lijo (de frustrada candidatura para integrar la Corte Suprema) ordenó sobreseer a Vázquez, no porque se hubiese comprobado que no poseía esas cuentas bancarias, sino por la renuencia de las autoridades de Curazao, Países Bajos y del Gran Ducado de Luxemburgo a responder los exhortos argentinos.

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Anoche, el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo despidió al secretario de Infraestructura, Carlos Frugoni, luego de que le detectaran al menos siete propiedades y dos sociedades comerciales en Estados Unidos que no declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) ni ante la ARCA.




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