POLITICA
La CGT recusó a los camaristas que restablecieron la validez de la reforma laboral y pidió la nulidad de su sentencia
La CGT presentó este lunes ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo un contundente pedido para rechazar la intervención de dos jueces de la Sala VIII de ese cuerpo en el trámite de la causa que enfrenta a la central obrera con el Estado por la reforma laboral.
En su presentación, la CGT solicitó además la nulidad de la sentencia dictada el 23 de abril y planteó, de forma subsidiaria, la revocatoria de esa resolución, que restableció la vigencia de 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral que estaban suspendidos.
El reclamo surge tras la decisión de los camaristas de otorgar efecto suspensivo al recurso de apelación presentado por el Gobierno, lo que dejó sin efecto inmediato la medida cautelar del juez laboral de primera instancia Raúl Horacio Ojeda que frenó la aplicación de la nueva ley 27.802, en plena pulseada judicial entre ls sindicalistas y la Casa Rosada.
El escrito, presentado por Pablo Arnaldo Topet, abogado de la CGT profundiza en dos líneas de ataque jurídico: por un lado, la recusación de los jueces intervinientes por supuesta parcialidad y beneficio recibido del Poder Ejecutivo; por el otro, la denuncia de una ausencia total de competencia funcional por parte de la Sala VIII para intervenir en el expediente, lo que, según la CGT, genera una nulidad absoluta de la sentencia y deja a los trabajadores en “situación de vulnerabilidad”.
La recusación, en el caso del juez Víctor Arturo Pesino, se basa en que el magistrado resultó beneficiado recientemente por un trámite del Gobierno para extender su permanencia en el cargo más allá de los 75 años, a través de un proceso iniciado y canalizado formalmente por el Ministerio de Justicia.
“La inaceptable intervención del recusado en un expediente en el que podía (como sucedió) favorecer la posición de la demandada en un beneficio a todas luces mayúsculo como lo es continuar en el ejercicio de la función judicial por 5 años, constituye no sólo una conducta contraria a la ética sino también una causa objetiva de apartamiento de acuerdo con las reglas de la ley adjetiva”, sostiene el escrito.
Un día después de la sentencia de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, el Boletín Oficial publicó la propuesta del Gobierno para que Pesino continúe como vocal, hecho que fue destacado por medios y opositores y que, para la CGT, evidencia un cruce de intereses que afecta la imparcialidad requerida en todo proceso judicial.
La central obrera sostuvo que tanto el Ejecutivo como el magistrado actuaron en beneficio propio y mutuo: “El Sr. Pesino ha visto (con satisfacción) formalmente iniciado el procedimiento para cumplir con su expectativa de continuar en funciones luego de cumplir 75 años, y el Poder Ejecutivo ha visto satisfecha su pretensión en orden a la revocación de la decisión del Juez de Grado que al conceder el recurso de apelación lo había hecho con carácter devolutivo.”
La CGT remarca que este movimiento oficial se da en contradicción con el Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral firmado con la Ciudad de Buenos Aires a principios de 2026. Ese acuerdo establecía el compromiso de no promover nuevas designaciones ni prórrogas para vacantes correspondientes al fuero laboral nacional, a menos que fueran indispensables para garantizar la continuidad del servicio de justicia. “¿Qué puede justificar tamaña contradicción del Poder Ejecutivo?”, pregunta el escrito, señalando que la decisión desconoce la ética republicana y sostiene “beneficios mutuos” en desmedro de la sociedad, la división de poderes y la credibilidad institucional.
En cuanto al fondo de la cuestión, la central obrera también recusó a María Dora González, integrante de la Cámara, por prejuzgamiento. Los magistrados, sostiene la CGT, adelantaron su opinión sobre la vigencia de la cautelar y el fondo de la cuestión al considerar —sin explicitación suficiente— que el grupo de trabajadores involucrados no se encuentra en situación de vulnerabilidad ni merecía mantener la suspensión de la reforma. “La desazón que provoca que jueces con especial versación laboral consideren, ¿prima facie?, que no son socialmente vulnerables quienes trabajan en relación de dependencia, que no se encuentre comprometida la vida digna y que los derechos laborales no sean de naturaleza alimentaria, es desconocer la ley de medidas cautelares contra el Estado”, subraya el planteo.
La nulidad, según la CGT
El planteo de nulidad absoluta de la CGT se basa en dos argumentos: la violación del principio de competencia funcional y la afectación del derecho de defensa. La defensa del sindicato insiste en que la Sala I de la Cámara había ya prevenido en causas acumuladas y debía absorber todo el trámite ulterior, incluyendo la resolución de recursos. La intervención de la Sala VIII se dio a contramano de los procedimientos, sin traslado oportuno y con premura, lo que, para la CGT, privó a la organización de la posibilidad de advertir la incompetencia y obstaculizó la defensa efectiva.
El escrito recalca: “No hay libertad ni discrecionalidad en la aplicación de la regla: es distributiva de competencia y vinculante para todas las Salas del Tribunal. Se reúnen, pues, los supuestos del art. 17 inc. 7 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y es del todo evidente que los magistrados que suscribieron con rapidez la sentencia interlocutoria que se impugna, deben apartarse de una causa que tomaron ‘para sí’ sin competencia”,
En apoyo de esta postura, la CGT cita antecedentes en los que la misma Sala reconoció y corrigió errores procesales por falta de competencia o por afectación de derechos fundamentales. “La resolución judicial atacada involucra aspectos de naturaleza procesal, según los cuales, en caso de duda, debe estarse a la solución que más favorezca la protección de las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso, recogen del fallo “Delli Quadri, Christian Martin c/Chueco Jorge Oscar s/despido”.
El escrito de la CGT también denuncia la contradicción en la jurisprudencia de la Sala VIII, recordando precedentes donde sí se reconoció la naturaleza alimentaria y la vulnerabilidad de trabajadores en el marco de medidas cautelares similares. Ahora, el tribunal habría adoptado el criterio opuesto, lo que, para la central obrera, configura arbitrariedad y prejuicio.
Recurso de Reposición y Caso Federal
Como vía subsidiaria, la CGT interpuso un recurso de reposición “in extremis”. Argumenta que la resolución de la Sala VIII “carece de todo fundamento” y que su error no puede subsanarse a través de vías ordinarias, ya que la apelación y la aclaración son improcedentes en el caso. El recurso de la central obrera sostiene también que el recurso extraordinario federal tendría un carácter excepcional y de acceso notoriamente incierto, por lo que no garantiza un control judicial efectivo y oportuno sobre la defensa del derecho de los trabajadores.
La presentación de la CGT afirma: “La aplicación inmediata de las normas cuestionadas irroga un daño de relevancia tanto para las asociaciones sindicales como para los trabajadores porque cercena derechos adquiridos de protección constitucional”, especialmente en lo referid a la negociación colectiva, la libertad sindical y la protección ante despidos e indemnizaciones.
Para sostener la pretensión de que la cautelar mantenga efecto devolutivo (es decir, que la reforma no entre en vigor hasta una decisión de fondo), el escrito invoca el principio constitucional de tutela judicial efectiva y el deber de privilegiar la protección de los derechos sustanciales por sobre las normas procesales.
El planteo de “caso federal” cierra el escrito: la CGT mantiene formalmente su reserva para acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por “grave lesión de derechos de máxima raigambre constitucional” —incluyendo el derecho de defensa, la protección progresiva, la libertad sindical y la no discriminación— y advierte que, si no obtiene respuestas en la justicia argentina, recurrirá ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y organismos internacionales de derechos humanos.
Finalmente, la CGT pide que se remitan las actuaciones a la Sala I de la Cámara, se formalicen los procedimientos de recusación y se dé trámite al caso federal. El texto cierra con la exigencia de una respuesta judicial conforme a la “verdad jurídica objetiva” y el pleno resguardo del debido proceso para todos los trabajadores involucrados en el conflicto por la reforma laboral.
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El presidente Javier Milei participa este viernes del acto por el aniversario número 32 del atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el lunes 18 de julio de 1994 en la sede de la mutual, ubicada en el barrio porteño de Once, donde fueron asesinadas 85 personas.
El evento se da en medio de un fuerte operativo de seguridad que incluye cierres al tránsito de las calles Pasteur, Azcuénaga y Uriburu, entre las avenidas Córdoba y Corrientes.
El mandatario, visiblemente emocionado, llegó acompañado de su hermana, Karina Milei, y uno de sus hombres de mayor confianza, Mario Suli. Con su habitual gorra negra, Suli quedó ubicado a unos pasos.
Detrás del mandatario se desplegaba una cuadra repleta de gente, que a las 9.53 escuchó la sirena que sonó, como desde hace 31 años, para marcar el comienzo del acto en reclamo de justicia. Todo bajo un silencio sepulcral y los carteles con los rostros y nombres de cada una de las 85 víctimas, la menor de ellas Sebastián Barreiro, de cinco años.
Junto al Presidente están también en el evento el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la líder del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, los ministros Mario Lugones [Salud], Alejandra Monteoliva [Seguridad] y Carlos Presti [Defensa]. A ellos se suman el embajador estadounidense Peter Lamelas, y los diputados Maximiliano Ferraro y Sabrina Ajmechet.
Otros de los asistentes son el juez Mariano Borinsky, que trató el expediente de AMIA, y el extitular del área de Derechos Humanos en tiempos macristas, Claudio Avruj.
Milei había confirmado días atrás su participación en el acto de conmemoración, sobre la calle Pasteur al 633, donde se reconstruyó la sede de la AMIA luego del ataque.
Al arribar al lugar Bullrich habló con LN+: “Es un día para recordar la tristeza y también la rebeldía frente al terrorismo. Esto está siendo juzgado y es un paso trascendental en la historia de fallidos que tuvo este juicio, se va a llegar a la verdad». Tras ello, remarcó sobre la presencia del libertario: “Es muy bueno que venga el Presidente, han venido pocos”.
Desde que asumió en Casa Rosada, en diciembre de 2023, Milei asistió a todos los actos de conmemoración. Al igual que en esas ocasiones, fue ubicado en las primeras filas, entre familiares de las víctimas y autoridades de la AMIA y de la DAIA, muy cerca del embajador israelí en Buenos Aires, Eyal Seal.
El operativo de seguridad combina la presencia de miembros de distintas divisiones de la Policía Federal Argentina (PFA) y Casa Militar, el órgano mixto de civiles y uniformados, que se encarga de la custodia presidencial, según pudo saber .
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The Guardian pidió que el Reino Unido reabra negociaciones con Argentina por las Malvinas: “No pueden ser británicas para siempre”
La aparición de una bandera que clamaba que “Las Malvinas son argentinas” durante los festejos de la selección argentina, tras la victoria por 2 a 1 a Inglaterra en semifinales, volvió a poner sobre la mesa la discusión por la soberanía de las islas del Atlántico Sur. Aunque algunos medios internacionales tildaron el gesto de “arrogante”, el diario británico The Guardian pidió al Reino Unido que reabra las negociaciones.
“No pueden ser británicas para siempre”, planteó el periodista y columnista Simon Jenkins, luego de que ofreciera un repaso histórico sobre los territorios que alguna vez fueron colonias británicas y que, paulatinamente, dejaron de responder a la corona.
De hecho, entre los hitos más recientes mencionó el acuerdo que Reino Unido y España cerraron esta semana en torno a la soberanía de Gibraltar. Así, la disposición para eliminar el histórico enrejado no solo representó la desaparición de la frontera física, sino el fin de otra discusión diplomática que se extendió por varias décadas.
Apenas 24 horas habían transcurrido de la celebración por la firma del tratado en Bruselas, cuando el reclamo por la soberanía de Malvinas resurgió en plena celebración del Mundial 2026. “Pero, ¿será mucho esperar que una negociación similar surja producto de la semifinal de anoche?“, cuestionó el columnista del medio británico.
“Ninguno de los territorios de la era imperial británica tiene el derecho eterno de permanecer como están, menos uno que le cuesta a los contribuyentes británicos más de 60 millones de libras esterlinas en materia de defensa por año”, criticó.
Bajo el punto de vista de The Guardian, la ferviente defensa de los gobiernos británicos por el control de las islas estaría íntimamente ligada a la inyección de popularidad que la victoria en la Guerra de Malvinas (1982) le brindó a la administración encabezada por la ex primera ministra Margaret Thatcher.
De la misma manera, consideraron que las políticas de protección también estarían relacionadas “con el hecho de que los isleños, a diferencia de los residentes de Hong Kong o Diego García (islas que supieron responder al gobierno británico), eran británicos blancos”.
Sin embargo, el columnista británico desempolvó los archivos históricos para mencionar que durante la década de los ‘70 el Reino Unido se encontraba en medio de negociaciones para transferir la soberanía de las islas al gobierno argentino. Un movimiento que, en paralelo, fue impulsado por las Naciones Unidas (ONU) en los ex imperios francés, portugués y español.
Según reconstruye el artículo de The Guardian, para 1971 se había establecido un acuerdo para que los habitantes de las islas pudieran viajar hacia el territorio continental y hacer uso de los hospitales, tiendas y otros servicios. “Gradualmente, los isleños estaban formando lazos cercanos con sus vecinos costeros”, destacaron.
“La problemática no era por una cuestión histórica -un argumento eterno-, sino por un sentido común geográfico”, señaló el periodista británico respecto de la predisposición que mostraba por aquel entonces la administración del Reino Unido. La búsqueda por ahorrar dinero también impulsó esa postura, tras indicar que las islas se encontraban expuestas y sin defensas.
En este sentido, reiteró: “Para el Reino Unido, era ridículo que un estado europeo debiera destinar fondos para financiar una gran marina de guerra para defender tierras distantes y disputadas”. Sin embargo, reprochó que el atropello por parte de las fuerzas militares argentinas en 1982 no solo desató el enfrentamiento armado, sino que generó un quiebre en las negociaciones en curso.
“Tal fue la lógica de la guerra que, una vez que comenzó, requirió una ‘victoria’. Un trato podría haber salvado a cientos de vidas y miles de libras”, analizó el artículo, tras hacer mención a los esfuerzos de los Estados Unidos y Perú de que ambas naciones bajaran las armas.
A pesar de esto, el columnista de The Guardian cuestionó que “lo que la guerra de 1982 no necesitaba era que el Reino Unido congelara completamente cualquier tipo de discusión sobre la soberanía de las islas por más de 40 años”.
“La realidad es que estas colonias, inevitablemente, tarde o temprano, se convertirán en parte de sus continentes. No pueden ser protegidas indefinidamente por un patrón europeo y los reclamos argentinos no se irán a ningún lado”, señaló.
De la misma manera, Jenkins consideró que los resultados del referéndum realizado en 2013 sobre el tema, en donde 99,8% de un total de 1517 participantes votaron por permanecer anexados como parte del gobierno británico, no eran suficiente justificativo.
“Tarde o temprano, el gobierno del Reino Unido tendrá el coraje de reanudar las negociaciones. Como están las cosas, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth y el ministro de Defensa pospondrán el problema”, analizó, tras plantear que “sería gratificante si la bandera de las Malvinas exhibida durante el partido en los Estados Unidos sacudiera a alguien para que pase a la acción”.
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La Justicia avanza contra una casa de cambio que movió millones de dólares de un secretario de Kirchner
Doce años después de iniciada la investigación, la Cámara Federal de Mar del Plata confirmó los procesamientos de cuatro directivos del grupo Jonestur por el delito de lavado de activos agravado mediante una estructura destinada a captar fondos de clientes, administrarlos por fuera de la actividad formal de la casa de cambio y transferirlos a sociedades en Panamá y cuentas bancarias en Andorra.
La Cámara Federal consideró que existen pruebas suficientes para sostener que los cambistas involucrados manejaron una cartera de al menos US$138 millones de sus clientes. Entre ellos, el círculo íntimo de uno de los secretarios privados de la familia Kirchner, Daniel Muñoz, que terminó por adquirir inmuebles en Miami y en el otrora hotel Plaza de Nueva York, e involucrados en maniobras de narcotráfico que formaron parte del operativo “Carbón Blanco”.
El tribunal también ordenó embargos por $10.000 millones contra cada uno de los procesados en la investigación que comenzó con una denuncia del Banco Central (BCRA) e impulsó la fiscal federal Laura Mazzaferri, titular de la Oficina de Criminalidad Económica y otros delitos complejos de Mar del Plata, con el apoyo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal general Diego Velasco.
En su resolución, la Cámara consideró acreditado que Jonestur operó como mucho más que una casa de cambio. También prestó servicios de administración patrimonial, asesoramiento financiero y gestión de carteras, y fugó fondos al exterior mediante sociedades constituidas en Panamá hacia cuentas abiertas en la Banca Privada de Andorra (BPA).
Los procesamientos confirmados recayeron sobre los máximos responsables de Jonestutr -Oscar Rigano, Rubén Seret, Alfredo Blasco García y María Fernanda García Navarro-, quienes quedaron a un paso de afrontar un juicio oral “por haber tomado intervención en el delito de lavado de activos agravado por habitualidad y haberse cometido de forma organizada”.
La Cámara también dictó la falta de mérito o el sobreseimiento de otros acusados -entre ellos, los directivos de Transcambio- y estimó que no hay evidencias suficientes para confirmar que integraron una asociación ilícita, tal como sostuvo el juez federal, Santiago Inchausti, al procesarlos, decisión que el Ministerio Público apelará ante la Casación Penal.
La operatoria bajo sospecha benefició, entre otros, al círculo íntimo de Daniel Muñoz, quien movió decenas de millones de dólares sin declarar. Según la investigación, su pareja, Carolina Pochetti, y uno de sus testaferros, Sergio Todisco recurrieron a esas estructuras financieras para triangular y reciclar fondos que terminaron en sociedades offshore para luego volcarse en operaciones inmobiliarias en Estados Unidos.
La causa se inició en 2014 a partir de una presentación del BCRA por posibles infracciones al Régimen Penal Cambiario atribuidas a sitios que operaban como “cuevas financieras” en la ciudad de Mar del Plata. La denuncia quedó radicada ante la justicia federal de esa ciudad e incluyó allanamientos en locales comerciales, oficinas paralelas y domicilios particulares. También se analizaron elementos tecnológicos, documentación secuestrada y registros vinculados con la operatoria financiera desplegada por el grupo investigado.
El intento de hacer caer la causa
Pronto afrontó, sin embargo, obstáculos y demoras en los tribunales, que se sumaron a los planteos de las defensas para cerrar el expediente. En ese sentido, la Cámara Federal marplatense llegó a disponer en un fallo anterior el apartamiento del juez Inchausti, el sobreseimiento de todos los imputados y el cierre de la investigación, pero la Casación revirtió la anulación y forzó la reapertura del expediente, en tanto que la Corte Suprema restableció a Inchausti al frente de la investigación judicial.
Con el expediente otra vez en sus manos, Inchausti avanzó contra los directivos de Jonestur y Transcambio en septiembre pasado. En total, procesó a 29 imputados; entre ellos, a miembros de las familias García Navarro, Ramaglio, Vattuone e Irazoqui, además de conocidos operadores financieros como Oscar Rigano, Rubén Seret y Rolando Todaro -señalado como nexo clave entre ambas organizaciones-. También, al comisario (RE) de la Policía bonaerense, Gerardo Julio Gómez, imputado por encubrimiento agravado porque omitió denunciar las maniobras.
Inchausti también libró una rogatoria internacional a Andorra para inmovilizar activos detectados en cuentas en la BPA de García Navarro, sus hijas y un conjunto de sociedades panameñas asociadas al grupo. El expediente detalla que en 2023, en Andorra, directivos de Jonestur —entre ellos Rigano y Seret— celebraron un acuerdo con el Ministerio Público del Principado, donde reconocieron delitos financieros y aceptaron multas por más de 32 millones de euros, además del decomiso de casi 8 millones de euros en comisiones ilegales. A pesar de ello, en la entidad andorrana permanecen congelados cerca de 40 millones de euros, que la Justicia argentina busca recuperar.
La investigación requirió años de escuchas telefónicas, peritajes contables, testimonios de ahorristas damnificados -muchos de ellos patrocinados por los letrados Pedro Bove, Julián Vespa y otros profesionales- y cooperación internacional. Y para Inchausti, “quedó acreditado que los fondos manejados provenían de actividades ilícitas y que ambas estructuras actuaron con vocación delictiva permanente”, configurando una de las mayores redes de intermediación financiera ilegal de las últimas décadas en Argentina.
Hugo Alconada Mon,Conforme a
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