INTERNACIONAL
La Constitución de 1985 mantiene vigencia en Guatemala, aunque su debate se enfoca en justicia y control institucional, según expertos
A 41 años de la promulgación de la Constitución de 1985 en Guatemala, dos analistas coincidieron en que el texto sigue siendo una base democrática sólida, aunque arrastra desequilibrios en la distribución del poder y reformas pendientes, sobre todo en justicia, un debate que vuelve a instalarse ante el ciclo preelectoral y las propuestas de Asamblea Nacional Constituyente.
La discusión no se limita a su origen histórico. Pablo Hurtado, analista de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales, sostuvo que la Constitución ha resistido pruebas políticas de alto impacto, entre ellas el intento de autogolpe de 1993, el caso Rosenberg, las elecciones de 2023 y el marco que permitió la suscripción de los acuerdos de paz.
Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Economías Nacionales, afirmó que la Constitución de 1985 no surgió como un texto enteramente nuevo, sino como una continuidad de la tradición constitucional guatemalteca. En la entrevista, describió ese proceso como una “posconstitución”, porque integra normas heredadas de cartas anteriores y también negociaciones entre actores que buscaron preservar intereses y espacios de poder.
Según Quezada, uno de los cambios más visibles del texto de 1985 fue la incorporación más amplia de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de pactos internacionales en la materia. También ubicó entre sus novedades institucionales la creación de la Corte de Constitucionalidad y del Tribunal Supremo Electoral.
Quezada explicó que la Constitución asumió una transcripción más extensa de normas de derechos humanos que ya habían aparecido en constituciones previas. Añadió que el diseño guatemalteco estableció además un criterio dinámico: los tratados internacionales de derechos humanos a los que se adhiera Guatemala pasan a integrar el bloque constitucional.
Sobre la aparente tensión entre el derecho a la vida y la pena de muerte, Quezada dijo que ambas disposiciones derivan de tratados internacionales y no de una formulación original de los constituyentes. Señaló que la tendencia en derechos humanos es abolicionista respecto de la pena capital, aunque los tratados la reconocen bajo límites, entre ellos la existencia de indulto y la prohibición de extenderla a otros delitos.
El analista también sostuvo que la Constitución fue redactada como reacción a la alta concentración de poder que, a su juicio, existía en el presidente en la Constitución de 1965 y en etapas previas. Ese objetivo llevó a redistribuir atribuciones hacia otras instituciones, en especial el Congreso de la República, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad.
Para Quezada, ese rediseño produjo un efecto no previsto. Dijo que el Congreso de la República terminó acumulando demasiadas facultades porque los constituyentes consideraron que un órgano plural tendría menos posibilidades de abuso, y añadió que la Corte de Constitucionalidad adquirió un peso aún mayor sin que ese resultado hubiera sido plenamente anticipado al momento de redactar sus competencias.
La respuesta directa al debate sobre si Guatemala necesita una nueva Constitución fue negativa en ambos casos. Quezada afirmó que no convocaría una reforma constitucional general ni una Asamblea Nacional Constituyente, porque considera que la Constitución actual “no se ha terminado de aplicar y no se ha terminado de entender”, y advirtió que una constituyente quedaría en manos de corrientes políticas capaces de movilizar votos, sin garantía de producir un mejor texto.
Hurtado coincidió en que la vía de una Asamblea Nacional Constituyente es la menos aconsejable. Según el analista de Asies, la debilidad del sistema de partidos hace difícil esperar un órgano constituyente con compromiso común, por lo que una elección de ese tipo “puede resultar cualquier cosa”.
Ambos sí señalaron ámbitos concretos de corrección. Quezada ubicó uno de los principales problemas en el poder del Congreso, especialmente en materia presupuestaria, y dijo que esa institución ha actuado como si no tuviera límites al aprobar el presupuesto. También mencionó abusos vinculados con los situados constitucionales y puso como ejemplos al deporte y a la Universidad de San Carlos, que, según su evaluación, recibieron fondos multimillonarios sin resultados proporcionales o terminaron en deterioro institucional.
Como antecedente de reformas parciales, Quezada recordó los cambios de 1993, cuando se modificó el tratamiento del antejuicio de los diputados. Explicó que antes el propio Congreso conocía esos casos y que, si un legislador cometía un delito, los demás diputados impedían el avance del proceso; tras la reforma, esa facultad pasó a la Corte Suprema de Justicia.
Hurtado, por su parte, puso el foco en el sistema de justicia. Sostuvo que desde hace un par de décadas se discute la necesidad de una actualización constitucional en esa materia y que las crisis permanentes dificultan una reflexión serena, pese a que ese ámbito es el llamado a controlar que gobernantes y gobernados actúen conforme a la Constitución.
El analista de Asies dijo que el país no debe esperar un momento ideal para discutir cambios. Propuso una reforma “quirúrgica” y puntual en justicia, complementada por una revisión del sistema de partidos políticos y de la ley electoral, de modo que los partidos recuperen legitimidad, vínculos con la ciudadanía y mecanismos de democracia interna.
Hurtado añadió que desde sectores de sociedad civil, academia y sector privado ya existe un consenso más visible sobre algunos ajustes constitucionales en justicia. Planteó que el año electoral 2027 podría convertirse en una oportunidad para exigir a los candidatos compromisos explícitos con esas reformas y convertirlas en un criterio de voto.
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INTERNACIONAL
El régimen de Irán dijo que varios proyectiles impactaron objetivos militares en la isla de Qeshm, cerca del estrecho de Ormuz
La agencia estatal iraní IRNA informó este domingo que varios proyectiles lanzados por lo que describió como el “enemigo” impactaron en la isla de Qeshm, un enclave estratégico situado en el estrecho de Ormuz, en medio del recrudecimiento del enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos. Según el régimen de Teherán, los ataques alcanzaron exclusivamente objetivos militares y no dejaron víctimas.
El gobernador del distrito de Qeshm, Hossein Amir Teymouri, declaró a IRNA que “entre 10 y 11 proyectiles enemigos impactaron la isla de Qeshm desde la tarde del domingo”. El funcionario agregó que “todos los objetivos eran militares” y aseguró que “no hubo víctimas”.
Horas antes, la propia agencia estatal había comunicado que varios misiles fueron disparados contra la isla durante la tarde, precisando igualmente que no existían reportes de fallecidos o heridos como consecuencia de los impactos.
La isla de Qeshm ocupa una posición clave en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio internacional de petróleo y gas. Su ubicación la convierte en un punto de alto valor estratégico dentro de la infraestructura militar y naval iraní en el golfo Pérsico.
Los impactos se produjeron en una jornada marcada por una nueva escalada militar entre Washington y Teherán. Durante este domingo, Estados Unidos lanzó nuevos bombardeos contra territorio iraní tras responsabilizar a la República Islámica de un ataque previo contra un buque que navegaba por el estrecho de Ormuz.
Después de esas operaciones, medios oficiales iraníes informaron de explosiones en distintos puntos del sur del país, entre ellos Bandar Abás, Sirik y la propia isla de Qeshm, además de reportes de ataques en la provincia de Juzestán, fronteriza con Irak.
El régimen iraní también informó de la muerte de un soldado en la ciudad costera de Jask y, posteriormente, reportó el fallecimiento de un trabajador del sector de telecomunicaciones en la provincia de Hormozgán, ubicada sobre la costa norte del estrecho de Ormuz.
En respuesta a los bombardeos estadounidenses, la Guardia Revolucionaria anunció el cierre del estrecho de Ormuz. En un comunicado afirmó que “el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y hasta el fin de las intervenciones estadounidenses en esta región”.
Además, el cuerpo militar sostuvo que había realizado disparos de advertencia contra una embarcación que, según su versión, intentó navegar por “una ruta no autorizada”. Teherán mantiene que únicamente reconoce un corredor marítimo específico para el tránsito de buques por esa vía.
La decisión iraní fue rechazada por el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que aseguró posteriormente que el tráfico marítimo continuaba desarrollándose con normalidad. El comando estadounidense sostuvo además que “Irán no controla el estrecho de Ormuz” y afirmó que las embarcaciones comerciales seguían transitando por la zona.
Una enorme columna de humo negro se eleva desde la isla de Qeshm cerca del Estrecho de Ormuz tras intensos bombardeos aéreos de EE.UU. en la última hora.
La nueva escalada se produjo semanas después de que Washington y Teherán firmaran un memorando destinado a abrir un período de negociaciones para buscar un acuerdo permanente que pusiera fin al conflicto iniciado el 28 de febrero tras la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.
En los últimos días, sin embargo, ambas partes intercambiaron nuevos ataques. Estados Unidos aseguró haber ejecutado alrededor de 140 bombardeos contra instalaciones iraníes, mientras el presidente Donald Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses habían golpeado “muy duro” a Irán.
Tras los ataques estadounidenses, varios países del Golfo denunciaron incidentes relacionados con la ofensiva iraní. Kuwait informó daños en puestos fronterizos y en una plataforma petrolera; Qatar confirmó la interceptación de misiles y reportó tres personas heridas; Jordania indicó que tres proyectiles impactaron en su territorio sin causar víctimas, mientras Omán convocó al embajador iraní para expresar su protesta por los ataques.
En paralelo, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pidió que se “reanuden urgentemente las negociaciones” para intentar frenar la escalada militar, mientras el ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, instó públicamente a todas las partes a avanzar hacia una “desescalada” del conflicto.
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Sen. Lindsey Graham, R-S.C., never wanted President Donald Trump to be nominated, let alone win the presidency in 2016.
«If we nominate Trump, we will get destroyed…….and we will deserve it,» Graham said on X at the time.
Graham had run on the same ticket as Trump, and like many other Republicans on the debate stage, challenged Trump’s candidacy as preposterous — he once likened his candidacy to ‘being shot in the head.’»
LINDSEY GRAHAM, SOUTH CAROLINA SENATOR WHO ROSE FROM SMALL-TOWN ROOTS TO GOP POWER BROKER, DIES AT 71
President Donald Trump gestures as Sen. Lindsey Graham, R-S.C., addresses the crowd during a 2024 election campaign event in Columbia, S.C., on Jan. 28, 2023. (Logan Cyrus/AFP via Getty Images)
But Trump ultimately clinched the nomination, took the White House and eventually won over Graham.
Now, in the fast-moving hours after Graham’s sudden death at 71 years old, and as private jockeying to fill his empty seat takes place behind the scenes, Trump has lost a once-fierce political enemy turned friend.
Trump told NBC’s «Meet the Press» that he had just spoken with Graham the night before and believed «It could have been his last call.»
«I don’t know exactly, but I got a message about 1:00 in the morning from one of the people in his office that he had passed away. I said, ‘I just can’t believe it,’» Trump said. «He was like a member of the family to me. It’s very tough, actually.»
It wasn’t always that way for Trump. He once told a crowd in South Carolina nine years ago that Graham was a «disgrace,» and «one of the dumbest human beings I’ve ever seen.»
TRUMP REVEALS DETAILS OF FINAL PHONE CALL WITH GRAHAM AFTER SENATOR’S DEATH, CALLS LOSS ‘BIG BLOW’ TO SAVE ACT
«I don’t think he could run for dogcatcher in this state and win again,» Trump said at the time. «I really don’t. Other than that, I think he’s wonderful.»
Still, their relationship evolved from potshots online and on the debate stage into steadfast friends who weren’t shy about hitting the golf course.
Graham transformed into one of Trump’s most vocal allies in the Senate and a key bridge from the upper chamber to the White House during Trump’s second term — even after Graham believed Trump should never step foot in the White House.
After winning his primary for the GOP nomination in June, Trump was almost top of mind for Graham.
«I want to thank the big guy, God,» Graham said during a speech last month. «Trump comes later. Mr. President, you’re not far behind God, but we’re going to start with him.»
GRAHAM’S DEATH IGNITES GOP SCRAMBLE FOR SENATE SEAT AS TRUMP HINTS HE ALREADY HAS A FAVORITE
Donald Trump and Lindsey Graham pose for a picture on a golf course on June 28, 2025. (Sen. Lindsey Graham via X)
But that reverence, be it political or sincere, took time. Years ago, Trump at one point grew so angry at Graham that he leaked the lawmaker’s phone number online, which prompted Graham to make a show of destroying several of his phones.
And after the Jan. 6, 2021, riots on Capitol Hill, Graham turned his back on Trump.
«Trump and I, we’ve had a hell of a journey. I hate it to end this way. Oh my God, I hate it. From my point of view, he’s been a consequential president,» Graham said on the Senate floor as the vote to certify the election neared. «All I can say is count me out. Enough is enough.»
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In the run-up to and during Trump’s second term, Graham became a fierce ally of Trump’s.
He led the vanguard for the «one, big beautiful bill,» as Senate Budget Committee chair and has championed Trump’s flagship election integrity legislation, the SAVE America Act.
And in the hallways of the Senate during the last year and a half, you’d often hear Graham say he’d just spoken with Trump or was headed to the White House to hammer out a legislative dispute — be it with Democrats standing in the way or Republicans.
Now, after a rocky, explosive and tight-knit journey together, the road has run out.
«I said, ‘We’ll see you soon,’» Trump recalled of his last call with Graham. «Come over anytime you want. He came into the White House, because I liked him. Can’t do that with everybody.»
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Ni el genocidio en Gaza y la muerte de decenas de miles de palestinos (fue la respuesta militar a los atentados de Hamás en Palestina), ni el juicio contra la dirigencia israelí en la Corte Penal Internacional sirvieron para que la Unión Europea reaccionara rápido contra Israel. Pero el barco europeo, lento y complejo de virar, debe aprobar este lunes, en una reunión de cancilleres, sus primeras sanciones directas contra Israel. Hasta ahora se había sancionado personalmente a los dirigentes más violentos de los colonos en tierras ocupadas a Palestina, pero ahora ya se ataca a la economía.
Los ministros tienen varias opciones sobre la mesa. La más probable, la que según fuentes diplomáticas es prácticamente imposible de frenar ya porque debe salir por mayoría cualificada, no por unanimidad, es la prohibición de exportar a Europa cualquier producto que tenga como origen la Palestina ocupada por Israel.
Los cancilleres también tratarán de los últimos acontecimientos en Ucrania y de la situación en Líbano y en el Estrecho de Ormuz, pero sin decisiones previstas.
La Comisión Europea, presidida por una Úrsula von der Leyen que como miembro de la CDU alemana se ha negado repetidamente a sancionar a Israel, terminó por verse forzada por los gobiernos a preparar un documento con opciones para los cancilleres. La ‘canciller’ Kaja Kallas también empujó a favor de las sanciones.
Más allá de esas restricciones al comercio desde los territorios ocupados, que es la opción que más apoyo recaba y difícilmente será bloqueada, los cancilleres tienen otras opciones que políticamente serían más difíciles de aprobar. Algunas porque recaen en competencias de política exterior para las que se necesita unanimidad. Y Alemania aplicaría su veto.
Los ministros también tendrán sobre la mesa la posibilidad de aprobar sanciones personales contra el ministro ultraderechista israelí Itamar Ben-Gvir. En algunos documentos aparece también su colega Bezalel Smotrich, aunque el foco sigue sobre Ben-Gvir, sobre todo después de haber aparecido videos suyos amenazando y humillando a ciudadanos europeos de una flotilla de solidaridad con Palestina que fue abordada por Israel en el Mediterráneo y sus miembros trasladados a Israel.
De sancionarse a Ben-Gvir se buscaría congelar todos sus activos en Europa, se cortaría cualquier relación con su Ministerio y se le prohibiría la entrada en la Unión Europea. Tampoco es muy probable que Ben-Gvir fuera a pisar Europa porque ya hay varios sistemas judiciales europeos que lo tienen en el punto de mira por el acontecimiento de aquella flotilla.
Una opción que sigue sobre la mesa pero que difícilmente se aprobaría porque Alemania aplicaría su veto sería la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación UE-Israel. A Israel le da derecho a mantener relaciones comerciales preferenciales (la UE es su primer socio comercial) y a participar en proyectos de cooperación científica como si fuera prácticamente un Estado miembro de la UE.
Varios gobiernos, como el español, el irlandés o el belga defienden que se suspenda ese acuerdo alegando que Israel estaría incumpliendo la cláusula de derechos humanos del mismo. España, Irlanda, Bélgica, Francia y Suecia son, salvo matices, los países que más se están moviendo para que este lunes los portavoces europeos puedan ya decir que “la Unión Europea aprueba sus primeras sanciones contra Israel”.
El papel de Kaja Kallas ha ido virando. Si en los primeros meses tras los atentados de Hamas se puso, con Von der Leyen, del lado del Gobierno de Netanyahu a pesar de que este ya había empezado los bombardeos masivos sobre Gaza, con los meses, y sobre en el último año, fue virando hasta ponerse a favor de las sanciones.
A mediados de junio, en una conversación en un foro privado que terminó por filtrarse, Kallas dijo que Israel se comporta como la Suráfrica del apartheid. El Gobierno israelí exigió una rectificación que nunca se produjo y decidió entonces romper cualquier relación con la canciller europea. Kallas dijo lo que todos piensan en Europa.
La Comisión Europea, que suele ser quien presione y prepare todo para que se aprueben paquetes de sanciones, por ejemplo contra Rusia desde 2022, arrastra los pies. Si por el brazo ejecutivo de la Unión Europea fuera, no habría sanciones contra Israel.
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