INTERNACIONAL
La Constitución de 1985 mantiene vigencia en Guatemala, aunque su debate se enfoca en justicia y control institucional, según expertos
A 41 años de la promulgación de la Constitución de 1985 en Guatemala, dos analistas coincidieron en que el texto sigue siendo una base democrática sólida, aunque arrastra desequilibrios en la distribución del poder y reformas pendientes, sobre todo en justicia, un debate que vuelve a instalarse ante el ciclo preelectoral y las propuestas de Asamblea Nacional Constituyente.
La discusión no se limita a su origen histórico. Pablo Hurtado, analista de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales, sostuvo que la Constitución ha resistido pruebas políticas de alto impacto, entre ellas el intento de autogolpe de 1993, el caso Rosenberg, las elecciones de 2023 y el marco que permitió la suscripción de los acuerdos de paz.
Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Economías Nacionales, afirmó que la Constitución de 1985 no surgió como un texto enteramente nuevo, sino como una continuidad de la tradición constitucional guatemalteca. En la entrevista, describió ese proceso como una “posconstitución”, porque integra normas heredadas de cartas anteriores y también negociaciones entre actores que buscaron preservar intereses y espacios de poder.
Según Quezada, uno de los cambios más visibles del texto de 1985 fue la incorporación más amplia de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de pactos internacionales en la materia. También ubicó entre sus novedades institucionales la creación de la Corte de Constitucionalidad y del Tribunal Supremo Electoral.
Quezada explicó que la Constitución asumió una transcripción más extensa de normas de derechos humanos que ya habían aparecido en constituciones previas. Añadió que el diseño guatemalteco estableció además un criterio dinámico: los tratados internacionales de derechos humanos a los que se adhiera Guatemala pasan a integrar el bloque constitucional.
Sobre la aparente tensión entre el derecho a la vida y la pena de muerte, Quezada dijo que ambas disposiciones derivan de tratados internacionales y no de una formulación original de los constituyentes. Señaló que la tendencia en derechos humanos es abolicionista respecto de la pena capital, aunque los tratados la reconocen bajo límites, entre ellos la existencia de indulto y la prohibición de extenderla a otros delitos.
El analista también sostuvo que la Constitución fue redactada como reacción a la alta concentración de poder que, a su juicio, existía en el presidente en la Constitución de 1965 y en etapas previas. Ese objetivo llevó a redistribuir atribuciones hacia otras instituciones, en especial el Congreso de la República, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad.
Para Quezada, ese rediseño produjo un efecto no previsto. Dijo que el Congreso de la República terminó acumulando demasiadas facultades porque los constituyentes consideraron que un órgano plural tendría menos posibilidades de abuso, y añadió que la Corte de Constitucionalidad adquirió un peso aún mayor sin que ese resultado hubiera sido plenamente anticipado al momento de redactar sus competencias.
La respuesta directa al debate sobre si Guatemala necesita una nueva Constitución fue negativa en ambos casos. Quezada afirmó que no convocaría una reforma constitucional general ni una Asamblea Nacional Constituyente, porque considera que la Constitución actual “no se ha terminado de aplicar y no se ha terminado de entender”, y advirtió que una constituyente quedaría en manos de corrientes políticas capaces de movilizar votos, sin garantía de producir un mejor texto.
Hurtado coincidió en que la vía de una Asamblea Nacional Constituyente es la menos aconsejable. Según el analista de Asies, la debilidad del sistema de partidos hace difícil esperar un órgano constituyente con compromiso común, por lo que una elección de ese tipo “puede resultar cualquier cosa”.
Ambos sí señalaron ámbitos concretos de corrección. Quezada ubicó uno de los principales problemas en el poder del Congreso, especialmente en materia presupuestaria, y dijo que esa institución ha actuado como si no tuviera límites al aprobar el presupuesto. También mencionó abusos vinculados con los situados constitucionales y puso como ejemplos al deporte y a la Universidad de San Carlos, que, según su evaluación, recibieron fondos multimillonarios sin resultados proporcionales o terminaron en deterioro institucional.
Como antecedente de reformas parciales, Quezada recordó los cambios de 1993, cuando se modificó el tratamiento del antejuicio de los diputados. Explicó que antes el propio Congreso conocía esos casos y que, si un legislador cometía un delito, los demás diputados impedían el avance del proceso; tras la reforma, esa facultad pasó a la Corte Suprema de Justicia.
Hurtado, por su parte, puso el foco en el sistema de justicia. Sostuvo que desde hace un par de décadas se discute la necesidad de una actualización constitucional en esa materia y que las crisis permanentes dificultan una reflexión serena, pese a que ese ámbito es el llamado a controlar que gobernantes y gobernados actúen conforme a la Constitución.
El analista de Asies dijo que el país no debe esperar un momento ideal para discutir cambios. Propuso una reforma “quirúrgica” y puntual en justicia, complementada por una revisión del sistema de partidos políticos y de la ley electoral, de modo que los partidos recuperen legitimidad, vínculos con la ciudadanía y mecanismos de democracia interna.
Hurtado añadió que desde sectores de sociedad civil, academia y sector privado ya existe un consenso más visible sobre algunos ajustes constitucionales en justicia. Planteó que el año electoral 2027 podría convertirse en una oportunidad para exigir a los candidatos compromisos explícitos con esas reformas y convertirlas en un criterio de voto.
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INTERNACIONAL
Los capturaron cargando televisores y lavadoras tras aprovechar incendio en almacén de República Dominicana
Un incendio de grandes proporciones afectó este sábado las instalaciones de un almacén, ubicado en la marginal de la autopista Las Américas, kilómetro 13, en Santo Domingo Este, donde la Policía Nacional recuperó productos saqueados y detuvo a más 17 personas involucradas en robos tras el siniestro.
Así lo confirmaron fuentes oficiales y medios locales, tras la viralización de imágenes en redes sociales que mostraron a varias personas llevándose electrodomésticos y otros artículos mientras avanzaban las llamas.
El operativo permitió la detención de diecisiete personas en flagrante delito, quienes fueron sorprendidas presuntamente cargando mercancías sustraídas del establecimiento, entre ellos se encontraban televisores, neveras, lavadoras, microondas y otros electrodomésticos.
La Policía detalló que los artículos recuperados fueron trasladados a un centro habilitado para su resguardo. En un comunicado, la institución desmintió “de manera categórica las versiones falsas que circulan en medios de comunicación y redes sociales, en las que se pretende atribuir a agentes de la institución el uso de unidades oficiales para sustraer electrodomésticos durante el incendio registrado en la empresa”.
Según la policía, “las imágenes evidencian, con los electrodomésticos y personal del almacén presentes, que la actuación de nuestros agentes estuvo orientada exclusivamente a enfrentar actos delictivos, agarrar a personas involucradas en robos y recuperar electrodomésticos sustraídos del establecimiento”.
Durante una intervención ante la prensa, el vocero de la institución policial, Diego Pesqueira, explicó: “El reporte que tenemos es que estas personas, que desde mi punto de vista son delincuentes, aprovecharon en el momento que se inició este incendio que ha reducido a cenizas esta empresa. Aprovecharon para saquear y cargar con algunos ajuares. Gracias a la intervención de la Policía Nacional, han sido detenidas hasta el momento más de diecisiete personas, que fueron sorprendidas en flagrante delito mientras cargaban distintos tipos de ajuares”.
Pesqueira agregó que varias unidades policiales se emplearon para trasladar los artículos recuperados y evitar confusiones sobre el uso de vehículos oficiales. “Hemos utilizado varias de nuestras unidades policiales para trasladar a un centro que ha sido habilitado para llevar estos artículos que están siendo recuperados, ocupados, en poder de estos saqueadores, quienes han sido apresados. Queremos aclarar esa parte para que no se vaya a confundir y le agradecemos su pregunta”.
Policías recuperaron neveras, lavadoras, microondas, abanicos y otros electrodomésticos sustraídos de almacén incendiado. (Retomado de: Diego Pesqueira)
Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes. La Policía Nacional reiteró que su intervención buscó “preservar el orden público, proteger vidas y bienes, prevenir hechos delictivos y garantizar la seguridad durante la emergencia”, al tiempo que exhortó a la población a verificar la información antes de divulgarla y a no difundir contenidos falsos que puedan desacreditar la labor institucional.
Las autoridades mantienen un perímetro de seguridad debido al riesgo de colapso parcial de la estructura del local y piden a la población no acercarse al área, acatando las instrucciones de los organismos de socorro mientras continúan las labores de remoción de escombros y evaluación de daños.
De acuerdo con la Defensa Civil de República Dominicana, técnicos especializados se desplegaron en la zona para colaborar en la extinción del incendio, cuyas causas permanecen bajo investigación. A pesar de la magnitud del fuego, no se han reportado víctimas mortales.
El operativo de emergencia incluyó la presencia de personal del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este, dirigido por el general Roberto Santos Méndez, quien coordinó unas quince unidades, así como la intervención del alcalde Dio Astacio y el subdirector del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), coronel Edwin Olivares.
La Policía Nacional implementó un amplio dispositivo de seguridad para proteger a la ciudadanía, preservar el orden y respaldar las labores de los organismos de emergencia. El despliegue fue supervisado por el director regional Santo Domingo Oriental, general Claudio González Moquete, bajo instrucciones del director general de la institución, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz.
INTERNACIONAL
Bipartisan pair of senators urge Rubio to release aid to African women, children at risk of Ebola
WHO issues WARNING after DEADLY Ebola outbreak
The CDC is coordinating the ‘safe withdrawal’ of at least six Americans exposed to a deadly Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo after the WHO declared a global health emergency.
NEWYou can now listen to Fox News articles!
Senators Lisa Murkowski, R-Alaska, and Jeanne Shaheen, D-N.H., are urging the State Department to release hundreds of millions of dollars in aid to help women and infants affected by an Ebola outbreak in East Africa.
In a letter to Secretary of State Marco Rubio Thursday, the senators urged him to use $608 million in congressionally approved international family-planning funds and distribute $1.7 million in already purchased family-planning supplies.
The supplies, which the senators implied included condoms, hormonal contraception, post-rape care medicine and hemorrhage medicines, are being stored at a site in Geel, Belgium, according to the letter.
The senators said if the supplies aren’t used, their understanding is that they will be «destroyed.»
Sens. Lisa Murkowski, R-Alaska and Jeanne Shaheen, D-N.H., wrote a letter Thursday to Secretary of State Marco Rubio asking the administration to release congressionally appropriated funds to help women and infants at risk of contracting Ebola. (Ida Marie Odgaard/Annabelle Gordon)
EBOLA TREATMENT CENTER SET ON FIRE IN CONGO AFTER RESIDENTS CLASH WITH AUTHORITIES OVER VICTIM’S BODY
«Ebola during pregnancy is catastrophic, with a nearly 100 percent fetal loss rate and catastrophic material mortality risk due to severe hemorrhaging,» the lawmakers wrote.
«By providing women with the option to voluntarily prevent unplanned pregnancies and to protect themselves from transmission of the virus and have access to clinics, the United States can prevent further deaths of women and the cruel and certain death of any fetus exposed to the virus,» they added.
The senators also asked the State Department to issue a «humanitarian exception» to support the United Nations Population Fund’s existing health clinics in Uganda and the Democratic Republic of the Congo (DRC).
Psychologists speak with Nyota Safi, a patient who recovered from Ebola virus disease, at the Rwampara Ebola Treatment Centre in Bunia, Ituri, in the east of the Democratic Republic of Congo July 13, 2026. (Benediction Murhabazi/AFP via Getty Images)
SUDAN’S FORGOTTEN WAR LEAVES MILLIONS HUNGRY AS GLOBAL ATTENTION REMAINS ELSEWHERE
As of July 29, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) had reported 3,532 Ebola cases in the DRC and 1,556 deaths, representing a mortality rate of roughly 44%.
In neighboring Uganda, there have been 20 confirmed cases and two deaths, according to the CDC.
Murkowski and Shaheen told the State Department the virus’s rapid spread «leaves no time for delay in providing all possible interventions to save lives.»
Health workers start simulations on admission of suspected cases and evacuation of those deceased during a training by medical charity, Médecins Sans Frontières, in Kenya July 10, 2026. (Tony Karumba/AFP via Getty Images)
VACATION HOT SPOT FACES NEW CDC TRAVEL WARNING AS OUTBREAK CASES CONTINUE CLIMBING
«The cost of [the] United States response is approaching $1 billion,» they wrote. «Investment now in voluntary family planning is fiscally rational in addition to being morally urgent.»
Fox News Digital reached out to the State Department for comment.
Secretary of State Marco Rubio attends the ASEAN Post-Ministerial Conference at the Philippine International Convention Center in Pasay, Metro Manila, Philippines, July 22, 2026. (Eloisa Lopez/Pool Photo via AP)
The earliest known case in the latest Ebola outbreak involved a health worker in the DRC’s Ituri Province who developed symptoms in late April and later died, though the World Health Organization (WHO) believes transmission may have begun as early as March.
The WHO was first alerted to the outbreak May 5 after four health workers died within four days. Ten days later, investigators confirmed that the illness was caused by Bundibugyo virus, a form of Ebola.
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INTERNACIONAL
El congreso de Guatemala abre sesiones con el debate del nuevo subsidio a los combustibles y citación a funcionarios para fiscalizar el anterior
El Congreso de Guatemala abrirá el segundo período ordinario con el debate del nuevo subsidio a los combustibles anunciado por Bernardo Arévalo, una propuesta que prevé Q12 por galón de diésel y Q3 por galón de gasolina regular hasta el 31 de diciembre de 2026 para contener el alza internacional del petróleo, el precio del pasaje y el gasto de los hogares.
La iniciativa del Ejecutivo, contempla un espacio presupuestario de Q3 mil 480 millones, equivalentes a unos USD 453 millones. El Gobierno sostiene que ese monto saldrá de una readecuación interna del presupuesto, sin deuda nueva y sin tocar los recursos de Salud Pública, Educación ni Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
Antes de que el pleno entre al fondo de la propuesta, la Instancia de Jefes de Bloque volverá a reunirse el lunes 3 de agosto. Allí comparecerán los ministros de Finanzas Públicas, Economía y Energía y Minas, junto con autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria, para presentar un informe sobre la ejecución del subsidio anterior y responder dudas de los diputados sobre financiamiento, fiscalización y resultados.
La discusión llega sin consensos cerrados. Tras la reunión de jefes de bloque del jueves 30 de julio, el vicepresidente del Congreso Nery Ramos informó que seguía en análisis tanto la iniciativa del oficialismo para un subsidio directo como otra opción: crear un fondo de compensación que se active cuando los precios internacionales superen un techo previamente definido.
El nuevo esquema supera al apoyo temporal aprobado en el Decreto 11-2026, que rigió entre el 28 de abril y el 2 de julio de este año. Ese mecanismo otorgó Q8 por galón de diésel y Q5 por galón de gasolina, con un costo fiscal cercano a Q2 mil millones.
Según el Ministerio de Energía y Minas, ese subsidio ayudó a contener la inflación mientras estuvo vigente. Cuando expiró, los precios volvieron a subir hasta superar los Q40 por galón en algunas estaciones de la capital.
Arévalo presentó la propuesta en una conferencia de prensa junto al ministro de Finanzas Públicas Jonathan Menkos y el ministro de Energía y Minas Erwin Barrios. El presidente vinculó la presión sobre los combustibles con las tensiones bélicas en el estrecho de Ormuz, que han empujado al alza los precios internacionales del crudo.
“El precio de los combustibles, tanto el diésel como la gasolina, está golpeando la economía de las familias guatemaltecas y se siente en quienes llenan el tanque de sus vehículos, pero también en el precio del pasaje que utilizan quienes van a trabajar o estudiar”, dijo el mandatario. Luego agregó: “Ningún país de nuestra región está libre de esta realidad. Nos encontramos en medio de una crisis de carácter global”.
Barrios explicó que la diferencia entre los montos asignados al diésel y a la gasolina responde al peso económico de cada combustible. Según el ministro, el diésel tiene un impacto tres veces mayor porque mueve el transporte de personas y mercancías en trayectos cortos y largos.
Arévalo resumió ese criterio con una frase: “El apoyo al diésel es mucho más efectivo que el apoyo a la gasolina, que se limita al vehículo en el transporte”. La apuesta oficial busca contener tanto el costo de carga de combustible como los precios de movilidad y distribución.
La bancada oficialista sostiene que el proyecto aún puede modificarse para endurecer controles. Uno de los diputados que defendió esa línea afirmó tras la reunión del jueves: “Aún estamos discutiendo, aún estamos buscando consensos y acuerdos con los diferentes bloques que nos permitan aprobar lo más pronto posible una medida urgente, necesaria para poder aliviar la crisis que las familias guatemaltecas están enfrentando por el incremento de los precios del petróleo”.
Otra voz del oficialismo planteó que el punto central es evitar que el beneficio se pierda antes de llegar al usuario final. En esa línea, señaló: “Lo que debemos de atacar fuertemente es las alzas del pasaje injustificados. Tenemos denuncias que aún con el subsidio, los transportistas incrementaron el pasaje y esa es la parte que no se vale”.
El Ejecutivo también fijó límites a las alternativas en discusión. Menkos descartó contratar nuevos préstamos o cualquier otro esquema de endeudamiento público para cubrir el subsidio.
Barrios rechazó además una rebaja parcial de tributos como solución suficiente. Indicó que eliminar el Impuesto de Distribución de Petróleo y el IVA al diésel solo produciría una rebaja de Q7 por galón, por debajo del beneficio planteado por el Gobierno.
La fijación de precios máximos tampoco forma parte del plan. El ministro de Energía y Minas sostuvo que esa opción contradice la Ley de Comercialización de Hidrocarburos, basada en el libre mercado, y afirmó: “Los precios tope serían una ilegalidad”.
Arévalo recordó que la aprobación y entrada en vigor del Decreto 11-2026 tomó cerca de dos semanas, del 14 al 28 de abril. El presidente estimó que esta vez el plazo podría ser menor porque los reglamentos y mecanismos de control ya existen y solo requieren ajustes.
El Gobierno anunció además una mesa técnica para definir medidas adicionales si la crisis energética internacional se prolonga más allá del plazo del subsidio. Entre las alternativas figura focalizar el apoyo, aunque el presidente advirtió que ese mecanismo necesitaría al menos dos meses de preparación.
También prevé reforzar a la Dirección de Asistencia al Consumidor y al Ministerio de Energía y Minas para vigilar posibles maniobras especulativas en los precios. A la vez, evalúa si el subsidio anterior favoreció el contrabando de combustible hacia países vecinos para diseñar controles que aseguren que el beneficio se aplique solo dentro del territorio nacional.
En su mensaje final, Arévalo pidió rapidez al Legislativo para aprobar la medida: “Este no es tiempo para divisiones, este no es un tiempo para réditos personales o políticos. Guatemala necesita un Congreso unido que proteja el bolsillo de nuestras familias”. Varias bancadas ya habían expresado su disposición a respaldar una readecuación presupuestaria antes del anuncio oficial, según reportes de medios guatemaltecos del día anterior.
Congreso de la República de Guatemala
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