POLITICA
La Corte Suprema resolvió intervenir en la demanda de La Pampa contra el Estado Nacional por la coparticipación

La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó la competencia directa para tratar la demanda presentada por la Provincia de La Pampa contra el Estado Nacional. La causa se tramitará en Buenos Aires, tras la decisión firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti el pasado jueves 7 de mayo.
La decisión también ordenó “correr traslado” al Estado Nacional: se le otorgó un plazo de 60 días para presentar su respuesta formal a la demanda, tal como establece el procedimiento en estos casos.
El reclamo de La Pampa apunta a una parte de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos y busca que el 1% de los fondos actualmente asignados al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional sea repartido diariamente y de manera automática entre las provincias.
La decisión representa un nuevo capítulo en la discusión entre gobiernos provinciales y nacionales por la distribución de recursos, y podría impactar en la administración de fondos que superan varios miles de millones de pesos.
El reclamo de La Pampa
La demanda está representada por el gobernador Sergio Ziliotto y la fiscal de Estado Romina Schmidt, con el patrocinio de los abogados Andrés Gil Domínguez, Gerardo Conte Grand y Esteban Conte Grand.
Según el escrito presentado ante la Corte Suprema, La Pampa solicita que se declare inconstitucionales dos artículos de la Ley 23.548. Sostiene que esas normas “son contrarias” a tres artículos de la Constitución Nacional porque afectan los derechos y recursos de las provincias.

La principal exigencia de la provincia es que los recursos reservados hasta ahora para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional —equivalentes al 1% de la masa coparticipable— pasen a ser distribuidos diariamente y de forma automática entre todas las jurisdicciones provinciales.
El reclamo explica que estos fondos, en lugar de ser distribuidos con discrecionalidad por el gobierno central, deberían integrarse al sistema de reparto automático que rige para el resto de los fondos coparticipables.
La provincia también pidió que se cite a una audiencia informativa y de conciliación, basándose en antecedentes de otros pleitos similares, como los llevados adelante por Santa Fe y por la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional, quienes también habían cuestionado recortes o distribución discrecional de recursos federales.
Los argumentos de la Corte
En el plenario de esta semana, el máximo tribunal resolvió que la presentación corresponde a su “competencia originaria”: la causa empieza y termina en sus estrados, sin pasar por tribunales inferiores. Este mecanismo se activa cuando una provincia demanda a la Nación, en aplicación del artículo 117 de la Constitución Nacional.
El fallo señala: “La presente causa corresponde a la competencia originaria de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación”, y ordena notificar tanto al Ministerio de Economía de la Nación como a la Procuración General de la Nación.
La procuradora fiscal Laura Mercedes Monti sostuvo que corresponde que sea la Corte y no un juzgado inferior el que analice la cuestión, ya que están en juego prerrogativas y derechos constitucionales de una provincia frente al Estado Nacional.
Qué artículos se cuestionan y por qué

El escrito presentado por La Pampa apunta contra los artículos 3 inciso d y 5 de la Ley 23.548, que establecen cómo se reparte el dinero de los impuestos recaudados entre la Nación y las provincias.
La Pampa argumenta que el esquema permite al Estado Nacional manejar de forma discrecional una parte del monto que, según la provincia, debería estar sujeta al reparto automático fijado por la Constitución. Así, denuncia que el 1% reservado al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional nunca pasa por el sistema de coparticipación automática y se destina según decisión del Ejecutivo nacional.
El reclamo provincial se apoya en los artículos 75 (inciso 2º), 18 y 19 de la Constitución Nacional, que definen los alcances de los derechos provinciales sobre los recursos coparticipables y establecen restricciones al manejo unilateral por parte del gobierno federal.
Antecedentes y contexto
Para reforzar su posición, La Pampa citó antecedentes recientes de la propia Corte Suprema, especialmente las sentencias en los casos Santa Fe contra el Estado Nacional y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional, en los cuales se aceptó la competencia de la Corte y se falló a favor de las jurisdicciones reclamantes en materia de transferencias de fondos.
En esos expedientes, la Corte determinó que el Estado Nacional debía devolver sumas retenidas indebidamente y ajustar los mecanismos de transferencia a favor de las provincias o la Ciudad Autónoma, según corresponda.
En esta nueva causa, el planteo es “original”: no se discute una suma retenida en un caso puntual, sino el funcionamiento estructural del mecanismo de coparticipación respecto a un porcentaje específico. De avanzar el reclamo, podría significar una redistribución automática de recursos hacia todas las provincias a partir del 1% que hoy controla la Nación.

El Ministerio de Economía y la Procuración General ya fueron notificados y, de acuerdo con el procedimiento, podrán contestar la demanda o buscar una instancia de conciliación previa, como solicitó La Pampa.
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El contratista que refaccionó la casa de Indio Cuá de Manuel Adorni negó haber recibido aprietes y habló de la intimación que le hizo ARCA

Matías Tabar, el contratista que refaccionó la casa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el country Indio Cuá, negó haber recibido aprietes y habló de la intimación que le hizo la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Tabar dijo: “ARCA me pide explicar unas inconsistencias que detectaron, corregirlas, enviarlas, y un par de declaraciones de patrimonio. Para mí es normal, hace mas de 20 años que soy autónomo, cuando se detectan irregularidades, hay que corregirlas”.
El contratista consideró que la intimación no fue un “apriete”: “No, como contribuyente es lo que me corresponde, una de las probabilidades que existían bajo la investigación y mi declaración”.
Tabar dijo: “Me parece medio raro pensar que fuese un apriete, algo así, no lo considero. Sería como el perro que se muerde la cola, que él (Adorni) me mandara a apretar a mí por un gasto que hizo él, sería más que descabellado”.
El contratista que refaccionó la casa Adorni en Indio Cuá dijo en declaraciones a Yo no fui, por Radio Con Vos: «Es normal que ingreses y tengas irregularidades o inconsistencias dentro de tu portal. Por eso no lo tomo como una persecución o un hostigamiento».
El contratista que refaccionó la casa de Adorni en el country Indio Cuá dijo que el funcionario no volvió a contactarlo
Tabar dijo que ni el jefe de Gabinete ni personas de su entorno lo contactaron en los últimos días: “No. No tengo mi teléfono, yo salgo, me lo puedo cruzar, no tengo ningún problema en cruzármelo. Igual vivimos alejados. No lo vi más. Igual considero que buscarse no sería justo para ninguna de las dos partes».
El contratista dijo: “Que avance todo esto, que se haga lo que se tenga que hacer. El día que se termine volveré a atender el contacto, por ahí, o por ahí no. Me parecería injusto ir y buscar, porque de la otra parte se puede tomar de una forma, prefiero seguir así”.
Noticia que está siendo actualizada.-
ARCA, Manuel Adorni
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«Adorni es un gran mentiroso y toma de boludos a los Argentinos», la dura frase de un dirigente del PRO cercano a Macri

Seguí todo sobre las medidas del gobierno de Javier Milei de este domingo 21 de junio, minuto a minuto:
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En el peronismo advirtieron por una maniobra del oficialismo para blindar a Manuel Adorni en el Senado

El senador nacional José Mayans afirmó este domingo que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, “no puede estar cinco minutos más” en su cargo y reclamó su destitución por la vía constitucional, en el marco de la polémica por la consultoría de la esposa del funcionario y su presunta vinculación con contratos del Estado.
“Es un delito lo que hizo Adorni”, sostuvo Mayans en declaraciones a Radio 10, donde enumeró tres figuras penales que, a su criterio, recaen sobre el jefe de Gabinete: incumplimiento de los deberes del funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y omisión maliciosa en la declaración jurada. El senador formoseño, jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara alta, apuntó además contra el presidente Javier Milei por no haber ejercido el control que la Constitución le exige sobre el funcionario.
La denuncia central de Mayans gira en torno a la consultoría que maneja la esposa de Adorni, que habría cobrado 55 millones de pesos para organizar una licitación sobre 50 hectáreas de tierras fiscales lindantes a la Avenida General Paz. Según el senador, esas tierras serían entregadas en concesión a una persona del entorno de Karina Milei, y el propio Adorni debió firmar las concesiones derivadas del proceso que esa consultoría armó. “El modus operandi que tienen con los bienes del Estado”, dijo Mayans, “es para los hombres que están dentro del gobierno”.
La pulseada en el Senado
En la última labor parlamentaria, el bloque opositor logró que los presidentes de todos los bloques acordaran que la interpelación, censura y destitución del jefe de Gabinete requiere mayoría absoluta —37 votos— y no dos tercios, en base al artículo 101 de la Constitución Nacional. Mayans citó incluso el libro de derecho constitucional del senador Eduardo Menem, padre del presidente de la Cámara de Diputados, como respaldo de esa lectura: “Habla claramente que es un artículo operativo, que no hace falta dos tercios”.
Ese acuerdo, sin embargo, duró poco. Según Mayans, varios bloques dieron marcha atrás tras reunirse con Karina Milei y ahora impulsan una nueva labor parlamentaria para el martes con el objetivo de reinterpretar el artículo y elevar el umbral de votos. “Lo que le ordenó Karina es: ‘Vayan, interpreten la Constitución como quieran y salvémoslo a Adorni porque es socio nuestro’”, afirmó el senador.

Esa disputa interpretativa se da en un contexto de creciente tensión en el Senado. La crisis de Adorni generó una inédita coincidencia entre el bloque de Patricia Bullrich y el kirchnerismo en torno al artículo 101, mientras que la indefinición del Gobierno sobre el futuro del funcionario mantiene paralizada la agenda legislativa de La Libertad Avanza. El Senado ya tiene acordada una interpelación; la discusión es si alcanza con mayoría simple o se necesitan dos tercios para avanzar hacia la remoción.
Mayans también recordó que Adorni incumplió su obligación constitucional de informar mensualmente al Congreso. En mayo y junio faltó a las citaciones del Senado, y la única vez que compareció ante Diputados lo hizo acompañado por el presidente y su hermana. “Mintió a todo el Congreso y mintió al pueblo argentino”, afirmó el senador. La oposición postergó el tratamiento de otro proyecto —la ley de inviolabilidad de la propiedad privada— para priorizar el caso Adorni como primer punto del orden del día.
La sesión del Senado prevista para el jueves próximo se perfila como el escenario donde se definirá si la oposición tiene los votos para avanzar con la interpelación y, eventualmente, con la censura del jefe de Gabinete.
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