El Gobierno baja la tensión con Patricia Bullrich pese a su faltazo a la reunión con Manuel Adorni y prepara para esta semana la primera conferencia de prensa de Adrián Ravier como vocero presidencial. En el Ejecutivo buscan evitar que el nuevo desmarque público de la jefa del bloque libertario en el Senado escale la interna, mientras intentan relanzar la comunicación oficial con un perfil más económico y menos confrontativo.

“Ella va a hacer ese juego y lo tenemos claro. No hay razón para romper”, expresan en Nación. La lectura que hacen en la Casa Rosada es que Bullrich tiene hoy más poder de negociación interno, que su vínculo con Balcarce 50 será más áspero de cara a 2027 y que el oficialismo necesita mantener un esquema de equilibrio para sostener las reformas en el Congreso.

La ausencia de Bullrich en la reunión con Adorni fue leída como una nueva señal de distancia, pero no como un punto de ruptura. En el entorno del jefe de Estado saben que la senadora viene marcando diferencias por el caso del jefe de Gabinete, por la estrategia parlamentaria y por otros episodios recientes, pero creen que sigue siendo una pieza necesaria para negociar con aliados y ordenar el Senado.

En la mesa política del primer mandatario también toman nota de que los bloques dialoguistas evitaron avanzar en Diputados con una ofensiva inmediata contra Adorni. El PRO, la UCR y sectores provinciales no dieron quórum en la sesión especial impulsada por la oposición para tratar pedidos de interpelación y moción de censura. Interpretan que ese movimiento confirma que los aliados no quieren quedar como responsables de una remoción formal, más allá de que puedan acompañar una interpelación o sostener críticas públicas.

El cálculo oficial es que el Congreso puede mantener vivo el caso Adorni, pero difícilmente avance hasta el final con una remoción. Los funcionarios y dirigentes cercanos al Presidente sostienen que desplazar al jefe de Gabinete por esa vía sentaría un precedente institucional complejo y que muchos bloques no están dispuestos a cargar con ese costo. Es por eso que intentan ganar tiempo, ordenar la discusión reglamentaria en el Senado y evitar que el caso bloquee por completo la agenda legislativa.

El Gobierno prepara en paralelo la primera conferencia de prensa de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial. “Estamos trabajando para que sea esta semana”, expresan en Nación. El economista ya empezó a mantener reuniones en Balcarce 50 con Adorni, Santiago Caputo y el nuevo secretario de Prensa, Fabián Fernández, para definir el formato, los anuncios y el tono de su debut.

Los equipos del asesor presidencial coordinan con el entorno del nuevo funcionario el contenido de la primera aparición pública. La idea es que Ravier tenga un perfil menos confrontativo y más técnico que el de Adorni. “Es positivo que sea más tranquilo y del interior. La gente no tolera más lo pedante”, amplían en el oficialismo. En el Ejecutivo creen que esa diferencia de estilo puede ayudar a descomprimir una comunicación que quedó paralizada por el caso del jefe de Gabinete.

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Ravier se mostró por primera vez con Milei después de su designación en un evento de la Fundación Faro, pero en la Casa Rosada buscan que su verdadero debut político sea la conferencia de prensa. El objetivo es instalar una nueva etapa comunicacional, con foco en economía, gestión y reformas, y evitar que cada aparición pública quede absorbida por las preguntas sobre las declaraciones juradas, los viajes y la situación judicial de Adorni.

En la mesa chica del primer mandatario sostienen que el caso del jefe de Gabinete “lo definirá la Justicia” y que la tarea del oficialismo ahora debe ser recuperar iniciativa. Para eso, los equipos presidenciales trabajan en una agenda de anuncios económicos que permita mostrar gestión y separar el mensaje oficial del desgaste que generó la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Uno de los temas que el jefe de Estado viene trabajando es la flexibilización de los créditos en dólares. El Banco Central modificó la normativa para permitir que bancos otorguen financiamiento en moneda extranjera a clientes que no tienen flujo propio de ingresos en dólares, siempre que cuenten con garantías en moneda extranjera otorgadas por sujetos habilitados, como exportadores, que asuman el rol de principales pagadores.

La otra señal económica es la habilitación para tomar deuda por hasta US$5000 millones. El decreto publicado en el Boletín Oficial faculta a Economía a avanzar con operaciones de financiamiento en dólares con entidades internacionales y garantías parciales de organismos multilaterales. En el Gobierno lo enmarcan en la estrategia para reducir el costo de financiamiento del Tesoro y reforzar la cobertura de vencimientos, en la antesala de pagos relevantes previstos para julio.

La agenda económica y legislativa también incluye el Súper RIGI, la ley de Zonas Frías, la Ley Hojarasca, la reforma electoral y los proyectos de propiedad privada, pliegos judiciales y ascensos diplomáticos que el oficialismo quiere mover en el Senado. En el Ejecutivo admiten que el caso Adorni trabó parte de esa dinámica, pero sostienen que no pueden paralizar el envío ni el tratamiento de reformas por la crisis del jefe de Gabinete.

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Federico Sturzenegger, además, trabaja en un nuevo paquete de desregulación que Milei quiere enviar al Congreso en las próximas semanas. En la Casa Rosada lo presentan como parte del segundo tramo de reformas estructurales que Milei quiere sostener durante el año electoral. La misma lógica aplica para las primeras conversaciones por un pacto fiscal con las provincias, que podría ordenar una negociación más amplia sobre impuestos, coparticipación, gasto y responsabilidad fiscal.

Nación busca combinar esos tres frentes: contener el conflicto con Bullrich, relanzar la comunicación con Ravier y sostener la agenda de reformas. En Balcarce 50 saben que la senadora seguirá diferenciándose cuando lo considere conveniente, pero creen que romper con ella abriría un frente innecesario en el Senado y complicaría aún más la negociación con aliados.

Es por eso que la instrucción interna es bajar la tensión y convivir con los matices. Adorni sigue sostenido por Milei y Karina Milei, pero ya no concentra la comunicación oficial. Bullrich mantiene poder propio y margen para desmarcarse, pero sigue siendo necesaria para la estrategia parlamentaria. Ravier, mientras tanto, tendrá su primera prueba esta semana: intentar que el oficialismo vuelva a hablar de economía y reformas sin que el caso Adorni vuelva a ocupar todo el centro de la escena.

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La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) de la Fiscalía de Salta presentó una acusación formal por fraude a la administración pública contra el ex presidente de la Sociedad del Estado “Pan Solidario”, su esposa y su cuñada, por presuntas maniobras irregulares cometidas durante 2023 que generaron un daño económico superior a los $150 millones.

Se trata de Luis Emilio F. M., quien estuvo al frente del organismo entre abril de 2021 y enero de 2024. De acuerdo con la fiscal Ana Inés Salinas, se trata del presunto autor del delito; mientras que su esposa —R.G.D. y la hermana J.G.D.— fueron imputadas como partícipes necesarias.

A partir de la acción llevada a cabo por la funcionaria la Oficina Judicial deberá sortear al juez interviniente y convocar a la audiencia de control donde se definirá si la causa queda en condiciones de ser elevada a juicio.

Qué reveló el caso

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 24 de mayo de 2024 por el Procurador General de la Municipalidad de Salta. Según la hipótesis fiscal, el hombre acusado habría intervenido en contrataciones con proveedoras vinculadas a su propio grupo familiar, lo que configuró una situación de conflicto de intereses en el manejo de fondos públicos.

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio Público Fiscal de la provincia, ambas mujeres se incorporaron como proveedoras del organismo poco antes de concretarse las operaciones investigadas, sin registrar antecedentes comerciales ni experiencia previa en el rubro. Las contrataciones con la esposa del implicado alcanzaron $48.833.755,34; y las realizadas con su cuñada sumaron $7.739.180, según la documentación contable incorporada al expediente.

La Fiscalía argumentó que parte de los insumos facturados no habrían ingresado efectivamente al organismo ni fueron registrados en stock. El informe del Gabinete de Delitos Económicos del Centro de Investigaciones Fiscales (CIF) determinó faltantes de mercadería por montos millonarios, con una proyección actualizada que supera los $150 millones en uno de los casos analizados. Entre los principales faltantes figuran importantes volúmenes de harina y dulce de leche.

A eso se suman diferencias entre los precios abonados y los valores de mercado en la compra de determinados insumos. También se detectaron compras de materias primas en cantidades superiores a las requeridas para la producción, sin que el excedente quedara registrado ni en stock.

Según la hipótesis fiscal, Luis Emilio F. M. autorizaba las contrataciones y los pagos cuestionados, en tanto las dos proveedoras habrían intervenido en el circuito de facturación de las operaciones investigadas. Esto para las autoridades significaría que el accionar conjunto permitió el desvío de fondos públicos mediante compras sobrefacturadas, mercadería que no ingresó al organismo y operaciones incompatibles con los deberes de administración propios del cargo.

Fraude en PAMI

A principios del mes pasado, una auditoría interna del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) detectó una red de fraude sistemático en prestaciones oftalmológicas y ópticas que se replica en múltiples provincias del país, con al menos cinco modalidades de desvío que van desde la sobrefacturación de anteojos hasta el cobro de prestaciones inexistentes. Los datos, a los que Infobae tuvo acceso exclusivo, surgen de cruces del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) y relevamientos prestacionales en Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja y Concordia.

Los prestadores recetaban lentes de baja graduación, pero facturaban módulos de alta graduación, hasta cinco veces más caros. La segunda modalidad eran las prestaciones fantasma, consultas sin historia clínica, estudios de fondo de ojos o topografías nunca realizados, con hasta el 50% de las órdenes sin respaldo clínico en algunos casos. Se sumaron la manipulación de códigos de facturación, circuitos cerrados con conflicto de interés y el cobro indebido a afiliados por prestaciones que debían ser gratuitas. En este último esquema, el prestador cobraba dos veces: al afiliado y al PAMI. Se detectaron casos de hasta USD 1.500 más $353.500 por lentes que debían estar cubiertos.

La auditoría documentó tres casos con datos específicos. En Santiago del Estero, se confirmaron 606 casos de sobrefacturación con un perjuicio de $10,4 millones en la muestra auditada y el 95% de las recetas derivadas a una misma óptica con vínculo familiar con el médico prescriptor. En Mar del Plata, 58 prestaciones carecían de historia clínica. En Entre Ríos, un único profesional sobrefacturó 613 casos, con 151 consultas sin historia clínica y 16 recetas emitidas sin dioptrías. En Concordia, 830 casos quedaron concentrados en un solo médico.

“Esta gestión no encubre, investiga y denuncia. Hay un mandato claro de sanear el sistema y erradicar los abusos”, afirmaron fuentes del organismo en diálogo con Infobae. Hay al menos seis causas judiciales activas impulsadas por el PAMI y la Unidad Fiscal Especializada (UFI-PAMI) ante la Justicia Federal en distintas jurisdicciones.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 resolvió que Lázaro Báez continúe alojado en el penal de Ezeiza, tras rechazar por segunda vez su pedido de arresto domiciliario por cuestiones de salud.

La decisión se fundamentó en que las patologías crónicas del empresario, como hipertensión, diabetes tipo 2, EPOC, obesidad leve y adenoma de colon con displasia de alto grado, se encuentran estables, bajo tratamiento y pueden ser atendidas en su lugar de detención.

En esa línea, los jueces ordenaron intensificar los controles médicos en prisión.

Días atrás, Casación resolvió que el Tribunal revise su decisión de no concederle la domiciliaria, al sostener que su situación de salud empeoró.

En cumplimiento de esa directiva, el juez Néstor Costabel, miembro del tribunal junto con Fernando Canero y Ricardo Basílico, visitó personalmente a Báez en Ezeiza para constatar su estado de salud.

El fiscal federal Abel Córdoba se opuso al beneficio. Sostuvo que no se acreditaron cambios relevantes en el estado de salud desde abril pasado, que las eventuales demoras en la atención médica no generaron un daño concreto e irreversible y que las deficiencias señaladas por la defensa ya habían sido subsanadas.

En ese sentido, el tribunal dispuso que el Servicio Penitenciario remita informes médicos semanales, gestione los traslados necesarios al Hospital Eurnekian y al Hospital de Gastroenterología Udaondo para realizar una videocolonoscopía con los estudios prequirúrgicos correspondientes, y mantenga controles de glucemia dos veces por día.

Casación pidió también que el TOF considere que, además de su situación de salud, se suma que la pareja de Báez se encuentra en medio de un tratamiento por un cáncer y a cuidado de sus dos hijos menores de edad.

Además, los ingresos por alquiler que sostenían al grupo familiar fueron afectados a una cuenta judicial y que las autoridades que velan por la salud de los menores se pronunciaron a favor de la medida en resguardo del interés superior de los niños.

Báez cumple una pena de 15 años de prisión, unificada en julio de 2025 por el mismo Tribunal Oral Federal N° 4. Esa condena combina los 10 años impuestos por lavado de activos agravados en la causa conocida como “Ruta del Dinero K” y los 6 años por administración fraudulenta en la causa “Vialidad”, vinculada a la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz durante la gestión de Cristina Kirchner.

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La defensa había alegado que las condiciones de detención agravaban el estado de salud del empresario y que existían demoras en la atención médica que ya habían ocasionado perjuicios.

El tribunal consideró que esos planteos no se corroboraron con elementos objetivos suficientes para justificar una modificación del régimen de cumplimiento de la pena.

Lázaro Baez, prision domiciliaria, Justicia