La Cámara del Trabajo otorgó este jueves efecto suspensivo a la apelación que había hecho el Estado nacional contra la medida cautelar que frenaba más de 80 artículos de la reforma laboral, por lo que la normativa vuelve a estar en vigencia hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Así lo dispusieron los camaristas de la Sala VIII María Dora González y Víctor Pesino, quienes dejaron en suspenso el fallo en primera instancia del juez Horacio Ojeda que había hecho lugar a un pedido de la CGT para suspender 82 artículos de la reforma.

La medida cautelar de Ojeda había frenado por tres semanas la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), las limitaciones al derecho a huelga, el cálculo de las indemnizaciones sin contemplar aguinaldos, la creación del banco de horas, la fragmentación de las vacaciones, el pago en cuotas de las indemnizaciones y el traspaso de la Justicia nacional laboral a la ciudad de Buenos Aires, entre otros puntos.

Pero la Sala VIII señaló que cuando una cautelar contra el Estado suspende, total o parcialmente, los efectos de una disposición legal, la apelación debe concederse con efecto suspensivo.

“La medida cautelar [presentada por la CGT] suspendió la vigencia de una gran cantidad de artículos de una ley del Congreso y esta circunstancia torna aplicable la norma antes aludida”, expresaron los jueces.

De esta forma, los 82 artículos que estaban puestos en duda vuelven a estar vigentes y la norma mantiene activas las siguietes modificaciones:

Los salarios deben ser pagados en dinero, sea en moneda nacional o extranjera, especie, habitación o alimentos. Se incorpora el concepto de “salario dinámico”, que puede ser acordado en los convenios colectivos, regionales o por empresa e incluso por decisión del empleador, como pagos al “mérito personal” del trabajador o productividad. Los únicos habilitados para el pago de salarios serán las entidades bancarias (se eliminó la posibilidad de incorporar a las billeteras virtuales).

Se propone una reducción de la base de cálculo: ya no se considerarán conceptos como vacaciones, el aguinaldo, propinas o premios. Se impone un tope salarial como base remuneratoria, que no puede exceder 3 veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador.

Para desalentar discrecionalidades en litigios judiciales, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3% anual. En estos casos, las sentencias podrán ser canceladas en un plazo de 6 cuotas mensuales consecutivas si se trata de grandes empresas. El plazo se estira a 12 cuotas para las pymes.

Se crean los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que serán cuentas específicas e inembargables que conformarán los empleadores con el aporte obligatorio y mensual de un porcentaje de las contribuciones patronales. Será del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las pymes.

El empleador deberá conceder el goce de vacaciones durante el período entre el 1º de octubre y el 30 de abril del año siguiente. Las partes pueden acordar disponerlas fuera de dicho período. También de mutuo acuerdo el empleador y el trabajador podrán convenir el fraccionamiento de las vacaciones siempre que cada uno de los tramos no sea inferior a 7 días.

Se establece la posibilidad de ampliar la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas siempre que se respete el descanso de 12 horas entre días de trabajo.

El empleador y el trabajador podrán acordar de manera voluntaria un régimen de compensación a partir de un banco de horas o bien francos compensatorios. Se incorporan los contratos a tiempo parcial por un período de tiempo inferior a la jornada legal.

Se la computará desde el inicio de la relación laboral, incluyendo los sucesivos contratos a plazo que las partes hubieran celebrado. Asimismo, se computará como antigüedad el tiempo de servicio anterior en los casos en que el trabajador hubiese cesado por cualquier causa y reingrese bajo las órdenes del mismo empleador, salvo si hubiese transcurrido un plazo de tres años entre la desvinculación y su reingreso.

Se mantendrá en el 6% la alícuota de aportes patronales que deberán hacer los empleadores a las obras sociales. Permanece vigente la llamada “cuota sindical” compulsiva que pagan los trabajadores (estén o no afiliados) a los gremios, aunque con un tope del 2% del salario mensual y por dos años. El tope baja al 0,5% en los aportes a las cámaras empresarias.

El Gobierno mantiene firme la prioridad de los acuerdos de empresa o regionales por sobre los convenios sectoriales. En el caso de los convenios que estuviesen vencidos, el Ministerio de Capital Humano convocará a las partes para renegociar dichos convenios. En los convenios vigentes por ultraactividad, por petición de cualquiera de las partes legitimadas, el PEN podrá decretar la suspensión de los efectos del acto de homologación cuando se alegare que su aplicación genera distorsiones económicas graves.

El proyecto creó la figura de repartidor independiente y habilitó la libertad de formas de contrato. La iniciativa establece que este vínculo no constituye una relación laboral, sino un contrato de servicio independiente.

La reforma fija porcentajes mínimos de funcionamiento durante las huelgas, según el tipo de actividad. Los servicios “esenciales” deberán asegurar una cobertura del 75%, mientras que los servicios “trascendentales”, al menos el 50%.

El proyecto amplía el número de actividades alcanzadas: se incluyen, entre otros, los servicios educativos en sus tres niveles. Las fuerzas de seguridad deberán prestar cobertura en un 100%. Las asambleas de trabajadores tendrán que contar con autorización previa del empleador.

Derogados cuatro estatutos profesionales (viajante de comercio, peluquero, choferes particulares y operadores de radio/telegrafía) transcurridos seis meses de la sanción de la ley. El estatuto del periodista profesional se derogará a partir del 1° de enero de 2027.

El juez Sergio Torres asumió como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Torres está al frente del tribunal desde el 19 de abril pasado, a partir del sistema de rotación anual establecido por el artículo 162 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires y el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Juez del Tribunal desde el año 2019, Torres ya fue su presidente durante el periodo 2023-2024.

El cambio de autoridades dispuesto por el Acuerdo 4223 prevé que el juez Daniel Fernando Soria ejerza la vicepresidencia y la jueza Hilda Kogan complet la integración del máximo tribunal bonaerense.

El máximo tribunal funciona desde hace tiempo con solo tres integrantes, pues se acumularon vacantes por jubilaciones, renuncias y fallecimientos.

Esto hizo que el tribunal quedara reducido con respecto a su composición original de siete miembros.

En junio de 2024, la salida del ministro Luis Genoud marcó una nueva vacante que se sumó a las de Eduardo De Lázzari y de Juan Carlos Hitters, renunciados y jubilados, y al lugar dejado por el fallecido Héctor Negri en 2020.

Las vacantes obligan al tribunal a convocar a jueces de Casación para que integren el tribunal a la hora de fallar y conseguir las mayorías mínimas.

Si bien el gobierno bonaerense tiene como una de sus prioridades cubrir estas vacantes, no avanzó en este sentido.