POLITICA
¿Crisis o no crisis? La gran batalla cultural que definirá 2027

Para el Gobierno, no hay crisis económica. Para la oposición dura, hay crisis. La cuestión central es cómo la gente vive e interpreta su coyuntura económica y material. Sobre todo, cuál será su balance cuando las elecciones de 2027 estén a la vuelta de la esquina. El reloj de la economía entró en tiempo de descuento. ¿Crisis o no crisis? Esa es la cuestión. Ésa es la principal batalla cultural que se libra en esta larga coyuntura que desembocará en la elección presidencial del año que viene: oficialismo y la oposición kirchneristas se enfrentan en la disputa por el sentido del presente económico. Para el oficialismo no es una contienda sencilla: por más que haya logros macroeconómicos reconocibles, el voto popular puede alinearse detrás de lo que falta, y no tanto detrás de las metas alcanzadas.
Ayer, ese riesgo aterrizó en las palabras que pronunció Javier Milei en el homenaje a San Martín. “Si la libertad no muestra sus frutos, que son el bienestar y la prosperidad económica, la ciudadanía se olvida de su valor”, planteó Milei. Un reconocimiento elíptico al desafío de convencer a la ciudadanía del beneficio de una Argentina de libre mercado cuando todavía los resultados positivos no se sienten con contundencia en el bolsillo.
Dilemas mileístas
El número dos de Economía, José Luis Daza, viene acusando recibo de esos dilemas. Ayer, en X, reaccionó fuerte contra una interpretación que planteó problemas en la gobernabilidad mileísta hacia el 2027 electoral. Fue en respuesta a una columna de Eduardo Van der Kooy en Clarín. Lo que más molestó al equipo económico fue el cuestionamiento a una serie de pronósticos económicos de Luis Caputo, que también reaccionó con críticas. Caputo optó por la ironía mientras que Daza recalcó un aspecto que considera único del plan de estabilización mileísta: “Nadie en el planeta anticipó que un recorte del gasto público de 30 por ciento real en un mes no generaría una gran depresión”, sostuvo. “Este es uno de los hechos más importantes de la economía mundial en 50 años”, afirmó.
La política no kirchnerista, economistas no mileístas y buena parte de la ciudadanía reconocen ese logro: el fin del gasto público irracional y el control de la inflación. Sin embargo, hay críticas sobre los efectos “heterogéneos” del plan tanto en aliados macristas como en el votante que le dio el triunfo a Milei en 2023.
Daza mismo también aportó en la misma línea de la autocrítica a la demora del impacto positivo en los hogares en una entrevista radial hace veinte días. “Ese proceso (de mejora) ya está en marcha, ya están los brotes verdes y somos conscientes de que tenemos que mejorar las condiciones de la gente. Para eso es todo el esfuerzo”, sostuvo.
En ese punto, en el mileísmo hay una toma de conciencia sobre la percepción social que puede jugar a favor del kirchnerismo y en contra del cambio de régimen económico que se proponen los libertarios. Los tiempos electorales obligan al realismo.
El kirchnerismo, por supuesto, extrema esa conclusión y se convence de su sentido: hay crisis. La narrativa de la oposición dura ya empezó a hacer un uso político estratégico de esa posibilidad: los morosos están instalados como sujeto político clave de estas elecciones. El kirchnerismo sintetiza en ese colectivo, según su lenguaje político, algunos de todos los males que la atribuyen al modelo mileísta de “crueldad” económica.
Máximas sanmartinianas para Milei
En el discurso sanmartiniano de Milei hubo más rastros en ese sentido: expuso el peligro de un proceso de liberalización de la economía que acarree costos coyunturales aprovechables por la oposición anti liberal, es decir, el kirchnerismo, aunque nunca lo mencionó directamente en su discurso: Milei se cuidó de mostrar una apropiación brutal de la gesta sanmartiniana con menciones obvias a su enemigo de carne y hueso político. Optó por un lenguaje alusivo aunque de sentido claro: sobre las huellas de San Martín en el camino de la libertad, los pasos de Milei.
Milei se refirió a los enemigos internos, una referencia indirecta al kirchnerismo: “Internamente, la libertad para sobrevivir requiere de un pueblo próspero y pujante, pues los intentos de los tiranos de turno de sofocar la llama de la libertad siempre se apoyan en el descontento y la pobreza para romper con el orden”. En los ojos de Milei, la Argentina de 2026-2027, vuelve a una encrucijada sanmartiniana que acorrala el camino de la libertad.
Ayer, con su discurso, Milei hizo dos cosas clave en lo político. Por un lado, puso a las familias y sus preocupaciones materiales como sujetos de su política económica: “Nuestra misión hoy es también proveer a nuestra ciudadanía de la estabilidad y el crecimiento necesario para planificar su vida personal y familiar”.
Por otro lado, hizo explícita una estrategia de comunicación política de corte cardosiano, por el expresidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso y su idea de “gobernar es explicar, explicar, explicar”. “Debemos dar la batalla cultural para explicar, una y otra vez, cómo esta prosperidad está basada y depende de los valores que nos hicieron grandes”, afirmó Milei.
Consumo y pedagogía estructuraron su respuesta política al desafío kirchnerista que busca aprovecharse de las demandas sociales insatisfechas y revertir el cambio de matriz económica.
En los dos casos, Milei tomó por las astas al toro de las imputaciones políticas que le hace el kirchnerismo: le habló directo a los problemas económicos de las familias y cambió el tono de su comunicación. Las respuestas de Milei y Caputo al tema del endeudamiento de las familias venían cayendo en un desapego innecesario políticamente, y es más: perjudicial en un contexto que ya empezó a ser electoral.
Milei vs. el anti liberalismo K
Hay una lección política, y económica, que va de las experiencias de Menem a Macri y de ahí a Milei: la súper micro, es decir, el bolsillo y la economía hogareña, como la gran garante del camino de la libertad económica, la macro racional y su sostenibilidad. Otra vez el “voto heladera”. El convencimiento ciudadano, expresado en las urnas, en torno a una economía abierta y libre resulta más central que cualquier consenso político logrado en la rosca entre bambalinas o a través de acuerdos formales y públicos como el Pacto de Mayo de 2024. Sólo lo sólido que viene del apoyo en las urnas no se desvanece en el aire de la alternancia política. El mileísmo está obligado a llevar a la elección de 2027 pruebas contundentes del inicio de un camino de la libertad que lleva a plata en el bolsillo de manera económicamente genuina. “Libertad, crecimiento, orden y prosperidad”, el lema completo que ahora agita Milei, como se vio en el discurso sanmartiniano del lunes.
El San Martín de Milei calza en el escenario electoral: Milei se ve a sí mismo en ese espejo del Libertador. Milei se coloca en un proceso sostenido de conquista de la libertad argentina iniciado por San Martín en el campo de la independencia y continuado por Milei en el campo de la política y la economía: San Martín vs los españoles; Milei vs el kirchnerismo. Milei prometió la conquista de una libertad política respecto del yugo populista del kirchnerismo y una libertad de mercado respecto del capitalismo de amigos, con mercados regulados y cooptados.
Como le dio la espalda a San Martín, según la relectura de Milei en clave política, el pueblo puede darle la espalda a Milei: el voto puede serle adverso en 2027. “¿Cuántas veces como nación tratamos con indiferencia a quienes más nos dieron para recién honrarlos cuando ya no pueden escucharnos?”, planteó este lunes.
La decodificación kirchnerista del presente en clave de crisis económica puede hacer peligrar la reelección y la continuidad del legado de Milei: con la lectura sanmartiniana, Milei alerta sobre el error de la sociedad si no lo vota. En su perspectiva, puede darse un proceso de incomprensión histórica del aporte mileísta similar a la incomprensión que pesó sobre el legado sanmartiniano. Por más méritos que tenga el Gobierno en la gestión de la economía inflacionada que recibió, el voto castigo puede desandar el camino.
Mileísmo y riesgos electorales
Daza no es el único que reconoce lo pendiente. La semana pasada Santiago Bausili fue por el mismo lado: “La economía crece despacio, en torno al 2 por ciento anual, mucho más despacio de lo que nos gustaría”, dijo. El resultado de las urnas todavía está lejos, pero hay indicadores no politizados que representan una alarma para el Gobierno. Si hay crisis económica o no está en debate, pero está claro que la voz del consumidor le está retirando confianza al Gobierno desde hace doce meses.
El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de la Universidad Di Tella es valorado porque correlaciona históricamente con el resultado electoral. En julio mostró una caída interanual de 12 puntos, y una caída mensual de 4,78 por ciento. Es una alarma electoral para el Gobierno, sobre todo porque cayó más en el Gran Buenos Aires, la zona de mayor cantidad de votantes, y en la Ciudad de Buenos Aires, un distrito liberal-libertario. En el interior también cayó, aunque menos.
Hay puntos ciegos en la narrativa oficialista de la economía. Los logros macro que señala Daza son valorados, pero todavía están a la espera de una generalización de logros micro. El kirchnerismo, por su lado, apuesta a la lectura del vaso medio vacío: morosos, desempleo formal y caída del poder de compra le dan chances para el armado de su posicionamiento.
El Gobierno tiene una a favor. Quizás el debate sobre si hay crisis o no es el mayor logro de la gobernabilidad política y económica mileísta. El proceso económico mileísta presenta aristas preocupantes, pero también aristas productivas. Por el momento, la economía libertaria sale mejor parada comparada con la memoria histórica de las crisis económicas argentinas icónicas estilo hiperinflación alfonsinista, corralito aliancista, macrismo inflacionario o kirchnerismo deficitario e inflacionario.
Quedan dos opciones: o no hay crisis o hay, pero cualitativamente tan distinta que quizás no lo sea del todo y le ofrezca al Gobierno puertas de salida para activar, finalmente, el bolsillo. Sería la oportunidad de un consenso ciudadano en torno a una macro racional anti déficit y un crecimiento de libre mercado. En esa posibilidad se juega, en parte, la ventaja competitiva del mileísmo para 2027. Ahí y en una oposición dominada por el modelo agotado del kirchnerismo.
Luciana Vázquez,Javier Milei,Conforme a
POLITICA
Elecciones en la UTA: se pone en juego la conducción del poderoso gremio de colectiveros

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), el estratégico sindicato de los colectiveros, afrontará entre el 7 y el 8 de octubre una elección de alto voltaje para definir sus autoridades nacionales. El actual secretario general, Roberto Fernández, buscará revalidar por quinta vez su cargo al frente del gremio, que conduce desde hace 18 años.
A diferencia de las últimas tres veces, Fernández se enfrentará a un escenario inédito: competirán otras tres listas que buscarán desplazarlo. La atomización opositora, sin embargo, favorece al oficialismo. Sus retadores serán Maximiliano Escriba, líder de la seccional Mar del Plata, una de las cinco jurisdicciones que el oficialismo perdió en 2022; Alberto Patiño, actual secretario de Organización que decidió desafiar al jefe, y Claudio Gómez, con raíces en la izquierda.
Las casi dos décadas de conducción de Fernández, que tiene 82 años, se encuentran marcadas por un perfil negociador con las cámaras empresarias, adaptación a los distintos gobiernos y verticalismo interno. Su hegemonía, sin embargo, se pondrá a prueba frente a fallos judiciales sensibles que propiciaron una mayor apertura electoral en la UTA y abrieron paso a los opositores. En las urnas, esas expresiones buscarán canalizar el descontento por el deterioro del poder adquisitivo, de las condiciones laborales y la cobertura médica. Todo en un contexto signado por la caída de los aportes y la crisis de rentabilidad de las empresas del sector.
El sindicato de los colectiveros tiene alrededor de 70.000 afiliados en todo el país y conserva un alto poder de fuego al momento de instrumentar medidas de fuerza por su capacidad para paralizar el transporte público. Con la votación en dos jornadas, prevista para los choferes de larga distancia, la disputa también se replica a nivel regional, ya que se renovarán las autoridades de las 25 seccionales. El oficialismo será el único que tendrá candidato propio en todas las seccionales e intentará revertir el crecimiento de la oposición en cinco distritos: Mar del Plata, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y Jujuy.
Para la pulseada entre la CGT y la Casa Rosada, no parece resultar menor en manos de quién quedará la UTA. Fernández cortó vínculo con la central obrera y, en desacuerdo con el último cambio del triunvirato, ordenó retirar a su tropa del consejo directivo. En paralelo, adoptó una relación diplomática coyuntural con el gobierno de Javier Milei, condicionada por la dependencia de los fondos públicos, que no escaparon a la motosierra de la administración libertaria. En el último trimestre, la UTA viene de acordar un aumento salarial del 10,5% para los choferes de corta y mediana distancia en AMBA. En septiembre, sin contar viáticos, el salario básico quedó en $1.707.175.
Desde enero de 2024, los ingresos en el área metropolitana aumentaron un 181% en términos nominales ante una inflación acumulada que rondó el 246% desde entonces. Esa disparidad impactó en la capacidad adquisitiva de los colectiveros, que ya acarreaban retrocesos significativos, con el pico del 211% del IPC anual en 2023. Pero el escenario más agudo se sitúa en el resto del país, donde las paritarias están atravesadas por acuerdos fragmentados, ingresos básicos congelados por debajo del millón e incumplimientos por las dificultades para trasladar incrementos a las provincias, que ya no disponen del Fondo Compensador del Transporte del Interior.
Dentro del universo sindical, Fernández ha mantenido una pelea crónica con Hugo Moyano y su familia. Asumió la conducción de un gremio de colectiveros golpeado por el escándalo patrimonial protagonizado por su antecesor, Juan Manuel Palacios, quien dejó el cargo en 2006 después de 22 años al frente. Fernández era entonces su secretario adjunto y, lejos de retirarse junto a su mentor político, decidió quedarse para completar el mandato. Aquella decisión fue interpretada como una traición para el moyanismo y un golpe duro a su esquema de alianzas. Palacios era un dirigente de extrema confianza del líder de Camioneros, con el que conformó el ala combativa contra el menemismo en los noventa.
En consecuencia, el clan Moyano respaldó incursiones internas de rivales para intentar desplazar a Fernández de la UTA. El pico de tensión por el control del gremio colectivero llegó en 2019, con la violenta toma de la sede de la calle Moreno por parte de grupos disidentes. Fernández resistió la avanzada desde el techo del edificio y posteriormente acusó a Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros e hijo de Hugo, de haber pergeñado la ofensiva en connivencia con Cristian Jerónimo, titular del sindicato de Empleados del Vidrio y actual integrante del triunvirato que conduce la CGT. Ese antecedente quedó como la razón de la ruptura de Fernández con la central obrera, concretada después de la elección de Jerónimo en noviembre de 2025 .
En las últimas elecciones de la UTA, realizadas en 2022, los Moyano —que siempre negaron haber participado de aquella revuelta— respaldaron abiertamente al principal rival de Fernández, Miguel Bustinduy, a quien también le atribuían una presunta participación en la toma. Fernández se impuso otra vez, mientras que Bustinduy se retiró de la UTA y se refugió en la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA), el gremio alternativo de los colectiveros que integra la CTA y al que arribó con el grueso de los choferes del Grupo DOTA.
La flexibilización del estatuto
Históricamente, el estatuto de la UTA impuso fuertes trabas para evitar que hubiera oposición, como la obligación de presentar listas completas en todo el país. Esas condiciones, calificadas de “proscriptivas” por sus críticos, dieron origen a un extenso periplo judicial impulsado por Bustinduy con el patrocinio del abogado Leandro Recalde. El proceso recayó en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que dio lugar al reclamo y falló a favor de la anulación de artículos claves, con una consecuente flexibilización del régimen electoral del sindicato.
De acuerdo a las decisiones de la justicia laboral a las que accedió LA NACIÓN, quedaron anuladas la obligación de presentar candidatos en todas las seccionales y delegaciones para competir por la conducción nacional, la exigencia de una “carrera sindical” previa y el requisito de haber realizado cursos de capacitación dictados o acreditados por la propia conducción. Además, por primera vez, los afiliados tendrán la opción de cortar boleta, por lo que podrán votar candidatos distintos para la conducción nacional y las seccionales.
Con Bustinduy fuera de la UTA, al frente de la opositora “Agrupación La Palacios” (bautizada así en honor a Juan Manuel Palacios) quedó Maximiliano Escriba, líder de la seccional Mar del Plata, una de las cinco jurisdicciones que el oficialismo perdió en 2022. En esta ocasión, Escriba disputará directamente la conducción nacional como candidato de la Lista Negra. Aunque no contará con la palanca del grupo DOTA, su espacio llega con el mayor despliegue territorial del arco opositor: competirá en 14 seccionales.
La Lista Marrón está encabezada por Alberto Patiño, referente de la “Agrupación 2 de Julio”, una escisión surgida de las propias entrañas de la conducción de la UTA. Patiño rompió con Fernández después de más de una década a su lado. Todavía es el secretario de Organización, considerado el puesto número tres en la jerarquía del sindicato, el mismo cargo que tuvo Bustinduy. En diálogo con este medio, Patiño justificó su ruptura con Fernández por “su gran pasividad frente a la mala situación de los trabajadores”, “su acomodo frente a los distintos gobiernos” y “su afinidad con los empresarios”.
La Lista Bordó representará a la izquierda sindical a través de Claudio Gómez, chofer de la línea 86 y referente de la “Agrupación 460”.
Roberto Fernández,Manuel Casado,CGT,Subsidios a colectivos,Conforme a
POLITICA
El kirchnerismo suma presión para centralizar la discusión electoral en CFK y condiciona el armado del PJ

“Desde el día que inició el camino de la ONU, tiene una voluntad de representar los intereses de argentinos que entienden que ella puede ser nuevamente”. La definición no da lugar a dudas. Máximo Kirchner reveló en Infobae al Mediodía la segunda parte del planteo que el kirchnerismo venía haciendo hace tiempo sobre una eventual candidatura de Cristina Kirchner, que era la decisión de la ex presidenta de tener voluntad de competir en el caso de que lo pueda hacer. El pedido de sus dirigentes por un lado, la aceptación de ella por otro.
Hasta el momento, tanto el líder de La Cámpora como varios dirigentes del kirchnerismo duro, como Mayra Mendoza, Facundo Tignanelli, Lucía Cámpora, Oscar Parrilli o Sergio Berni, venían repitiendo su intención de que la ex presidenta sea la candidata del peronismo en el 2027. Pero desde ayer lo que quedó en claro es que ella tiene la voluntad de ser y agotará todos los caminos posibles para lograrlo.
“Si Cristina no está en la boleta, el peronismo pierde mucha competitividad. Su capacidad electoral está vista. Fue tres veces en una boleta. Dos veces como presidenta y una como vicepresidenta. Junto con Juan Domingo Perón son las personas que han ido a elecciones así y han sido electas”, aseguró Kirchner. Y agregó: “Si el próximo gobierno es peronista, la presidenta debe ser CFK”. No dejó demasiado lugar para múltiples interpretaciones.
El principal y gran limitante sobre ese objetivo es la prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida que pesa sobre la ex mandataria en la condena de la causa Vialidad. Sobre esa situación se apalancó para que sus abogados hicieran una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de que el fallo sea revisado y sea suspendida esa inhabilitación.
“La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria”, dijo CFK el 29 de julio, cuando se comunicó la presentación ante la ONU y su defensa concretó un cambio en la estrategia judicial. Ese giro tuvo, a la luz de los hechos, un anclaje electoral bien claro. La ex mandataria hará lo posible para competir el año que viene.
Los pronunciamientos del Comité no son vinculantes, pero pueden tener impacto político e institucional y suelen ser invocados como antecedentes en discusiones jurídicas posteriores. Si el fallo es considerado, revisado y existe una postura favorable para los intereses de CFK, esa decisión de la ONU podría generar un gran cimbronazo en la política argentina.
“Si Cristina es candidata, es presidenta, gana las elecciones”, dijo algunos días atrás el ex secretario general de la presidencia Oscar Parrilli. Su voz retrata el pensamiento que hay dentro del kirchnerismo desde hace tiempo, pero confronta con el que tiene otra parte importante del peronismo: la seguridad de que CFK es parte del pasado y que la fuerza política tiene que dar vuelta la página respecto a su ciclo político.
Con el pasar de las semanas, y ayer en su pico cumbre, debido a peso específico de la palabra de Máximo Kirchner, el kirchnerismo suma presión para que la ex Jefa de Estado esté en el centro de la discusión electoral del 2027. Si no puede ser candidata, al menos que tenga la mayor influencia posible en las negociaciones donde se ponen sobre la mesa la estrategia política, los lugares y los nombres en la lista, y los acuerdos provinciales.

La semana pasada en el mundo K hicieron girar algunas encuestas que muestran a la ex presidenta con capacidad de competir electoralmente. Es decir, tiene buenos indicadores de imagen positiva y una proyección competitiva ante un eventual balotaje con Javier Milei. Esos números, además del armado político que aún conserva, le dan espalda para mantener su influencia dentro de la discusión política.
Dentro del peronismo advierten que CFK se moverá con decisión para pesar en las decisiones electorales del año que viene. La gran mayoría considera que su sector tiene que ser parte de la alternativa, pero que su nivel de influencia debe ser menor al de otros tiempos. Ya casi nadie quiere al kirchnerismo al mando del proyecto político del PJ. Hay un cambio de ciclo y el peronismo no puede volver a ofrecer una opción con la misma identidad que en el 2019. Esa es la reflexión que atraviesa a algunas vertientes de la coalición Y lo que va a generar fricciones en la etapa final del proceso electoral.
En el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) hay quienes piensan que CFK solo quiere condicionar el crecimiento de Axel Kicillof y tratar de ganar volumen de cara a las negociaciones del año electoral. En el círculo más chico del Gobernador intentan neutralizar la tensión y son concretos respecto al anuncio que hizo Máximo Kirchner. “Que cada uno tenga su estrategia. Lo importante es no joder a los demás y que todo el peronismo pueda acumular”, precisaron a este medio.
La idea que tienen el kicillofismo es esquivar la interna y limitarse a seguir, al pie de la letra, la estrategia trazada en La Plata, que implica darle volumen al MDF, evitar las confrontaciones con otros sectores y seguir ampliando el mensaje de cambio, respecto al modelo de Milei, por distintas provincias del país. El futuro, por el momento, está lejos de CFK y de una construcción asociada para fortalecer la alternativa peronista en el 2027.
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POLITICA
El Gobierno reunirá a la mesa política para ordenar la agenda legislativa antes de la gira presidencial a París

El Gobierno reunirá este martes a la mesa política para ordenar la agenda legislativa antes de la gira presidencial que protagonizará Javier Milei en París junto a varios de sus funcionarios y un grupo de 13 gobernadores clave para las negociaciones en el Congreso.
Al igual que en las últimas semanas, el encuentro en las oficinas del extinto Ministerio del Interior se celebrará a las 13 con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, a la cabeza. Como es habitual, fueron convocados el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el armador nacional, Eduardo Menem; el asesor Santiago Caputo; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.
En la última edición del martes pasado, el grupo se reunió para dar por cerrado el conflicto público que se desató entre Bullrich y otros integrantes del Ejecutivo, entre ellos Santilli y el ministro de Economía, por los sorpresivos recortes que se incluyeron en el Presupuesto 2027.
En ese sentido, si bien no volvieron a reunirse desde entonces, el propio Javier Milei buscó desactivar las tensiones este domingo en una entrevista donde calificó de “excelente” su relación con la senadora porteña y aseguró que las diferencias internas son bienvenidas en su Gabinete.
“Lo bueno de este Gobierno es que hay distintas miradas y eso nos permite componer una estrategia mejor. Cuál es el problema”, cuestionó. en diálogo con LN+. Además, reconoció que “a veces puede haber algunas desinteligencias”, como ocurrió con los recortes en Discapacidad, pero le restó dramatismo al asunto: “No es la muerte de nadie. Lo trabajará el Congreso”.
En ese contexto, la mesa política se reunirá este martes con una agenda abierta donde los principales estrategas del oficialismo repasarán el escenario legislativo en el Congreso, además de abordar los detalles del inminente viaje a París.
Por un lado, la Cámara de Diputados avanza esta semana con discusiones en comisiones para tratar los proyectos referidos al endeudamiento familiar y morosidad, mientras en paralelo el oficialismo inicia el debate de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
A su vez, el Gobierno logró un dictamen propio para reemplazar la ley de emergencia en Discapacidad que vence a fin de año, un tema que podría discutirse en las próximas semanas. Mientras tanto, los bloques discuten internamente el proyecto de Presupuesto 2027, que el Gobierno apunta a comenzar a discutir en comisiones en dos semanas y tratarlo en el recinto recién en noviembre. También está pendiente de tratamiento la reforma de la carta orgánica del Banco Central, que fue aprobada con modificaciones en el Senado y necesita la revalidación de la cámara baja.
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