POLITICA
La iglesia, movimientos sociales y once bloques del Congreso impulsan una ley para el financiamiento de obras en barrios populares por diez años
Más de cinco millones de personas viven en los 6.467 barrios populares relevados en la Argentina. Sobre esa base, la Iglesia, la fundación TECHO y organizaciones sociales agrupadas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) presentaron un proyecto de ley acompañado por 11 bloques legislativos de 10 provincias para garantizar por ley el financiamiento de obras de integración socio-urbana hasta 2036. “Para eso es necesario el diálogo”, resumió Gustavo Carrara, Arzobispo de La Plata, al reclamar que los recursos dejen de depender de la voluntad política de cada gestión.
La iniciativa, impulsada por el diputado Juan Grabois, busca fijar un piso presupuestario vinculado al Producto Bruto Interno (PBI) y responde a un fallo judicial que exhortó al Congreso a garantizar recursos tras la disolución del fondo que sostenía esas obras.
Monseñor Gustavo Carrara reclamó protagonismo
Carrara destacó la necesidad de comprender a los barrios populares desde la organización de quienes los habitan. “El concepto de integración socio urbana busca destacar el protagonismo de las vecinas y vecinos; que no solo dan que pensar, sino que piensan; no solo despiertan sentimientos, sino que sienten; y no solo padecen las injusticias, sino que se organizan de modo creativo en la lucha por vivir mejor”, sostuvo el religioso.
“Los vecinos trabajan con laboriosidad con la ilusión de pasar del techo de chapa a la losa para después poder cobijar a sus hijos y nietos; para eso es necesario el diálogo”, agregó el Arzobispo de La Plata.
Los razones del proyecto de ley
Según los fundamentos del proyecto, la iniciativa tiene por objeto “dotar de un financiamiento adecuado, sostenible y permanente a la política de integración socio urbana de los barrios populares de la República Argentina, conforme a lo establecido por la ley 27.453, sus modificatorias y normas complementarias”. Esa norma, sancionada en 2018 con amplio consenso legislativo, reconoce la vulnerabilidad habitacional de millones de argentinos y establece el marco legal para su integración socio-urbana.
El texto sostiene que el derecho a la integración sociourbana, consagrado en el artículo 1° de la Ley 27.453, “es un derecho cuya efectividad depende de la existencia de recursos concretos que le otorguen previsibilidad presupuestaria”. En ese sentido, los fundamentos citan a los tratados internacionales con jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional), que imponen al Estado “el deber de progresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales” y le prohíben “retroceder sin una justificación estricta y debidamente fundada en los niveles de protección ya alcanzados”.
Un fallo judicial que exhorta al Congreso a garantizar el financiamiento
“La iniciativa legislativa responde de manera directa a una decisión judicial”, le recuerda a este medio el diputado Juan Grabois. En mayo de 2025, el Juzgado Federal de Pehuajó, en el marco de un amparo colectivo impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras organizaciones, hizo lugar a una medida cautelar interina que suspendió el Decreto 312/2025 —que disponía la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU)— por considerar que la ausencia de financiamiento implicaba “una regresividad inadmisible en términos constitucionales”, que comprometía “el goce efectivo de derechos fundamentales como el acceso a la vivienda, el hábitat y el ambiente sano”.
El juez Andrés Heim, a cargo del juzgado, exhortó de manera expresa al Congreso de la Nación a arbitrar los mecanismos necesarios para establecer un financiamiento adecuado y sostenible. El proyecto que hoy impulsan los 11 bloques constituye la respuesta directa a ese exhorto.
El FISU fue creado por el Decreto 819/2019 como instrumento clave para financiar obras de infraestructura en los barrios registrados en el Renabap. Fue dotado de recursos provenientes, entre otras fuentes, del 9% de la recaudación del Impuesto PAIS, conforme a la ley 27.541 y el decreto 184/2020, lo que le permitió desplegar, según los fundamentos, “una de las políticas de infraestructura social más importantes de las últimas décadas”.
Entre los logros de esa política, el proyecto destaca más de 1.300 obras aprobadas de infraestructura urbana —apertura y mejoramiento de calles, equipamiento urbano, redes de agua, cloaca y electricidad, y lotes con servicios— y más de 250.000 mujeres beneficiadas a través del programa Mi Pieza, orientado a mejoras habitacionales.
Ese esquema se derrumbó con el Decreto 193/2024, que redujo la participación del FISU en el Impuesto PAIS del 9% al 0,3%, “impuesto que luego dejó de existir a fines del año 2024”.
Los fundamentos precisan que esa primera decisión implicó una caída del 96,7% en los recursos disponibles para continuar con las obras en marcha o iniciar nuevas, y que tras la eliminación del impuesto “los recursos para esta política pública se extinguieron”. Como consecuencia, según el informe 145 de la Jefatura de Gabinete, la ejecución de obras se desplomó un 98% entre 2023 y 2026, de 171.863 millones de pesos a apenas 3.336 millones de pesos, y 671 de las 1.322 obras en curso —el 84,3%— quedaron paralizadas en 21 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.
La fórmula para el financiamiento
El artículo 3° del proyecto establece la fórmula que sostiene el financiamiento: un piso presupuestario equivalente al 0,0375% del PBI para el período 2027-2029, con incrementos progresivos hasta alcanzar el 0,1125% en el tramo 2034-2036. Los fundamentos aclaran que la iniciativa no crea un nuevo impuesto ni una fuente de financiamiento adicional, sino que establece, dentro del conjunto de los recursos públicos de renta general, una prioridad presupuestaria para la integración socio-urbana.
“El monto inicial de 0,0375% del PBI es equivalente al nivel de inversión efectiva alcanzado por el FISU durante el año 2021 —año en que la política dio comienzo a su despliegue territorial e impacto social— y representa el mínimo necesario para garantizar la sostenibilidad de las obras en ejecución, evitar su paralización y planificar con horizonte estratégico la integración de los más de 6.000 barrios populares registrados en el ReNaBap”, según el texto presentado ante la Cámara de Diputados.
La iniciativa agrega que los recursos destinados a esta política no podrán ser inferiores a los del año anterior, incluso en caso de una eventual prórroga del Presupuesto Nacional, y propone prorrogar por diez años la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares.
Gisella Gazzotti, directora nacional de Incidencia en TECHO-Argentina, explicó los alcances de la iniciativa. “Impulsamos este proyecto que busca garantizar fondos del Presupuesto para los sectores más pobres de Argentina. Hoy en los barrios populares viven cerca de 1,7 millones de niños y niñas que se inundan cuando llueve, que crecen sobre un piso de tierra y que no hay manera de que puedan progresar sin invertir en su futuro. Buscamos que este proyecto de ley permita transformar la vida de todos ellos”, afirmó.
El último relevamiento del ReNaBap
La Mesa Nacional de Barrios Populares —integrada por Cáritas, TECHO y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP)— retoma con este proyecto el espíritu de consenso transversal que en 2018 permitió sancionar la Ley de Barrios Populares.
Según el ReNaBap, con datos actualizados a diciembre de 2025, existen 6.467 barrios populares identificados en todo el país, que ocupan una superficie de 684.201.855 metros cuadrados y donde viven aproximadamente 1.287.942 familias, en 1.170.397 viviendas.
El relevamiento del organismo, dependiente de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, clasifica al 81,24% de esos barrios como asentamientos, al 17,41% como villas y al 1,35% como conjuntos habitacionales unifamiliares. En cuanto a su antigüedad, el 26,83% se conformó durante la década de 2010 y el 24,80% durante la de 2000, mientras que un 3,74% de los barrios populares corresponde mayoritariamente a comunidades originarias, entre las que predominan las etnias qom, wichí y guaraní.
Con financiamiento sostenido, la política llegó a ejecutar 1.322 obras en 1.164 barrios populares de las 23 provincias, generó 23.909 lotes con servicios y alcanzó a más de 1.300.000 personas. Casi 859.000 familias cuentan hoy con Certificado de Vivienda Familiar, y el programa Mi Pieza redujo el hacinamiento del 43% al 21% en los hogares beneficiados. La política fue auditada sin observaciones por la Sindicatura General de la Nación (Sigen), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Universidad Católica Argentina (UCA) y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).
El relevamiento del Instituto Periferias exhibe la magnitud de la crisis social
Un informe elaborado por el Instituto Periferias, que conduce Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie, aporta datos sobre la situación social en las zonas más vulnerables de la provincia de Buenos Aires durante 2026. Según ese relevamiento, el 57,5% de los consultados mencionó al hambre y la pobreza como el principal problema del país, con un 32,2% que citó específicamente el hambre y un 25,3% la pobreza.
El estudio también registró que el 44,1% de los hogares sufrió la pérdida del trabajo principal, propio o de algún integrante de la familia, y que el 74,4% de los hogares no llega a cubrir los gastos mínimos con sus ingresos; solo el 11,1% respondió que sí le alcanzan. Un 52,3% de los consultados dijo sentir ansiedad o tristeza por la situación económica de manera frecuente o permanente.
En materia alimentaria, el 68,3% no pudo acceder a alimentos saludables y nutritivos, y el 49,2% se quedó sin alimentos en el hogar en algún momento. El relevamiento detectó además que el 42,3% de los hogares tuvo que pedir dinero prestado o endeudarse para comprar comida, que el 59,8% tiene algún tipo de deuda financiera y que el tipo de deuda más mencionado, con el 37,8%, corresponde a la tarjeta de crédito.
¿Quiénes firmaron el proyecto?
El proyecto lleva la firma de los diputados Maximiliano Ferraro, Germán Martínez, Oscar Herrera Ahuad, Nicolás Massot, Martín Lousteau, Sebastián Nóblega, Fernanda Miño, Javier Noguera, Natalia De la Sota, Diógenes Ignacio González, Yolanda Vega, Esteban Paulón, Oscar Zago, Claudio Álvarez y Marcela Marina Pagano. Como cofirmantes figuran Lourdes Arrieta, Itai Hagman, Sabrina Selva, María Inés Zigarán, Pablo Juliano y Jorge Fernández.
Entre los espacios políticos que acompañan la iniciativa se encuentran Coalición Cívica, Argentina Federal, Encuentro Federal, Unión por la Patria, Provincias Unidas, Elijo Catamarca, Independencia, Defendamos Córdoba, la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y Coherencia.
Falta de servicios básicos
A menos de 15 días de que el Gobierno nacional presente el Presupuesto 2027, los datos del ReNaBap dimensionan el problema que busca resolver el proyecto de ley. Según el organismo, el 91,57% de los barrios populares no tiene acceso formal al agua corriente, el 66,18% carece de acceso formal a la energía eléctrica, el 97,42% no cuenta con conexión formal a la red cloacal, el 98,56% no tiene acceso formal a la red de gas y el 98,89% no dispone de un sistema de calefacción formal. El 100% de los barrios relevados está amparado por la Ley 27.453, que otorga seguridad en la tenencia de la tierra, de acuerdo con el mismo registro.
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POLITICA
Milei se comunicó con el jefe de la diplomacia de EE.UU. para profundizar los vínculos comerciales y ampliar las inversiones
El presidente Javier Milei se comunicó con el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, para profundizar los vínculos comerciales y ampliar las inversiones
La comunicación se conoció durante la visita del mandatario argentino a Washington, donde desplegó una agenda centrada en la relación con el gobierno de Donald Trump, la promoción de la economía argentina y la búsqueda de inversiones.
El contacto se inscribe en la estrategia de la Casa Rosada para ampliar los vínculos económicos con Estados Unidos. En ese marco, ambos países avanzaron en iniciativas vinculadas con el comercio, la energía, los minerales críticos y la infraestructura.
Según el comunicado oficial, los dos funcionarios reafirmaron la solidez del vínculo entre Washington y Buenos Aires y analizaron oportunidades para fortalecer los lazos económicos. Entre los principales ejes de la conversación estuvieron la ampliación del intercambio comercial, la promoción de inversiones transparentes y el avance de objetivos compartidos en materia de seguridad.
Cuando Javier Milei asumió en diciembre de 2023 resolvió que el mega ministerio de Capital Humano absorba con rango de secretaría a otras grandes estructuras, como lo eran Desarrollo Social, Trabajo y Educación. La degradación de categoría fue de la mano de recorte de personal, cierre de dependencias y pérdida del poder e influencia que estas tres áreas supieron tener en gestiones anteriores.
Con el avance del tiempo, cada una de estas secretarías encontró algún conflicto que sirvió de bandera para la gestión libertaria. En Desarrollo Social fue la eliminación de los dirigentes piqueteros como intermediarios de los planes sociales; en Educación, el rechazo a cumplir la ley de financiamiento universitario y la decisión de limitar la paritaria nacional docente, mientras que en Trabajo la coronación fue la sanción de la denominada ley de Modernización Laboral tras el intento de Milei de avanzar con un cambio de legislación por decreto, como lo buscó hacer el Presidente con apenas diez días en el poder, a través del DNU 70/23, cuyo capítulo laboral aún está pendiente de una resolución de la Corte Suprema de Justicia.
Ni la primera reforma de la legislación laboral dispuesta por Milei, incluida en 16 apartados de la ley Bases de julio de 2024, ni los 216 artículos de la de “modernización laboral”, de marzo de 2026, resultaron ser atractivos para los generadores de empleo, como mostró hace dos semanas a partir de datos oficiales del Indec. Es decir, ninguna de estas normativas revirtió el deterioro. El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que procesa la Secretaría de Trabajo, informó esta semana que en julio hubo 12.716 empleos registrados menos y que ya suman casi 266.000 en la gestión libertaria. El empleo privado en blanco encadenó 14 meses de caída consecutivos.
El miércoles pasado, durante casi cinco horas, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, expuso ante la comisión de Presupuesto y Hacienda. Admitió a regañadientes las cifras negativas que relevó el organismo que él lidera, pero exploró un atajo para relativizar el cierre de empresas (31.342 desde el inicio de la gestión de Milei, según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo) y la pérdida de puestos. “Estamos mirando que las empresas que cierran tienen pocos trabajadores y las que abren tienen muchos”, dijo ligeramente. Cuando la diputada kirchnerista Julia Strada le exigió precisión con las estadísticas, la libertaria Silvana Giudici salió a su rescate. Curioso lo de Giudici: hasta hace poco, desde una fundación, pregonaba por la libertad de expresión y defendía a periodistas, y ahora calla incómoda ante los constantes ataques de Milei a la prensa. Al menos conserva su capacidad de reacción.
En el Gobierno argumentan que el empleo aumentó en casi medio millón de trabajadores. Este aumento global se explica por la suba del trabajo independiente, el monotributo y los trabajadores por cuenta propia, mientras que el empleo asalariado registrado muestra caídas consecutivas.
Cordero tuvo más resbalones. “Hay personas que no quieren trabajar en relación de dependencia. No todo el mundo quiere poner todo su tiempo a disposición de un empleador que lo dirige y que tiene una potestad sancionatoria por encima de lo que él pueda definir. Hay personas que quieren tener un trabajo por cuenta propia, sea como autónomo o monotributista. O como independiente con colaboradores, como está en la ley Bases, y que tuvo un impacto muy positivo”, argumentó el funcionario, quien en su trayectoria arrastra tres décadas en relación de dependencia como abogado de firmas del Grupo Techint.
El ingreso promedio de los asalariados con descuento jubilatorio es de $1.433.794, según los datos del segundo trimestre de 2026 de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). De los asalariados sin descuento jubilatorio: $706.204, mientras que de los ocupados informales, incluidos los cuentapropistas, es de $661.214. ¿Seguirá pensando Cordero que las personas prefieren ser autónomas y ganar menos de la mitad?
La revolución libertaria del monotributo y el cuentapropismo amenaza con reconfigurar el mercado laboral. Surgen de este nuevo mapa dos fenómenos: se disparó la informalidad, que es del 45% (toca picos de 87% en algunas regiones), y se incrementó la cantidad de personas adheridas al régimen de monotributo (más de 4 millones, un 22% más que hace 5 años, según un estudio que Argendata-Fundar elaboró para en función de datos de la ARCA.
Se pasó por alto en la comisión otra definición engañosa del secretario de Trabajo. “Se fortaleció la fiscalización laboral con las jurisdicciones provinciales”, respondió Cordero cuando lo consultaron sobre el repunte de la informalidad. Al comienzo de la gestión libertaria había unos 4000 empleados en la Secretaría de Trabajo; hoy son 1200, según informó a la comisión interna del organismo representada por el gremio estatal de ATE. Es decir, un 70% menos de personal entre despidos, cesantías de contratos, retiros voluntarios y prejubilaciones. De las 2800 bajas, alrededor de 1300 se desempeñaban en las Agencias Territoriales, que son las oficinas de la secretaría nacional en las provincias. Entonces, el mayor recorte se dio en una de las áreas que Cordero dijo que se fortaleció para fiscalizar la registración laboral. El ajuste se completó con 1500 salidas en el personal que está en la Ciudad de Buenos Aires, donde de las tres sedes oficiales habilitadas, quedó solo una en funcionamiento: la central, en la avenida Alem al 600.
Por el sexto piso de Alem 628 suele verse a Mónica Luisa Alcibar, según fuentes del organismo. ¿Quién es? Es una funcionaria histórica, que tuvo a su cargo el área de informática y que fue cajera del PJ y Pro. Resiste todavía a pesar de haber sido denunciada hace dos años en la Justicia por presunta defraudación por un contrato de $600 millones con el Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológico, del que ella figuró en algún momento como directora.
Cuando contó por primera vez la historia de Alcibar, el 8 de febrero de 2025, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, dijo que la desplazaría. Durante el kirchnerismo y el macrismo, Alcibar administró millones de pesos del Estado a partir de diferentes convenios con consultoras privadas o con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Hoy le habrían quitado ese manejo de fondos, pero no el cargo. De hecho, existiría un tironeo entre Capital Humano y Economía por unos US$ 200 millones del Banco Mundial que Luis Caputo se rehusaría a destinar a la formación profesional. Actualmente, el área de formación profesional funciona con el aporte de empresas privadas que buscan empleados para nuevos oficios. Tiene algunas similitudes con el “plan empalme” de Macri y Alberto Fernández. Cordero tampoco pudo en su informe legislativo decir con precisión cuántos beneficiarios de planes sociales accedieron a un empleo genuino.
Una renuncia que hizo ruido y la pasividad sindical
La última salida que causó ruido en la Secretaría de Trabajo fue la de Claudia Testa, número dos de Cordero. Testa se había incorporado a la gestión libertaria como otro aporte de Pro en el área, digitada en las sombras por Jorge Triaca. El exministro de Macri conserva influencia en un organismo deshilachado, pero que de alguna manera sigue siendo por ahora el territorio de discusión entre empresarios y sindicalistas.
El reemplazo de Testa es Mariano Sartoris, un abogado de confianza de Pettovello. Otro de los casilleros que se cubrió recientemente es el de la Dirección de Asociaciones Sindicales, un área clave porque fiscaliza los procesos internos de los gremios. Asumió allí Ramiro Cherñetz, un abogado laboralista que se desempeñó en el mundo corporativo en compañías de servicio de limpieza (una de ellas muy vinculada a Daniel Scioli) y en el banco HSBC. Cherñetz tiene un expediente clave y es el que se abrió por las elecciones del año pasado en Gastronómicos, en las que Luis Barrionuevo se consideró ganador. Como el Gobierno no le reconoció aún el triunfo, el gremio está en una suerte de acefalía administrativa hace diez meses, lo que dificulta el cobro, por ejemplo, de los acuerdos paritarios. Si quisiera, Cordero podría dar la orden de intervenir Gastronómicos. Tal vez en este entuerto se explica la llegada de Sartorios, al que se le adjudican vínculos con el exdiputado Emilio Monzó, armador junto con Barrionuevo de una eventual candidatura presidencial del banquero Jorge Brito.
Los sindicalistas observan con una pasividad inédita el desmembramiento de un organismo que en gobiernos recientes manejaron casi como propio. El silencio tiene que ver principalmente porque por ahora conservan los beneficios del cobro de la cuota solidaria y sindical, a pesar de la amenaza de eliminarlos, y porque las paritarias se actualizan al menos en dosis homeopáticas (con subas de entre 1 y 2% mensual) en un escenario de recesión.
En la CGT están desorientados si se confirma la suspensión de la visita del papa León XIV. Se terminó esta semana de confeccionar un listado de 24 dirigentes para asistir a una de las actividades, el 9 de noviembre, en la UCA. La central obrera depositó en el Sumo Pontífice todas sus fichas para presionar a Milei con su agenda de reclamos. Si el Vaticano cancela el viaje, en la CGT se reflotará la disyuntiva de activar el quinto paro general contra el Gobierno. Como sucede con los gobernadores, es probable que tampoco los gremios logren consolidar un bloque común. Divisiones de la víspera a un año electoral.
el mega ministerio de Capital Humano,cumplir la ley de financiamiento universitario,mostró hace dos semanas,expuso ante la comisión de Presupuesto y Hacienda,un estudio que Argendata-Fundar elaboró para LA NACION,https://t.co/hvsXHrJU5T,pic.twitter.com/L4DP0S3zMx,August 28, 2026,Mónica Luisa Alcibar,figuró en algún momento como directora,última salida,Nicolás Balinotti,Conforme a
Con una publicación poco habitual, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, compartió que realizó un test toxicológico para verificar si consumió drogas u otro tipo de sustancias psicoactivas que no están permitidas en la función pública.
“Los funcionarios tenemos que predicar con el ejemplo”, expresó el mandatario, en el posteo compartido en redes sociales. “Me acaban de realizar el test toxicológico establecido por la Ley 3531, aprobada por la Legislatura de Neuquén, y el resultado fue negativo. Todos los funcionarios públicos debemos someternos a este control. Para nosotros, cumplir con esta ley es muy importante”, agregó.
Esta ley, que establece obligatoriedad del coloquialmente llamado “narco test”, fue sancionada en septiembre de 2025 y reglamentada por el Poder Ejecutivo a comienzos de este año. Figueroa ya había realizado el examen, a modo de prueba y visibilización, tras la aprobación de la norma.
El requisito alcanza tanto a los miembros del Poder Ejecutivo local, como los funcionarios de los poderes Legislativo y Judicial. Es decir, abarca a legisladores, ministros, jueces, defensores, intendentes, fiscales, concejales, secretarios, fiscales de Estado y directivos de organismos autárquicos y empresas estatales.
“Quienes tenemos la responsabilidad de tomar decisiones tan importantes con nuestra firma debemos actuar con plena conciencia y responsabilidad. Esta iniciativa está en línea con la política pública que llevamos adelante desde el Gobierno de la Provincia del Neuquén en la lucha contra el narcotráfico”, comentó Figueroa en sus cuentas personales.
Técnicamente, la prueba toxicológica busca detectar metabolitos de opioides, cannabinoides, cocaína, anfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos, que son los componentes químicos de las drogas ilícitas más conocidas.
Según la norma, la negativa injustificada a realizarse el examen se considerará automáticamente un resultado positivo y derivará en la pérdida inmediata del cargo del funcionario alcanzado. En tanto, si un test rápido de saliva arroja un resultado inicial positivo, deberá realizarse una contraprueba confirmatoria, antes de aplicar medidas administrativas o de destitución.
Una ley de reciente aplicación
La Legislatura del Neuquén comenzó el mes pasado a aplicar estos exámenes obligatorios a diputados y diputadas provinciales, bajo el procedimiento establecido por la Resolución 1248, que reglamentó Figueroa. El mecanismo alcanza a los 35 integrantes de la Cámara.
Los tests rápidos se realizan dentro del edificio legislativo, de forma sorpresiva y mediante mecanismos de selección aleatoria. Las muestras deben ser tomadas por personal habilitado por la autoridad sanitaria competente, bajo la coordinación de Medicina Laboral de la Legislatura con el laboratorio o equipo técnico autorizado. También supervisa la toma de muestras, la cadena de custodia y la documentación técnica de cada control.
Según la ley, durante el período legislativo ordinario, cada legislador deberá realizarse al menos un examen cada dos meses. Los operativos se desarrollarán durante reuniones de comisión y sesiones de Cámara, incluidas las preparatorias y extraordinarias.
El costo de los estudios será asumido por cada diputado o diputada sometido al control. La reglamentación dispone, además, la reserva de las actuaciones y la confidencialidad de los resultados. La contraprueba ante un resultado preliminar positivo deberá realizarse en un laboratorio habilitado por el Ministerio de Salud de Neuquén.
El proyecto para incluir a los candidatos provinciales
A nivel local, la cuestión no está del todo cerrada. Es que los candidatos a cargos electivos no deben cumplir el requisito de realizarse el test, pese a que en el futuro deberán hacerlo si el voto los acompaña.
En ese marco, los diputados provinciales Darío Peralta y Darío Martínez, de Unión por la Patria, presentaron un proyecto para extender los exámenes toxicológicos obligatorios a quienes se postulen a cargos provinciales. “Nos parecía importante que quienes aspiren a ese cargo electivo ya vengan con el estudio negativo de los exámenes toxicológicos”, afirmó Peralta, ante la prensa local.
El proyecto ingresó esta semana a la Legislatura y tomó estado parlamentario, aunque el oficialismo no acompañó el pedido de tratamiento preferencial en comisión.
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