POLITICA
La Justicia ordenó al Gobierno que garantice el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos
La Justicia federal le ordenó al Gobierno nacional que garantice de manera inmediata el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), luego de que fiscales especializados en delitos de lesa humanidad denunciaran una situación de “extrema criticidad” presupuestaria y operativa que podría derivar en la paralización de tareas periciales clave para investigaciones por apropiación de niños durante la última dictadura militar.
El fallo, firmado por el juez federal Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal N°1 de La Plata, dictó una medida cautelar interina contra el Estado nacional y dispuso que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adopte “todas las medidas administrativas y las asignaciones presupuestarias necesarias” para garantizar el funcionamiento del organismo.
La resolución sostiene que la situación del Banco Nacional de Datos Genéticos amenaza directamente el desarrollo de pericias genéticas esenciales para investigaciones judiciales vinculadas a delitos de lesa humanidad y al derecho a la identidad.
“Se producirá inevitablemente la interrupción o limitación significativa de los servicios del Organismo”, advirtió una de las notas incorporadas al expediente judicial. Además, la misma fuente remarcó: “La eventual paralización o demora en la producción de pericias genéticas no sólo afecta el trámite ordinario de los expedientes, sino que compromete el cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en materia de investigación, juzgamiento y sanción de graves violaciones a los derechos humanos”.
La presentación judicial fue impulsada por fiscales especializados en apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, entre ellos Pablo Parenti, titular de la Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante la dictadura, junto con integrantes de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado.
Los fiscales solicitaron medidas urgentes para evitar el deterioro operativo del Banco Nacional de Datos Genéticos y advirtieron sobre el riesgo concreto de afectación de pruebas genéticas utilizadas en investigaciones judiciales.
En el fallo, Ramos Padilla afirmó que el Banco Nacional de Datos Genéticos constituye una “herramienta de reparación de graves violaciones a los derechos humanos” y recordó que la Ley 26.548 establece que sus tareas deben realizarse “con normalidad, evitando suspensiones y demoras”.
La resolución reconstruye además una serie de informes remitidos por la directora general técnica del organismo, quien describió una situación crítica derivada de restricciones presupuestarias, demoras administrativas y dificultades para sostener servicios básicos.
Según esos informes, durante 2025 el organismo logró sostener sus actividades “con esfuerzo”, pese a limitaciones de recursos humanos y materiales. Sin embargo, la situación comenzó a afectar los tiempos de respuesta y el cumplimiento de requerimientos judiciales.
La directora técnica detalló que incluso debieron suspenderse viajes previstos para la toma de muestras biológicas y que comenzaron a verse comprometidos pagos vinculados a servicios esenciales. Entre estos servicios figuran seguridad, limpieza, mantenimiento informático, mantenimiento de laboratorios y conservación de condiciones ambientales necesarias para preservar material genético.
“Se ha comenzado a afectar el pago a proveedores responsables de servicios críticos”, señala uno de los documentos citados por el juez.
La situación financiera del organismo, según consta en la resolución, se agravó este año. De acuerdo con el informe técnico incorporado al expediente, el presupuesto aprobado para 2026 representó apenas el 55,96% de los fondos requeridos por el Banco Nacional de Datos Genéticos para sostener su funcionamiento.
“La eventual interrupción de dichos servicios afecta de manera directa e inmediata el funcionamiento del BNDG”, manifestó la directora del organismo.
En otro de los pasajes citados por el juez, el informe advierte: “Prescindir de estos servicios genera un impedimento cierto de la garantía en la cadena de custodia y correcta preservación de toda la documentación, muestras biológicas, sangre, hisopados bucales, restos cadavéricos y objetos fuente de ADN”.
La resolución judicial remarca que el Banco Nacional de Datos Genéticos conserva información genética acumulada durante casi cuatro décadas vinculada a causas judiciales por apropiación de menores, desaparición forzada y delitos de lesa humanidad.
Ramos Padilla consideró acreditado el “peligro en la demora” y sostuvo que existe riesgo concreto sobre “material genético de carácter único e irrepetible”. “La eventual afectación de dichas condiciones podría generar consecuencias irreversibles respecto de elementos probatorios esenciales en causas judiciales actualmente en trámite”, afirmó el magistrado.
El juez también destacó que el Banco Nacional de Datos Genéticos constituye un organismo “técnico esencial e irremplazable” para el esclarecimiento de hechos investigados en causas por apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. “Los peritajes allí producidos han constituido históricamente una herramienta central —y en numerosos casos, la única prueba científicamente idónea— para determinar el verdadero origen biológico de víctimas de apropiación y supresión de identidad”, sostuvo.
La resolución incluye además un desarrollo sobre la obligación del Estado argentino de garantizar el derecho a la identidad y avanzar en la investigación de delitos de lesa humanidad. En ese marco, Ramos Padilla citó jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vinculada al deber estatal de investigar graves violaciones a los derechos humanos y garantizar el derecho a la verdad.
“El derecho a la identidad integra el núcleo esencial de protección de la dignidad humana”, recordó el magistrado al citar el fallo Gelman vs. Uruguay de la Corte Interamericana.
El fallo también repasa casos emblemáticos de restitución de identidad logrados a través de pericias realizadas por el Banco Nacional de Datos Genéticos. Entre ellos mencionó a Elena Gallinari Abinet, considerada la primera nieta nacida en cautiverio restituida por la Justicia; Silvia Alejandra Cugura Casado y Sebastián José Casado Tasca.
“Esta es una de las pocas oportunidades en las que, frente al delito de supresión de la identidad, la justicia penal logra efectuar una reparación”, sostuvo el juez.
Ramos Padilla recordó que en el juzgado federal de La Plata continúan tramitando numerosas investigaciones vinculadas a apropiación y supresión de identidad de menores durante la dictadura y que muchas de ellas permanecen abiertas a la espera de nuevos entrecruzamientos genéticos.
El magistrado explicó que cada nueva muestra incorporada al Banco Nacional de Datos Genéticos puede permitir nuevas identificaciones incluso en expedientes actualmente suspendidos. “Cada nueva muestra que ingresa al Banco Nacional de Datos Genéticos debe ser entrecruzada con la totalidad del Archivo Nacional”, señala la resolución.
Finalmente, el juez ordenó que la Jefatura de Gabinete produzca en un plazo de cinco días un informe sobre el interés público comprometido en la situación denunciada. También requirió informes al Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, y al propio Banco Nacional de Datos Genéticos para determinar si el organismo se encuentra en condiciones de cumplir adecuadamente sus funciones legales y los requerimientos judiciales vinculados a causas por apropiación de hijos de víctimas del terrorismo de Estado.
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POLITICA
Cruce en el Senado: el kirchnerismo vinculó la condena a Cristina Kirchner con la violencia de género y Patricia Bullrich respondió con la baja de los femicidios
Tras una nueva movilización bajo la consigna Ni Una Menos y con el femicidio de Agostina Vega como telón de fondo, el Senado rindió homenaje este jueves a las víctimas de la violencia de género con un minuto de silencio. El gesto, sin embargo, no alcanzó para evitar la chicana política.
Mientras que el kirchnerismo equiparó la lucha feminista con el encarcelamiento de la exvicepresidenta Cristina Kirchner, el oficialismo sacó a relucir la baja de femicidios durante los últimos dos años.
La primera en tomar la palabra fue la rionegrina Ana Marks (Unión por la Patria), quien reivindicó la movilización realizada el día anterior. Habló de una lucha que “hace once años nos hermana más allá de las diferencias políticas” y recordó a las víctimas de femicidio.
Pero su intervención sumó un ingrediente político. Marks afirmó que en la marcha también se había acompañado a Cristina Kirchner, a quien definió como una dirigente “injustamente detenida” y víctima de un Poder Judicial que, según planteó, busca impedir que una “mujer poderosa” dispute el poder en las urnas.
La respuesta llegó de la mano de Patricia Bullrich, presidenta del bloque oficialista. La senadora comenzó reconociendo la gravedad de los femicidios y el dolor que provocan en las familias, pero rechazó lo que consideró una apropiación partidaria de la agenda de género. En cambio, puso el foco en las estadísticas y destacó que los femicidios se redujeron un 25% en los últimos dos años.
“Esto no es casualidad”, sostuvo. Atribuyó esa caída al fortalecimiento de leyes penales y a políticas impulsadas en distintas provincias. Además, reivindicó iniciativas como los registros de violadores, el endurecimiento de penas y la ley antimafia. “No hay dueños de esta realidad. La verdadera política es la que se ve en los números”, afirmó.
Las palabras de Bullrich generaron una inmediata réplica de Juliana Di Tullio (Unión por la Patria), quien celebró que Bullrich hablara de femicidios y no de homicidios, pero cuestionó que se utilizara el debate para relativizar el sentido de la movilización. “Demos una señal concreta. No podemos bastardear lo que ayer sucedió en la plaza. A las mujeres nos matan y por eso hemos pedido un minuto de silencio”, señaló.
A medida que el intercambio escalaba, otros senadores intentaron devolver la discusión a un terreno de consenso. El jefe del PJ, José Mayans, impulsó formalmente el homenaje y fue acompañado por el catamarqueño Guillermo Andrada, quien sostuvo que el cuerpo debía manifestarse de manera unánime en respaldo a las víctimas y a sus familias.
También intervino el radical Eduardo Vischi, que pidió evitar la utilización partidaria del tema. “La sociedad argentina está esperando de nosotros madurez”, afirmó. Y agregó que la lucha contra la violencia de género requiere un trabajo conjunto de los distintos niveles del Estado y de las organizaciones que abordan la problemática.
Por último, el chubutense Carlos Linares (Unión por la Patria), quien reivindicó el origen de la consigna Ni Una Menos y destacó el papel de la movilización social. “Es un grito de justicia, no un grito de estadística”, sostuvo. Y recordó que fue la presencia de las mujeres en las calles la que permitió visibilizar una problemática que durante años permaneció relegada.
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POLITICA
Victoria Villarruel la cruzó a Patricia Bullrich por el manejo de los pliegos judiciales: “No es serio”
En medio de las internas en el gobierno de Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a exponer las tensiones en el oficialismo. En la previa a la sesión del Senado de este jueves, cuestionó con dureza a la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, por los cambios de último momento en el tratamiento de los pliegos.
“Hay que preguntarle a Patricia Bullrich por qué nos somete a este descontrol”, apuntó Villarruel ante la prensa acreditada en el Congreso. La vicepresidenta explicó que en la reunión de Labor Parlamentaria se había acordado avanzar con 50 pliegos, pero luego el número aumentó primero a 53 y finalmente a 74.
“Estamos hablando de jueces, no de caramelos en un kiosco”, cuestionó. Además, se quejó por la falta de información previa respecto de los expedientes que finalmente llegaron al recinto. “Nosotros conocimos el listado definitivo apenas media hora antes de la sesión”, sostuvo.
Durante el intercambio con los periodistas, Villarruel también se refirió a la controversia alrededor de la candidatura de María Verónica Michelli, cuyo pliego quedó envuelto en una disputa entre el Senado y la Casa Rosada.
La vicepresidenta confirmó que mantuvo una reunión con la postulante y aseguró que el encuentro respondió a un pedido de la propia candidata. “Me solicitó conversar sobre su situación particular. Yo no la conocía ni tampoco a su cuñado”, señaló.
Leé también: Jugada del oficialismo en el Senado: a último momento propusieron incluir en el debate 23 pliegos judiciales
Desde el entorno de Villarruel remarcaron que la titular del Senado mantiene una postura “institucional” frente al tema y recordaron que el pliego ya cuenta con nueve firmas de respaldo en la Comisión de Acuerdos.
El caso generó tensión dentro del oficialismo luego de que el Gobierno analizara retirar la postulación, pese a que el trámite parlamentario ya estaba avanzado y en condiciones de ser tratado en el recinto.
La semana pasada, los aliados habituales de La Libertad Avanza habían anticipado que no aceptarían el retiro del pliego. Bullrich adoptó una postura similar, incluso le ofreció la renuncia de la presidencia del bloque oficialista al propio presidente Javier Milei.
Este último episodio revivió la interna en el oficialismo y sumó cuestionamientos dentro del espacio libertario hacia la eministra de Seguridad, en especial aquellos cercanos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Victoria Villarruel, Patricia Bullrich, La Libertad Avanza
Las senadoras Patricia Bullrich, por La Libertad Avanza (LLA), y Juliana Di Tullio, del Justicialismo, mantuvieron un tenso cruce en la Cámara de Senadores mientras se trataban varios proyectos oficialistas, entre ellos 73 acuerdos judiciales, el debate del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada y el pago de US$171 millones a dos fondos buitres tenedores de bonos de deuda argentina.
Primero, Bullrich tomó la palabra para referirse a las estadísticas sobre violencia de género y defendió la gestión libertaria al decir que en los últimos dos años bajaron un 25% los femicidios en la Argentina. “No es por un presupuesto de un Ministerio de Género que no se dedicaba a la protección de las mujeres, sino por el fortalecimiento de leyes y de políticas también de todas las provincias argentinas que lograron entre todos que bajemos el 25% de los femicidios”, indicó la exministra de Seguridad.
Luego de su alocución, el presidente del cuerpo, Bartolomé Abdala, le cedió la palabra a Di Tulio. “El jefe de interbloque nuestro pidió un minuto de silencio, no debería haber sido contestado, usted lo sabe perfectamente, el reglamento así lo indica”, afirmó, y apuntó a la intervención de Bullrich en la sesión tras el homenaje: “Mucho menos para contestar en términos políticos y con falacias. Además, una cosa que es tan sensible para las mujeres y para la sociedad en general”.
“La verdad, me parece que si hay algo que deberíamos demostrarle al pueblo argentino es que en esto estamos todos juntos, ¿no? Todas juntas», dijo. En ese momento, la interrumpió la libertaria, aunque su voz no se logró escuchar por el micrófono.
Inmediatamente, la kirchnerista la chicaneó. “Déjame hablar, Patricia, porque no te interrumpí. Patricia, tranquilízate, querida”, lanzó.
Fue así que el foco se puso sobre las críticas de Bullrich ante la multitudinaria convocatoria de la marcha de Ni una Menos que tuvo lugar ayer, cuyo protagonismo se lo llevó el femicidio de Agostina Vega en Córdoba. La senadora libertaria apuntó en sus redes sociales al “partido feminista” y aseguró que el Gobierno de Milei defiende a todas las mujeres.
“Te aclaro que te felicito porque le dijiste femicidios, cosa que no hace tu ministra, la ministra de Seguridad de este gobierno [Alejandra Monteoliva], de tu gobierno, que habla de homicidios, no habla de femicidios, habla de homicidios”, marcó Di Tullio.
Y completó: “Los subregistros que existen en este país, que lo hemos hecho durante miles de años… deslicen, por supuesto, los datos oficiales. Pero yo no quiero partidizar, lo que quiero es que demos una señal concreta. No se puede bastardear lo que ayer sucedió en la plaza. La verdad, presidente, me parece que los senadores y senadoras tenemos que hacernos cargo de lo que está pasando en la realidad. Y lo que está pasando en la realidad, más allá de los números, es que a las mujeres nos matan. Nos matan, nos descuartizan, nos golpean, nos violentan”.
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