POLITICA
La Libertad Avanza suma territorialidad en Córdoba y se ilusiona con el desgaste peronista: las tensiones con la UCR

Hay varios factores que ilusionan a la oposición en Córdoba para terminar con 30 años de peronismo local. Mencionan un fuerte malestar social con la gestión de Martín Llaryora y del intendente de la ciudad capital, Daniel Passerini; la imagen positiva de Javier Milei en la provincia; y la posibilidad de que Natalia De la Sota divida el voto del PJ. Además, Gabriel Bornoroni, el elegido por Karina Milei para encarar el armado local, sigue sumando intendentes en el interior que buscan garantizarse la reelección. Pero esos movimientos vuelven a tensionar con Rodrigo de Loredo, el único lanzado oficialmente a la candidatura para la Gobernación.
“No quiero competir contra De Loredo, quiero competir contra Llaryora”, le dice Bornoroni a su equipo, con cierto fastidio por las eternas internas radicales. Es que un sector de la UCR ya forma parte de la coalición que, como adelantó Infobae, se llamará Alianza por la Libertad. La encargada de liderar ese espacio es Soledad Carrizo, la ex diputada nacional que responde a Alfredo Cornejo y que recientemente fue nombrada como vocal en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), organismo que depende de Capital Humano.

La piedra en el zapato de Carrizo son los movimientos y declaraciones de De Loredo. Hace unas semanas encabezó un llamativo evento con música electrónica mezclada con cuarteto, en una imitación a las “Bizarrap Sessions”. También propuso subir la edad de retiro de los policías y mejorar el salario de los oficiales, y prepara más ideas para mejorar la seguridad en la provincia. Su equipo estratégico asegura que ese tipo de proyectos lo posicionan mejor en las encuestas y cree que fue un “gran acierto” haberse postulado como candidato a gobernador con tanta anticipación.
Pero De Loredo no para de recibir malas noticias. Dos concejales de Río Cuarto, Gabriel Abrile y Ana Laura Vasquetto, y uno de la ciudad de Córdoba, Luciano Agüero Díaz, anunciaron su pase a La Libertad Avanza. Las autoridades partidarias salieron a exigir que renuncien a su afiliación y a sus bancas, pero un sector del radicalismo denuncia que se trata de una “medida selectiva”. No hicieron lo mismo con Luis Picat y con la propia Soledad Carrizo cuando se aliaron con los libertarios.
“Hay más intendentes que se quieren pasar”, confiesan los radicales que ya trabajan con Bornoroni para el armado 2027, pero dicen que evitan hacerlo público porque no tienen interés en mostrar debilitado a De Loredo. La UCR tiene unos 130 y aseguran que más de 40 ya están en plena negociación para sumarse a las filas libertarias.

Hay varios casos de jefes comunales que no pueden ser reelectos, como es el caso de Marcos Ferrer en Río Tercero. Es el presidente del partido centenario cordobés y fiel amigo de De Loredo. “¿Qué le vamos a decir el año que viene? Que se vaya a la casa un tipo con experiencia en gestión”, dicen los correligionarios que pregonan la alianza libertaria ante la oportunidad que se abre frente a un eventual triunfo para ocupar cargos ejecutivos. Saben que en La Libertad Avanza escasean los cuadros políticos para conformar un gabinete.
En el entorno de De Loredo hablan de “extorsión” a los intendentes. Se debe a que Bornoroni prometió plantar un candidato propio en los territorios en los que los radicales no se sumen a la alianza. De hecho, asegura que no “largó” en ningún momento a sus intendentes. En su estrategia, sostiene que la sociedad con La Libertad Avanza va a ser un hecho, pero cree que en este período es importante “engordar el espacio para llegar con el valor más alto posible”. “Todos saben que la marca mide. No estamos presionando a nadie, pero vamos a competir en todos lados”, responden los libertarios.
El otro frente abierto que tiene De Loredo es con Luis Juez. Ambos descartan cualquier tipo de enfrentamiento, pero quienes los conocen dicen que la relación está rota. “No se pueden ni ver”, aseguran. Según explicaron a este medio, Juez es el más interesado en que el dirigente radical no se sume al espacio para sumar chances en su lucha por volver a ser candidato. Al senador lo acusan de “cambiar de bandos” constantemente. “Primero era amigo de Karina y ahora se muestra con Patricia (Bullrich)”, le reprochan.
La ex ministra de Seguridad estuvo este viernes en la Bolsa de Comercio de Córdoba y se mostró con Juez, Carrizo, Bornoroni y su aliada Laura Rodríguez Machado, quien fue parte del sector que le arrebató la presidencia del PRO local a Mauricio Macri. El futuro del ex mandatario también es un misterio. Como adelantó Infobae, en Provincias Unidas lo ponen en la danza para liderar la boleta a presidente, lo que, en los hechos, lo convertiría en un socio de Martín Llaryora. Contradicciones que suelen repetirse en la provincia mediterránea.
Pero también hay versiones encontradas sobre quién es el presidenciable que mejor mide en Córdoba. Hay quienes aseguran que la caída en las encuestas de Milei también tiene repercusión local y que Macri sigue representando a la derecha que no acuerda con los modos de la Casa Rosada, sobre todo con los coletazos del caso Adorni. De la que no hay dudas es de Bullrich. “Mide mejor que el Presidente y eso puede ser un problema”, reconocen los conocedores de los celos de Karina Milei.
El factor que más complica al armado opositor es el calendario electoral, una herramienta que el peronismo suele utilizar con destacada astucia. La clave está en la capital cordobesa. En 2023, las elecciones provinciales y municipales fueron desdobladas, lo que le permitió a Llaryora evitar el arrastre de Juntos por el Cambio y quedarse con ambos territorios con una diferencia ajustada. Esta vez, el gobernador enfrenta una importante insatisfacción social con la gestión del intendente. Repetir esa estrategia en 2027 podría ser contraproducente.
Mientras tanto, se espera que después del Mundial de Fútbol la Casa Rosada avance en las definiciones estratégicas electorales, sobre todo en qué provincias estarán decididos a pelear con candidatos puros. ¿Hay posibilidades de que el Gobierno acuerde con Llaryora? Nadie lo confirma, pero tampoco lo descartan, sobre todo ante la sospecha de que el Poder Ejecutivo no puede revertir la crisis económica.
South America / Central America,Government / Politics,CORDOBA
POLITICA
El Gobierno autorizó una licitación por $7638 millones para obras en la Base Naval Integrada de Ushuaia

El Gobierno autorizó este martes una licitación pública por $7638 millones para realizar obras en la Base Naval Integrada de Ushuaia, Tierra del Fuego, anunciadas en septiembre en medio de la tensión con el Reino Unido por la soberanía de las islas Malvinas.
La medida fue oficializada por el Ministerio de Defensa mediante la Resolución 733/2026, publicada en el Boletín Oficial.
La construcción, que contempla galpones modulares y obras complementarias, tendrá un presupuesto oficial de $7.638.061.962 y un plazo de ejecución de 548 días corridos. La contratación se realizará bajo el sistema de ajuste alzado, una modalidad en la que se establece un precio global para la ejecución de los trabajos de acuerdo con las condiciones del contrato.
La resolución, firmada por el ministro de Defensa, Carlos Presti, autoriza el llamado a la Licitación Pública Nacional y encomienda a la Unidad Operativa de Contrataciones de la Armada Argentina la realización de los trámites necesarios para convocar a las empresas interesadas a través del sistema electrónico CONTRAT.AR.
Según los fundamentos de la medida, la iniciativa fue impulsada por la Dirección General del Material de la Armada y cuenta con intervención de las áreas de proyectos, inversión pública y administración financiera de la fuerza.
El gasto está vinculado al Proyecto N°12, registrado en el Banco de Proyectos de Inversión Pública con el número 100.426, denominado “Construcción de un muelle, infraestructuras conexas y adquisición de maquinarias y equipos en punta oriental de la península de Ushuaia”.
La Armada dejó constancia de que cuenta con crédito presupuestario para iniciar el procedimiento durante este año. A su vez, la resolución señala que se encontraba en proceso de incorporación al proyecto de Presupuesto 2027 la autorización para afrontar los gastos de inversión correspondientes a los ejercicios 2027, 2028 y 2029.
La norma establece además que la Dirección General del Material de la Armada estará a cargo de la dirección de obra, mientras que la Jefatura de Infraestructura de la Armada deberá controlar la inspección técnica de los trabajos.
La resolución no establece una fecha concreta para la apertura de las ofertas. Prevista para finalizar en 2029, el costo total de la obra ascendería a US$500 millones.
La primera etapa comenzará a principios de 2027 y, según definieron fuentes oficiales a , “en 18 meses esté construido el 40% del muelle, con servicios como para estar, en una primera etapa, en capacidad de recibir en los primeros 240 metros de muelle las lanchas de la División de Patrullado Austral que son orgánicas del Área Naval Austral y que hoy amarran en el muelle auxiliar, frente a la Base Naval en el centro de la ciudad”.
Con el avance del proyecto se realizará un edificio de servicios marítimos que dará suministros a la operatividad del muelle, y la urbanización del predio, que prevé llevar todos los servicios (agua, luz, gas, conectividad) hacia una zona que hoy no los tiene.
Estancamiento
Pensada como un centro logístico en la península de la capital fueguina para dar apoyo a programas antárticos -buques científicos, comerciales y militares que operan hacia la Antártida-, la iniciativa comenzó a tomar forma pública durante la gestión de Alberto Fernández, cuando se la asoció al desarrollo del Polo Logístico Antártico, una obra que arrancó en 2022.
Desde entonces, se estancó y no tuvo avances significativos. Si bien las tareas nunca se frenaron, la evolución de la construcción dependía de que el gobierno nacional amplíe los fondos destinados al proyecto.
En septiembre, el canciller Pablo Quirno anticipó que el presidente Javier Milei preparaba “una decisión administrativa” con el objetivo de reforzar las partidas del Ministerio de Defensa orientadas a la base integrada.
La construcción del centro operativo en Tierra del Fuego está a cargo de la empresa Tandanor, uno de los principales astilleros del país y referente en la región en materia de reparación y construcción de embarcaciones.
El Presidente retomó el proyecto de la base naval en el marco de la disputa por la explotación petrolera del yacimiento Sea Lion en Malvinas. Milei sostuvo en cadena nacional que la obra convertirá al país en “el polo logístico más importante del Atlántico Sur” y será “fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina”.
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POLITICA
El pedido de EE.UU. para que disuelvan un comité clave por Malvinas en la ONU marca la primera diferencia diplomática entre Milei y Trump

El pedido de Estados Unidos para disolver el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas golpea de lleno el ámbito elegido por la Argentina desde 1988 para llevar adelante el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.
Durante estas casi cuatro décadas, la Argentina priorizó sostener el reclamo ante este comité y no plantear la discusión en el pleno de Asamblea General de la ONU por las negociaciones que se llevaron adelante con el Reino Unido al momento de retomar las relaciones bilaterales en 1990.
Los sucesivos gobiernos argentinos participaron sin titubeos ante cada reunión del Comité de Descolonización por entender que es el ámbito correcto para lograr que Londres acceda a sentarse a una mesa de conversación formal. Para la ONU hay 17 Territorios No Autónomos -no utiliza la palabra “ocupados”-, de los cuales 10 están administrados por el Reino Unido.
Es por eso que Londres no dudaría, como ya hizo en el pasado, en impulsar y acompañar cualquier proyecto que busque ponerle fin a un Comité que le es incómodo y esquivo. El propio canciller Pablo Quirno usó ese mismo escenario en junio de este año para denunciar la “militarización” británica y la “explotación unilateral de los recursos naturales” en el archipiélago.
El Comité se encuentra dentro de la Cuarta Comisión de la Asamblea General -una de las seis que existen en la ONU- y es donde se tratan los temas de Política Especial y de Descolonización. Estados Unidos pretende paralizar su funcionamiento mediante una férrea posición pública en contra del rol que realmente tiene el comité a la hora de resolver las disputas en esta materia.
Según el documento oficial de la ONU, la representante estadounidense, Tammy Bruce, pidió que se ponga fin al mandato del organismo al sostener que “sobrevivió a su propósito original” y consideró que algunas de sus actividades son “un despilfarro de recursos”. Según la funcionaria, el comité “actúa como si nada hubiera cambiado” y vuelve a examinar los mismos textos todos los años, aunque más de 80 antiguas colonias ya se incorporaron a Naciones Unidas como Estados miembros.
La Argentina no acompañará este pedido y, con cautela por la cercanía ideológica y política que Javier Milei tiene con Trump, buscará tomar distancia de la posición norteamericana.
Hay expectativa de que en los próximos días, cuando reciba a Christopher Landau, el número dos de Marco Rubio en el Departamento de Estado, Quirno le transmita la disconformidad de la Argentina.
En concreto, según pudo relevar TN, es prácticamente imposible que el comité se disuelva. Es la Asamblea General la que no debe renovar el mandato anual y, para eso, Estados Unidos tendría que alcanzar una mayoría simple en contra.
En esta instancia no se puede aplicar el veto con el que cuentan los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y es una tradición histórica de países africanos y del Caribe sostener el Comité. A sabiendas de esta situación, Washington podría preferir criticarlo y buscar que quede sin margen de acción.
En ese contexto, la declaración de Estados Unidos es una reafirmación de las reiteradas críticas que Donald Trump viene lanzando sobre la burocracia del organismo y la falta de resultados ante los principales conflictos que vive el mundo en la actualidad.
La Casa Rosada le restó importancia al pedido de EE.UU. de disolver el comité de la ONU que trata el reclamo por Malvinas
La propuesta de la Casa Blanca expone una diferencia central con la Argentina, la primera importante en el ámbito de la ONU. Hasta ahora, las representaciones argentinas había acompañado cada una de las posiciones de los Estados Unidos ante las votaciones que se dieron desde la llegada de Trump.
Ante la consulta de este medio a distintos representantes diplomáticos, muchos coincidieron en que esta posición de la Casa Blanca viene a reafirmar la hipótesis de que Donald Trump está utilizando la amenaza sobre la neutralidad frente al conflicto por las Islas Malvinas como una carta de negociación con Londres.
Si bien hubo distintos gestos pequeños desde que el propio presidente norteamericano dijera en el Salón Oval que podría revisar la histórica posición de neutralidad de los Estados Unidos, la relación con el nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, pareció encauzarse tras el encuentro bilateral que mantuvieron en el marco de la Apertura de la Asamblea General de la ONU.
Sería también un error ver este pedido de disolución del Comité como un gesto de respaldo de Washington a Londres. Se enmarca en una visión mucho más general de la Casa Blanca sobre el rol de los organismos, una mirada que excede la situación de Malvinas.
La discusión sobre el rol del Comité de Descolonización llega en medio de la escalada con Londres por el proyecto petrolero Sea Lion. Para frenar la explotación de recursos en las islas, el Gobierno pidió la intervención del Tribunal Internacional del Derecho del Mar y mandó al Congreso un proyecto de Ley de Soberanía que prevé sanciones para las empresas vinculadas con la actividad petrolera en la zona.
Javier Milei, Donald Trump, Islas Malvinas
POLITICA
Aciertos y deudas del gobierno de Milei: la desaprobación llega al 60% mientras crece la incertidumbre electoral, según una encuesta

A tres años de la llegada de Javier Milei a la Presidencia, y a tan solo unos meses para que comience la carrera electoral que pondrá a prueba la gestión libertaria, las principales consultoras comenzaron a analizar la situación política y muestran no solo cuál es la visión de la sociedad respecto del oficialismo, sino también cuáles continúan siendo los reclamos y preocupaciones.
Tal es el caso de la última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP), que realiza periódicamente el Laboratorio de Observación de la Opinión Pública (LOOP) de la Universidad de San Andrés (UdeSA).
En octubre, este estudio reveló que el 67% de las personas consultadas rechaza “la marcha general” del país, mientras que solamente el 30% se mostró satisfecha. Pese al balance negativo, las cifras son mejores que las que tuvieron Mauricio Macri y Alberto Fernández a esta misma altura de sus respectivos mandatos.

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El trabajo fue elaborado sobre una base de 1.000 encuestados, todos mayores de edad y de diferentes regiones argentinas, los cuales fueron relevados entre el 5 y el 13 de este mes y respondieron preguntas sobre la situación económica personal y algunas de las políticas públicas.
En lo que respecta estrictamente al desempeño del Gobierno, los niveles de aprobación y desaprobación se mantienen sin cambios significativos respecto del mes anterior, del 36% y el 60%, respectivamente, respectivamente.

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Sobre este punto, el respaldo para el jefe de Estado es exactamente igual al que tenía Macri en el mismo momento de su mandato y superior al registrado por Alberto Fernández para esta etapa.
Si se discrimina el dato por el género del encuestado, se descubre que los hombres registraron una aprobación de la actual gestión nacional del 38%, cinco puntos por encima de las mujeres.
Por nivel socioeconómico, en tanto, los números más altos a favor del Gobierno se registraron entre quienes integran la clase alta y la media baja, con 41% en ambos casos, mientras que el peor resultado se dio en el sector de menores ingresos, con apenas el 29% de aprobación.
El respaldo también mantuvo una fuerte relación con la identificación ideológica y el voto anterior: en el electorado de Milei, el 74% aprobó al Gobierno, al igual que el 65% de los que acompañaron en 2023 a Patricia Bullrich y el 20% de los que votaron la boleta de Juan Schiaretti. Ese apoyo baja drásticamente en los votantes de Sergio Massa y de otros candidatos en los últimos comicios presidenciales.
Por edad, los mayores de 60 años fueron el grupo con mayor aprobación, con 44%. Los siguieron los menores de 27 años, con 39%. Entre los millennials, en cambio, alcanzó el 30% y fue el segmento que peor lo evaluó.
La situación económica e imagen de los dirigentes
Por otra parte, el estudio señaló que el 56% considera que la situación del país empeoró durante el último año, frente a un 18% que percibió una mejora. A la hora de mirar hacia adelante, el 43% pronosticó un deterioro, mientras que solo el 29% espera una evolución favorable.

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La percepción sobre la economía personal fue incluso más negativa: el 52% afirmó que su situación empeoró en los últimos 12 meses y apenas el 14% dijo que mejoró.
Si se toma solamente a los votantes de Milei, el 42% dijo que la Argentina está mejor que en el 2025, el 32% aseguró que está igual y únicamente el 23% consideró que empeoró. El 61% de ellos confió que el país va a mejorar.
Por otro lado, el 54% de los encuestados aseguró que los ingresos de su hogar no alcanzan y, dentro de ese grupo, el 35% respondió que tuvo que usar ahorros o recortar gastos y el 19% señaló que debió endeudarse.

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Solo el 20% de los participantes del estudio manifestó que el dinero le alcanza bien y que tiene capacidad de ahorro, al tiempo que otro 21% indicó que puede cubrir los gastos mensuales, pero sin sobrantes.
En cuanto a la consideración de los políticos, Patricia Bullrich se ubicó primera, con el 36% de imagen positiva y el 54% de negativa, seguida por Javier Milei, Myriam Bregman, Axel Kicillof, Cristina Kirchner, Jorge Macri y Victoria Villarruel. Todos, claro, tienen balance negativo en la valoración pública.

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Si se tiene en cuenta solamente a los que previamente dijeron aprobar el Gobierno, la lista la lidera el actual Presidente, con el 84% de imagen positiva, superando a la senadora y el alcalde porteño.
Entre los integrantes del Gabinete, en tanto, el ranking lo encabeza el ministro coordinador Diego Santilli, seguido por la titular de la cartera de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el de Economía, Luis Caputo. En el último puesto está el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

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La Libertad Avanza y el peronismo, separados por dos puntos rumbo a 2027
De cara a las elecciones presidenciales en las que Milei buscará la reelección, la encuesta muestra que si fueran hoy, el 26% votaría a La Libertad Avanza y el 24% al peronismo, aunque otro 26% respondió que no sabe a quién apoyaría o prefirió no contestar.
El resto de las fuerzas aparece muy abajo en intención de voto: el Frente de Izquierda reúne 4%, mientras que el PRO y Provincias Unidas alcanzaron 3% cada uno. La UCR y los partidos provinciales están en el fondo de la tabla.

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La evolución desde junio exhibe un crecimiento de La Libertad Avanza hasta 26%, luego de ubicarse en torno de 24% en los meses previos. El peronismo osciló entre 23% y 26% y terminó en 24%. La indecisión, en tanto, se redujo desde un pico de 22% y se ubicó en 21%, sin contar el 5% que prefirió no responder.
Un dato que remarca la Universidad de San Andrés es que, entre quienes aprueban la gestión de Milei, el 66% elegiría a La Libertad Avanza, pero solamente el 39% de los que lo desaprueban se inclinan por el PJ.

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La fidelidad a los espacios también resulta desigual. El peronismo retiene 70% de los votantes de Massa de 2023. La Libertad Avanza conserva 64% de quienes eligieron a Milei, pero solo 41% de los votantes de Bullrich se inclina hoy por el oficialismo; 19% de ese grupo elegiría al PRO y 19% continúa indeciso.
El Ejecutivo es el poder mejor evaluado, aunque también tiene imagen negativa
La valoración de los poderes del Estado muestra una insatisfacción extendida. El Poder Ejecutivo reúne 25% de satisfacción y 66% de insatisfacción. El Senado llega a 18% de valoración positiva, el Poder Judicial a 16% y la Cámara de Diputados también a 16%.

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El saldo más adverso corresponde a Diputados, con un diferencial de 60 puntos negativos, seguido por el Poder Judicial, con 58 puntos negativos. El Senado presenta un diferencial negativo de 55 puntos y el Ejecutivo, de 41.
Frente al mes anterior, el informe señala una suba de tres puntos en la satisfacción con el Senado y una mejora de dos puntos en el Ejecutivo. En contraste, cae la evaluación del Poder Judicial.
Los problemas del país y las políticas que aprueba la sociedad
Por último, consultados sobre los principales problemas que atraviesa el país, la falta de trabajo apareció como la principal preocupación, mencionada por el 39% de las personas; seguidos por los bajos salarios, con 35%; la pobreza, con 31%, y la corrupción, con 30%.

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También figuran entre los problemas más mencionados la inseguridad, con 24%; los políticos, con 22%, y la inflación, con 19%.
En contraposición, las áreas con mejor evaluación fueron la política exterior y la de defensa, ambas con 34% de satisfacción, seguidas por la política energética, con 31%, y la de seguridad, con 30%.

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De todos modos, ninguna de esas áreas obtuvo un diferencial positivo, ya que los niveles de insatisfacción superaron a los de satisfacción en todos los casos.
Los resultados más críticos se concentraron en las políticas de obras públicas e infraestructura, salud y educación, con 72% de insatisfacción en cada caso. La política social acumuló un 68% de opiniones negativas y la científica, un 64%.
Entre las decisiones puntuales evaluadas, la única que obtuvo mayoría de acuerdo fue la inhabilitación de las empresas que operen en las islas Malvinas para extraer recursos en Vaca Muerta o adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sin aval argentino: el 53% se manifestó a favor y el 26%, en contra.

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El alineamiento geopolítico con Estados Unidos recogió un 32% de opiniones positivas y un 52% de rechazo. El respaldo diplomático a Israel en el conflicto de Medio Oriente tuvo 22% de acuerdo y 58% de desacuerdo.
La posibilidad de presencia militar o de inteligencia de Estados Unidos en puntos estratégicos obtuvo 22% de aceptación y 62% de rechazo. La desregulación de la Ley de Tierras fue la medida con peor resultado: el 18% se mostró de acuerdo y el 68% en desacuerdo.
La encuesta de la Universidad de San Andrés fue realizada sobre una muestra estratificada por región, edad y nivel socioeconómico, con datos ponderados según el voto de octubre de 2025. El estudio estima un intervalo de credibilidad de aproximadamente ± 3,15 puntos porcentuales para los resultados generales.
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