El difícil saber si la fecha elegida fue producto de la torpeza de la dictadura en retirada o un último acto perverso de los responsables del genocidio perpetrado en la Argentina. Corría 1983 y ese viernes 29 de abril se cumplían exactamente seis años del día que las Madres de Plaza de Mayo habían empezado a hacer sus rondas para reclamar la aparición con vida de sus hijos desaparecidos por los grupos de tareas y sumergidos en el oscuro terror de los centros clandestinos de detención. Sea como fuere, fue el día que los dictadores hicieron público lo que pomposamente llamaron Documento Final de la Junta Militar sobre la Lucha contra la Subversión y el Terrorismo y el Acta Institucional, un texto que militares de las tres fuerzas venían preparando desde hacía tiempo bajo el nombre en clave de “Delta” con la intención de justificar el plan sistemático de represión ilegal puesto en práctica por la dictadura y protegerse de las posibles consecuencias de sus actos criminales cuando el país recuperara la democracia.

Habían transcurrido también casi cuatro años desde que, ante una valiente pregunta del periodista José Ignacio López por la suerte de los miles de desaparecidos desde el golpe de Estado, el dictador Jorge Rafael Videla respondiera con inigualable cinismo: “Frente al desaparecido en tanto esté como tal, es una incógnita. Si el hombre apareciera tendría un tratamiento X y si la aparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está… ni muerto ni vivo, está desaparecido”, había dicho el genocida que por entonces ocupaba la Casa Rosada.

El anticipo del documento final se conoció a las diez de la noche del día anterior, jueves 28, cuando la cadena nacional interrumpió las programaciones habituales de radio y televisión para que, en una transmisión que duró 44 minutos, un locutor oficial leyera un texto en off sobre un montaje de imágenes que pretendían mostrar el accionar de las organizaciones guerrilleras en el campo y la ciudad, fundidas con planos subliminales de obreros agrícolas e industriales trabajando bajo la supuesta paz que habían instalado en el país las Fuerzas Armadas después de dar el golpe del 24 de marzo de 1976.

El documento se presentaba como un balance a partir del cual la Junta Militar planteaba que las violaciones a los derechos humanos ocurridas en los años previos no podían ser juzgadas como tales, ya que debían enmarcarse en un contexto de guerra que implicaba una necesaria suspensión de los derechos y garantías individuales y la adopción de “procedimientos inéditos”, un eufemismo para referirse a los crímenes cometidos por el Estado terrorista. Y agregaba: “en este marco casi apocalíptico, se cometieron errores que, como sucede en todo conflicto bélico, pudieron traspasar, a veces, los límites del respeto a los derechos humanos fundamentales y que quedan sujetos al juicio de Dios en cada consciencia y a la comprensión de los hombres”.

También confirmaba lo que ya no era un secreto: que los desaparecidos estaban muertos. “De manera sintética, sus argumentos eran los siguientes: el Gobierno ratificaba lo actuado en la lucha contra la subversión bajo la perspectiva de que se había tratado de una ‘guerra inédita’; reconocía haber cometido ‘errores’ durante su desarrollo y se encomendaba por ello al juicio de la Historia; ratificaba su convicción de volver a hacerlo si era necesario, y declaraba de manera definitiva que los desaparecidos estaban muertos y que no tenía más informaciones que dar”, resume la investigadora del Conicet Marina Franco en su trabajo El Documento Final y las demandas en torno a los desaparecidos en la última etapa de la dictadura militar argentina.

Aunque tratara de encubrirlo en medio de un fárrago de justificaciones de la represión dictatorial, el documento entero era funcional al objetivo de cerrar ese tema, algo fundamental para lograr la impunidad. En realidad, preparaba el terreno para un paso supuestamente legal: la promulgación de una ley de autoamnistía que la Junta Militar tenía planeado decretar en septiembre bajo el engañoso nombre de “Ley de Pacificación Nacional”.

Tibios y detractores

La difusión del Documento Final —como después la promulgación de la ley de autoamnistía— provocó reacciones de todo tipo en el espectro político argentino y terminó transformándose en uno de los ejes de las campañas electorales, donde los dos principales candidatos tuvieron posiciones encontradas, aunque hacia adentro de sus propios partidos también había miradas distintas.

Al día siguiente de conocerse el texto, el peronista Antonio Cafiero lo descalificó por ocultar la verdad. “La información que cabía esperar no es la que ha dado el Gobierno. Sin esa información previa, que obviamente deben suministrar las Fuerzas Armadas, es imposible que la civilidad defina una posición, absolutoria o condenatoria. Ello impondrá al futuro Gobierno constitucional el pesado lastre de indagar la verdad”, dijo.

En el mismo sentido se pronunció otra de las figuras justicialistas de la época, Vicente Leónidas Saadi. “La Junta Militar ha puesto a las Fuerzas Armadas en una posición que las enfrenta al resto del país al hacer exactamente lo contrario de lo que todos anhelábamos y teníamos derecho a esperar. No han esclarecido nada, lo han confundido todo y con una terrible soberbia se vanaglorian de lo que todos repudian dando un documento que es esencia de cinismo”, sostuvo.

En cambio el expresidente provisional —y futuro candidato a presidente por el Justicialismo—, Ítalo Argentino Luder, se plantó en una posición opuesta. No resultó extraño ya que, antes del golpe, él mismo había rubricado con su firma el decreto de “aniquilamiento de la subversión” que abrió las puertas a la represión ilegal de las Fuerzas Armadas. “Resulta positivo el reconocimiento que se hace de la decidida actitud del general Perón, de la señora de Perón y mía frente al fenómeno terrorista”, respondió cuando lo consultaron.

El desarrollista Rogelio Frigerio, hombre de confianza del expresidente Arturo Frondizi y aliado al Justicialismo con miras a las elecciones que se aproximaban, fue terminante: “En el documento falta el principio elemental con el que debió concebirse: la verdad. Es inaceptable que los excesos cometidos que —según se admite— agraviaron derechos humanos fundamentales se califiquen como ‘errores’ exentos de toda explicación y eximidos de toda responsabilidad´”,

Dentro del radicalismo el documento provocó controversias que se reflejaron también frente a la opinión pública. Uno de los referentes del partido —y futuro senador nacional por la Capital—, Juan Trilla, optó por mezclar una de cal y otra de arena. “Ningún argentino responsable y sensato puede soslayar su repudio de la subversión, ni tampoco dejar de apoyar a las Fuerzas Armadas de la Constitución en esa emergencia”, dijo, por un lado. “Pero ello no implica que queden cerrados los ámbitos de la Justicia. No habrá reconciliación si no existen las suficientes respuestas dignas para quienes quieran recurrir a los jueces de la Constitución para cada una de sus angustias”, agregó, por el otro. Sin esas medias tintas, Raúl Alfonsín, que aspiraba a la presidencia en las elecciones que marcarían el retorno a la democracia, condenó el documento. Para entonces ya había decidido que no había solución sin que las cúpulas militares de la dictadura asumieran su responsabilidad en la represión ilegal y fueran juzgadas por ella.

El documento provocó un inmediato rechazo de los organismos de derechos humanos, de muchos gobiernos europeos, de organizaciones internacionales, de la Iglesia católica a través de críticas del propio papa Juan Pablo II y aumentó el aislamiento internacional de la dictadura cívico militar.

La impunidad hecha ley

Sin embargo, esas críticas no hicieron mella en la decisión de la última Junta Militar —integrada por Cristino Nicolaides, Jorge Anaya y Augusto Hughes— de promulgar una ley que garantizara la impunidad de los crímenes cometidos por la dictadura. Entró en vigor el 22 de septiembre, con la firma del presidente de facto Reynaldo Benito Bignone. Llevaba el nombre de “Ley de Pacificación Nacional” aunque nadie la llamó así, sino “ley de autoamnistía”.

En el primer artículo parecía sostenerse en la fórmula de “reconciliación” entre bandos enfrentados: “Decláranse extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982. Los beneficios otorgados por esta ley se extienden, asimismo, a todos los hechos de naturaleza penal realizados en ocasión o con motivo del desarrollo de acciones dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a las referidas actividades terroristas o subversivas, cualquiera hubiere sido su naturaleza o el bien jurídico lesionado. Los efectos de esta ley alcanzan a los autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores y comprende a los delitos comunes conexos y a los delitos militares conexos”, decía.

En el artículo quinto quedaba claro lo que buscaba: “Nadie podrá ser interrogado, investigado, citado a comparecer o requerido de manera alguna por imputaciones o sospechas de haber cometido delitos o participado en las acciones a los que se refiere el artículo 1º de esta ley o por suponer de su parte un conocimiento de ellos, de sus circunstancias, de sus autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores”.

Y lo remataba en el número 12: “Los Jueces Ordinarios, Federales, Militares u organismos castrenses ante los que se promuevan denuncias o querellas fundadas en la imputación de los delitos y hechos comprendidos en el artículo 1º, las rechazarán sin sustanciación alguna”. En otras palabras: no habría justicia para las víctimas.

Cuando se promulgó la ley faltaban menos de cuarenta días para las elecciones del 30 de octubre y desde ese mismo momento se transformó en uno de los ejes de la campaña hacia la presidencia de los candidatos justicialista y radical. El peronista Ítalo Luder sostuvo que, gustara o no, la ley promulgada por la dictadura era legalmente válida y que, si llegaba a la presidencia, no la derogaría. El radical Raúl Alfonsín se paró en la vereda opuesta. “Se propiciará la anulación de la ley de amnistía dictada por el gobierno militar y se pondrá en manos de la Justicia la importante tarea de evitar la impunidad de los culpables”, dijo una y otra vez durante sus actos de campaña. Repitió esa misma frase en su discurso de asunción, el 10 de diciembre de 1983, y pocos días después firmó el decreto que ordenaba juzgar a las juntas militares.

Medio siglo después

En los 43 años de democracia formal que lleva la Argentina desde la finalización de la última dictadura cívico militar, la administración de justicia para los responsables del genocidio perpetrado entre 1976 y 1983 ha sufrido no pocos vaivenes. Tras el Juicio a las Juntas, las presiones militares —plasmadas en los levantamientos de los “carapintadas”— hicieron que el Gobierno de Raúl Alfonsín y el Congreso Nacional promovieran las leyes conocidas como de “Obediencia Debida”, que ponía fuera del alcance de la ley a los represores que habían “actuado cumpliendo órdenes superiores”, y de “Punto Final”, que marcó una fecha límite para la iniciación de los procesos judiciales. Más tarde, el peronista Carlos Menem completó el círculo de impunidad con los decretos de amnistía para los genocidas condenados con la excusa de la “reconciliación nacional”.

En agosto de 2003, impulsada por el Gobierno de Néstor Kirchner y con el apoyo de los organismos de derechos humanos y una gran mayoría de la sociedad, el Congreso sancionó la ley 25.779, que declaró insanablemente nulas a las leyes de impunidad y permitió la reapertura de las causas por los crímenes de la dictadura. Dos años más tarde, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la inconstitucionalidad de esas leyes, alineándose con el derecho internacional que establece la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Desde entonces, cerca de mil represores han sido condenados por la Justicia.

El mes pasado, al cumplirse 50 años del golpe genocida del 24 de marzo de 1976, Infobae publicó un estudio nacional elaborado por el observatorio Pulsar.UBA de la Universidad de Buenos Aires y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que reveló que aproximadamente siete de cada diez argentinos apoyan la continuidad de los juicios por violaciones a los derechos humanos.

Además, el rechazo social a la dictadura se expresó en la percepción que los ciudadanos tienen de las causas del golpe: el 63% de los encuestados sostiene que no existieron motivos que justificaran la intervención militar de 1976. En la identificación de responsabilidades, el 39% señala directamente al Gobierno militar encabezado por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti como el principal artífices del quiebre institucional.

Según el estudio, el nivel de conocimiento sobre el período se mantiene elevado: siete de cada diez personas afirman saber mucho o algo sobre lo ocurrido entre 1976 y 1983. Ese conocimiento, sin embargo, ya no se origina principalmente en experiencias directas: la escuela y la universidad son identificadas como las fuentes principales de información sobre la dictadura, seguidas por las conversaciones con familiares o amigos.

El trabajo concluye que “los desaparecidos, la represión y la violencia institucional están en el centro de la memoria” sobre aquellos años, lo que indica que el terrorismo de Estado permanece como el eje central de la memoria colectiva, a pesar de las movidas negacionistas e incluso reivindicadoras de la dictadura que han crecido en los últimos tiempos motorizadas desde algunos sectores políticos e incluso desde el Gobierno nacional.