POLITICA
La oposición impulsa proyectos para el desendeudamiento de familias y busca imponer una agenda propia
La oposición avanzará en una agenda propia con la idea de encontrar puntos de contacto entre los diferentes sectores que les permita ir al recinto con chances de imponer un número. Y, al igual que durante el 2025, el impulso está en una agenda social.
A las 10 de la mañana de este miércoles se reunirá la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia para comenzar a trabajar en una cantidad de proyectos de ley relacionados al desendeudamiento de familias, sobre todo, con tarjetas de crédito. La cita lleva la firma del titular Hugo Yasky, quien tiene la intención de encontrar puntos de acuerdo entre todos los proyectos presentados.
“Van a exponer cinco o seis especialistas en la temática. Luego se dará lugar a preguntas. A continuación los autores de proyectos defenderán su propuesta. Por último se convocará a reunión de trabajo de asesores para compatibilizar los proyectos”, explicó a Infobae el diputado Yasky.
El hombre que responde al armado del gobernador Axel Kicillof agregó que la intención es “avanzar rápido” con el tema que, según los datos oficiales, es cada vez más preocupante. Un informe de la consultora 1816 basado en datos del BCRA, señala que la morosidad en los créditos a familias alcanzó el 11,2% en febrero, su nivel más alto en 22 años, acumulando 16 meses de subas consecutivas. A esto se le suma que la mora en billeteras virtuales roza el 30%, reflejando alta vulnerabilidad por tasas elevadas y bajos ingresos.
Es en este contexto que se suma el dato de que la morosidad en la compra de electrodomésticos alcanza al 40%; es que la oposición busca avanzar y debatir los 18 proyectos que hay en la Cámara de Diputados.
Las iniciativas que hay son impulsadas por los peronistas Gabriela Estévez, Andrea Freites, Kelly Olmos, Santiago Roberto, Roxana Monzón, Diego Giuliano, Guillermo Michel y Lucía Cámpora; otras de Esteban Paulón y Pablo Juliano de Provincias Unidas; Mónica Frade de la Coalición Cívica; y Marcela Pagano de Coherencia. Pero también hay proyectos previos que, aunque sus autores ya no son legisladores, mantienen estado parlamentario. Estos son de Pamela Calletti, Oscar Agost Carreño, Fabiola Aubone y Carolina Yutrovic, todos con mandato cumplido.
Los proyectos proponen desde declarar la emergencia financiera por un año, pasando por planes de cuotas, suspensión de ejecuciones, condonación de parte de los intereses punitorios hasta la creación de un Fondo Nacional de Recuperación de Deudas de Consumo. Hasta un diputado del PRO presentó un proyecto de resolución preocupado por el crecimiento de las deudas.
“Hay que encontrar puntos de contacto para poder sumar voluntades. Ir al recinto con 18 proyectos es ir a perder”, explicó un diputado de la oposición.
La intención de los bloques que hoy están lejos de las posiciones del oficialismo es la de acelerar para establecer una agenda en común y quitarle a La Libertad Avanza la posibilidad de manejar el ritmo del Congreso.
Para ello, necesitará ir a una sesión especial para pedir el emplazamiento de las Comisiones que hoy maneja el oficialismo y que deberán participar como puede ser la de Presupuesto y la de Finanzas. Y todo eso lo tiene que hacer en un único bloque de votos si no quiere sufrir una derrota en el recinto.
“Queremos avanzar y lo tenemos que hacer todos juntos. La agenda social es en la que más nos encontramos todos y que el Gobierno dejó de lado. Sabemos que vamos a un camino como el de la Ley de Discapacidad y la de presupuestos universitarios -un veto presidencial- por eso tenemos que ceder todos para poder hacer el camino de aprobar y poder insistir“, señaló un legislador de la oposición que mañana estará presente en la comisión.
Con esto los bloques que están fuera del radar libertario buscan empezar a construir una agenda conjunta que les permita doblegar, primero, al bloque de LLA y sus socios y más tarde, si es necesario, a varios legisladores que hoy son satélites de los libertarios, si es que hace falta ir a una insistencia de la ley. “Primero, pensemos en los 129 que necesitamos, después veamos si tenemos que ir por los 171”, agregó.
POLITICA
Con su nueva declaración jurada, Manuel Adorni contradijo lo que había informado en el Congreso
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, admitió haber omitido declarar cientos de miles de dólares en sus presentaciones de bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA), contradiciendo a las declaraciones que él mismo realizó ante el Congreso y en conferencias de prensa de la Casa Rosada durante los últimos meses.
“Ahorramos en negro, como todos los argentinos”, dijo el funcionario este miércoles. En ese reportaje, anunció que rectificaría sus declaraciones juradas para incorporar el patrimonio omitido y que abonaría los impuestos adeudados al fisco.
Según ese nuevo comentario, el jefe de Gabinete precisó cuál era el faltante que se desconocía en su patrimonio, y con el cual adquirió otras propiedades y bienes. “Invertimos 200 mil dólares en bitcoin y ganamos unos 300 mil”, reveló y luego contó que se trataba de un dinero que tenía “para la educación y el futuro de sus hijos”.
El 29 de abril pasado, con el presidente Javier Milei siguiendo el informe de gestión del jefe de Gabinete desde un palco, Adorni había asegurado ante los legisladores: “En mis declaraciones juradas figuran todos los detalles de los bienes que integran mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna”. En ese descargo en el Congreso, también advirtió haber cumplido con las “obligaciones previstas en la Ley de Ética Pública y acompañé todas las declaraciones juradas que requiere la normativa”.
Esa posición la había sostenido también el 25 de marzo en una conferencia de prensa, donde afirmó que “todo lo que tiene que estar declarado está declarado en cada uno de los organismos tal como corresponde”. Y el 4 de mayo, reiteró ante los periodistas acreditados en la Casa Rosada: “Nunca existió ocultación alguna”.
En la entrevista de ayer, Adorni reconoció además que la omisión fue intencional, aunque la justificó como una forma de escapar “de la vieja política”, cuando aún trabajaba en el sector privado. Sin embargo, no explicó por qué eligió transparentar esos fondos recién ahora, dos años y seis meses después de la asunción de Milei, y en el momento en que la Justicia detectó gastos e inversiones que no se condicen con su patrimonio declarado.
“En 2013 empiezo a incursionar en el mundo del bitcoin, en 2014 empiezo a invertir fuerte en bitcoins, de hecho, mi mujer no estaba de acuerdo. Entre 2014 y 2018 ganamos bastante dinero con esta inversión. Reconstruyendo la historia, invertimos US$200.000 y ganamos US$300.000″, explicó en su última versión.
Al asumir el cargo, Adorni tenía declarados ante la OA únicamente dos departamentos: uno de 115 metros cuadrados en el barrio porteño de Parque Chacabuco, valuado en 24,1 millones de pesos, y otro de 105 metros cuadrados en La Plata, valuado en 14,1 millones de pesos. Completaban su patrimonio un Renault Captur 2019 y el equivalente a unos 25.000 dólares en efectivo.
Ya en la función pública adquirió un departamento en Caballito –sin vender el anterior- y sumó una casa en el country Indio Cua, declarada exclusivamente a nombre de su esposa, Angeletti. Eso también, dijo, fue un “error” que rectificaría para reconocer la compra a medias. La escribana Adriana Nechevenko, que participó de las operaciones inmobiliarias del funcionario, declaró que “se le dio todo junto” en los últimos tiempos.
Al ser consultado sobre el porqué no dio estas explicaciones anteriormente, el funcionario señaló que no habló antes, debido a que prefirió respetar a la Justicia. “Desde el primer día, el aparato mediático me condenó y me tildó de ‘chorro’”, sostuvo. Sobre su vivienda en Indio Cuá, contó que tomó la decisión de mudarse tras sufrir agresiones. “Yo no la incluí, porque esa casa estaba escriturada 100% a nombre de mi mujer, siempre estuvo declarada, estaba en su declaración. Son formalismos”, precisó.
La documentación de Adorni, que había sido anticipada por el presidente Javier Milei y se demoró más de un mes, incorporará activos que no habían sido declarados en presentaciones anteriores, entre ellos los USD 300.000 originados en inversiones realizadas con Bitcoin entre 2013 y 2018.
Las rectificaciones incluyen además cambios en la situación patrimonial de Bettina Angeletti. Según aclaró el jefe de Gabinete, su esposa no sólo desarrolla actualmente actividades como monotributista sino que además ocupó durante más de quince años cargos gerenciales en una empresa privada, un dato que fue incorporado a la reconstrucción presentada ante los organismos de control.
La reconstrucción presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA) por Adorni sostiene que las operaciones pueden ser verificadas mediante las denominadas “llaves” de acceso asociadas a las billeteras virtuales utilizadas para operar con criptomonedas. Según esa explicación, los registros permitirán reconstruir los movimientos realizados y acreditar la existencia de las inversiones declaradas.
POLITICA
“Mochilas raras”: el chofer de Facundo Leal admitió que llevó la valija con US$1,7 millones a Mendoza el mismo mes de su renuncia a Orsna
La declaración de quien durante más de seis años fue el chofer personal de Facundo Leal, el exfuncionario que fue detenido con droga y 2,3 millones de dólares, es una de las piezas más sensibles de la investigación judicial que analiza presuntas maniobras de corrupción vinculadas con la empresa satelital Arsat.
Según pudo reconstruir , el relato no sólo permitió delinear movimientos cotidianos del exfuncionario, sino que además aportó detalles sobre reuniones reservadas y el traslado de equipaje que calificó como “raro”. Específicamente confirmó los movimientos de una valija que, meses después, sería encontrada con parte de los casi US$2,6 millones de dólares secuestrados al extitular de Arsat y el organismo regulador de los aeropuertos Orsna.
El chofer trabajó para Leal desde enero de 2020 hasta el 28 de mayo pasado, cuando el extitular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) fue detenido. Es decir, lo trató constantemente durante las dos gestiones más relevantes que tuvo, tanto en la empresa pública como en el organismo regulador de aeropuertos. Su testimonio fue incorporado a la causa judicial en que se investigan presuntos sobornos y contrataciones irregulares entre la empresa estatal ARSAT y Argentina Logistic Services (ALS).
De acuerdo con el relato incorporado al expediente, en febrero de 2026, cuando Leal renunció al Orsna, el entonces funcionario le encomendó a su chofer una tarea puntual: trasladar una valija desde la Capital hasta un domicilio vinculado a él en la provincia de Mendoza.
Cuando los investigadores le exhibieron fotografías y elementos secuestrados durante los allanamientos, el chofer reconoció formalmente aquella valija. Se trataba del equipaje encontrado en un departamento ubicado sobre la avenida Boulogne Sur Mer, en Mendoza, donde la policía secuestró una parte sustancial de los casi US$2,6 millones incautados durante los procedimientos.
Según la reconstrucción realizada por la fiscalía, en esa valija había alrededor de US$1,7 millones. El reconocimiento realizado por el chofer permite conectar directamente el traslado ordenado por Leal con uno de los hallazgos más importantes de la investigación.
El chofer explicó que el funcionario llevaba siempre consigo una mochila personal, pero que existía un comportamiento que consideraba fuera de lo habitual. Relató que, en determinadas ocasiones, Leal guardaba una segunda mochila en el baúl del vehículo y la dejaba allí durante dos o tres días. Después de ciertas reuniones, esa mochila era reemplazada por otra o trasladada por el propio funcionario.
El chofer recordó incluso haber visto a Leal ingresar a un edificio en pleno centro porteño, portando dos mochilas al mismo tiempo. Si bien aclaró que nunca observó directamente dinero en efectivo, describió esas maniobras como algo “raro”.
Ante los investigadores, el chofer describió una relación de extrema confianza entre Leal y Santiago Pando, señalado en la causa como uno de los nexos con ALS. Según declaró, Pando era una presencia habitual tanto en las oficinas de ARSAT de Benavídez como en el edificio conocido como “el Rulero”. Pero además sostuvo que los encuentros entre ambos trascendían el ámbito laboral.
El chofer explicó que frecuentemente trasladaba a Leal hasta la zona de la Recova, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, según relató, muchas veces veía a Pando y entendía que ambos mantenían reuniones. “Había mucha confianza entre Pando y Leal”, declaró, al tiempo que aseguró que por la relación que observaba “parecían amigos”.
Su testimonio permite además reconstruir una verdadera ruta gastronómica de encuentros entre los imputados. El chofer recordó que Leal acostumbraba a reunirse en distintos bares y restaurantes. Entre ellos mencionó el café Havanna de la Recova, donde en varias oportunidades observó a Gerardo Boschin, expresidente de Trenes Argentinos, sentado en las mesas exteriores, aparentemente aguardando la llegada del funcionario.
También confirmó que Leal frecuentaba el restaurante Piegari, sobre la calle Posadas, un lugar que coincide con conversaciones incorporadas al expediente en las que los acusados coordinaban reuniones. A ello se suman los viajes que realizó hacia el café Tostado de Nordelta, especialmente durante el primer año de la pandemia. En ese establecimiento identificó a Boschin y a Leonardo Comperatore, además de otras personas cuya identidad no pudo precisar.
En un contexto marcado por la renuncia de Leal al ORSNA y su posterior detención, la palabra de quien fue uno de sus colaboradores más cercanos pasa a ocupar un lugar central en una causa que continúa sumando pruebas y derivaciones judiciales.
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POLITICA
Nicolás Trotta cuestionó el acuerdo con las universidades: “Es un alivio, pero no una solución definitiva”
El Gobierno nacional acordó con las universidades y los gremios docentes un incremento salarial del 24,3%, además de refuerzos para becas, hospitales universitarios y gastos de funcionamiento, con el objetivo de reducir la tensión tras casi tres años de conflicto. El entendimiento estableció una tregua en la negociación, aunque la demanda por la aplicación de la ley de financiamiento universitario sigue en la Corte Suprema y el reclamo por el cumplimiento de esa norma permanece abierto.
El exministro de Educación de la Nación y diputado nacional Nicolás Trotta sostuvo que el conflicto provocó consecuencias sobre el sistema universitario y cuestionó la falta de aplicación de la ley de financiamiento. “Este gobierno, durante dos años y medio, extendió un conflicto generando un daño en parte irreparable a nuestro sistema universitario“, indicó.
En este sentido explicó que se perdieron “más de diez mil docentes investigadores, se interrumpieron procesos de creación de conocimiento y estudiantes abandonaron sus carreras universitarias”, afirmó.
Qué implica el acuerdo
El acuerdo contempla un aumento del 21,3% para junio y un 3% adicional previsto para octubre. Además, incorpora un incremento del 20% para gastos de funcionamiento, una partida de $50.000 millones para hospitales universitarios y una suba del 50% para las becas Manuel Belgrano.
En cambio, las becas Progresar no forman parte del entendimiento. La negociación salarial ingresó en un cuarto intermedio de 90 días y el Ejecutivo asumió el compromiso de retomar la discusión.
La decisión del Gobierno respondió al avance del conflicto con los gremios y al proceso judicial que permanece en la Corte Suprema. También remarcaron que el entendimiento representa un alivio parcial para los trabajadores universitarios, aunque no implica la aplicación de la ley de financiamiento aprobada por el Congreso.
Críticas al rol de la Justicia y al alcance del acuerdo
Trotta señaló que el Congreso aprobó la norma en dos oportunidades y que el Poder Ejecutivo mantiene un incumplimiento. “Estamos frente a un incumplimiento de una ley que fue aprobada dos veces por el Congreso”, expresó.
El exministro indicó que el acuerdo anunciado representa una porción de los recursos contemplados en la legislación. Según explicó, “de los 2,8 billones que debería invertirse en el sistema universitario para compensar la inflación, se invierten 0,8”. Además, sostuvo que “menos del 40% de la pérdida salarial docente se recupera con este esquema”.
Al mismo tiempo, Trotta cuestionó la demora de la Corte Suprema para resolver la disputa judicial. “No solo existe un conflicto de poderes, sino también un riesgo institucional enorme en el capital social educativo de la Argentina, que son las universidades”, afirmó.
Además, consideró que la instancia judicial no debería frenar la aplicación de la ley. “No podría haber una suspensión del cumplimiento de la ley. Se puede discutir el fondo, pero el daño continúa mientras tanto”, señaló.
El exfuncionario también sostuvo que la resolución parcial no modifica el escenario estructural del sistema universitario. “Esto no es una solución definitiva. Es resultado de la movilización social, pero no resuelve los problemas que atraviesa el sistema universitario”, afirmó.
En el mismo sentido, remarcó que muchos docentes impulsan reclamos individuales para exigir el cumplimiento de la norma y reclamó una intervención más rápida de la Justicia para resolver el conflicto institucional.
Trotta aseguró que el debate debe centrarse en las prioridades del gasto público. “Hay cosas de las que se puede prescindir, pero la inversión en educación no puede formar parte de una política de ajuste”, sostuvo.
Y afirmó que la discusión incluye la estructura tributaria y la distribución de los recursos públicos. “La prioridad uno es el sistema educativo y no debe tocarse”, expresó.
El diputado agregó que el acuerdo anunciado mejora parcialmente los ingresos de los trabajadores, pero no modifica el reclamo central. “Cuando perdés casi la mitad de tu ingreso y recuperás solo una parte de esa pérdida, existe un alivio, pero no una solución definitiva”, indicó.
Sobre la continuidad del conflicto, Trotta rechazó la idea de una tregua prolongada. “No debería haber tregua porque no existe una resolución definitiva del problema”, afirmó. Y sostuvo que el compromiso de reabrir la negociación salarial en septiembre no garantiza una salida permanente para el sistema universitario ni para los trabajadores del sector.
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