De buena imagen en las filas de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa, el coronel Fernando Tereso enfrenta por estas horas una de las tareas más delicadas de su carrera.

Exjefe de Prensa del Ejército y número 2 de la Casa Militar desde principios de 2024, tendrá como meta ordenar el funcionamiento interno de la quinta de Olivos. Toda esa estructura fue sacudida hace una semana por los 15 despidos de personal civil dispuestos por el presidente Javier Milei, con la declarada intención de “fortalecer la seguridad”, terminar con “filtraciones” a los medios y enfrentar denuncias de irregularidades en la quinta presidencial.

Movimientos y denuncias cruzadas que también derivaron en la renuncia de Belén Agudiez, ya exsubsecretaria general de Planificación General, cercana a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y con despacho en el primer piso de la Casa Rosada.

Segundo en el orden jerárquico del coronel Sebastián Ibañez, de trato directo con Karina Milei, quien decidió ubicarlo allí en marzo de 2024 en reemplazo del anterior jefe de Casa Militar, el coronel Alejandro Guglielmi, Tereso será el encargado de la designación de los reemplazos de jardineros, administrativos, mozos, personal de limpieza y cocina, incluidos en la administración general. Esa tarea, hasta hace días, estaba a cargo del intendente Osvaldo Javier Sosa, cercano a Agudiez y también bajo la órbita de la secretaria general de la Presidencia, quien a diferencia de las dos citas anteriores no acompañó a su hermano a la asamblea general de Naciones Unidas, en Nueva York.

“Al ser el segundo comandante, se va a encargar de todo lo que pase en Olivos, va a tener que estar más cerca de cosas de las que no se ocupaban” comentaron a fuentes vinculada a las Fuerzas Armadas.

Otras fuentes con conocimiento de lo que ocurre en el amplio predio donado por Carlos Villate en 1918, en el que el Presidente pasa la mayoría de sus jornadas, ratifican que los cambios ya están en marcha. Reconocen, en medio del hermetismo, que también impactaron las denuncias de la diputada exlibertaria Marcela Pagano, por presuntas compras y contrataciones. “Que denuncie en la Justicia y que la Justicia investigue”, apuntó entonces una voz de Casa Rosada sobre las acusaciones de la diputada, quien radicó una denuncia, a la cual tuvo acceso , en Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4.

En un clima enrarecido por esas denuncias de un presunto “esquema de negocios privados”, entre ellos un “emprendimiento de catering de la familia del intendente de la residencia”, Tereso- cuyo currículum incluye un paso como oficial de caballería y otro como segundo jefe de Granaderos-intentará despejar sospechas y sobre todo volver a generar tranquilidad puertas adentro de la residencia presidencial.

Mediante el Decreto 1055/2026, con las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli, el Gobierno aceptó el lunes la renuncia de Agudiez en un texto de unas ocho líneas. “Agradécense a la funcionaria renunciante los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”, indicó el texto publicado en el Boletín Oficial. Agudiez había quedado vinculada a la polémica por la reorganización, que el Gobierno justificó por una serie de “filtraciones” sobre la actividad de Milei y de su círculo más cercano.

“Al Presidente le acercaron datos sobre filtraciones, y Casa Militar venía insistiendo en reforzar la seguridad de la quinta”, comentó este miércoles a una alta fuente del Gobierno, que recordó presuntas amenazas de muerte del grupo Hezbollah contra el funcionario de la SIDE Diego Kravetz, y habló además de una “amenaza telefónica” contra el propio Presidente en los últimos días.

Entre los despedidos estuvo también Sosa, quien había llegado al cargo de intendente de la residencia y mantenía un vínculo familiar con Agudiez. “Belén se va porque el que estaba ahí era su cuñado, por eso se va y no por otra cosa”, recalcaron cerca del Presidente.

En relación con Sosa, ya desde la semana pasada fuentes oficiales reconocían que el ex intendente “se mandó miles de macanas ahí adentro”, lo que le habría valido la perdida de confianza del propio Presidente.

El Senado sesionará este jueves, a partir de las 12, para tratar una agenda acotada de temas y que tendrá una novedad un tanto amarga para el Poder Ejecutivo. Si bien se incluyó en el temario, el proyecto de reforma de la carta orgánica del BCRA sufrirá modificaciones y, por lo tanto, no será ley, ya que deberá volver en segunda revisión a la Cámara de Diputados.

El otro tema incorporado para el debate tampoco está muy firme. Se trata del proyecto de zonas frías, iniciativa que modifica la ley sancionada en 2021 por el kirchnerismo para recortar los subsidios al gas en amplios sectores el país. El texto plantea una división regional en el recinto que atraviesa de manera transversal los bloques políticos. “Están atados con alambre”, dijeron en el oficialismo sobre los votos para aprobarlo; si los consiguen, será ley.

Los cambios que demorarán la sanción de la reforma del marco regulatorio del Central fueron confirmados por la líder del bloque oficialista de la Cámara alta, Patricia Bullrich (Capital), al término de la reunión de jefes de bloque.

La novedad tiene que ver con la cláusula elaborada por el Poder Ejecutivo que, para blindar y darle estabilidad al BCRA, estableció la necesidad de conseguir el voto de los dos tercios de ambas cámaras para remover a un director de la entidad, una mayoría agravada similar a la que se requiere para el juicio político al Presidente y a los jueces de la Corte.

Una norma tan estricta era la forma en la que la administración libertaria pretendía blindar al actual titular del BCRA, Santiago Bausili.

En el recinto se cambiará ese texto por uno que establecerá la necesidad de reunir mayoría absoluta de 37 votos afirmativos, tanto para designar −hoy se requiere la mitad más uno de los presentes− como para remover a los miembros del directorio de la autoridad monetaria, incluido su presidente.

Además, se excluirá a la Cámara de Diputados del proceso, que quedará limitado al Senado por ser la cámara legislativa que tiene la facultad constitucional de nombrar a los miembros de la conducción del banco, según destacó Bullrich al explicar las modificaciones que se le introducirán al proyecto.

La sesión fue acordada esta tarde en una reunión de Labor Parlamentaria, encuentro en el que Bullrich también propuso incorporar un proyecto que agrava las penas por el delito de falsas denuncias, impulsado por la radical Carolina Losada (Santa Fe).

Sin embargo, su propuesta se encontró con la oposición del kirchnerismo y del peronismo que, en sintonía con la postura de colectivos feministas, consideran el tema una jugada destinada a desalentar las denuncias por abuso y acoso sexual.

En la reforma de la carta orgánica del Banco Central se involucró el propio presidente Javier Milei, quien la ubicó como una de las prioridades legislativas de su Gobierno al considerarla una iniciativa estratégica.

Su principal reforma es la modificación de la ley que regula el funcionamiento de la autoridad monetaria para fijarle como principal objetivo la de preservar el valor de la moneda, eliminando las metas fijadas durante el kirchnerismo, que incluían la preservación del empleo y del desarrollo económico con equidad social, entre otras medidas.

En su búsqueda de convertir al Banco Central en el custodio del valor del peso, le restringe la posibilidad de financiamiento al Tesoro, prohibiéndole otorgar adelantos transitorios, limitando su participación en el mercado mediante la compra de títulos públicos y restringiendo la posibilidad de que la emisión monetaria sea utilizada como herramienta para cubrir desequilibrios fiscales.

El proyecto de zonas frías, por su parte, cambia de manera radical el régimen de subsidios al gas que en 2021 votó el kirchnerismo para incluir a ciudades y regiones ubicadas más allá de la zona patagónica, medida que el Gobierno calificó como “electoralista” a la hora de defender su iniciativa.

El texto que llega al recinto reduce el alcance geográfico automático del esquema y reserva la cobertura subsidiada a las regiones de frío más extremo del país, como la Patagonia, Malargüe y la Puna.

A contramano del criterio principalmente territorial, el Gobierno propone focalizar los beneficios por nivel de ingresos y según condiciones de vulnerabilidad.

Así, los hogares alcanzados por los parámetros sociales podrían conservar el beneficio mediante el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, mientras que usuarios de provincias incorporadas en la ampliación anterior quedarán expuestos a una reducción o eliminación del descuento.

La iniciativa combina una discusión fiscal con otra de fuerte contenido federal. Para el oficialismo, el régimen vigente expandió el gasto público sin una justificación técnica suficiente.

En la vereda de enfrente, el kirchnerismo y otras fuerzas provinciales sostienen que la reforma traerá aparejada fuertes aumentos de tarifas para hogares y actividades económicas de zonas con inviernos rigurosos que obligan a consumos elevados de gas.

El Gobierno necesita la sanción de zonas frías por el ahorro que le implicará la reducción de subsidios, lo que le permitirá acercarse a sostener su credo basado en el superávit fiscal.

Con ese objetivo se ha movido el jefe de Gabinete, Diego Santilli, aceptando el reclamo de las provincias del norte para crear un régimen de zonas cálidas: aportes financieros para sustentar el mayor consumo eléctrico en los meses calurosos del año.

Sin embargo, el hecho de que esas inyecciones financieras se dispongan por resolución y no queden asentadas en una ley genera cierta incertidumbre en los gobernadores, lo que podría traducirse este jueves en un retaceo de votos que podría obligar a suspender el debate del proyecto.