POLITICA
La productora de Marcelo Grandio siguió cobrando por un programa emitido en la TV Pública pese al escándalo por el viaje con Adorni
El escándalo no frenó la relación comercial. El 9 de abril pasado, justo un mes después de la primera revelación sobre el polémico viaje de Manuel Adorni junto a su amigo Marcelo Grandio a Punta del Este en un avión privado, Radio y Televisión Argentina emitió una orden de pago a favor de la productora Imhouse por el programa “Enredados”, que se emitió en el streaming de la TV Pública desde septiembre de año pasado, con la conducción del propio Grandio. En ese caso fue de $3.012.900.
accedió a las órdenes de pago emitidas por Radio y Televisión Argentina a favor de la productora Imhouse por ese mismo programa. Arrancan en octubre del año pasado, cuando la productora emitió la factura A00001-00000432 por un total de $3.600.000 más IVA. Esa factura se pagó a fines de octubre, según los documentos que pasaron por la Gerencia de Administración y Finanzas de la TV Pública.
Esa factura correspondía a los programas del mes de septiembre. “Con la conducción de Marcelo Grandío, Enredados pone el foco en el universo digital, combinando análisis, con una mirada ágil y participativa”, anunció la TV Pública a fines de agosto.
Fuentes de RTA aseguraron a que se trató de una “compensación de facturas”, habitual cuando no se cubren los costos presupuestados por la productora, y que no hubo “erogaciones” de dinero. “RTA S.A.U. emite un documento interno denominado “orden de pago” en donde se identifica la factura de la productora compensada, el programa y su número de expediente electrónico. De allí, que en las ordenes de pago puede leerse el concepto compensación en su descripción”, explicó un vocero.
El contrato por el programa “Enredados” lleva la firma de Carlos María Curci González, interventor de los Medios Públicos, y Horacio Silva, la cara visible de Imhouse, la productora donde figuraba Grandio y ahora solo aparece su hijo.
Silva ya fue mencionado en el que expediente porque fue el encargado de pagar el vuelo de regreso desde Punta del Este. Según el testimonio del broker Agustín Issin Hansen, el pago lo hizo en efectivo una persona que mandó Grandio, llamada “Horacio”. Hace unos días, el juez Ariel Lijo ordenó analizar las llamadas de ambos para determinar con quiénes se comunicaron antes y después de la firma de los contratos con la TV Pública.
La Justicia analiza al menos seis contratos entre Imhouse y la TV Pública. En su informe de gestión ante el Congreso, el jefe de Gabinete Manuel Adorni detalló las fechas y los detalles de esos convenios en respuesta a la pregunta 1080. “En las contrataciones referidas, Radio y Televisión S.A.U. no asumió pagos a IMHOUSE S.A.”, aseguró por escrito. Los documentos a los que accedió revelan que Radio y Televisión Argentina le pagaba mensualmente a la productora por el programa “Enredados”.
Por la emisión de noviembre se abonó un total de $1.920.000 más IVA. Pero los valores iban cambiando. El contrato establecía un total de 20 capítulos, a partir de septiembre de 2025, que se emitirían por las plataformas como Twitch, YouTube, Facebook e Instagram de la TV Pública. De los ingresos publicitarios, la productora recibía al menos $900.000 más IVA por capítulo. “Una vez alcanzada la suma referida, los ingreso obtenidos por la venta de publicidad se distribuirán 50% par la productora y 50% para RTA”, dice la cláusula 5.2 del contrato fechado el 29 de agosto del año pasado.
El jueves pasado, al responder las preguntas de los legisladores, Adorni apeló a un juego de palabras para tomar distancia de IMhouse. “No existe contrato alguno celebrado entre la TV Pública y el periodista Marcelo Grandío”, dijo. En realidad, la productora fue creada por Grandio en 2016 y desde 2020 figuran su hijo, Juan, como director suplente, y Horacio Silva, como presidente.
El jefe de Gabinete también buscó desligarse del manejo de los contratos. “Por mi parte, no he participado en ningún expediente administrativo que lo involucre, ni a él ni a la sociedad anónima”. El ida y vuelta de los expedientes revela, efectivamente, que Adorni no firmó esos contratos pero estaba por encima de RTA desde el plano formal. Primero como vocero y luego como jefe de Gabinete. “La Jefatura de Gabinete tomó la decisión de reestructurarse y todas las empresas públicas va a pasar a la órbita de quien le corresponda, ergo Télam, contenidos y medios públicos pasan a depender de Comunicación, área de la cual soy responsable”, informó el 18 de junio 2024 en una de sus habituales conferencia de prensa. En ese momento, la jefatura de Gabinete estaba a cargo de Guillermo Francos.
Las órdenes de pago emitidas por Radio y Televisión Argentina revelan que el 15 de enero de este año la productora de Grandio cobró $2.323.200.00, el 19 de marzo otros $2.758.800, y el último pago fue el 9 de abril, en medio del escándalo, por $3.012.900.
La documentación está en poder de la Justicia en una causa conexa a la de enriquecimiento ilícito. Son al menos seis contratos en la mira. Los primeros tres están vinculados al ciclo de entrevistas “Giros en línea Recta”, en el que Adorni participó como entrevistado. “Viajar me hace feliz. En algún momento cortaré algunos días y viajaré a algún lado”, contó en ese programa, ya siendo vocero, en octubre de 2024.
El cuarto contrato fue el de ”Enredados”, que se emitía los martes a las 9:30. La productora también hizo un ciclo de streaming denominado “La Sala” y un programa en Radio Nacional que se llamó “La caja de Pandora”. En todos aparece la firma de Horacio Silva y las autoridades de RTA de ese momento. “Desde el punto de vista formal no tienen nada de ilegalidad”, dijo una fuente de la empresa.
La Justicia también tiene en su poder el detalles de las transferencias bancarias que le hizo la productora de Grandio a Manuel Adorni. Suman un total de alrededor de $1.600.000 y se repartieron entre finales de 2022 y todo el 2023. “Es mi amigo de la vida”, solía repetir el jefe de Gabinete cuando le preguntaban por Grandio.
Marcelo Grandio,Los primeros tres están vinculados al ciclo de entrevistas “Giros en línea Recta”,Suman un total de alrededor de $1.600.000,Nicolás Pizzi,Manuel Adorni,TV Pública,Conforme a,,Diputados. La fuerza de Carrió rompe el interbloque Unidos y toma distancia de los aliados al Gobierno,,Cortocircuitos. La presión de Bullrich a Adorni tuvo adhesiones en reserva dentro del Gobierno,,En 48 horas. La Corte intimó al TSJ de Santa Cruz a que mande los expedientes sobre el conflicto por la ampliación,Manuel Adorni,,Minuto a minuto. Javier Milei y sus medidas, en vivo: ofensiva en Diputados para interpelar a Adorni y las tensiones internas de LLA,,“No tiene razón de ser”. Adorni dijo que no será candidato a jefe de Gobierno porteño en 2027,,»Pato es una fenómena». Adorni evitó confrontar con Bullrich, pero no precisó cuándo presentará su declaración jurada
POLITICA
Un argentino se presentó para ser alcalde en una de las zonas más exclusivas de Miami: la historia de Alberto Zaltzberg
El nombre de Alberto Zaltzberg comenzó a conocerse en las últimas semanas después de que se presentó para competir como candidato a alcalde en la ciudad de Aventura, uno de los municipios más exclusivos del condado de Miami-Dade. Se trata del primer argentino en presentarse para competir por un cargo de gobierno local en las elecciones de Estados Unidos.
Zaltzberg, de 51 años y oriundo del barrio porteño de Villa del Parque, vive en Estados Unidos desde hace 23 años y hace 15 que está en la ciudad de Aventura. Emigró junto a su pareja Romina, con quien se casó en Estados Unidos, y tiene dos hijos que nacieron en Miami. “En mi casa se habla en argentino. Hinchamos por la selección. Lo raro es encontrar a alguien nacido acá, entonces mi hijo dice que nació en Argentina”, aseguró en una charla con Infobae.
Desarrolló una carrera en el sector inmobiliario y también cuenta con su emprendimiento en la tecnología y en el marketing. Sin embargo, se define como un “hombre de acción”, por lo que decidió entrar en la política local de Miami con el Partido Republicano y asegura que recién es el inicio de su carrera.
En ese sentido, otro de los aspectos que destaca es que es un “enfermo de la inteligencia artificial” y la aplica para todos los momentos de su vida. “Acá me dicen que soy el candidato ChatGPT”, resume.
Para trazar un paralelismo con lo que se vive en la Argentina, las elecciones a las que se presentó Zaltzberg en Aventura serían la representación de unos comicios para un municipio, como un intendente. El siguiente aspecto en Estados Unidos sería un condado y, por último, el estado.
Enfrente está el actual alcalde de Aventura, llamado Howard S. Weinberg, quien fue elegido como autoridad en 2022 y busca la reelección.
En esa línea, aseguró que para presentarse en la política estadounidense el proceso es “muy transparente”. Contó que solo es necesario ser ciudadano de Estados Unidos, mayor de 18 años y tener domicilio desde hace un año y medio en la localidad donde se presentan. Respecto a la financiación, remarcó: “No creo en pedirle la plata a la gente, me financio con mis propios recursos”.
La zona que busca gobernar es uno de los barrios más exclusivos del condado de Miami-Dade. Según las estimaciones del censo de Estados Unidos, Aventura contaba con 39.880 habitantes en 2025.
Allí se encuentra el Aventura Mall, inaugurado en 1983 y que, tras varias refacciones, se transformó en el mayor centro comercial de Florida. Asimismo, actualmente es el tercero más grande de todo Estados Unidos.
Otro dato para tener noción de la exclusividad de la zona, el valor promedio de una vivienda en esta zona oscila entre USD 423.000 y USD 457.000.
Sobre la visión de los latinos respecto a las políticas de Donald Trump, resumió: “No es un rey. Necesita de un Congreso y de los tres poderes. Hay muchos latinos que emigraron e hicieron las cosas bien, ordenadas. Después están los que hicieron todo desordenado y que están en una zona gris. Se arma un folklore con las formas, pero el gobierno de Biden deportó mucha más gente”.
“Este país se hizo de inmigrantes que vinieron a hacer las cosas bien. Es como que yo vaya a tu casa y no acepte las reglas que vos ponés”, agregó.
En su plataforma electoral, Zaltzberg presentó 25 propuestas orientadas a mejorar la movilidad, la salud, la educación, la seguridad y los servicios municipales de Aventura. Una de las más concretas es la instalación de una red de WiFi municipal gratuito que cubra el 100% de la ciudad, con una velocidad mínima propuesta de 100 Mbps.
En materia sanitaria, apuntó a crear un servicio de atención médica básica gratuita para residentes, con consultas preventivas, atención pediátrica y determinados estudios. Además, propone ofrecer subsidios de hasta USD 75.000 para atraer consultorios, clínicas y profesionales al municipio.
Justamente, la candidatura de este año representa el tercer intento de Zaltzberg de acceder a la alcaldía. Sus dos participaciones anteriores concluyeron en derrotas, según los documentos electorales oficiales del condado de Miami-Dade.
En noviembre de 2022 compitió por el puesto 6 de la Comisión municipal y obtuvo 2.943 votos, equivalentes al 28,23%. Su contrincante, Amit Bloom, se impuso con 7.482 sufragios.
Dos años más tarde volvió a postularse, esta vez para el puesto 1 de la misma Comisión. En los comicios del 5 de noviembre de 2024 reunió 1.707 votos, el 11,56% del total, y quedó tercero detrás de Gustavo F. Blachman, con 7.075 sufragios, y de Michael Isaac Jacobs, que sumó 5.979.
De esta manera, el empresario afrontará su tercera elección local en cuatro años, ahora con la alcaldía como objetivo.
POLITICA
Diputados: el papel de Santiago Caputo en la huida de Bolsonaro tensiona a los aliados y puede frenar el avance de la ley Malvinas
Horas después de que el oficialismo lograra avanzar la semana pasada con el dictamen de la “Ley Malvinas”, el asesor presidencial Santiago Caputo quedó en la mira por su presunta participación en la salida de Flavio Bolsonaro del país. Casi en simultáneo los diputados de La Libertad Avanza (LLA) defendían el ambicioso texto de ocho títulos, de los cuales solo uno refiere a la defensa de la soberanía de las Islas, ante la desconfianza de la oposición y los múltiples pedidos de cambios de los aliados. También de Washington.
Pero el operativo de viaje del frustrado candidato presidencial brasileño amenaza con reavivar un frente de discusión que el Gobierno consideraba saldado: las atribuciones de la SIDE, que se encuentra bajo el ala política de Caputo, y que están contempladas en el proyecto oficialista.
La controversia le dio nueva tela para cortar a la oposición, que en menos de 48 horas reclamó la interpelación de funcionarios ante el Congreso, promovió tres denuncias judiciales a través de distintos diputados y avanzó con un pedido de informes en la Comisión Bicameral de Inteligencia.
Este último punto es sensible para Caputo, dado que si bien no puede ser interpelado -eximido por no figurar en el organigrama del Ejecutivo- su nombre aparece en varias de las 14 preguntas que los diputados de la oposición Rodolfo Tailhade, Agustín Rossi y Ramiro Gutiérrez presentaron ante la Bicameral que preside el libertario Sebastián Pareja.
Exigen respuestas acerca de si el organismo de inteligencia contribuyó al traslado de Bolsonaro y su familia a Puerto Iguazú, si se dispusieron recursos públicos y el papel que desempeñó el asesor presidencial en la maniobra. También buscan determinar qué contactos tuvo con el titular de la SIDE, Cristian Auguadra. “La intención es demostrar lo que funciona como un secreto a voces: el poder de Caputo dentro de la SIDE”, señaló un diputado peronista, sin mucho optimismo de que el informe sea devuelto con algo más que “evasivas”.
Mientras tanto, los movimientos del asesor en Misiones, donde fue identificado desde el lunes previo a la salida de Bolsonaro, siguen sin estar claros incluso para algunos sectores del propio oficialismo. En distintos despachos libertarios de la Cámara de Diputados miran con cierta inquietud cómo su implicancia en el episodio podría agitar a la oposición contra el proyecto de Ley Malvinas, a menos de cuatro semanas de que termine el período ordinario de sesiones.
De hecho, hubo opositores que hasta deslizaron la posibilidad de convocar a una sesión especial para presionar con los pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Diego Santilli; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y el canciller, Pablo Quirno. Sin embargo, las elecciones de este martes en Estados Unidos, por las que varios legisladores viajaron a ese país, y la próxima llegada del papa León XIV, prevista para el domingo, se prevé que pongan en pausa la agenda legislativa y, por ende, cualquier nueva embestida opositora.
Más allá de cualquier impasse en el recinto, los libertarios se muestran confiados en reunir los avales necesarios para aprobar el proyecto el próximo 18 de noviembre. Sin embargo, admiten que los interrogantes sobre el rol de la SIDE en la salida de Bolsonaro del país podrían ofrecer a los bloques más críticos un nuevo argumento para cuestionar una iniciativa que amplía las facultades del Ejecutivo mediante la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.
Presidido por Milei e integrado exclusivamente por funcionarios del Gobierno, entre ellos el titular de la SIDE, el organismo podrá adoptar decisiones sin intervención del Congreso y bajo un régimen de confidencialidad. Un aspecto que ya había encendido las alarmas entre los aliados, al punto de exigir la incorporación de una comisión bicameral para supervisar su actuación.
Interna libertaria
Subyace, en tanto, una cuestión de fondo que volvió a quedar en evidencia durante la última semana: la propia interna libertaria. Desde que el proyecto de ley Malvinas fue girado a Diputados, la iniciativa incomodó a un sector del bloque violeta, que no esconde sus diferencias con buena parte del articulado.
En el peronismo, lo describen como un “caballo de Troya” con el que Caputo busca introducir, bajo la bandera de la soberanía sobre las islas, reformas en materia de seguridad nacional y una ampliación de las facultades del Ejecutivo.
De un lado y del otro coinciden en que solo responde a los intereses de Caputo. Algo que quedó en evidencia durante el tratamiento en comisiones, donde la única representante del Ejecutivo fue la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, una de las principales laderas del asesor todoterreno.
Cerca de Martín Menem no ocultan su poco interés en sostener la iniciativa. “Está de acuerdo con el espíritu, pero no con el resto de los artículos”, aclara un parlamentario de LLA. El riojano no solo se mueve en las antípodas de Caputo, en línea directa con Karina Milei, sino que además dio señales de distancia respecto del episodio de Bolsonaro, después de compartir en X un mensaje del diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch en el que reconocía el triunfo de Lula en Brasil.
La molestia se cuela en la bancada que conduce Gabriel Bornoroni, sobre todo entre quienes llevan semanas sosteniendo un proyecto que no termina de convencerlos. Es el caso de Silvana Giudici, encargada de las negociaciones con aliados, que derivó en una serie de cambios a la propuesta inicial.
Entre los más significativos, la transformación el artículo que contemplaba penas de cinco a doce años de prisión para quienes, financiados o bajo instrucciones de un Estado extranjero, impulsaran “campañas de desinformación masiva” con el objetivo de influir en los resultados electorales o manipular la opinión pública.
También hubo ajustes en el título I, referido a Malvinas, el único que contaba con un respaldo casi unánime, incluido el del peronismo. En este caso, las modificaciones respondieron a los reclamos de Washington, transmitidos durante las recientes visitas de los funcionarios norteamericanos Christopher Landau Juan Pablo Segura, quienes pidieron delimitar “correctamente” los tipos penales y el alcance de las sanciones.
Fue después de estas concesiones que el oficialismo consiguió el dictamen favorable para llevar el proyecto al recinto. No obstante, pese a que su tratamiento está previsto para el 18 de noviembre junto con la reforma del la carta orgánica del Banco Central, algunos libertarios aseguran que seguirán trabajando en nuevos ajustes a pedido de los aliados.
No faltan los más desconfiados que ven en esta postura una forma de presión de Giudici sobre Caputo para negociar cambios en los puntos que más incomodan, como aquellos vinculados con la libertad de expresión. Resta saber si el episodio de Misiones terminará por demorar el tratamiento de una iniciativa a la que buena parte del universo libertario parece haberle soltado la mano.
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POLITICA
Estudiantes y docentes de la UBA realizarán una marcha de velas para exigirle al Gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario
Las federaciones estudiantiles y los gremios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) convocaron para este miércoles a una marcha de velas para exigir al Gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización comenzará en Plaza Houssay y terminará frente al Palacio de Justicia, donde se realizará una clase pública.
La protesta, organizada bajo el lema “No permitamos que se apague la Universidad”, reunirá a la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), la Federación Universitaria Argentina (FUA), los docentes representados por la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) y los no docentes por la Asociación del Personal de la UBA (APUBA), y distintos centros de estudiantes.
Según el cronograma difundido por los organizadores, la concentración comenzará a las 17 en Plaza Houssay, en Córdoba y Junín. A las 18, los manifestantes marcharán con velas encendidas hacia Tribunales y, a las 19, participarán de una clase pública de Derecho Constitucional frente al Palacio de Justicia.
El conflicto por el financiamiento universitario
La nueva movilización se realizará en medio de la disputa entre las universidades nacionales y el Gobierno por los recursos destinados al funcionamiento de las instituciones, los salarios de docentes y no docentes y las becas estudiantiles.
La Ley de Financiamiento Universitario, sancionada en agosto de 2025, establece mecanismos para recomponer los fondos universitarios y actualizar los salarios. Aunque Milei vetó la norma, el Congreso insistió en su aprobación con los dos tercios necesarios. El Ejecutivo la promulgó, pero condicionó su aplicación a la disponibilidad de partidas presupuestarias.
El 6 de octubre, el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional la disposición del decreto 759/2025 que había permitido suspender su ejecución y ordenó al Poder Ejecutivo el cumplimiento inmediato de la ley. La sentencia de primera instancia fue apelada por el Gobierno.
En ese contexto, entre las autoridades universitarias advierten un creciente clima de tensión en las casas de estudio y alertan sobre la posibilidad de que comiencen a sucederse medidas de fuerza cada vez más drásticas. “La universidad es una olla a presión, es inevitable. Esto no arranca el año que viene si no se resuelve. Por condiciones objetivas salariales y materiales, y por el estado de ánimo de la comunidad universitaria”, explicaron a TN.
La discusión también alcanza el Presupuesto 2027 en el Congreso, en el que el Gobierno prevé transferencias por $7,7 billones, mientras que las universidades reclaman $11 billones. Mientras el Gobierno sostiene que cualquier incremento debe respetar el equilibrio fiscal, las autoridades universitarias buscan el respaldo de los bloques opositores y los gobernadores para incorporar mayores recursos.
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