La economía mundial logró absorber hasta ahora el impacto provocado por la guerra en Medio Oriente. Esa fue la principal definición de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en un artículo publicado bajo el título “La economía mundial resiste el impacto de la guerra, por ahora”, en el que repasó los efectos que tuvo el conflicto sobre los precios de la energía, la inflación, los mercados financieros y las perspectivas de crecimiento.

Aunque el texto no hizo referencias específicas a la Argentina, uno de los gráficos incluidos en el análisis sí incorporó al país dentro de una comparación internacional sobre la evolución de la inflación. Allí apareció entre las pocas excepciones en un escenario marcado por aumentos de precios en gran parte del mundo.

El gráfico mostró el cambio en la inflación anual desde febrero de 2026, medido en puntos porcentuales. Mientras la mayoría de las economías registró subas, la Argentina exhibió una variación negativa cercana a 0,7 puntos porcentuales. De esta manera, se muestra como una de las pocas economías en las que la inflación sigue desacelerándose, a pesar de la guerra. De hecho, el dato de mayo (2,1%) así lo reflejó.

Vale remarcar que las petroleras, con YPF a la cabeza, tomaron medidas y diseñaron un esquema para que la suba del precio del petróleo por la guerra no se traduzca en bruscos aumentos del precio de la nafta. EL objetivo fue que los valores del combustible se mantengan lo más estables posible.

De acuerdo con los datos presentados por el FMI, Indonesia fue el único país de la muestra que mostró una caída más pronunciada. En el extremo opuesto se ubicaron Francia e Italia, con incrementos cercanos a 1,7 puntos porcentuales. Estados Unidos también figuró entre los países con mayores aumentos, con una variación próxima a 1,6 puntos.

La zona euro, España, Turquía, Canadá y Sudáfrica también registraron aceleraciones relevantes. Alemania, Brasil, India y Australia mostraron incrementos más moderados, mientras que China y Japón presentaron variaciones prácticamente nulas.

La comparación apareció en un contexto en el que el FMI buscó medir cómo el conflicto alteró las condiciones económicas globales. Georgieva sostuvo que la principal preocupación desde el inicio de la guerra estuvo relacionada con el impacto sobre los mercados energéticos y su posterior traslado a los precios.

Según explicó, los precios del petróleo se ubicaron alrededor de un 30% por encima de los niveles previos al conflicto. Sin embargo, señaló que el aumento resultó menor al observado en otros momentos de tensión geopolítica, pese al prolongado cierre del estrecho de Ormuz y a los daños registrados en infraestructura energética de Medio Oriente.

La titular del organismo afirmó que la economía global mostró una capacidad de adaptación mayor a la esperada. En su análisis destacó que tanto Estados Unidos como China mantuvieron un fuerte impulso económico, lo que contribuyó a sostener la actividad mundial.

También remarcó que esa imagen general de resiliencia ocultó diferencias importantes entre regiones y países. Mientras algunas economías lograron amortiguar los efectos del shock energético, otras enfrentaron mayores dificultades debido a su dependencia de las importaciones de petróleo y gas o a su menor margen para implementar políticas de respuesta.

Entre los factores que ayudaron a contener el impacto, Georgieva mencionó el uso de reservas estratégicas de petróleo por parte de algunos países. China apareció como uno de los casos más relevantes, ya que recurrió a sus amplias existencias para amortiguar las interrupciones en el suministro.

El FMI también destacó el aumento de la producción y de la utilización de refinerías fuera del Golfo Pérsico. Aunque ese incremento no alcanzó para compensar completamente la pérdida de oferta, contribuyó a reducir parte de las presiones sobre los precios internacionales del crudo.

Otro elemento señalado por el organismo fueron las medidas aplicadas para reducir la demanda o limitar el traslado de los mayores costos energéticos a consumidores y empresas. Según Georgieva, esas decisiones ayudaron a contener el impacto inicial, aunque advirtió que existen límites respecto del tiempo durante el cual los gobiernos pueden sostener mayores gastos fiscales o necesidades adicionales de financiamiento externo.

En materia de inflación, el FMI sostuvo que el encarecimiento del petróleo impulsó aumentos en los índices generales de precios en numerosas economías. Sin embargo, destacó otro aspecto que consideró relevante: las expectativas inflacionarias de mediano plazo permanecieron relativamente estables.

Para el organismo, esa situación reflejó confianza en el compromiso de los bancos centrales con la estabilidad de precios. Georgieva sostuvo que las empresas y los consumidores no modificaron de manera significativa sus expectativas sobre la evolución futura de la inflación, pese al shock energético.

El análisis también abordó la reacción de los mercados financieros. Según el FMI, los rendimientos de los bonos soberanos aumentaron desde el comienzo de la guerra, pero los activos de riesgo mantuvieron un desempeño favorable impulsado por sólidos resultados empresariales.

La directora gerente señaló además que existió poca evidencia de una búsqueda masiva de refugio por parte de los inversores. En términos históricos, las condiciones financieras continuaron siendo favorables.

El documento identificó otro factor que contribuyó a sostener la actividad económica global: las inversiones tecnológicas vinculadas con la inteligencia artificial y los centros de datos.

De acuerdo con Georgieva, esas inversiones funcionaron como un motor de crecimiento en los países donde la actividad económica conservó mayor dinamismo. Estados Unidos apareció entre los principales beneficiarios de ese proceso, al igual que varias economías asiáticas que registraron un aumento de las exportaciones tecnológicas.

Aun así, el FMI señaló que la mayoría de los países todavía no percibió plenamente los efectos de esas innovaciones sobre la productividad y el crecimiento. El organismo advirtió que esa situación podría ampliar las diferencias económicas entre regiones.

Más allá de la resiliencia observada a nivel global, el informe identificó sectores y regiones particularmente afectados por el conflicto.

Los exportadores de petróleo del Golfo directamente involucrados en la guerra enfrentaron fuertes revisiones a la baja en sus perspectivas de crecimiento para este año. Según el organismo, cinco de los ocho países de la región registrarían contracciones económicas.

Europa también recibió el impacto de los mayores costos energéticos. El FMI explicó que la fuerte dependencia de las importaciones de petróleo y gas elevó las presiones inflacionarias y afectó las perspectivas de crecimiento.

Las economías emergentes de Asia enfrentaron desafíos similares. El organismo destacó que la elevada intensidad energética de esas economías amplificó el efecto de la suba de los combustibles. Según el informe, los precios minoristas de la energía aumentaron alrededor de 40% desde el inicio de la guerra.

Además, la región enfrentó el impacto de mayores rendimientos de los bonos soberanos, depreciaciones cambiarias y presiones asociadas a la salida de capitales.

Sin embargo, el FMI identificó a África como una de las regiones más expuestas a las consecuencias económicas del conflicto. En numerosos países africanos importadores de energía, el aumento de los costos deterioró las cuentas externas, elevó las presiones presupuestarias e incrementó las necesidades de financiamiento.

El organismo también advirtió sobre el impacto de los mayores costos energéticos en los mercados de fertilizantes y alimentos. Según explicó, esa situación elevó el riesgo de inseguridad alimentaria en varios países de bajos ingresos.

Georgieva sostuvo que la duración y la intensidad de las interrupciones en el suministro energético seguirán siendo determinantes para la evolución de la economía mundial. En ese marco, consideró positiva la posibilidad de una reducción de las tensiones, aunque recordó que la recuperación de la infraestructura dañada requerirá tiempo.

El FMI también remarcó la necesidad de preservar la estabilidad de precios y mantener disciplina fiscal frente a un escenario de incertidumbre. El organismo señaló que algunos bancos centrales ya endurecieron su política monetaria para evitar un deterioro de las expectativas inflacionarias.

Respecto de la política fiscal, Georgieva sostuvo que los controles de precios, subsidios y medidas similares pueden generar costos significativos para las cuentas públicas. Por esa razón, recomendó respuestas focalizadas, temporales y orientadas a proteger a los sectores más vulnerables.

El megaproyecto minero Vicuña de San Juan generó la reacción de la conducción de la Asociación de Supervisores de la Industria Metalúrgica de la República Argentina (ASIMRA), advirtiendo que «es cierto que habrá una inversión millonaria, pero las consecuencias serán devastadoras para el empleo y el comercio a nivel nacional», subrayando que «como consecuencia de la aplicación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) estamos frente a una invasión o colonización comercial de China».

La organización gremial apuntó contra el consorcio liderado por PowerChina, Beijing Chengdong y la firma santafesina RAFA SA para el campamento Batidero y explicó que «la inversión de 200 millones de dólares le habilita traer la proveeduría de cualquier lugar del mundo que consideren, destruyendo el comercio local, las pymes, todo lo que hay dentro de un polo de esta naturaleza».

Por qué califican de inadmisible traer una ciudad con trabajadores chinos

El secretario General de la seccional Patagonia de ASIMRA, Javier Escobar, declaró a iProfesional que «es cierto que el RIGI fue aprobado por el Congreso, con el aval de los gobernadores, pero esta ley tiene una connotación política que no han tomado dimensión, por los efectos que va a generar en lo económico y en la destrucción de puestos de trabajo a nivel provincial».

El campamento Batidero prevé la instalación de un complejo habitacional con capacidad para 2.500 camas, aunque por la dinámica de las tareas rotativas en la minería, esa cifra se elevará a entre 3.500 y 5.000 operarios. Con el avance del emprendimiento, la demanda de personal podría escalar a 12.000 trabajadores, lo que exigiría ampliar el campamento hasta las 6.000 plazas.

El dirigente calificó como «inadmisible» la decisión de traer una ciudad, con trabajadores chinos, e implantarla en medio de la cordillera argentina, destacando la capacidad de centenares de PyMEs locales que, afirmó, «están en condiciones de realizar las tareas» que fueron encargadas a proveedores extranjeros. Subrayó que la decisión «destruye a los proveedores nacionales, impacta en la cadena de valor regional y reduce la posibilidad de generar empleo genuino para la población local».

La ciudad importada que no activará industrias argentinas

La «ciudad» importada desde China consiste en módulos prefabricados con estructura de acero, que se ensamblan y apilan en la montaña. Se estima que llegarán al país listos para su uso, completamente equipados con mobiliario y electrodomésticos. Ahí radica una de las primeras críticas del sindicato: si bien llega la inversión en términos «globales», no habrá beneficios locales, porque no se activarán las industrias de:

• La construcción
• Textil
• Maderera
• Vidrio
• Metalúrgica

Escobar reiteró que «se están destruyendo a los proveedores nacionales» y destacó que este proyecto «impacta en la cadena de valor regional y reduce la posibilidad de generar empleo genuino para la población local». Indicó que centenares de pequeñas y medianas empresas de San Juan y provincias vecinas están en condiciones de fabricar módulos, realizar la instalación eléctrica, proveer mobiliario y operar los servicios del campamento, pero fueron excluidas de plano.

El sindicalista avisó que «ni siquiera las divisas pasan por el Banco Central; no hay un beneficio concreto, sino la extracción de las materias primas como en este caso el cobre, durante los próximos 25 años y llevar a China alrededor de 400.000 toneladas anuales del mineral» y apuntó: «Como sostienen algunos, ni siquiera se puede aplicar la teoría del derrame, no valor agregado».

Qué dicen sobre los efectos del RIGI en la industria nacional

Desde ASIMRA remarcaron que «queda claro que el RIGI es una ley que afecta los intereses de la Argentina», plantearon que «traen todos operarios chinos y nadie reclama nada» y agregaron que «esto es alarmante; la industria argentina viene en extinción. Desde Ushuaia a la Quiaca, está marcando un precedente que puede surgir en cualquier rubro. Lo que están haciendo es darle las llaves del país, instalen su bandera y ni siquiera nos queda nada; una destrucción total».

Escobar manifestó: «Argentina tiene la mayor mano de obra calificada del mundo y en convenios y derechos laborales somos pioneros en el mundo. Con esto se generará una importación de una ciudad nueva desde cero». Añadió que «la estructura política ya lo consiguió porque se aprobó, pero nosotros vamos a resistir, no vamos a tocar el violín en silencio desde el Titanic, los vamos a combatir».

De acuerdo con estimaciones de las Pymes, fabricar los módulos en Argentina hubiera generado entre 400 y 500 puestos de trabajo directos, además de movilizar a decenas de empresas proveedoras de artículos de todo tipo, como electrodomésticos y muebles, entre otros. Detallaron que, con este escenario, la cantidad de empleos locales se reduciría a apenas unas 50 personas destinadas a tareas de montaje y logística.

Por último, el dirigente manifestó: «Acá se está importando desde China trabajadores, restaurantes, hospitales en esta ciudad, todo, es muy preocupante. Entiendo que las cámaras de proveedores deben estar con una alerta, esto es el anuncio que va a pasar en todos los sectores, nosotros sabemos que esto se habilitó desde el Congreso, está empezando a materializar un desastre industrial y local».

La cooperativa láctea SanCor, que a mediados de abril solicitó su propia quiebra, ya tiene precio oficial. Sus activos, conformados por seis plantas industriales y un paquete de marcas con fuerte presencia en el mercado local saldrán a la venta por una base total de USD 52,1 millones.

La venta de los activos, dispuso la Justicia santafesina que lleva el caso de la láctea, se hará en una licitación pública donde ya se presentaron al menos seis interesados. El proceso llega semanas después de que el juez Marcelo Gelcich declarara la quiebra de la empresa, tras el fracaso del concurso preventivo que la cooperativa había iniciado en febrero del año pasado. Sancor arrastraba varios años de crisis productivas y una deuda superior a los USD 120 millones.

La licitación divide los activos en siete lotes. Los seis primeros corresponden a las plantas industriales —tres en Santa Fe y tres en Córdoba— y el séptimo agrupa los activos intangibles, que podría considerarse como uno de los más valiosos: se trata ni más ni menos que de la marca SanCor y sus submarcas. Las instalaciones fueron tasadas en conjunto en USD 27,4 millones, mientras que el paquete marcario alcanza los USD 24,7 millones, de los cuales USD 18,7 millones corresponden a la marca principal y USD 6 millones a submarcas como Mendicrim, Tolem y Quesabores.

La planta de Devoto encabeza las valuaciones individuales con USD 7 millones. Allí se producían leche en polvo, manteca y crema. Le sigue la planta de Gálvez, tasada en USD 5,5 millones, dedicada al fraccionamiento y empaque de lácteos. Las plantas de La Carlota y Balnearia fueron valuadas en USD 5 millones cada una, mientras que la de San Guillermo, especializada en quesos, alcanzó los USD 2,5 millones. La planta de Sunchales, afectada por un incendio durante la primera semana de junio, recibió una reducción del 20% en su tasación y quedó en USD 2,4 millones.

De acuerdo con la disposición del juez, los interesados podrán presentar ofertas por activos individuales, por combinaciones de plantas o por la totalidad del negocio. Para participar deberán adquirir un pliego valuado en USD 10.000 y presentar una garantía equivalente al 10% de la oferta realizada. El juzgado aclaró que el monto ofrecido no será el único criterio de evaluación, sino que también se ponderarán los antecedentes de los oferentes y sus proyectos de continuidad operativa y laboral.

Según pudo saber Infobae, la mayoría de los interesados son empresas del sector lácteo que ya habían tomado contacto con SanCor cuando surgieron los primeros rumores de quiebra el año pasado. El vínculo data al menos de noviembre de 2025, cuando el juez a cargo del concurso en la Cámara de Rafaela convocó a los acreedores a presentar alternativas concretas para reactivar la empresa. Aunque había inversores dispuestos a desembolsar, la quiebra era la condición excluyente para avanzar con cualquier propuesta.

Recientemente, el gremio Atilra mencionó entre los oferentes a Savencia —dueña de la marca Milkaut—, Adecoagro —fabricante de Las Tres Niñas—, Punta del Agua, Elcor —marca La Tonadita— y La Tarantela. También figura el empresario Gustavo Scaglione, dueño de Telefe y de medios en Rosario, Salta, Tucumán y Bahía Blanca, con participación en el Grupo América. Scaglione no asistió a la reunión con el gremio, aunque adelantó la posibilidad de presentar una propuesta integral con respaldo de socios del exterior.

Desde el entorno del proceso, señalaron a Infobae que la expectativa es que el comprador adquiera el conjunto: “La propuesta es que el que compra, compra todo”.

La quiebra fue el desenlace de años de deterioro financiero de la empresa que supo ser una de las mayores procesadoras de leche del país. El concurso preventivo iniciado en febrero de 2025 no logró revertir la situación y, a mediados de abril, la cooperativa solicitó su propia quiebra ante una deuda acumulada de USD 120 millones. El juez Gelcich definió el caso como una «quiebra indirecta por frustración anticipada y expresamente reconocida del trámite preventivo“, y sostuvo en la sentencia que “la empresa no resulta económicamente viable en el mediano plazo, configurándose un cuadro de insolvencia no susceptible de reversión”.

El documento judicial registró una deuda postconcursal impositiva y previsional de $6.349.470.914 de capital, más $12.788.850.187 en salarios netos adeudados entre mayo de 2025 y enero de 2026, a los que se suman aportes a obras sociales, ART y sindicatos por $3.380.071.061. A pesar de la quiebra, la Justicia autorizó la continuidad operativa de la empresa para proteger a los 914 trabajadores en relación de dependencia, ya que el cese total de actividades “causaría un perjuicio” a empleados, acreedores laborales y proveedores, según el fallo.