POLITICA
La trastienda de la cadena nacional de Milei por Malvinas: con la impronta de Santiago Caputo y la puesta de todo el Gabinete
El reloj se acercó a las 16 y las camionetas blindadas de los ministros coparon la zona de la explanada de la Casa Rosada. Arribaron puntuales, rápido, a la hora que los citaron a la sede del Gobierno para la cadena nacional por Malvinas. Se sumaron el titular de Diputados, Martín Menem; y la jefa de la bancada en el Senado, Patricia Bullrich.
En ese momento no sabían que la grabación final se iniciaría a las 18.52 y que recién se irían de Balcarce 50 pasadas las 19.
Es que a las 16 también desembarcó en la sede del Ejecutivo desde Chile el presidente Javier Milei, acompañado por su hermana, la secretaria general, Karina Milei, y por el canciller Pablo Quirno, pero el mandatario se tomó su tiempo primero para recibir al premio Nobel de Economía James Heckman y a la rectora de la Ucema, Carola Pessino. Mientras, los ministros lo esperaron para grabar la cadena nacional.
Heckman, liberal de la Escuela de Chicago, se retiró recién a las 17.20 a pie y en ese mismo momento Milei se unió al Gabinete que lo aguardaba en el Salón Blanco para una cadena nacional en la que se notó el sello de su estratega Santiago Caputo, hábil para detectar temas que pueden hacer que el Gobierno recupere iniciativa política y conecte con una sociedad que entrada la campaña empieza a reclamar respuestas más allá de la baja de la inflación.
En la alocución, Milei anunció la construcción de una base naval en Tierra del Fuego, el envío de un proyecto al Congreso para reforzar la soberanía sobre Malvinas y el endurecimiento de las sanciones a empresas extranjeras que operen en las islas. También mostró pasajes nacionalistas que rara vez expuso e hizo un llamado a todos los espacios. Dijo que Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político, sino que es una causa nacional. Este último rasgo de su discurso, aseguran fuentes al tanto, se lo sugirió su asesor.
En la puesta trabajaron Caputo, Quirno y los equipos de su ministerio; la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzábal; y también la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Según fuentes del Gobierno, el área que conduce Cristian Auguadra se encargó de identificar qué nivel de gravedad y urgencia tenía este escenario de actividades ilícitas en el entorno de Malvinas.
En el Gobierno, tal como expuso Milei, enfatizaron en que las empresas que operan en la zona de Sea Lion avanzan hacia la explotación de petróleo -el paso posterior a la exploración- y que esto agrava el conflicto de soberanía. “Si no actuamos, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen sobre nuestro mar”, plantearon desde la Rosada.
Alejado de su tono efervescente de los últimos días, el Presidente sí hizo un guiño a su electorado más férreo cuando contrastó la situación de la Argentina con la de Reino Unido y con la de Europa en general, a los que acusó de tener un problema por la “inmigración descontrolada”.
Voces oficiales dijeron primero que la grabación comenzó una vez que Milei terminó con Heckman, pero después aseguraron que fue a las 18.52.
Según fuentes al tanto, Milei en ese rato pulió el discurso, a la vez que los ministros se pusieron a conversar entre ellos para hacer tiempo. Dicen que Ibarzábal fue la que revisó los últimos detalles antes de la lectura final. “Grabó de una”, afirmaron desde el oficialismo, en medio de las especulaciones sobre si el retraso se debió a la necesidad de hacer las tomas varias veces.
A la alta trascendencia que tuvo el reclamo de soberanía sobre Malvinas por la bandera que flameó la Selección tras ganarle a Inglaterra en el Mundial, se sumó el viernes pasado la información del diario británico The Telegraph respecto de que Estados Unidos había advertido que podía revisar su postura de las islas si Inglaterra no colabora con la estrategia militar de Donald Trump. El domingo la Casa Rosada activó el anuncio que se conoció este jueves, y que incluyó una mención a Trump y la descripción de la Argentina como un “socio confiable”.
Esta semana, el líder republicano sumó guiños a nuestro país, sobre todo cuando afirmó que Inglaterra está “portándose mal” como aliado de Washington. Así se creó un escenario que en el oficialismo reconocieron como ideal para posicionar a Milei en el centro de la agenda.
Diez minutos antes de emitirse el mensaje, y luego de crear expectativa durante días en los que se barajaron versiones del discurso incluso más fuertes de lo que en realidad se escuchó este jueves, hubo una acción conjunta orquestada: los ministros postearon el link de la cadena nacional con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”.
Las palabras de Milei de este jueves respecto de los isleños contrastaron con lo que él mismo planteó en 2025. “Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia, a punto tal que ellos prefieran ser argentinos, que no haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo”, dijo esa vez y generó polémica. Hoy reforzó la línea histórica de la diplomacia local: “Los isleños, al ser una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación. Cualquier argumento basado en referendos realizados en las islas es inválido”.
cadena nacional por Malvinas.,él mismo planteó en 2025,Paula Rossi,Javier Milei,Malvinas Argentinas,Conforme a
POLITICA
Río Negro: imputaron a un intendente libertario por corrupción y deberá afrontar un referéndum
La crisis política e institucional de Allen, en Río Negro, tendrá un nuevo capítulo el próximo 8 de noviembre, cuando los vecinos de la ciudad acudan a las urnas para definir la continuidad del intendente Marcelo Román. El jefe comunal, que se reivindicaba como el único mandatario municipal de La Libertad Avanza en la provincia, está imputado en una causa penal por presunta administración fraudulenta y peculado y quedó distanciado de la estructura partidaria libertaria.
El referéndum popular fue aprobado por el Concejo Deliberante, que habilitó así la instancia decisiva de un proceso de revocatoria impulsado por un sector de vecinos. La iniciativa avanzó luego de que se verificaran 4.771 firmas correspondientes al padrón electoral municipal, un volumen que permitió alcanzar el umbral previsto en la Carta Orgánica para convocar a la consulta.
La votación trasladará a los ciudadanos la definición sobre la continuidad del mandato de Román, en medio de una disputa que enfrentó al Ejecutivo municipal con el cuerpo legislativo y que tuvo derivaciones judiciales. En julio, los concejales habían dispuesto la suspensión preventiva del intendente, pero el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro anuló esa decisión en agosto, al considerar que el órgano legislativo no tenía competencia para adoptar esa medida en las condiciones en que lo había hecho.
Una disputa institucional que llegó a la Justicia
El 8 de julio, el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza 044/2026, que dispuso la suspensión preventiva de Román mientras avanzaba la investigación penal. La medida obtuvo seis votos afirmativos y tres negativos, y estableció que el intendente dejara de percibir su dieta o remuneración. Durante su apartamiento, la conducción interina del municipio quedó en manos del presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa.
La decisión se produjo semanas después de que la jueza de Garantías Natalia González formulara cargos contra el jefe comunal y el empresario Sebastián Ocampo, señalado por la Fiscalía como presunto partícipe necesario en los hechos investigados.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, entre marzo de 2024 y julio de 2025, el municipio habría adquirido un teléfono celular por $479.999 mediante un plan corporativo. El abono mensual, pagado con fondos públicos, habría elevado el desembolso total a $596.812,38. Según la acusación, el aparato habría sido entregado a una persona ajena a la administración municipal.
La suspensión fue fundamentada por los concejales en el artículo 109 de la Carta Orgánica de Allen, que contempla esa posibilidad cuando un funcionario municipal es procesado. Los ediles interpretaron que la formulación de cargos del sistema procesal penal vigente podía equipararse conceptualmente al antiguo procesamiento.
Román rechazó esa interpretación y calificó la medida como un “golpe institucional”, además de considerarla “avasalladora, ilegal e inconstitucional”. También anunció que recurriría a la Justicia para cuestionar la decisión del cuerpo legislativo.
El 28 de agosto de 2026, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro hizo lugar al planteo del intendente y anuló las ordenanzas 044/2026 y 045/2026, junto con los actos administrativos derivados de ellas.
El máximo tribunal provincial entendió que el Concejo Deliberante carecía de competencia para disponer la suspensión en esas circunstancias. Según el criterio adoptado, la Carta Orgánica exige que exista una imputación y que el tribunal competente resuelva procesar al funcionario, condiciones que no pueden interpretarse como alternativas.
El fallo dejó sin efecto la suspensión dispuesta por los concejales, pero no resolvió el fondo de la investigación penal contra Román. La causa por presunta administración fraudulenta y peculado siguió un carril judicial distinto del procedimiento de revocatoria del mandato.
Las firmas que habilitaron el referéndum
En paralelo con la disputa institucional, la iniciativa de revocatoria comenzó a tomar forma a partir de una campaña de recolección de adhesiones impulsada por Silvina Cantero, quien en mayo de 2026 presentó más de 3.000 firmas para promover el mecanismo previsto en el artículo 98 de la Carta Orgánica municipal.
El proceso continuó con la habilitación de cinco libros para reunir adhesiones y el posterior control de las firmas. El informe de la Secretaría del Concejo Deliberante comunicó la finalización de esa verificación y registró un total de 4.771 firmas correspondientes al padrón electoral de Allen, incluidas las adhesiones de electores extranjeros empadronados.
Con ese resultado, la iniciativa alcanzó el segundo umbral previsto por la normativa local: el equivalente al 20% del padrón electoral de 2023, requisito establecido para avanzar hacia el referéndum popular.
La convocatoria fue tratada durante la sesión ordinaria de este jueves, mediante un proyecto de resolución presentado por el presidente y el vicepresidente del Concejo Deliberante. La propuesta recibió seis votos a favor y tres en contra.
Respaldaron la convocatoria los concejales de UCR Auténtica, bloque presidido por Fabián Figueroa; de Alianza Juntos Somos Río Negro (JSRN), representada por Guillermo Pennesi, María Aburto, Gustavo Addamo y Agustina Sánchez; y de Alianza Nos Une Río Negro, encabezada por Marta Crespo.
En contra votaron los tres integrantes del bloque UCR: Antonio Sepúlveda, Valeria Bezic y Analía Martínez.
El resultado de la votación habilitó el avance formal hacia la consulta popular, que tendrá lugar el 8 de noviembre. Ese día, los ciudadanos incluidos en el padrón municipal deberán pronunciarse sobre la continuidad de Román al frente del Ejecutivo local.
El aislamiento político del intendente libertario
El conflicto también tuvo consecuencias en el plano partidario. Román se había presentado como el único intendente de La Libertad Avanza en Río Negro e incluso había ocupado cargos en la conducción provincial del espacio. Sin embargo, tras el inicio de la investigación penal, renunció a su función como vicepresidente provincial y perdió el respaldo de las autoridades partidarias, que sostuvieron que ya no pertenecía a la fuerza.
La disputa dejó al jefe comunal expuesto a dos procesos diferentes: uno judicial, que deberá determinar su eventual responsabilidad penal, y otro político-institucional, en el que los vecinos definirán si debe completar su mandato.
El referéndum del 8 de noviembre será el punto de inflexión de esa segunda instancia. La decisión quedará en manos del electorado de Allen, en un escenario atravesado por el enfrentamiento entre el intendente y el Concejo Deliberante, la controversia sobre los alcances de la Carta Orgánica y el distanciamiento de Román respecto de la estructura libertaria.
POLITICA
Con el cierre de farmacias y centros médicos se extiende la crisis de la obra social de los militares
A paso lento se mueve la promesa de cancelación de la deuda que arrastra la obra social de los militares, estimada en $2.100.000 millones. Mientras tanto, la crisis se profundiza a partir del cierre de las 31 farmacias propias y una decena de centros médicos, a lo que podría sumarse la desactivación de algunas delegaciones en el interior.
Todo se da en un contexto de prestaciones cortadas que afecta a gran parte de los 330.000 afiliados que reúne hoy la Obra Social de las Fuerzas Armadas. También hay denuncias de despidos, como viene reclamando la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Como publicó , las autoridades de la obra social negocian el pago de gran parte del pasivo con unos 30 grandes acreedores, aunque la deuda se extiende a unos 2.000 prestadores, entre los que se encuentran clínicas, farmacias, laboratorios, asociaciones y colegios profesionales.
Según pudo saber , la obra social ofrece tres opciones a los acreedores: cobrar el valor histórico de la deuda, sin actualización y con una quita del 50%; recibir el pago en tres cuotas, con una quita del 25% y aceptar el pago en 12 cuotas, sin quita.
En todos los casos, la propuesta incluye la condición de que se comprometan a continuar los servicios. Si no, la única alternativa sería reclamar la deuda en un juicio.
El administrador del proceso de liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), Gonzalo Secchi, ordenó “cerrar y dar de baja” la red de 31 farmacias propias distribuidas en todo el país, desde la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza hasta Bahía Blanca, Puerto Belgrano, Mar del Plata y Ushuaia, entre otros sitios.
Similar destino les esperaría a los centros médicos localizados en Morón, Devoto, Olivos, Quilmes y Lomas de Zamora, entre otros.
Y avanzaría un plan para mantener solo trece de las 24 delegaciones actualmente en funciones en todo el país.
“Un nuevo modelo”
Según explicaron fuentes de la obra social militar, el objetivo de los cambios es “transformar el modelo de funcionamiento para tener atención médica de calidad y una organización financieramente sustentable”.
Respecto de la prometida cancelación de la deuda, se abonaron reintegros y pagos pendientes a prestadores por más de $14.800 millones. “Es más de la mitad de la deuda en concepto de reintegros solicitados por afiliados”, se explicó. En cuanto a la deuda con prestadores, se firmaron y pagaron más de 500 acuerdos, sobre un total cercano al millar.
Ante una consulta de , en la obra social de los militares confirmaron que el modelo para la atención de afiliados en farmacias no será a través de una red propia, dado que ese sistema “generaba un déficit superior a los 7000 millones de pesos”.
Las autoridades insisten en que “la prioridad es sanear la obra social, lo que implica recuperar prestaciones, saldar la deuda e implementar un modelo de funcionamiento en OSFA –la nueva obra social constituida por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti–, para que no se repita lo que sucedió con el IOSFA”, tal la denominación anterior de la entidad, que reunía también a las fuerzas de seguridad y es la que acumuló la suculenta deuda.
En el nuevo esquema, los hoteles y centros recreativos no constituyen una prioridad, por lo que ya comenzaron a ser cedidos a las propias Fuerzas Armadas, que los ofrecen en las redes como centros residenciales.
Mariano De Vedia,Fuerzas Armadas,Conforme a
POLITICA
El Gobierno monitorea la inminente salida del buque que reabrirá la ruta comercial entre Chile y Malvinas
El Gobierno se mantiene en alerta frente al viaje del buque comercial chileno Danstar desde Punta Arenas hacia las islas Malvinas y busca evitar una escalada diplomática con la administración de José Antonio Kast. En la Casa Rosada no prevén presentar por ahora una protesta formal y consideran que una reacción anticipada puede abrir un conflicto bilateral que termine favoreciendo los intereses británicos en el Atlántico Sur.
En el Ejecutivo aseguran que la prioridad es preservar la relación con Chile, especialmente después del compromiso de Kast de respaldar el reclamo argentino de soberanía y evitar el apoyo logístico a la explotación petrolera británica en las islas. Sin embargo, admiten que todavía no hay una definición sobre los pasos que tomará la Argentina si finalmente se concreta la operación comercial. “Queremos evitar un conflicto con Chile, pero si hay que actuar, lo haremos”, sostienen en Nación.
La cautela responde también a la interpretación política que hacen en Balcarce 50 sobre la controversia. En sectores del Gobierno consideran que existen intereses externos que buscan provocar una reacción argentina antes de que zarpe la embarcación. La hipótesis es que una protesta preventiva podría generar un enfrentamiento con el país trasandino incluso sin que se haya producido todavía una operación que afecte el reclamo de soberanía.
La evaluación oficial contrasta con la información que manejan fuentes militares sobre los preparativos del servicio. Según pudo saber TN, el contrato para la operación del buque está cerrado y el primer zarpe está previsto entre el 10 y el 15 de noviembre. La planificación contempla además viajes periódicos, aproximadamente uno por mes, para abastecer a las islas. Se trata de información que todavía no cuenta con una confirmación formal del Gobierno argentino.
En Defensa, por su parte, aseguran que la cuestión la concentra Cancillería y que no existe por ahora una instrucción operativa para las Fuerzas Armadas. En despachos oficiales explican que no quieren convertir una controversia diplomática y comercial en un conflicto militar. La decisión sobre una eventual respuesta argentina sigue pendiente.
El principal punto de discusión es la naturaleza de la carga que transportará el Danstar. El Gobierno diferencia el abastecimiento comercial ordinario de las islas del suministro de materiales o equipamiento destinados al proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. La Argentina considera ilegales las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos desarrolladas sin su autorización en el área en disputa.
La eventual navegación por aguas territoriales argentinas plantea además una discusión sobre el régimen de paso inocente establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Su artículo 19 dispone que el tránsito de buques extranjeros debe realizarse sin perjudicar la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño. No obstante, el alcance de esa disposición frente a cargas eventualmente destinadas a Sea Lion exige una evaluación jurídica específica.
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