POLITICA
Milei anunció sanciones para las empresas que se dediquen a la extracción de petróleo en las Malvinas
Tras una jornada cargada de expectativa, el presidente Javier Milei habló este jueves por cadena nacional junto a todo su Gabinete para anunciar una serie de medidas para reforzar el reclamo de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas y frenar el proyecto de explotación petrolífera offshore de Sea Lion.
Entre los anuncios centrales, el Presidente confirmó la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, el envío al Congreso de un Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el endurecimiento de las sanciones a empresas extranjeras que operan sin autorización argentina en las Islas, y un llamado a toda la dirigencia política, sin distinción de signo partidario, a sostener un frente común en torno a la causa.
En el inicio de su mensaje, Javier Milei remarcó que “las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”. Apuntó que “las Islas formaron parte del territorio argentino desde los orígenes de nuestra la Nación” y que “en 1833 el Reino Unido ocupó las Islas, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días”. En esa línea, consideró que los isleños “no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación”.
Sin embargo, por fuera del reclamo histórico de la Argentina, el Presidente habló sobre una nueva amenaza a la soberanía nacional. “Hemos logrado determinar que el proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, tiene fecha para iniciar la explotación petrolera offshore en algún momento de los próximos meses”, advirtió Milei.
En ese escenario, sostuvo que, de no actuar con “firmeza y celeridad”, el Reino Unido “en pocos meses” tendrá “la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”. El Presidente aclaró que Sea Lion “es solo uno de los proyectos que están avanzando” en las Islas y que existen “otros proyectos y otras empresas” que también representan una amenaza para los intereses estratégicos del país.
Dos decretos: sanciones más rápidas y la base naval en Tierra del Fuego
Para contrarrestar esa situación, Milei precisó que esta misma noche firmó un primer decreto para “dotar de mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios” que impone la Ley 26.659 contra quienes participan de iniciativas de extracción de petróleo en territorio argentino bajo ocupación británica. El Gobierno buscará además “inhabilitar de operar en territorio argentino” a las empresas involucradas —directa o indirectamente— en proyectos sin autorización argentina, así como a sus accionistas, directores y proveedores.
Por separado, el Presidente anunció la firma de un decreto de necesidad y urgencia para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa, con el fin prioritario de construir una base naval integrada en Tierra del Fuego e incrementar las capacidades de telecomunicaciones en la zona. “Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina”, afirmó.
Un proyecto de ley con tres objetivos
El mandatario adelantó que enviará al Congreso, con carácter urgente, un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional con tres objetivos. El primero es modificar la Ley 26.659 para endurecer las sanciones y penas contra las compañías vinculadas a operaciones no autorizadas: los proveedores de esos proyectos recibirán “las mismas penas y prohibiciones” que las empresas con las que colaboran, los infractores no podrán contratar en territorio argentino —ni con el sector público ni con el privado— y se dispondrá, cuando corresponda, la aplicación del juicio en ausencia.
El segundo objetivo es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que definirá una política de seguridad “de aplicación obligatoria y transversal a todo el Estado”, articulando Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, además de un marco para la protección de infraestructura crítica y para la protección aeroespacial y marítima.
El tercero es pedirle al Congreso que le otorgue a ese Consejo las facultades para que el Estado pueda responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales o no estatales que amenacen la seguridad nacional.
El contexto: Trump, la ONU y el trabajo diplomático previo
Milei sostuvo que su gestión impulsó el reclamo de soberanía “a partir de la nueva relevancia geopolítica” del país durante los últimos tres años y contabilizó 18 resoluciones y declaraciones de organismos y foros internacionales en apoyo al reclamo argentino, más de 60 propuestas formales presentadas frente a acciones unilaterales del Reino Unido y cerca de 180 notas de desaliento enviadas por la Cancillería a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos en las Islas.
El Presidente citó además las recientes declaraciones de Donald Trump, quien “declaró que los Estados Unidos están revaluando su posición histórica con relación a Malvinas”, algo que calificó como “un hecho inédito”. Según Milei, esa revisión responde a que Washington “sabe que en la Argentina tiene un socio confiable”, mientras que el Reino Unido “recorre un camino de declive” por lo que definió como una crisis migratoria, demográfica y económica.
El mandatario recordó también que la ONU reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre ambos países y pide desde hace 50 años no realizar acciones unilaterales sobre el territorio, un llamado que —dijo— el Reino Unido “ha incumplido sistemáticamente”.
Un pedido de unidad política
Milei cerró su mensaje con un llamado a dejar de lado las diferencias partidarias. “Podemos discutir sobre cualquier otra cosa, pero este tema demanda una pausa, demanda que hagamos nuestras armas a un lado y mostremos un frente unido ante el mundo, como nación y como sociedad. Porque hay causas que están por encima de cualquier diferencia política. Malvinas es una de ellas”, sostuvo, e invitó “a toda la dirigencia política, económica y social de la Argentina a sumarse con una misma voz a este reclamo”.
La previa del discurso
Milei convocó a todos los ministros a la Casa Rosada entre las 16 y las 17 para grabar el mensaje, apenas después de regresar de su gira por Chile, en una puesta en escena montada para darle volumen institucional al anuncio. Sin embargo, finalmente la realización de la cadena se demoró hasta las 18.52 para trabajar en los detalles finales del discurso, que duró alrededor de 20 minutos.
Diez minutos antes de las 21, las cuentas de X de la Casa Rosada y todos los ministros del Gabinete compartieron el link para escuchar las palabras de Milei junto al mensaje: “Las Malvinas son argentinas”.
Leé también: Antes de grabar la cadena nacional por Malvinas, Milei dio un discurso en Chile y se reunirá con José Antonio Kast
En el Gobierno remarcaron en la previa que esta estrategia no nació a partir de los últimos dichos de Donald Trump, que abrió la posibilidad a modificar la histórica neutralidad de Estados Unidos sobre el conflicto, sino que ya estaba en marcha. En ese sentido, Milei había advertido el pasado 2 de abril que la Argentina usaría “todas las herramientas diplomáticas” contra Rockhopper y Navitas.
Javier Milei, Islas Malvinas, cadena nacional
POLITICA
Bullrich acusó al procurador penitenciario de trabar el traslado de presos de Devoto y exigió que vaya al Senado
La senadora Patricia Bullrich presentó un proyecto de resolución para exigir explicaciones a Ariel Cejas Meliare, procurador penitenciario adjunto a cargo de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), por las actuaciones del organismo ante el traslado de detenidos desde Devoto al nuevo complejo federal de Marcos Paz. La iniciativa le atribuye una conducta que, según la legisladora, obstaculiza el vaciamiento y cierre de la cárcel porteña.
El proyecto, ingresado por la Mesa de Entradas del Senado el miércoles 14 de octubre, reúne nueve pedidos de información sobre las gestiones de la Procuración, los criterios para asignar plazas, las condiciones de alojamiento y los controles de seguridad. Bullrich solicitó que el funcionario entregue un informe “pormenorizado, documentado y por escrito” dentro de los 15 días hábiles posteriores a una eventual aprobación de la iniciativa.
Por ahora, se trata de una presentación parlamentaria. Para que el requerimiento sea formal, deberá contar con el aval de la Cámara. La senadora busca que Cejas Meliare responda, entre otros puntos, por las intervenciones judiciales de la PPN durante la reorganización de la población carcelaria.
El cuestionamiento central figura en el tercer punto del proyecto. Bullrich le reclama que explique la “flagrante contradicción institucional” entre los reclamos históricos por mejores condiciones de habitabilidad y la oposición judicial al cierre de la cárcel. “Explique la flagrante contradicción institucional de exigir durante años la mejora de las condiciones de habitabilidad, para luego oponerse judicialmente al cierre definitivo y traslado inminente de los internos del Complejo Penitenciario Federal de la CABA (Cárcel de Devoto)”, plantea el texto.
La iniciativa define al penal, inaugurado en 1927, como un establecimiento “manifiestamente obsoleto”. Además, cuestiona las mesas de trabajo promovidas por la Procuración, que —según la interpretación de la senadora— demoran la relocalización de los internos e interfieren con el convenio firmado entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires para avanzar con la clausura.
La Justicia rechazó el hábeas corpus colectivo, pero exigió notificaciones
La ofensiva de Bullrich se produjo mientras la controversia ya registraba decisiones judiciales en dos instancias. El jueves 15 de octubre, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el rechazo del hábeas corpus colectivo y correctivo que había promovido la PPN por el traslado de internos a Marcos Paz.
La resolución fue firmada por los camaristas Rodolfo Pociello Argerich y Hernán Martín López. Los jueces mantuvieron el criterio de primera instancia, aunque ordenaron precisiones sobre la comunicación de los traslados a las defensas y los tribunales, además del acceso de los inspectores penitenciarios a los establecimientos.
La presentación de la Procuración alcanzó a 326 detenidos. El organismo cuestionó que algunos movimientos se realizaran sin informar con anticipación los destinos a las defensas y a los juzgados intervinientes. También advirtió sobre el impacto para quienes estudiaban en el Centro Universitario Devoto, dentro del programa UBA XXII, y para los internos con salidas transitorias.
El juez Santiago Bignone, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60, rechazó la acción colectiva, de acuerdo con el dictamen del fiscal Pablo Recchini. Entendió que no se acreditó una afectación colectiva actual ni un riesgo cierto e inminente de agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención. Añadió que los reclamos por derechos individuales debían ser tratados por los magistrados competentes en cada caso.
La Cámara sostuvo esa decisión. Aunque señaló que las notificaciones no se ajustaron por completo al protocolo, concluyó que no se había demostrado un perjuicio concreto que justificara anular los traslados ya efectuados. Los jueces también consideraron que el regreso de internos a sectores de Devoto inhabilitados por razones de seguridad podía agravar sus condiciones de alojamiento.
Sin embargo, la resolución dispuso garantías para los próximos movimientos. La Cámara encomendó al juez Bignone exigir al Servicio Penitenciario Federal (SPF) el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Protocolo de Traslado de Personas Privadas de Libertad, que prevén comunicaciones a los órganos judiciales y las defensas con al menos 72 horas de anticipación. También ordenó garantizar de inmediato el ingreso del personal de la Procuración para inspeccionar y monitorear las cárceles.
Tras la sentencia, la PPN afirmó en un comunicado que no se opone al cierre de Devoto ni a la reorganización de plazas carcelarias. Sostuvo que su intervención apunta a asegurar planificación, transparencia y respeto de la ley y de los derechos de las personas detenidas. Bullrich, en cambio, considera que las actuaciones del organismo afectan una decisión del Poder Ejecutivo para desocupar el penal.
El proyecto reclama explicaciones por las plazas, las camas dobles y los controles de seguridad
El traslado de internos desde Devoto comenzó el domingo 11 de octubre, luego de años de demoras en la puesta en marcha del Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. En las primeras dos jornadas, el SPF llevó 609 personas, más del 40 % de la población del penal porteño, al nuevo establecimiento, que tiene capacidad para 2.232 plazas.
Bullrich respalda su planteo en el convenio interjurisdiccional acordado en 2018 y ratificado por la Legislatura porteña mediante la Resolución 100/LCABA/18. En los fundamentos, sostiene que la redistribución de los detenidos debe avanzar hacia establecimientos adecuados y cuestiona que la Procuración busque influir sobre el destino específico de las vacantes del nuevo complejo.
El cuarto requerimiento le pide a Cejas Meliare que detalle “los fundamentos legales por los cuales la PPN pretende arrogarse facultades de administración penitenciaria exclusivas del Poder Ejecutivo”. De acuerdo con el proyecto, el organismo pretende que el penal de Marcos Paz sea utilizado de manera prioritaria para alojar a detenidos que permanecen en dependencias policiales de la Ciudad de Buenos Aires, un criterio que Bullrich dice que bloquea la reubicación planificada de la población de Devoto.
Los dos primeros puntos de la iniciativa se refieren a las camas dobles en dependencias del SPF. La senadora solicita que se informe si la Procuración pidió, promovió o avaló su incorporación en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza o en el CPF II de Marcos Paz. También requiere conocer los fundamentos técnicos y jurídicos de un eventual cambio de posición frente a advertencias anteriores sobre “la sobrepoblación, el hacinamiento y los estándares mínimos de habitabilidad”.
Otro de los pedidos se concentra en el vínculo de los detenidos con sus familias. Bullrich busca que el funcionario explique cómo compatibiliza los planteos de la PPN sobre los efectos de trasladar internos fuera de Buenos Aires con las gestiones para derivar de forma progresiva a personas alojadas en comisarías y alcaidías porteñas a cárceles federales de distintas jurisdicciones.
La senadora también reclama precisiones sobre la transferencia a la Ciudad de las competencias penitenciarias por delitos no federales y sobre la construcción de infraestructura modular con 400 plazas adicionales en terrenos del SPF. El proyecto consulta si la Procuración acompañó, objetó o rechazó esas alternativas y bajo qué argumentos. A la vez, solicita comparar las inspecciones y acciones judiciales impulsadas en dependencias de fuerzas federales con las desarrolladas en establecimientos de la Policía de la Ciudad.
Uno de los puntos aborda posibles relaciones institucionales. Bullrich pide identificar si exfuncionarios, exagentes o empleados de la Procuración con licencia cumplen funciones en áreas penitenciarias del Gobierno porteño. Si fuera así, solicita que se informen los mecanismos destinados a “preservar la independencia, imparcialidad y objetividad” del organismo. El texto aclara que el planteo es un pedido de información y no supone, por sí mismo, la existencia de un conflicto de intereses.
El capítulo final se enfoca en las restricciones al ingreso de teléfonos celulares particulares en sectores de máxima seguridad. La senadora reclama que Cejas Meliare explique “los verdaderos motivos por los cuales la Procuración se resiste activamente” a cumplir las disposiciones vigentes. Según el proyecto, el ingreso de dispositivos personales en zonas restringidas “atenta directamente contra las directivas orientadas a desarticular el accionar del crimen organizado desde el interior de las cárceles”.
Cejas Meliare ocupa el cargo de procurador penitenciario adjunto y conduce el organismo por la vacancia de la titularidad. La Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo del Congreso ratificó su continuidad el 20 de noviembre de 2024. La PPN, creada por la Ley 25.875, tiene autonomía funcional y facultades para inspeccionar cárceles, examinar las condiciones de detención y promover actuaciones de protección de derechos, mientras que el Poder Ejecutivo administra el sistema penitenciario federal.
La iniciativa de Bullrich todavía deberá atravesar el trámite parlamentario. Mientras tanto, el cierre de Devoto seguirá bajo las condiciones fijadas por la Justicia: el rechazo del hábeas corpus colectivo y la obligación de que el SPF cumpla con las notificaciones previas y facilite las inspecciones durante los traslados.
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Camionetas, camiones y obradores que pertenecieron a Austral Construcciones SA, la empresa del empresario condenado Lázaro Báez, comenzaron a ser rematados a través de la plataforma de subastas judiciales online de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los bienes forman parte de un incidente dentro del proceso de quiebra de la firma, que tuvo una fuerte participación en la obra pública vial de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
La quiebra de la constructora tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 28. En el marco de un incidente de restitución de bienes, la Justicia dispuso que distintos activos de la compañía fueran enviados al área de subastas online de la Corte para su venta.
Entre los vehículos ofrecidos hay seis camionetas Chevrolet S10, con precios base de $2.200.000; una Mercedes-Benz Sprinter, que parte de $5.100.000; y una Renault Master, con un valor inicial de $7.200.000.
También se subastan 11 módulos Tecnimet que eran utilizados como obradores al costado de las rutas. La oferta está dividida en dos lotes: uno integrado por cuatro unidades y otro por las siete restantes.
POLITICA
Arrancó la subasta de bienes de la constructora de Lázaro Báez en la página oficial de la Corte Suprema
Camiones, autos y obradores que pertenecieron a la firma Austral Construcciones SA, del empresario condenado Lázaro Báez, comenzaron a ser ofrecidos para remate a través de la página oficial de subastas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Se trata de uno de los incidentes del último capítulo del proceso de quiebra del expediente judicial de la firma de Báez, que realizó gran parte de la obra pública vial que se hizo entre 2003 y 2015 en la provincia de Santa Cruz.
La causa por la quiebra de Austral Construcciones se abrió en 2017 y se encuentra tramitando ante el juzgado nacional en lo Comercial 28.
Allí se dispuso, en un incidente de restitución de bienes, enviar una serie de bienes a rematar en el área de subastas judiciales, que depende de la Corte Suprema.
En total, se subastan seis camionetas marca Chevrolet S10, que arrancan con un precio base de $2.200.000, una Mercedes Benz Sprinter con un precio inicial de $5.100.000 y otra Renault Máster, por $7.200.000.
Además, también se rematan once módulos Tecnimet (uno en una subasta con cuatro unidades y otra con las siete restantes) que funcionan como obradores al costado de la ruta.
Se trata de casillas prefabricadas, parecidas a un contenedor, de chapa, con paneles aislantes, puerta, ventanas e instalación eléctrica. Llegan armadas en camión y se apoyan en el terreno sin cimientos.
Archivo
Se usan como oficinas, vestuarios y baños para los obreros, comedor, depósito de herramientas y materiales o dormitorios en obras alejadas, como las de la Patagonia.
Por decisión judicial, los bienes están actualmente en poder de la Fuerza Aérea. En cada caso, los interesados pueden observar el lugar en donde se encuentran y un detalle del estado de los bienes.
En 2025, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema creó la plataforma online de remates con el fin de transparentar el mecanismo de subastas para hacer más accesible el proceso, garantizar el anonimato de los postores y facilitar la participación de la gente en todo el país, sin intermediarios.
Días atrás, a través de la página, se remató un departamento de 3 ambientes en el complejo River View de Puerto Madero que tenía como precio base 400.000 dólares y una casa en el country San Diego, del partido de Moreno.
Actualmente, hay en puja desde un departamento de tres ambientes con cochera en la ciudad de Mar del Plata con precio base de 54.000 dólares hasta la estructura de un edificio sin terminar en el barrio de Villa Urquiza y una planta industrial en Mendoza, todos bienes afectados a diversas causas judiciales.
En el caso de Báez, la mayoría de sus bienes ya fueron vendidos en este proceso de quiebra para pagar a los acreedores.
Además de la justicia comercial, también pugnan por rematar los bienes que quedan en pie de Báez el Tribunal Oral Federal 2, que lo condenó en la causa Vialidad, y el Tribunal Oral Federal 4, que lo condenó en la causa de la “Ruta del dinero K”.
La empresa quebró en 2018 y su liquidación sigue abierta: hubo unos 45 incidentes de venta, sobre todo, en Río Gallegos.
En abril de 2024, ya fue rematada maquinaria vial (motoniveladoras, palas cargadoras, excavadora), un semirremolque y vehículos. En septiembre de 2025, se subastaron 28 lotes del ex Obrador Central de Río Gallegos.
Además, en febrero de 2026 se llamó a mejorar ofertas por US$200.000 por un inmueble en Río Gallegos.
Quedan por rematar inmuebles y otros activos de Austral que siguen en liquidación.
En la causa de lavado de la “ruta del dinero K”, el objetivo es recuperar al menos 61 millones de dólares. Ya se remataron dos aviones: un Rockwell Commander y un Learjet.
Desde diciembre de 2025, en tanto, la Corte transfirió al Estado más de 60 millones de dólares.
Quedaron inmuebles bajo administración judicial hasta que se subasten cuentas en Suiza y Bahamas, y participaciones en nueve sociedades (Badial, Austral Agro, Austral Atlántica, Diagonal Sur y otras).
Por otro lado, está pendiente el decomiso por la causa Vialidad. El tribunal aprobó ejecutar 84 inmuebles, la mayoría en Santa Cruz, para cubrir una condena solidaria de 685.000 millones de pesos. Entre esos bienes se cuentan un campo de 5633 hectáreas en Alto Río Senguer (Chubut), la estancia Los Gurises, de 10.000 hectáreas (Santa Cruz), unos 60.000 metros cuadrados en El Calafate, lotes en Río Gallegos y tierras en Río Turbio.
comenzaron,la quiebra,Hernán Cappiello,Conforme a
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