POLITICA
Las 4 preguntas clave que contestó Adorni al Congreso sobre su patrimonio, los viajes y el vínculo con Marcelo Grandio
El jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, respondió este miércoles por escrito 2.151 preguntas de los bloques parlamentarios antes de presentarse ante la Cámara de Diputados para su informe de gestión, en medio de una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Entre ese volumen de respuestas, cuatro concentran el núcleo de los cuestionamientos que la oposición acumula desde hace semanas: el viaje a Punta del Este, la evolución de su patrimonio, los gastos de las comitivas presidenciales y los contratos del periodista Marcelo Grandio con la Televisión Pública.
El viaje a Punta del Este y el registro ante la Oficina Anticorrupción
Ante la Pregunta N° 559, que solicitaba saber si el viaje fue declarado en el Registro de Viajes Financiados por Terceros, el Gobierno respondió que no existe obligación de registrarlo. El argumento es que el Decreto 1179/2016 limita ese registro a traslados financiados por terceros “para el dictado de conferencias, cursos o actividades académicas o culturales”. La respuesta agrega que Adorni presentó su declaración jurada patrimonial integral y que la Oficina Anticorrupción (OA) informó “la inexistencia de conflictos de interés en el caso”.
La respuesta no precisa si alguna autoridad evaluó activamente si correspondía o no el registro, ni si los financiadores del viaje mantienen vínculos contractuales con el Estado. La pregunta legislativa apuntaba en esa dirección: quién pagó, por qué lo hizo y qué relación une a esas personas con la administración pública.
La Justicia federal avanzó en ese terreno. El juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita investigan el viaje bajo la figura de dádivas. Según declaró ante el juzgado Vanesa Tossi, gerenta comercial de Jag Executive Aviation —la empresa que vendió el vuelo—, fue Grandio quien pagó los pasajes y quien indicó expresamente que “la familia invitada” era la del jefe de Gabinete. Los chats incorporados a la causa muestran que Grandio solicitó que los tickets se facturaran a nombre de Imhouse, su productora, que en ese momento ya tenía contratos con la TV Pública. El tramo de vuelta fue facturado directamente a Grandio por USD 3.000.
Patrimonio: la declaración jurada pública y el anexo reservado
La Pregunta N° 1780 pedía el detalle de la evolución patrimonial de Adorni y su cónyuge desde el inicio de la función pública, y si existieron acompañantes en viajes oficiales cuyos roles no estuvieran justificados dentro del Estado. La respuesta remite a la declaración jurada disponible en el portal datos.gob.ar, señala que los bienes de la cónyuge están en el Anexo Reservado del Formulario 1246 —de carácter confidencial— y deriva la pregunta sobre erogaciones de comitiva a la Pregunta N° 1997.
La declaración jurada pública de Adorni corresponde al período 2024. En ella figuran un departamento en Parque Chacabuco —del que es cotitular con su esposa al 50%— y otro en La Plata, recibido como donación familiar. No aparecen en ese documento el departamento de la calle Miró al 500, en Caballito, escriturado el 18 de noviembre de 2025 por USD 230.000, ni la casa en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, inscripta a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, a fines de 2024. El plazo para presentar la declaración de 2025 vence el 31 de julio.
La compra del departamento de Caballito presenta una estructura financiera que la Justicia analiza: las propias vendedoras, dos jubiladas identificadas como Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, aportaron un crédito hipotecario de USD 200.000, equivalente al 87% del precio total, y quedaron como acreedoras en partes iguales. La diputada Marcela Pagano, que impulsó la denuncia original, señaló que el patrimonio de Adorni habría crecido un 500% en un solo período fiscal.
Ante los periodistas en una conferencia de prensa del 25 de marzo, Adorni dijo: “Todo lo que tiene que estar declarado, está declarado”, y se negó a dar más precisiones con el argumento de que existe una causa judicial en trámite.
Grandio y la TV Pública: la distinción entre persona y productora
La Pregunta N° 1655 solicitaba la lista de programas que Grandio tuvo en la TV Pública en 2025 y los contratos correspondientes. La respuesta del Gobierno es directa: “El Sr. Marcelo Grandío no fue contratado por RTA S.A.U.”, con respaldo en información suministrada por la propia empresa y puesta a disposición de la Justicia.
La afirmación es técnicamente precisa en un sentido estricto. Imhouse, la productora de Grandio, sí firmó contratos con Radio y Televisión Argentina (RTA). La Justicia incorporó a la causa al menos seis acuerdos de coproducción, secuestrados en un allanamiento de fines de marzo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El primero de esos contratos se firmó en abril de 2024, cuatro meses después de que Adorni asumiera como secretario de Comunicación y Medios, área de la que depende RTA.
Bajo esos acuerdos, el Estado cedió estudios, escenografía, equipos técnicos y personal sin costo para los programas “Giros en Línea Recta”, “Enredados” y “La Sala”. Los registros bancarios incorporados a la investigación revelan además diez transferencias desde la productora de Grandio hacia las cuentas de Adorni entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023, por un total de $1.670.900, en el período previo a la asunción del Gobierno. Los investigadores buscan determinar el concepto real de esos pagos.
Viajes presidenciales: trece giras, $425 millones y una invitada
La Pregunta N° 1997 pedía el listado completo de viajes internacionales del Presidente y del jefe de Gabinete, con fechas, destinos, costos y composición de las comitivas. La respuesta detalla trece viajes de Javier Milei entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, con montos en pesos para cada uno. El gasto total declarado supera los $425 millones de pesos.
El viaje más costoso fue el traslado a Nueva York para la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de 2025, con un gasto de $115.704.550. Le siguió la gira por Miami, Nueva York y Santiago de Chile de marzo de 2026, que insumió $85.677.704,47, y la participación en el Foro Económico Mundial de Davos, en enero de 2026, por $73.179.186,07.
Ese último tramo —Miami y Nueva York— es el que concentra uno de los señalamientos de la oposición. La propia respuesta oficial consigna que Angeletti viajó en carácter de “invitada” en la comitiva presidencial. El informe no desagrega cuánto de los $85 millones de ese trayecto correspondió al alojamiento y traslado de la esposa del jefe de Gabinete.
Sobre los viajes del propio Adorni, la respuesta oficial dice que “el Estado Nacional no guarda registro respecto del destino, fechas exactas, duración y carácter del viaje de vuelos personales llevados a cabo por sus funcionarios”. La pregunta sobre si el Presidente o algún funcionario percibió honorarios por participar en eventos privados no recibe respuesta en el informe.
La causa por enriquecimiento ilícito que tramita ante el juez Lijo confirmó además que Adorni viajó a Aruba para recibir el Año Nuevo entre diciembre de 2024 y enero de 2025, cuando se desempeñaba como vocero presidencial.
La declaración jurada que aún no se presentó
La Pregunta N° 1535, también de Unión por la Patria, plantea una omisión normativa puntual: por qué Adorni no presentó la Declaración Jurada Patrimonial Integral como Jefe de Gabinete dentro de los 30 días hábiles desde su asunción del 5 de noviembre de 2025, plazo que establecen los artículos 4 y 5 de la Ley 25.188 y el decreto 164/99, y si fue intimado por la autoridad competente. La respuesta oficial es la admisión más explícita del informe: “Aún no venció el plazo para la presentación de la última Declaración Jurada. Será en ese momento en el que se formulará el correspondiente detalle del patrimonio integral del Jefe de Gabinete”.
El detalle es importante. La actualización por nuevo cargo —exigida cuando un funcionario asume un puesto distinto al que ya tenía declarado— no se confunde con la presentación anual ordinaria, cuyo plazo recién vence el 31 de julio. La declaración jurada disponible públicamente sigue siendo, hasta esa fecha, la del período 2024: la que no incluye ni el departamento de Caballito ni la casa en Indio Cuá Golf Club. El plazo ordinario opera, en los hechos, como un cierre adicional de la información hasta julio.
Las preguntas de Provincias Unidas
Más allá de la Pregunta N° 1997, el informe contiene cuatro preguntas correlativas del bloque Provincias Unidas que avanzan ordenadamente sobre el viaje a Punta del Este. La N° 551 indagó si el viaje fue registrado en agendas oficiales. La N° 552 pidió fechas, itinerario, aeropuertos, tipo de aeronave, matrícula, empresa operadora y titular registral. La N° 555 reclamó copia de facturas, comprobantes de pago, contratos, manifiestos de vuelo, planes de vuelo y registros migratorios. La N° 559 cerró la secuencia preguntando si el viaje fue declarado ante la Oficina Anticorrupción.
La respuesta oficial a las cuatro es la misma fórmula reiterada: “El Estado Nacional no registra ningún pago de costos sobre los viajes personales del Jefe de Gabinete”. La N° 552, sin embargo, contiene una variante notable: el Gobierno alegó que “la consulta no individualiza el viaje al que se hace referencia, por lo que no resulta posible brindar el detalle requerido en los términos planteados”. La pregunta inmediata anterior —N° 551, del mismo bloque y la misma serie— sí individualizó el viaje: Punta del Este, fin de semana de carnaval de 2026.
La consultora de la esposa
La Pregunta N° 1782, formulada por Unión por la Patria, pidió detalle de los contratos y vinculaciones empresariales de la consultora +BE, propiedad de Bettina Angeletti, con el Estado, organismos descentralizados y empresas con participación accionaria estatal. La pregunta refiere específicamente una denuncia judicial: la firma habría facturado $6.370.000 por capacitaciones brindadas a National Shipping S.A. los días 6 y 23 de noviembre de 2024 y el 3 de octubre de 2025, cuando Adorni ya era funcionario nacional. Los diputados pidieron que el Jefe de Gabinete informara si declaró formalmente ese vínculo y si se abstuvo de intervenir en cualquier decisión que pudiera beneficiar a esa empresa.
La respuesta oficial es una triple remisión —a las preguntas 180, 1780 y 548— sin aporte sustantivo. La fórmula central, contenida en la respuesta a la Pregunta N° 1080, es: “La Oficina Nacional de Contrataciones informa que no se registran contrataciones de ‘+BE’ con el Estado Nacional”. La precisión es relevante: la afirmación se limita al Estado Nacional. National Shipping S.A. no integra el universo del Estado, pero sí mantiene contratos con YPF, controlada por el Estado. Esa distinción —entre el Estado Nacional estricto y las empresas con participación estatal— es la que la respuesta oficial elude.
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POLITICA
En medio del operativo por CFK, Kicillof se resguarda en la gestión y evita definiciones electorales contundentes
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mide sus próximos movimientos políticos en medio de un clamor que el kirchnerismo tracciona en pos de su conductora, la ex presidenta Cristina Kirchner. Desde hace algunos días, que el mandatario bajó el perfil de posible candidato del peronismo. Hubo distintos hechos que modificaron la agenda inmediata como por ejemplo el fallecimiento del Indio Solari. Una instancia que lo obligó a retomar el diálogo con el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, aunque de momento limitado solo a la organización logística de lo que fue la despedida del ídolo popular que se llevó adelante en Villa Domínico.
Finalizada esa procesión, el mandatario provincial retomó la agenda bonaerense y lo propio hará esta semana corta que inicia. Reunión de Gabinete con los suyos y recorridas por el interior provincial como las que llevó adelante días atrás. De momento, el objetivo es mostrar lo que se pueda de agenda doméstica en un contexto por demás complejo.
Este miércoles, el mandatario bonaerense recorrerá la Quinta sección electoral. Está agendado que vaya a Chascomús y General Belgrano. En el primer distrito participará de la inauguración de una nueva planta de Atalaya y luego entregará escrituras. En General Belgrano entregará diez viviendas de policía, inaugurará un centro universitario del Programa Puentes y luego continuará con la entrega de viviendas y escrituras.
El Ejecutivo bonaerense tiene varios frentes de gestión abiertos. Uno de ellos es el salarial. La semana pasada garantizó que pagará el aguinaldo en tiempo y forma, pero en el marco de la negociación paritaria no hubo una oferta para mejorar salarios sobre la mesa. La situación financiera de la Provincia es tan frágil que, como novedad de la negociación con los gremios, apareció la posibilidad de refinanciar deudas a clientes del Banco Provincia, la mayoría de los trabajadores del Estado. De las reuniones paritarias participó el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.
“Hemos dejado en claro que si bien hay un montón de reivindicaciones históricas que entendemos que son importantísimas, nos centramos principalmente en la necesidad de tener un aumento salarial al básico que respete la pirámide salarial y que implique un aumento correspondiente al mes de junio para percibirlo durante la liquidación del mes en curso y a mes devengado a principios del mes de julio», contó el secretario gremial de UPCN, Juan Pablo Martín Oyarzábal, tras la reunión del Ejecutivo con los gremios nucleados en la ley 10430, los estatales bonaerenses. Con los docentes el escenario es similar. Los gremios esperan que esta semana sean convocados nuevamente. A los hechos, Kicillof tiene distintos frentes abiertos.
En el tramo político, la posibilidad de que se reúna con la ex presidenta Cristina Kirchner empieza a dar vueltas, pero por ahora el gobernador esquiva públicamente esa posibilidad. La líder del Partido Justicialista cumplió este martes un año de detención domiciliaria en San José 1111. Hasta el momento, el gobernador no la ha visitado. Esa decisión es la que sigue siendo cuestionada por el kirchnerismo.
La semana pasada Kicillof posteó una carta por la detención de la ex presidenta, al cumplirse un año del fallo de la Corte. “Cristina es inocente y continúa injustamente detenida. Frente a cada injusticia y cualquier intento de disciplinar al campo popular, tenemos la obligación de defender la democracia y el derecho de nuestro pueblo a vivir dignamente, en una Argentina más justa”. Fue un gesto.
Pero en el cristinismo hay una aceleración del operativo de centralidad por Cristina Kirchner. Ahora, la campaña es “Cristina Libre y candidata” o “De San José a la Rosada”. Este fin de semana, la intendenta en uso de licencia de Quilmes y diputada provincial por la Tercera sección electoral, Mayra Mendoza, motorizó una convocatoria hacia la esquina de San José. Como bien detalló Infobae, este sábado habrá un banderazo en Parque Lezama para presionar por la revocación de la pena que pesa sobre la expresidenta. No solo la detención domiciliaria —por la causa Vialidad— sino también la inhabilitación perepetua para el ejercicio de la función pública.
El kirchnerismo muestra encuestas donde la expresidenta, detenida, mide mejor que el gobernador bonaerense quien tras las elecciones provinciales del año pasado, en el mes de septiembre, se embarcó en la construcción de una alternativa política con vistas a los comicios del 2027. El primer gesto lo dio al cerrar el 2025. Fue con un acto apoyado en su Movimiento Derecho al Futuro y diciendo: “Venimos a convocar a todos y todas para construir una fuerza política que trascienda la provincia de Buenos Aires”. Actualmente, suele repetir que no es año de elecciones ni de candidaturas. Por estos días, en medio de la presión para un encuentro con la expresidenta, no hay mayores definiciones de carácter electoral de parte del mandatario.
Otro grupo que empieza a compartir cierta impaciencia son los intendentes del peronismo bonaerense. Básicamente, para saber qué quiere hacer Kicillof y —lo que es de mayor interés para sus necesidades— qué lugar van a tener los jefes comunales en la mesa de decisiones. Se espera que tras el mundial, Kicillof empiece a transitar la etapa de definiciones. Hoy, pausó las recorridas por otras provincias y, en cada entrevista que brinda, repite que no es año de candidaturas. Hay algo que no cambió: la confrontación para con el gobierno de Javier Milei.
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Con el lema “El peronismo debate”, la nueva vertiente justicialista que buscan instalar dirigentes como Victoria Tolosa Paz, Juan Manuel Olmos y Guillermo Michel se acercó al sector agropecuario. Un mes y medio después del acto de lanzamiento, esta pata justicialista que se diferencia de las ramas centrales de la interna partidaria (identificadas con Cristina Kirchner y con Axel Kicillof), puso en marcha su dispositivo de campaña en el interior del país, con un encuentro en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, que tuvo como eje las problemáticas del campo. En un documento, sintetizaron ocho propuestas para el sector, entre ellas, sobre las retenciones.
En el documento que difundieron tras la reunión, los dirigentes peronistas propusieron una “reforma integral impositiva del sector agropecuario”. En ese punto, profundizaron: “Nos comprometemos a discutir una reforma integral de costos e impuestos distorsivos en el sector agropecuario. El debate sobre la competitividad incluye: las retenciones, los impuestos, la cadena de costos desde la eficiencia logística, el acceso a las semillas y fertilizantes para incentivar el volumen exportable de nuestra producción”.
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POLITICA
El Gobierno oficializó los cambios en el proceso de selección de jueces de la Corte Suprema y otras autoridades
Tal como anticipó Infobae, el Gobierno publicó hoy el decreto 467/2026 que modifica el procedimiento para la selección de jueces para la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General y el Defensor General de la Nación.
Tras el extenuante proceso que demandó la aprobación de los 74 pliegos semanas atrás, en el Senado, la medida se formalizó esta madrugada en Boletín Oficial y fue elaborada y firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Se trata de una reforma sobre el decreto 222 y 588 de 2003 —y sus modificaciones posteriores, entre ellas el decreto 267/2024— que busca eliminar la etapa administrativa previa a la nominación de titulares, reducir plazos y modernizar el sistema de publicación de antecedentes de los candidatos.
Ambas normativas, vigentes desde hace más de diez años, establecían que el Ejecutivo debía publicar los antecedentes de los candidatos y abrir una instancia de observaciones ciudadanas en el ámbito del Ministerio de Justicia antes de formalizar cualquier nominación.
El nuevo decreto derogó esa instancia con el argumento de que el Senado ya garantiza esos mecanismos de publicidad y participación a través de audiencias públicas obligatorias y la recepción de observaciones por parte de la ciudadanía, establecidas en su propio reglamento interno. Mantener este paso implicaba una duplicación de instancias que solo demoraba el trámite sin agregar valor sustantivo, confirmaron a este medio fuentes oficiales.
La participación ciudadana y las impugnaciones seguirán siendo posibles, pero ocurrirán directamente en la Cámara alta y no antes de que el pliego llegue a la misma.
El nuevo esquema también reemplaza la publicación de nominaciones en diarios de circulación nacional por la difusión en el Boletín Oficial y en la página web del Ministerio de Justicia, en línea con los canales digitales de comunicación actuales. Los candidatos tendrán cinco días para presentar sus declaraciones juradas patrimoniales “con la nómina de los bienes propios, los de su cónyuge y/o los del conviviente, los que integren el patrimonio de la sociedad conyugal, y los de sus hijos menores, en los términos y condiciones que establece el artículo 6° de la Ley de Ética de la Función Pública N° 25.188, sus modificaciones y su reglamentación”.
La difusión de los antecedentes del candidato ya no se realizará en el Boletín Oficial ni en diarios de circulación nacional, sino en la página web oficial del Ministerio de Justicia, con plazos más cortos. El Gobierno sostiene que esta adecuación responde a la dinámica actual de comunicación y a las tecnologías disponibles, y que la reducción de los plazos de publicación contribuye a hacer el trámite más expedito.
Otra modificación relevante apunta a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El decreto mantiene la obligación de que el organismo elabore informes sobre el cumplimiento de obligaciones impositivas y previsionales de los candidatos, pero fija por primera vez un plazo máximo de cinco días para su confección y aclara que deben preservar el secreto fiscal. Antes, no existía ese plazo ni esa uniformidad entre los dos decretos originales.
En el decreto no se mencionó la recomendación que el texto 222/2003 le imponía al presidente de contemplar la diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional al momento de nominar candidatos.
Qué no cambia
La reforma no altera el procedimiento constitucional ni el reglamentario del Senado de la Nación. Las audiencias públicas, las impugnaciones ante la Comisión de Acuerdos y la votación por dos tercios de los miembros presentes quedan intactas.
“Los mecanismos de publicidad, transparencia y participación ciudadana no se suprimen”, dijeron a Infobae, dado que esas instancias están garantizadas en la etapa legislativa.
La nueva normativa tampoco altera dos obligaciones centrales para los postulantes: la presentación de declaraciones juradas patrimoniales y de potenciales conflictos de intereses, y la intervención de ARCA para verificar el cumplimiento de obligaciones impositivas y previsionales.
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