POLITICA
Las 4 preguntas clave que contestó Adorni al Congreso sobre su patrimonio, los viajes y el vínculo con Marcelo Grandio
El jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, respondió este miércoles por escrito 2.151 preguntas de los bloques parlamentarios antes de presentarse ante la Cámara de Diputados para su informe de gestión, en medio de una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Entre ese volumen de respuestas, cuatro concentran el núcleo de los cuestionamientos que la oposición acumula desde hace semanas: el viaje a Punta del Este, la evolución de su patrimonio, los gastos de las comitivas presidenciales y los contratos del periodista Marcelo Grandio con la Televisión Pública.
El viaje a Punta del Este y el registro ante la Oficina Anticorrupción
Ante la Pregunta N° 559, que solicitaba saber si el viaje fue declarado en el Registro de Viajes Financiados por Terceros, el Gobierno respondió que no existe obligación de registrarlo. El argumento es que el Decreto 1179/2016 limita ese registro a traslados financiados por terceros “para el dictado de conferencias, cursos o actividades académicas o culturales”. La respuesta agrega que Adorni presentó su declaración jurada patrimonial integral y que la Oficina Anticorrupción (OA) informó “la inexistencia de conflictos de interés en el caso”.
La respuesta no precisa si alguna autoridad evaluó activamente si correspondía o no el registro, ni si los financiadores del viaje mantienen vínculos contractuales con el Estado. La pregunta legislativa apuntaba en esa dirección: quién pagó, por qué lo hizo y qué relación une a esas personas con la administración pública.
La Justicia federal avanzó en ese terreno. El juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita investigan el viaje bajo la figura de dádivas. Según declaró ante el juzgado Vanesa Tossi, gerenta comercial de Jag Executive Aviation —la empresa que vendió el vuelo—, fue Grandio quien pagó los pasajes y quien indicó expresamente que “la familia invitada” era la del jefe de Gabinete. Los chats incorporados a la causa muestran que Grandio solicitó que los tickets se facturaran a nombre de Imhouse, su productora, que en ese momento ya tenía contratos con la TV Pública. El tramo de vuelta fue facturado directamente a Grandio por USD 3.000.
Patrimonio: la declaración jurada pública y el anexo reservado
La Pregunta N° 1780 pedía el detalle de la evolución patrimonial de Adorni y su cónyuge desde el inicio de la función pública, y si existieron acompañantes en viajes oficiales cuyos roles no estuvieran justificados dentro del Estado. La respuesta remite a la declaración jurada disponible en el portal datos.gob.ar, señala que los bienes de la cónyuge están en el Anexo Reservado del Formulario 1246 —de carácter confidencial— y deriva la pregunta sobre erogaciones de comitiva a la Pregunta N° 1997.
La declaración jurada pública de Adorni corresponde al período 2024. En ella figuran un departamento en Parque Chacabuco —del que es cotitular con su esposa al 50%— y otro en La Plata, recibido como donación familiar. No aparecen en ese documento el departamento de la calle Miró al 500, en Caballito, escriturado el 18 de noviembre de 2025 por USD 230.000, ni la casa en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, inscripta a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, a fines de 2024. El plazo para presentar la declaración de 2025 vence el 31 de julio.
La compra del departamento de Caballito presenta una estructura financiera que la Justicia analiza: las propias vendedoras, dos jubiladas identificadas como Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, aportaron un crédito hipotecario de USD 200.000, equivalente al 87% del precio total, y quedaron como acreedoras en partes iguales. La diputada Marcela Pagano, que impulsó la denuncia original, señaló que el patrimonio de Adorni habría crecido un 500% en un solo período fiscal.
Ante los periodistas en una conferencia de prensa del 25 de marzo, Adorni dijo: “Todo lo que tiene que estar declarado, está declarado”, y se negó a dar más precisiones con el argumento de que existe una causa judicial en trámite.
Grandio y la TV Pública: la distinción entre persona y productora
La Pregunta N° 1655 solicitaba la lista de programas que Grandio tuvo en la TV Pública en 2025 y los contratos correspondientes. La respuesta del Gobierno es directa: “El Sr. Marcelo Grandío no fue contratado por RTA S.A.U.”, con respaldo en información suministrada por la propia empresa y puesta a disposición de la Justicia.
La afirmación es técnicamente precisa en un sentido estricto. Imhouse, la productora de Grandio, sí firmó contratos con Radio y Televisión Argentina (RTA). La Justicia incorporó a la causa al menos seis acuerdos de coproducción, secuestrados en un allanamiento de fines de marzo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El primero de esos contratos se firmó en abril de 2024, cuatro meses después de que Adorni asumiera como secretario de Comunicación y Medios, área de la que depende RTA.
Bajo esos acuerdos, el Estado cedió estudios, escenografía, equipos técnicos y personal sin costo para los programas “Giros en Línea Recta”, “Enredados” y “La Sala”. Los registros bancarios incorporados a la investigación revelan además diez transferencias desde la productora de Grandio hacia las cuentas de Adorni entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023, por un total de $1.670.900, en el período previo a la asunción del Gobierno. Los investigadores buscan determinar el concepto real de esos pagos.
Viajes presidenciales: trece giras, $425 millones y una invitada
La Pregunta N° 1997 pedía el listado completo de viajes internacionales del Presidente y del jefe de Gabinete, con fechas, destinos, costos y composición de las comitivas. La respuesta detalla trece viajes de Javier Milei entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, con montos en pesos para cada uno. El gasto total declarado supera los $425 millones de pesos.
El viaje más costoso fue el traslado a Nueva York para la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de 2025, con un gasto de $115.704.550. Le siguió la gira por Miami, Nueva York y Santiago de Chile de marzo de 2026, que insumió $85.677.704,47, y la participación en el Foro Económico Mundial de Davos, en enero de 2026, por $73.179.186,07.
Ese último tramo —Miami y Nueva York— es el que concentra uno de los señalamientos de la oposición. La propia respuesta oficial consigna que Angeletti viajó en carácter de “invitada” en la comitiva presidencial. El informe no desagrega cuánto de los $85 millones de ese trayecto correspondió al alojamiento y traslado de la esposa del jefe de Gabinete.
Sobre los viajes del propio Adorni, la respuesta oficial dice que “el Estado Nacional no guarda registro respecto del destino, fechas exactas, duración y carácter del viaje de vuelos personales llevados a cabo por sus funcionarios”. La pregunta sobre si el Presidente o algún funcionario percibió honorarios por participar en eventos privados no recibe respuesta en el informe.
La causa por enriquecimiento ilícito que tramita ante el juez Lijo confirmó además que Adorni viajó a Aruba para recibir el Año Nuevo entre diciembre de 2024 y enero de 2025, cuando se desempeñaba como vocero presidencial.
La declaración jurada que aún no se presentó
La Pregunta N° 1535, también de Unión por la Patria, plantea una omisión normativa puntual: por qué Adorni no presentó la Declaración Jurada Patrimonial Integral como Jefe de Gabinete dentro de los 30 días hábiles desde su asunción del 5 de noviembre de 2025, plazo que establecen los artículos 4 y 5 de la Ley 25.188 y el decreto 164/99, y si fue intimado por la autoridad competente. La respuesta oficial es la admisión más explícita del informe: “Aún no venció el plazo para la presentación de la última Declaración Jurada. Será en ese momento en el que se formulará el correspondiente detalle del patrimonio integral del Jefe de Gabinete”.
El detalle es importante. La actualización por nuevo cargo —exigida cuando un funcionario asume un puesto distinto al que ya tenía declarado— no se confunde con la presentación anual ordinaria, cuyo plazo recién vence el 31 de julio. La declaración jurada disponible públicamente sigue siendo, hasta esa fecha, la del período 2024: la que no incluye ni el departamento de Caballito ni la casa en Indio Cuá Golf Club. El plazo ordinario opera, en los hechos, como un cierre adicional de la información hasta julio.
Las preguntas de Provincias Unidas
Más allá de la Pregunta N° 1997, el informe contiene cuatro preguntas correlativas del bloque Provincias Unidas que avanzan ordenadamente sobre el viaje a Punta del Este. La N° 551 indagó si el viaje fue registrado en agendas oficiales. La N° 552 pidió fechas, itinerario, aeropuertos, tipo de aeronave, matrícula, empresa operadora y titular registral. La N° 555 reclamó copia de facturas, comprobantes de pago, contratos, manifiestos de vuelo, planes de vuelo y registros migratorios. La N° 559 cerró la secuencia preguntando si el viaje fue declarado ante la Oficina Anticorrupción.
La respuesta oficial a las cuatro es la misma fórmula reiterada: “El Estado Nacional no registra ningún pago de costos sobre los viajes personales del Jefe de Gabinete”. La N° 552, sin embargo, contiene una variante notable: el Gobierno alegó que “la consulta no individualiza el viaje al que se hace referencia, por lo que no resulta posible brindar el detalle requerido en los términos planteados”. La pregunta inmediata anterior —N° 551, del mismo bloque y la misma serie— sí individualizó el viaje: Punta del Este, fin de semana de carnaval de 2026.
La consultora de la esposa
La Pregunta N° 1782, formulada por Unión por la Patria, pidió detalle de los contratos y vinculaciones empresariales de la consultora +BE, propiedad de Bettina Angeletti, con el Estado, organismos descentralizados y empresas con participación accionaria estatal. La pregunta refiere específicamente una denuncia judicial: la firma habría facturado $6.370.000 por capacitaciones brindadas a National Shipping S.A. los días 6 y 23 de noviembre de 2024 y el 3 de octubre de 2025, cuando Adorni ya era funcionario nacional. Los diputados pidieron que el Jefe de Gabinete informara si declaró formalmente ese vínculo y si se abstuvo de intervenir en cualquier decisión que pudiera beneficiar a esa empresa.
La respuesta oficial es una triple remisión —a las preguntas 180, 1780 y 548— sin aporte sustantivo. La fórmula central, contenida en la respuesta a la Pregunta N° 1080, es: “La Oficina Nacional de Contrataciones informa que no se registran contrataciones de ‘+BE’ con el Estado Nacional”. La precisión es relevante: la afirmación se limita al Estado Nacional. National Shipping S.A. no integra el universo del Estado, pero sí mantiene contratos con YPF, controlada por el Estado. Esa distinción —entre el Estado Nacional estricto y las empresas con participación estatal— es la que la respuesta oficial elude.
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POLITICA
El Banco Central se niega a identificar a las entidades con las que se realizó la cobertura del oro
El Banco Central adoptó una posición de estricto hermetismo respecto de la o las entidades con las que se hizo la cobertura del oro en 2025. La tesitura se repite igual en el Gobierno. Esto, después de que la Auditoría General de la Nación (AGN) señalara que esas operaciones le generaron a la autoridad monetaria una pérdida de US$1.023 millones, pagada con divisas.
Tanto el BCRA como la Casa Rosada puntualizaron en que la AGN -liderada por el peronista capitalino Juan Manuel Olmos– tuvo una intención “puramente política”. Alegaron que las posiciones en oro del Central, incluidas las coberturas, arrojaron una ganancia neta de US$2505 millones.
Sin embargo, desde la entidad comandada por Santiago Bausili evitaron dar a el detalle de quién fue la contraparte de la cobertura.
“Es una información que por ahora el BCRA no hará pública”, alegaron desde el Banco Central, sin mayores detalles sobre el porqué y en medio de las especulaciones que ya sembró la oposición.
Tanto en el Gobierno como en el Ministerio de Economía, previamente, habían remitido las consultas de este medio al BCRA.
El martes, el vocero presidencial, Adrián Ravier, también evitó ante responder sobre la o las entidades con las que se hizo la operación. “No tengo el nombre de la empresa que tomó la cobertura”, dijo.
Si el vocero tenía preparada una respuesta para defender la medida. Ravier sostuvo, primero, que las posiciones en oro del Banco Central derivaron en US$2500 millones de ganancia. “Si miramos el punto del oro, representa 20% de las reservas internacionales. Esto habla de un activo muy importante. La política habitual de los bancos centrales, incluso de este en períodos anteriores, es tratar de darle estabilidad a un activo tan importante. En otro tiempo se podría haber dicho que el oro era muy estable por sí mismo, pero la realidad es que hoy estamos observando mucha volatilidad con el precio; entonces, no es un error tomar una cobertura, un seguro, para cubrirse de la dinámica y la volatilidad del precio”, justificó.
En eso, el vocero del Presidente comparó la cobertura con un seguro para un auto. Dijo que si cualquier persona paga una póliza y durante todo el año no tiene ningún accidente, podría pensar que perdió dinero por haberla contratado. “Aquí es lo mismo: con el diario del lunes es fácil decir que el BCRA perdió dinero con la cobertura, pero la realidad es que no sabíamos un año atrás que el precio del oro iba a subir lo que subió, mas de 60%”, marcó.
Acto seguido, hizo esta cuenta: “Producto del aumento del precio del oro, el activo del Banco Central tuvo una ganancia de US$3500 millones. La cobertura implicó una deducción de US$1000 millones. La ganancia supera los US$2500 millones″.
Entonces, Ravier planteó que si el valor del oro hubiera bajado, el Central hubiera tenido con qué cubrirse y denunció una “politización” de la AGN.
“La auditoría en el informe habla de una ‘acción especulativa’ del Central y, después, de una ‘cobertura’. O es una; o es la otra. ‘Especulativa’ sería si no se hubiera tomado la cobertura porque el BCRA hubiese especulado que el precio iba a ir subiendo, no iba a necesitarla e iba a ganar con ese aumento. Como no quiere el Gobierno especular qué va a pasar con el precio del oro, se cubre con un seguro, tratando de darle estabilidad”, dijo para defender la movida.
La definición de Ravier fue en total sintonía con lo que había explicado el Central apenas se conoció el informe de la AGN. En ese momento, la autoridad monetaria sostuvo que este tipo de operaciones son una práctica habitual desde 2007.
En el reporte que generó la controversia, la AGN definió que los estados contables del Central al 31 de diciembre de 2025 “son razonables, en sus aspectos técnicos, sobre la situación patrimonial de la entidad”, pero hizo un “señalamiento” sobre el resultado de las operaciones vinculadas a las reservas de oro.
“Durante 2025, el BCRA realizó operaciones financieras especulando con una determinada trayectoria para el precio internacional del oro, erró el cálculo y perdió US$1023 millones, según surge de las registraciones contables”, planteó la AGN en el informe que presentó Olmos y que desató la reacción de la Casa Rosada y el BCRA, que igual siguen sin decir quién fue la contraparte.
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POLITICA
Estados Unidos envía a sus dos principales funcionarios para la región a la Argentina para impulsar el Corredor Andes-Atlántico
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció hoy que el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, viajarán la semana próxima a la Argentina para impulsar el Corredor Andes-Atlántico, la iniciativa conjunta de infraestructura e inversiones firmada entre ambos países el mes pasado. La gira se extenderá entre el 19 y el 26 de octubre con escalas en Asunción (Paraguay) y Buenos Aires.
Aunque no se precisó la fecha exacta de arribo a la capital argentina, la visita representa el desembarco diplomático de más alto nivel desde que Donald Trump regresó a la presidencia y se produce después de que Javier Milei viajara a Washington esta semana.
“Estamos trabajando para ampliar el comercio de Estados Unidos, profundizar la cooperación en materia de seguridad regional y fortalecer las asociaciones en todo el Hemisferio Occidental”, señaló Segura en su cuenta de X al confirmar el viaje.
En tanto, el Departamento de Estado, el organismo que lidera el secretario Marco Rubio, difundió un comunicado donde se informa que “en Buenos Aires, Landau se reunirá con altos funcionarios del gobierno argentino y líderes del sector privado para aprovechar el impulso generado por el lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico”.
“Discutirán vías para fomentar el crecimiento económico, aumentar la inversión estadounidense y fortalecer la cooperación en seguridad”, se añadió en el texto, donde se calificó la gira como un reflejo del “compromiso de la administración Trump con un hemisferio occidental seguro y próspero”.
Para Washington, el Corredor Andes-Atlántico “profundiza la integración económica entre Estados Unidos y la Argentina” y conecta a los inversores con oportunidades en los sectores energético, minero, de infraestructura y tecnológico. El gobierno norteamericano la presentó como la primera asociación para un corredor global de infraestructura e inversión en el Hemisferio Occidental, con el objetivo de ampliar las oportunidades para sus empresas y fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos y energía, entre ellos el litio, el cobre, el petróleo y el gas.
En tanto, y según el comunicado oficial, Landau encabezará en Paraguay una delegación comercial de empresas estadounidenses para explorar oportunidades de inversión. También se reunirá con altos funcionarios del gobierno paraguayo para reafirmar lo que el Departamento de Estado describió como la “histórica asociación estratégica” entre ambas naciones. La agenda en Asunción incluirá la ampliación del comercio bilateral, la profundización de la cooperación en seguridad regional y el combate al crimen transnacional.
Según fuentes oficiales, la agenda de Landau en Buenos Aires contempla reuniones con el presidente Javier Milei, con Pablo Quirno y con autoridades parlamentarias. El miércoles pasado, el canciller argentino se reunió con Segura en Washington, donde repasaron la agenda bilateral en distintos ejes, incluido el acuerdo de financiamiento para inversiones en infraestructura.
La llegada de los dos funcionarios, se prevé, también servirá para ultimar los preparativos de la visita del vicepresidente JD Vance a Buenos Aires, prevista para la tercera semana de noviembre. Aún restan conocer la fecha exacta de su arribo y la agenda en el país del número dos de la Casa Blanca.
El Corredor Andes-Atlántico
El acuerdo fue lanzado el 23 de septiembre en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU, por Landau y Quirno. Contempla herramientas de financiamiento estadounidense por hasta 7.000 millones de dólares hacia 2027 para modernizar ferrocarriles, oleoductos, gasoductos, puertos, redes eléctricas e infraestructura digital que unen el noroeste argentino y la cuenca energética de Vaca Muerta con los puertos atlánticos.
El componente más avanzado es Argentina LNG, el proyecto de exportación de gas que lidera YPF junto con la italiana Eni y XRG, de Emiratos Árabes Unidos. El Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (Exim Bank) presentó una propuesta indicativa de financiamiento de largo plazo por hasta 6.000 millones de dólares destinada a la compra de bienes y servicios estadounidenses.
El crédito todavía no está aprobado y requiere el aval del directorio del banco. La primera fase del proyecto prevé dos unidades flotantes de licuefacción frente a la costa de Río Negro, con capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado y el inicio de operaciones proyectado para 2031. Argentina LNG involucra una inversión total estimada de 51.000 millones de dólares durante toda su vida útil, la mayor anunciada en la historia del país.
Además del corredor, la visita de Landau y Segura abordará otros ejes de la relación bilateral. Ambos gobiernos profundizaron en las últimas semanas el intercambio de información y la asistencia técnica. A comienzos de octubre, Estados Unidos formalizó la creación de una unidad regional contra el narcotráfico con sede en la Argentina y aprobó 13,35 millones de dólares para cooperación contra el crimen organizado, de los cuales 7,5 millones estarán destinados a proyectos locales.
Segura tiene 38 años, nació en Alexandria, Virginia, y es hijo de inmigrantes argentinos. Su padre, Enrique Segura, es un economista con paso por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. Militante republicano, Segura fundó en 2014 Babyscripts, una empresa de tecnología de salud orientada al monitoreo prenatal, y ocupó el cargo de secretario de Comercio de Virginia bajo el gobernador Glenn Youngkin antes de ser nominado por Trump y confirmado por el Senado en agosto.
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POLITICA
Piden el juicio político para el juez que absolvió a los sindicalistas que bloquearon San Nicolás
El juez Alejandro Gabriel López, quien quedó en medio de la polémica por un fallo que absolvió a los jefes sindicales que bloquearon una empresa y sitiaron la ciudad de San Nicolás, enfrenta el primer pedido de juicio político.
El exintendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, formalizó la denuncia ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires.
El juez López integra el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 del Departamento Judicial San Nicolás.
La presentación busca que se investigue la actuación del magistrado por posible mal desempeño e incumplimiento grave de los deberes de su cargo al dictar el veredicto absolutorio del pasado 14 de octubre de 2026.
El expediente juzgó los episodios ocurridos a principios de 2021 en la planta de la firma Rey Distribución S.R.L. En dicha causa, Maximiliano Cabaleyro y otros dirigentes enfrentaban cargos por turbación de la posesión, coacción en grado de tentativa y extorsión tras una serie de medidas de fuerza que impidieron el funcionamiento y la salida de vehículos de la distribuidora.
Con el patrocinio letrado del abogado Ignacio Mateucci, la presentación argumenta que el juez incurrió en deficiencias graves al momento de justificar el derecho de huelga.
Entre los puntos centrales de la denuncia se destacan:
“Judicializar la huelga fue un despropósito”, escribió el juez López al absolver a los sindicalistas de Camioneros que bloquearon los accesos a San Nicolás, a pesar de que la fiscalía había pedido 10 años de prisión por los delitos de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas.
López llegó al Tribunal Oral N° 2 de San Nicolás en 2019, durante la gestión de María Eugenia Vidal. El Senado bonaerense lo aprobó por unanimidad, a través de un acuerdo entre el peronismo y Juntos por el Cambio.
En un veredicto de 120 páginas, López sostuvo que los bloqueos a la distribuidora Rey fueron ejercicio del derecho de huelga y que contra Maximiliano Cabaleyro no hubo “un solo testigo” que lo viera recibir o exigir dinero.
En el sorpresivo giro contra el pedido de prisión, López firmó un veredicto que cuestionó con dureza a la fiscalía y a la querella.
La entonces gobernadora María Eugenia Vidal designó a López por el decreto 1178/19, tras la aprobación del pliego.
El tribunal era nuevo, creado por la ley 14.612, y la Suprema Corte bonaerense fijó su inicio de actividades para el 11 de noviembre de 2019.
El fallo fue descalificado por el diputado bonaerense Manuel Pasaglia, intendente de San Nicolás al momento de la agresión, quien calificó a López de “garantista”.
“Una muestra más de un juez garantista; bloquearon una empresa, bloquearon una ciudad; y no pasa nada”, tuiteó Passaglia en X.
“Todos los vecinos de San Nicolás recordamos cuando estos mafiosos de la mano de los Moyano quisieron hacer colapsar nuestra ciudad: bloquearon los accesos e impidieron la entrega de comida y la recolección de basura”, agregó en su mensaje. Y completó: “Fueron los nicoleños los que aguantaron y resistieron. Y al final les torcimos el brazo. Por eso, decisiones como la de este juez son un retroceso. Porque vuelven a darle poder a los que bloquean, aprietan y extorsionan, y perjudican a los que trabajan, producen y cumplen la ley”.
El juez dio por probados los dos bloqueos a la empresa de transporte Rey Distribución, en San Pedro: el del 15 de enero de 2021 y el del 22 al 25 de febrero de ese año.
Pero dijo que no constituyen un delito penal, sino parte del ejercicio del derecho de huelga. Dijo que el Código Penal “excluye la responsabilidad de quien obra ‘en el legítimo ejercicio de un derecho’”.
Con ese argumento absolvió a Cabaleyro y a otros seis acusados: Maximiliano Pérez, Carlos y Enzo Ojeda, Matías y Lucas Torrez y Edgardo Di Mayo.
López rechazó que el derecho de propiedad y el de huelga deban ponderarse como equivalentes. “Esta línea de argumentación sólo permitiría llegar a la conclusión de que ninguna huelga es legítima. No hay modo en que el derecho de huelga se ejerza sin afectar otros derechos”, escribió.
El bloqueo de la planta provocó el aislamiento temporal de la ciudad y generó gran indignación entre los vecinos.
El veredicto también cuestionó el uso de escuchas telefónicas, que según el juez fue “desproporcionado” para un “magro resultado”.
La fiscalía, a cargo de María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, había pedido diez años de prisión. La querella de la familia Rey, patrocinada por la senadora Florencia Arietto (LLA), reclamaba 15. Las fiscales anticiparon que apelarán.
López había sido protagonista de otro fallo polémico cuando dispuso que el abusador Pablo Javier Gordillo cumpliera cinco años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Gordillo había sido encontrado culpable por un jurado popular del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado.
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