POLITICA
Las 4 preguntas clave que contestó Adorni al Congreso sobre su patrimonio, los viajes y el vínculo con Marcelo Grandio
El jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, respondió este miércoles por escrito 2.151 preguntas de los bloques parlamentarios antes de presentarse ante la Cámara de Diputados para su informe de gestión, en medio de una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Entre ese volumen de respuestas, cuatro concentran el núcleo de los cuestionamientos que la oposición acumula desde hace semanas: el viaje a Punta del Este, la evolución de su patrimonio, los gastos de las comitivas presidenciales y los contratos del periodista Marcelo Grandio con la Televisión Pública.
El viaje a Punta del Este y el registro ante la Oficina Anticorrupción
Ante la Pregunta N° 559, que solicitaba saber si el viaje fue declarado en el Registro de Viajes Financiados por Terceros, el Gobierno respondió que no existe obligación de registrarlo. El argumento es que el Decreto 1179/2016 limita ese registro a traslados financiados por terceros “para el dictado de conferencias, cursos o actividades académicas o culturales”. La respuesta agrega que Adorni presentó su declaración jurada patrimonial integral y que la Oficina Anticorrupción (OA) informó “la inexistencia de conflictos de interés en el caso”.
La respuesta no precisa si alguna autoridad evaluó activamente si correspondía o no el registro, ni si los financiadores del viaje mantienen vínculos contractuales con el Estado. La pregunta legislativa apuntaba en esa dirección: quién pagó, por qué lo hizo y qué relación une a esas personas con la administración pública.
La Justicia federal avanzó en ese terreno. El juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita investigan el viaje bajo la figura de dádivas. Según declaró ante el juzgado Vanesa Tossi, gerenta comercial de Jag Executive Aviation —la empresa que vendió el vuelo—, fue Grandio quien pagó los pasajes y quien indicó expresamente que “la familia invitada” era la del jefe de Gabinete. Los chats incorporados a la causa muestran que Grandio solicitó que los tickets se facturaran a nombre de Imhouse, su productora, que en ese momento ya tenía contratos con la TV Pública. El tramo de vuelta fue facturado directamente a Grandio por USD 3.000.
Patrimonio: la declaración jurada pública y el anexo reservado
La Pregunta N° 1780 pedía el detalle de la evolución patrimonial de Adorni y su cónyuge desde el inicio de la función pública, y si existieron acompañantes en viajes oficiales cuyos roles no estuvieran justificados dentro del Estado. La respuesta remite a la declaración jurada disponible en el portal datos.gob.ar, señala que los bienes de la cónyuge están en el Anexo Reservado del Formulario 1246 —de carácter confidencial— y deriva la pregunta sobre erogaciones de comitiva a la Pregunta N° 1997.
La declaración jurada pública de Adorni corresponde al período 2024. En ella figuran un departamento en Parque Chacabuco —del que es cotitular con su esposa al 50%— y otro en La Plata, recibido como donación familiar. No aparecen en ese documento el departamento de la calle Miró al 500, en Caballito, escriturado el 18 de noviembre de 2025 por USD 230.000, ni la casa en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, inscripta a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, a fines de 2024. El plazo para presentar la declaración de 2025 vence el 31 de julio.
La compra del departamento de Caballito presenta una estructura financiera que la Justicia analiza: las propias vendedoras, dos jubiladas identificadas como Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, aportaron un crédito hipotecario de USD 200.000, equivalente al 87% del precio total, y quedaron como acreedoras en partes iguales. La diputada Marcela Pagano, que impulsó la denuncia original, señaló que el patrimonio de Adorni habría crecido un 500% en un solo período fiscal.
Ante los periodistas en una conferencia de prensa del 25 de marzo, Adorni dijo: “Todo lo que tiene que estar declarado, está declarado”, y se negó a dar más precisiones con el argumento de que existe una causa judicial en trámite.
Grandio y la TV Pública: la distinción entre persona y productora
La Pregunta N° 1655 solicitaba la lista de programas que Grandio tuvo en la TV Pública en 2025 y los contratos correspondientes. La respuesta del Gobierno es directa: “El Sr. Marcelo Grandío no fue contratado por RTA S.A.U.”, con respaldo en información suministrada por la propia empresa y puesta a disposición de la Justicia.
La afirmación es técnicamente precisa en un sentido estricto. Imhouse, la productora de Grandio, sí firmó contratos con Radio y Televisión Argentina (RTA). La Justicia incorporó a la causa al menos seis acuerdos de coproducción, secuestrados en un allanamiento de fines de marzo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El primero de esos contratos se firmó en abril de 2024, cuatro meses después de que Adorni asumiera como secretario de Comunicación y Medios, área de la que depende RTA.
Bajo esos acuerdos, el Estado cedió estudios, escenografía, equipos técnicos y personal sin costo para los programas “Giros en Línea Recta”, “Enredados” y “La Sala”. Los registros bancarios incorporados a la investigación revelan además diez transferencias desde la productora de Grandio hacia las cuentas de Adorni entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023, por un total de $1.670.900, en el período previo a la asunción del Gobierno. Los investigadores buscan determinar el concepto real de esos pagos.
Viajes presidenciales: trece giras, $425 millones y una invitada
La Pregunta N° 1997 pedía el listado completo de viajes internacionales del Presidente y del jefe de Gabinete, con fechas, destinos, costos y composición de las comitivas. La respuesta detalla trece viajes de Javier Milei entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, con montos en pesos para cada uno. El gasto total declarado supera los $425 millones de pesos.
El viaje más costoso fue el traslado a Nueva York para la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de 2025, con un gasto de $115.704.550. Le siguió la gira por Miami, Nueva York y Santiago de Chile de marzo de 2026, que insumió $85.677.704,47, y la participación en el Foro Económico Mundial de Davos, en enero de 2026, por $73.179.186,07.
Ese último tramo —Miami y Nueva York— es el que concentra uno de los señalamientos de la oposición. La propia respuesta oficial consigna que Angeletti viajó en carácter de “invitada” en la comitiva presidencial. El informe no desagrega cuánto de los $85 millones de ese trayecto correspondió al alojamiento y traslado de la esposa del jefe de Gabinete.
Sobre los viajes del propio Adorni, la respuesta oficial dice que “el Estado Nacional no guarda registro respecto del destino, fechas exactas, duración y carácter del viaje de vuelos personales llevados a cabo por sus funcionarios”. La pregunta sobre si el Presidente o algún funcionario percibió honorarios por participar en eventos privados no recibe respuesta en el informe.
La causa por enriquecimiento ilícito que tramita ante el juez Lijo confirmó además que Adorni viajó a Aruba para recibir el Año Nuevo entre diciembre de 2024 y enero de 2025, cuando se desempeñaba como vocero presidencial.
La declaración jurada que aún no se presentó
La Pregunta N° 1535, también de Unión por la Patria, plantea una omisión normativa puntual: por qué Adorni no presentó la Declaración Jurada Patrimonial Integral como Jefe de Gabinete dentro de los 30 días hábiles desde su asunción del 5 de noviembre de 2025, plazo que establecen los artículos 4 y 5 de la Ley 25.188 y el decreto 164/99, y si fue intimado por la autoridad competente. La respuesta oficial es la admisión más explícita del informe: “Aún no venció el plazo para la presentación de la última Declaración Jurada. Será en ese momento en el que se formulará el correspondiente detalle del patrimonio integral del Jefe de Gabinete”.
El detalle es importante. La actualización por nuevo cargo —exigida cuando un funcionario asume un puesto distinto al que ya tenía declarado— no se confunde con la presentación anual ordinaria, cuyo plazo recién vence el 31 de julio. La declaración jurada disponible públicamente sigue siendo, hasta esa fecha, la del período 2024: la que no incluye ni el departamento de Caballito ni la casa en Indio Cuá Golf Club. El plazo ordinario opera, en los hechos, como un cierre adicional de la información hasta julio.
Las preguntas de Provincias Unidas
Más allá de la Pregunta N° 1997, el informe contiene cuatro preguntas correlativas del bloque Provincias Unidas que avanzan ordenadamente sobre el viaje a Punta del Este. La N° 551 indagó si el viaje fue registrado en agendas oficiales. La N° 552 pidió fechas, itinerario, aeropuertos, tipo de aeronave, matrícula, empresa operadora y titular registral. La N° 555 reclamó copia de facturas, comprobantes de pago, contratos, manifiestos de vuelo, planes de vuelo y registros migratorios. La N° 559 cerró la secuencia preguntando si el viaje fue declarado ante la Oficina Anticorrupción.
La respuesta oficial a las cuatro es la misma fórmula reiterada: “El Estado Nacional no registra ningún pago de costos sobre los viajes personales del Jefe de Gabinete”. La N° 552, sin embargo, contiene una variante notable: el Gobierno alegó que “la consulta no individualiza el viaje al que se hace referencia, por lo que no resulta posible brindar el detalle requerido en los términos planteados”. La pregunta inmediata anterior —N° 551, del mismo bloque y la misma serie— sí individualizó el viaje: Punta del Este, fin de semana de carnaval de 2026.
La consultora de la esposa
La Pregunta N° 1782, formulada por Unión por la Patria, pidió detalle de los contratos y vinculaciones empresariales de la consultora +BE, propiedad de Bettina Angeletti, con el Estado, organismos descentralizados y empresas con participación accionaria estatal. La pregunta refiere específicamente una denuncia judicial: la firma habría facturado $6.370.000 por capacitaciones brindadas a National Shipping S.A. los días 6 y 23 de noviembre de 2024 y el 3 de octubre de 2025, cuando Adorni ya era funcionario nacional. Los diputados pidieron que el Jefe de Gabinete informara si declaró formalmente ese vínculo y si se abstuvo de intervenir en cualquier decisión que pudiera beneficiar a esa empresa.
La respuesta oficial es una triple remisión —a las preguntas 180, 1780 y 548— sin aporte sustantivo. La fórmula central, contenida en la respuesta a la Pregunta N° 1080, es: “La Oficina Nacional de Contrataciones informa que no se registran contrataciones de ‘+BE’ con el Estado Nacional”. La precisión es relevante: la afirmación se limita al Estado Nacional. National Shipping S.A. no integra el universo del Estado, pero sí mantiene contratos con YPF, controlada por el Estado. Esa distinción —entre el Estado Nacional estricto y las empresas con participación estatal— es la que la respuesta oficial elude.
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POLITICA
El Gobierno porteño y las organizaciones LGBTIQ+ acordaron que la Marcha del Orgullo será el 7 de noviembre
Después de varios días de negociaciones, el Gobierno de la Ciudad y la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo alcanzaron un acuerdo para mantener la convocatoria del 7 de noviembre, pese a la cercanía con la visita del papa León XIV, prevista para el día siguiente.
La administración porteña confirmó el entendimiento a través de un comunicado en el que destacó que será posible garantizar tanto la movilización como el operativo de seguridad previsto para la llegada del Pontífice. Desde la organización de la marcha también celebraron el acuerdo y señalaron que fue resultado del diálogo entre ambas partes.
“Trabajamos junto a la Comisión Organizadora para que la Marcha del Orgullo se realice el 7 de noviembre, como estaba previsto, garantizando las condiciones necesarias para su desarrollo y coordinando el operativo previsto por la visita del Papa”, sostuvo el Gobierno de la Ciudad.
Por su parte, la Comisión Organizadora afirmó que durante las conversaciones se analizaron distintas alternativas hasta encontrar una solución que permitiera desarrollar ambos acontecimientos el mismo fin de semana.
POLITICA
La Cámara revocó el fallo que invalidó la ley penal juvenil y apartó del caso a la jueza De Marinis
La Sala III de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires revocó por unanimidad el fallo de la jueza Laura Beatriz De Marinis que había declarado inconstitucional la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y sobreseído a un adolescente acusado de tentativa de robo. Los camaristas Ignacio Mahiques, Jorge Atilio Franza y Patricia Ana Larocca cuestionaron los fundamentos utilizados por la magistrada para dejar sin efecto la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, ordenaron continuar la investigación y dispusieron su apartamiento del expediente.
El pronunciamiento, al que accedió Infobae, constituye una de las primeras decisiones de una Cámara sobre la aplicación de la Ley 27.801, vigente desde el 5 de septiembre. El tribunal consideró que De Marinis había cuestionado una decisión de política criminal adoptada por el Congreso sin demostrar que la reducción de la edad de punibilidad contradijera una disposición de la Constitución Nacional o de los tratados internacionales de derechos humanos.
“El control judicial, sin embargo, no autoriza a sustituir una opción legislativa por otra sólo porque la segunda parezca más conveniente, menos punitiva o preferible desde una determinada concepción de política criminal”, sostuvo Mahiques en su voto, al que adhirió íntegramente Larocca. Franza desarrolló sus propios argumentos y coincidió con la decisión de revocar la sentencia y apartar a De Marinis.
El fallo responde a la apelación presentada por los fiscales Mauro Andrés Tereszko y Paula Raffa Pirra contra la resolución del 21 de septiembre, que había declarado inconstitucional el artículo 1° de la nueva legislación respecto de un adolescente identificado con las iniciales M.I.A., de 14 años, acusado de participar en un intento de robo ocurrido en Palermo.
Los argumentos para revocar la inconstitucionalidad
La Cámara dedicó buena parte de sus fundamentos a examinar las razones utilizadas por De Marinis para considerar que la reducción de la edad de punibilidad vulneraba los derechos de los adolescentes.
Mahiques sostuvo que la declaración de inconstitucionalidad constituye una herramienta excepcional y recordó la jurisprudencia de la Corte Suprema, que la considera la última alternativa del orden jurídico cuando una disposición legal resulta incompatible con una garantía constitucional.
En ese sentido, el camarista advirtió que la jueza había desarrollado extensamente los principios de protección integral de la infancia, pero no explicó de qué manera el límite de 14 años establecido por el Congreso resultaba contrario a una obligación constitucional o convencional concreta.
Uno de los aspectos centrales del pronunciamiento estuvo relacionado con las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que habían sido utilizadas por De Marinis para justificar su decisión.
La Cámara recordó que la Convención sobre los Derechos del Niño exige establecer una edad mínima de responsabilidad penal, pero no determina expresamente cuál debe ser. También señaló que la Observación General N° 24 del Comité reconoce los 14 años como estándar mínimo general aceptable, aunque recomienda mantener edades superiores cuando los Estados ya las tienen establecidas.
Para el tribunal, esas recomendaciones constituyen pautas interpretativas relevantes, pero no equivalen por sí mismas a una prohibición jurídica de modificar la legislación nacional.
El fallo también cuestionó que De Marinis hubiera utilizado las circunstancias particulares del adolescente y las características del intento de robo para declarar inconstitucional una disposición que establece una regla general sobre la edad de responsabilidad penal.
La magistrada había valorado la situación de vulnerabilidad social del joven, la ausencia de lesiones físicas a la víctima y que el robo había quedado en grado de tentativa.
Mahiques señaló que esos aspectos pueden resultar relevantes para determinar la responsabilidad individual, evaluar eventuales salidas alternativas o establecer una sanción proporcional, pero no permiten concluir que la edad mínima establecida por el Congreso sea inconstitucional.
En otro tramo, la Cámara advirtió que el nuevo Régimen Penal Juvenil contempla respuestas alternativas a la privación de la libertad, entre ellas medidas socioeducativas, mediación y suspensión del proceso a prueba. Por lo tanto, cuestionó que la sentencia original hubiera considerado la posibilidad de una pena de prisión como consecuencia necesaria de la aplicación de la ley.
El apartamiento de De Marinis
La decisión también incluyó el apartamiento del caso de la titular del Juzgado Penal Juvenil N° 3, tal como había solicitado el Ministerio Público Fiscal.
Los camaristas consideraron que De Marinis había adelantado valoraciones sobre la relevancia penal del hecho, su grado de ejecución y la afectación concreta del bien jurídico, cuestiones que deberán volver a examinarse durante la investigación.
Mahiques sostuvo que esas circunstancias justificaban su apartamiento para preservar la imparcialidad del procedimiento. Franza coincidió y fue particularmente crítico respecto de la actuación de la magistrada.
En su voto, consideró que la jueza había incurrido en un “claro supuesto de arbitrariedad y extrema gravedad institucional” y cuestionó la insuficiente consideración de los derechos de la víctima en la resolución original.
El tribunal dispuso que el expediente regrese al juzgado de origen y sea remitido a la Oficina de Sorteos y Asignación de Causas para designar a un nuevo magistrado.
El intento de robo que originó la controversia
La investigación comenzó el 10 de septiembre, cuando un grupo de adolescentes fue detenido después de un intento de robo contra un hombre de 47 años en Godoy Cruz al 2500, en Palermo.
Uno de los acusados, identificado como M.I.A., tenía 14 años y quedó comprendido en el nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil, que había entrado en vigencia cinco días antes.
Su defensa planteó la inconstitucionalidad de la reducción de la edad de punibilidad y obtuvo una resolución favorable de De Marinis, quien consideró que correspondía aplicar el límite de 16 años previsto por la legislación anterior y dispuso su sobreseimiento.
La Fiscalía apeló inmediatamente la decisión, mientras que el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, presentó una denuncia contra la magistrada ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad para que se investigara su actuación.
Con la resolución conocida este viernes, el sobreseimiento quedó sin efecto y la investigación deberá continuar bajo las disposiciones del nuevo Régimen Penal Juvenil. La Cámara no anticipó una decisión sobre la responsabilidad del adolescente ni sobre las medidas que eventualmente podrían corresponderle, cuestiones que quedarán a cargo del nuevo juez que resulte sorteado.
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POLITICA
Riesgo país: el Gobierno atribuye la suba al contexto global y espera una baja en los próximos meses
El Gobierno atribuye principalmente al contexto internacional la suba del riesgo país, que este viernes volvió a superar los 600 puntos básicos después de diez ruedas consecutivas en alza. En el Ejecutivo sostienen que el movimiento responde a una tendencia global de mayor inestabilidad y esperan que la presión comience a ceder durante los próximos meses.
“La turbulencia del mundo”, sintetizan en el oficialismo. En Nación ponen el foco sobre las tasas de interés de Estados Unidos, las tensiones en Medio Oriente y la incertidumbre geopolítica, y recuerdan que durante julio también hubo un deterioro de los activos que luego se revirtió parcialmente en agosto.
El riesgo país llegó este viernes a tocar los 628 puntos básicos, su nivel más alto desde fines de marzo, y luego recortó parte de la suba. El indicador había alcanzado un mínimo de alrededor de 403 puntos a comienzos de julio, por lo que desde entonces acumuló un deterioro cercano a 200 puntos. La caída de los bonos argentinos fue además mayor que la registrada por varios países de la región.
La Reserva Federal de Estados Unidos subió el 16 de septiembre su tasa de referencia en 25 puntos básicos, hasta un rango de 3,75% a 4%, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro norteamericano a diez años superó esta semana el 5%. Ese movimiento encarece el financiamiento global y suele ejercer presión sobre los activos de mercados emergentes.
La lectura oficial es que esa presión explica buena parte del deterioro reciente. “La tendencia es a la inestabilidad”, aseguran en el Ejecutivo. Milei ya había utilizado un argumento similar al referirse al aumento de las tasas internacionales y sostuvo que la Argentina enfrenta el shock con una posición externa distinta por el crecimiento de sus exportaciones y del saldo comercial.
Dentro del Gobierno proyectan además que la situación internacional puede comenzar a normalizarse alrededor de las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Funcionarios consultados creen que a Donald Trump no le resultará conveniente llegar a esa instancia con una escalada de los conflictos internacionales y esperan una reducción posterior de las tensiones y, más adelante, de las tasas estadounidenses.
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